Gobierno Nacional ofende a víctimas del Chocó

Los alegatos finales por parte de la defensa del Estado colombiano durante una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del asesinato del labriego Marino López Mena, a manos de grupos paramilitares en las selvas del Chocó, son una ofensa para las víctimas y estar
ían demostrando que las versiones vertidas por los exparamilitares postulados a los beneficios de la Ley 975, conocida como de Justicia y Paz, han perdido todo sentido y carecen de validez jurídica e histórica.

Rafael Nieto Loaiza, representante del Estado ante ese tribunal y Viceministro de Justicia durante dos años del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, expuso varias tesis que sorprenden cuando se leen de manera comparada con los hechos que no sólo ocasionaron la muerte de López Mena, quien fue decapitado, sino el desplazamiento de más de 4.000 personas hacia los municipios de Turbo y Mutatá, Urabá antioqueño, a finales de febrero de 1997.

Para defender al Estado de una posible sanción en su contra, Nieto Loaiza expuso ante la Corte en Costa Rica que el desplazamiento forzado fue ocasionado por la guerrilla de las Farc una vez se enteró que la Brigada XVII del Ejército preparaba una incursión militar aérea y terrestre de por lo menos de mil hombres a las cuencas de los caños Salaquí, Truandó y Cacarica, con el fin de atacar campamentos del Frente 57.

Según informaron agencias internacionales de prensa, el ex viceministro basó sus puntos de vista en “versiones libres de desmovilizados de las Farc y dos sentencias contra miembros de las Farc donde se da cuenta que planearon el desplazamiento masivo en el área”. No obstante, esa visión de los hechos es sesgada y obedece a la manera cómo hombre de su talante, defensor a ultranza del Uribismo, enfoca su interpretación del conflicto.

Pero los hechos dicen otra cosa. Buena parte del desplazamiento al que se vieron sometidos los campesinos y colonos de esas cuencas chocoanas se debió a dos circunstancias concretas; la primera de ellas, debido a la llamada Operación Cacarica, una incursión río arriba por el Atrato de 60 hombres de dos frentes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) hacia las mismas zonas donde tropas del Ejército desarrollaban la Operación Génesis; y la segunda, por efecto del bombardeo que efectuaron los aviones del Ejército durante varios días.

En su camino hacia el Truandó y Salaquí, los paramilitares ingresaron el 27 de febrero de 1997 al caserío Bijao, donde hallaron a López Mena y tras acusarlo de ser miliciano de las Farc procedieron a cercenar su cuerpo y a decapitarlo, como un ejercicio de violencia aleccionadora contra las comunidades allí asentadas, las que no tuvieron otra opción que abandonar sus bienes y buscar refugio en otros poblados. ¿Tal crueldad y sus efectos son responsabilidad de las Farc?

Los hechos que acabaron con la muerte de López Mena y las afectaciones a las comunidades de Bijao y sus alrededores han sido narrados, con lujo de detalles, por Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Ahora bien, ¿esas versiones no son válidas y pesan más las de algunos guerrilleros de las Farc, algunos de ellos consentidos en guarniciones militares?

Nieto Loaiza alegó además, según despachos de prensa procedentes de Costa Rica, que “la operación militar Génesis estuvo bien planeada, bien ejecutada sobre objetivos militares claros. Se llevó adelante sin afectación de población civil y bienes civiles, a más de 30 kilómetros de la cuenca del Cacarica” y fue realizada únicamente por fuerzas estatales. No obstante, hay otra versión, la de los exparamilitares.

De acuerdo con alias ‘El Alemán’, la Operación Génesis fue planeada, discutida y concertada semanas antes de su ejecución en una oficina de la Brigada XVII del Ejército, con sede en el municipio de Carepa, Urabá antioqueño. En esa reunión participaron además de él, los jefes paramilitares Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doblecero’, Carlos Ardila, alias ‘Carlos Correa’, y Elmer Cárdenas. Por parte de las Fuerzas Armadas estuvo el Jefe de Inteligencia de la época, coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, hoy prófugo de la justicia por su responsabilidad en la muerte del humorista Jaime Garzón. Uno de los acuerdos en esa reunión fue el empleo de guías conocedores de la región, para lo cual dispusieron de doce experimentados paramilitares, cuya coordinación estuvo a cargo del paramilitar Julio Cesar Arce Graciano.

Alías ‘El Alemán’ también aseveró que en algún momento del desarrollo de las operaciones Génesis y Cacarica tropas del Ejército y de las Accu se encontraron en un lugar conocido como Boca Chica: “De ahí los comandantes superiores organizan un operativo conjunto con el Ejército al Alto de Teguerre, donde los comandantes superiores, alias ‘Pantera’, ‘Ramiro’ y ‘Catori’ se van con 15 hombres y el Ejército”.

En el Alto de Teguerre las tropas combinadas atacaron un campamento del Frente 57 de las Farc, donde tenían secuestrados a tres extranjeros, dos hombres y una mujer. Según lo han contado a Justicia y Paz algunos paramilitares, en el intercambio de disparos murió la mujer y los dos hombres fueron rescatados. Como premio a la participación en ese operativo, los paramilitares recibieron del Ejército los fusiles recuperados a la guerrilla a cambio de los que tenían, viejos y desgastados.

Se le olvida también al exviceministro de Justicia que en agosto del año pasado el Juez Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó al exgeneral Rito Alejo Del Río a 25 años de cárcel por su responsabilidad en el asesinato de Marino López Mena. Si bien el fallo fue apelado y está en trámite la decisión en segunda instancia, se sentó un precedente sobre su responsabilidad en la coordinación de fuerzas legales e ilegales para atacar a la guerrilla.

Así las cosas, si el Gobierno Nacional, a través de su abogado representante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ofende a las víctimas chocoanas al defender la legitimidad de la Operación Génesis. Ahora bien, si persiste en esa tesis, la acción lógica a seguir debería ser la de promover la exclusión de los beneficios que contempla la Ley de Justicia y Paz a los exparamilitares que han sostenido que fue una acción militar conjunta, por cuanto le han mentido al país durante varios años. Eso se llama coherencia.