Gobierno y Diputados Deberían Repudiar la Visita de Uribe

Ecologistas en Acción pide al Gobierno español y al Congreso de los
Diputados que declaren ‘persona non grata’ al presidente colombiano por
su vinculación con las violaciones de los Derechos Humanos y la
impunidad reinante bajo su mandato.

Ante la visita del presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez a España,
quien se reunirá con el presidente del gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero y recibirá en Madrid el premio de las Cortes de
Cádiz, Ecologistas en Acción se suma al rechazo de la concesión de este
premio, como lo han hecho otras 150 organizaciones internacionales
políticas, sindicales y sociales, además de miles de personas.

“Creemos que es una bofetada contra las víctimas de crímenes de Estado
de Colombia que se conceda un premio de esta naturaleza al presidente de
un Gobierno que está siendo investigado por sus nexos evidentes con el
paramilitarismo y con crímenes de lesa humanidad, y cuando además la
Corte Suprema de Justicia de Colombia ha procesado y está procesando a
un gran número de parlamentarios, senadores y alcaldes vinculados a la
coalición de Uribe y a miembros destacados de organismos del Estado por
representar, haber recibido financiación y colaborar expresamente con la
actividad criminal de los paramilitares”, denuncia Tom Kucharz, portavoz
de Ecologistas en Acción.

El pasado 22 de abril el confeso narcotraficante y jefe paramilitar
Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, declaró que las
Autodefensas Unidas de Colombia (escuadrones de la muerte) contribuyeron
económica y políticamente en el 2001 a la campaña del entonces candidato
Álvaro Uribe Vélez, elegido posteriormente como presidente.

“La situación de sistemáticas violaciones de los derechos humanos ha
sido denunciada permanentemente, pero el Gobierno de Zapatero ha
preferido ignorarla”, critica Ecologistas en Acción. “Recibir a Uribe
para firmar acuerdos económicos, de cooperación y de ayuda militar es
como elogiar su política y hacerse cómplice por omisión de los miles de
crímenes que las Fuerzas de Seguridad del Estado y los grupos
paramilitares han cometido en Colombia”, añade Kucharz.

Algunos casos de la semana pasada: La Organización Nacional Indígena de
Colombia, ONIC, denunció el asesinato de otro indígena Awá en el
departamento de Nariño, Luis Alberto Cuasaluzan Canticuz, el 19 de
abril, por grupos paramilitares. El 21 de abril mataron a Ana Isabel
Gómez, acribillada frente a su hija adolescente en Córdoba (norte de
Colombia), ella era la presidenta de la junta de desplazados de la
localidad y miembro del Comité de Familiares de Víctimas de la
Violencia, que agrupa en Córdoba a miles de personas que buscan verdad,
justicia y reparación. El día 22 de abril, fue asesinado Edgar
Martínez, en el departamento de Bolívar, Presidente de la Asociación de
Integración de Comunidades Agrominera Sur – Sur, de la Mesa de
Integración Social por la transformación social y de la Comisión de
Interlocución del Sur de Bolívar por parte de las comunidades, ante el
gobierno.

Durante el mandato del Presidente Uribe han aumentado significativamente
las denuncias de ejecuciones extrajudiciales de civiles atribuidas al
Ejército colombiano. Los graves problemas en el proceso de
“desmovilización” de los paramilitares -desarrollado durante el gobierno
de Uribe- han permitido que muchos de estos grupos paramilitares, usando
nuevos nombres, permanezcan impunes y continúen cometiendo abusos.

Además, en numerosas oportunidades, Uribe ha obstaculizado intentos de
quebrantar la influencia de los paramilitares en el sistema político,
por ejemplo, mediante acusaciones infundadas contra los magistrados de
la Corte Suprema que iniciaron investigaciones contra más de 70 miembros
del Congreso colombiano por sus posibles vínculos con los paramilitares.

Ecologistas en Acción exige al Gobierno español que por un lado retire
los fondos de la cooperación internacional que el gobierno colombiano ha
utilizado para premiar a los autores de las ejecuciones extrajudiciales,
y anule los contratos de venta de armas y cooperación militar suscritos
con Colombia, y por otro lado se comprometa con la construcción real de
condiciones para la paz con justicia social en Colombia, con el
reconocimiento de los derechos de las víctimas y exija el final de la
impunidad.

Asimismo, Ecologistas en Acción demanda al Consistorio de Cádiz retirar
el Premio a la Libertad concedido a Uribe.

“El Congreso de los Diputados debe repudiar, mañana, enérgicamente la
visita de Uribe, como lo ha hecho la mayoría del Parlamento Europeo en
2004, cuando el mandatario habló ante un hemiciclo vacío”, pide Kucharz.

Por último convocamos a la ciudadanía a que muestre su indignación ante
la entrega del premio a Uribe, en la concentración de mañana, miércoles
29 de abril a las 11:00 horas, frente a la Casa de América, bajo el lema
“No más impunidad en Colombia”.

Más información: Tom Kucharz (Telf. +34 619 94 90 53)

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