Golpe tras golpe por Ramiro Bejarano Guzmán
La solución que el presidente Santos adoptó para enmendar la ligereza de su Gobierno al permitir la aprobación de la inmoral reforma a la justicia, aunque resuelve un gravísimo problema, es el acto más grotesco que se haya perpetrado contra el Estado de derecho.
Lo que hizo Santos fue un golpe de mano al Congreso, pues ni la Constitución ni ninguna ley prevén que los actos legislativos estén sujetos a sanción presidencial, y, por tanto, a objeción por inconstitucionalidad e inconveniencia. ¿Por qué lo hizo? No creo que haya sido para defender la legalidad, porque nadie sensato se protege de una arbitrariedad con un procedimiento ilegal y de tono totalitario. Lo hizo porque calculó que la convocatoria del referendo para anular la desgraciada reforma iba a convertirse en un plebiscito en contra suya y de su reelección presidencial. Lo importante, pues, es salvarse a sí mismo, lo de la justicia es lo de menos, siempre da espera.
Es una lástima que haya caído Juan Carlos Esguerra, un hombre bien intencionado y honorable, cuyo error consistió en haber tenido que recoger el trámite de una reforma con la que no estaba de acuerdo. Era obvio que su permanencia en el Ministerio de Justicia se hacía insostenible. Mientras Esguerra actuó con el decoro que le conocemos, los demás responsables de este escándalo se han lavado las manos, entre otros Simón Gaviria, quien como jefe del Partido Liberal, otra vez quedó en deuda con el país y con sus copartidarios. En efecto, no sólo se negó a verificar el quórum, lo que de haberse hecho habría hundido el proyecto, sino que, olímpicamente, reconoció no haber leído el texto conciliado que aprobó con sus colegas a pupitrazo rabioso.
El retiro de Esguerra no absuelve al Gobierno de la imborrable equivocación de no haber parado ese proyecto de reforma, ni el incalificable abuso de haber objetado el acto legislativo, gesto para no recordar, porque acabó con la poca autonomía de un Congreso que cada vez más se hace odiar de los ciudadanos.
No valieron las voces de muchas organizaciones, inclusive de respetados jueces, que alertaron sobre lo que iba a pasar. Difícil justificar que el Gobierno hubiere estado dispuesto a retirar el proyecto si no se abolía el Consejo de la Judicatura, pero cuando se aprobaron otras normas con las que dijo no estar de acuerdo, no asumió idéntica postura. Por el contrario, el presidente Santos nos vino a revelar que la indecente ampliación del período de los magistrados de 8 a 12 años, si bien no era compartida por su gobierno, la considera un punto “superable”.
De manera, pues, que no nos vengan a decir ahora que los responsables de todo este descalabro constitucional son únicamente la comisión de conciliación del Congreso y el caído ministro Esguerra. No señor, todos tienen las manos sucias y las conciencias enlodadas. El Gobierno fue quien propició esta grosera reforma a la justicia, que terminó abortando con una leguleyada propia de una dictadura. A su turno las altas cortes supieron deslizar en el Congreso y en opíparos almuerzos y entretenidas cenas a varios de sus magistrados, para que amangualados con unos congresistas investigados por ellos mismos, abogaran por sus voraces privilegios.
Seguirán orondos los congresistas, funcionarios y magistrados lobistas, sin que, salvo Esguerra, nadie asuma la responsabilidad. Los reales y finales damnificados serán la justicia y los ciudadanos de a pie, a quienes por ahora nos han privado del derecho de convocar el referendo para tumbar esta vulgar reforma contra la justicia.
Adenda Nº 1. El caso tan grave en el que la Fiscalía involucró a Sigifredo López exigía pruebas convincentes y serias para detenerlo, no testimonios de oídas de exmilicianos de las Farc. Cada día este penoso litigio tiene más sabor de persecución judicial y política.
Adenda Nº 2. ¿Y por qué la Policía, en vez de rogarle al general uribista Mauricio Santoyo que se entregue, mejor lo captura?
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