Gobierno financio cerca del 100% de la palma
Así lo asevera un informe de la Contraloría General de la Nación en el que se presentan nuevos elementos de prueba sobre el uso de recursos públicos para la implementación del agronegocio ilegal de la palma en el Curvaradó a través de Finagro.
A pesar de las evidentes irregularidades que se presentaron durante el trámite de otorgamiento de los créditos, la cabeza máxima de la entidad oficial Cesar Pardo en ese entonces fue ascendido por Uribe Vélez al Banco Agrario como su presidente.
Apoyo financiero para agronegocios en tierra ajena
Cuando solicitaron los créditos a Finagro, hace unos años, las empresas palmicultoras argumentaron que tenían acuerdos con los propietarios de los territorios colectivos del Curvaradó y Jiguamiando. Para eso, Urapalma, Palmas de Curvaradó, Agropalma, Palmura, la Tukeka, Palmas S.A, se valieron de mecanismos fraudulentos como las asociaciones campesinas impulsadas por los paramilitares, y desconocieron la titulacion colectiva y su autoridad, los consejos comunitarios.
En febrero de 2009, la Contraloría General de la Nacion señala en un escrito titulado Auditoría Gubernamental con enfoque Integral, Modalidad Regular , al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, vigencia fiscal 2005 y 2006, en desarrollo del Plan General de Auditoría -PGA- 2007-2008 que “FINAGRO aprobó redescuentos a 3 empresas (…) por la suma de $13.049 millones (…). Como servicios complementarios al crédito, se han respaldado éstos redescuentos a través del FAG por $ 4.090 millones (…). Adicionalmente se ha otorgado un beneficio económico ICR por inversión de proyecto nuevo, consistente en un abono al saldo del crédito por valor de $ 2.892 millones”.
Tres fueron las fuentes de un aseguramiento gratuito del agronegocio. Con los redescuentos FINAGRO, a través del Banco Agrario, cubrió su déficit de caja para proteger a los para palmicultores; con el Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, se evadieron las garantías ordinariamente exigidas para otorgar el crédito; y con los Incentivo de Crédito Rural, ICR, se abonó a la deuda crediticia.
“Para el caso específico de URAPALMA, los redescuentos ascienden en total a $6.235 millones, siendo desembolsados $5.422 millones, efectuándose un abono (ICR) para el pago de su crédito de $2.892 millones, equivalente a más del 50% del valor de la deuda al sistema financiero, cifra que no tendrá que pagar URAPALMA. Lo anterior, aunado al hecho de que aproximadamente el 50% de lo adeudado tiene garantía FAG por $ 2.447 millones”.
“Asi las cosas, la inversión real de Urapalma en los cultivos de palma aceitera del Curvarado ha estado financiado a casi el 100% con recursos del sistema financiero oficial agrario. Los ICR aprobados durante el lapso de 2002 a 2006, en el departamento del Chocó, ascendieron a $ 1.047 millones, y el que haya sido la empresa Urapalma la beneficiaria de $ 1.246 millones, es decir, el 89% del total de recursos asignados”.
A pesar de las denuncias publicadas sobre el despojo violento causada por el agronegocio paraempresarial, Finagro efectuó un nuevo redescuento en noviembre de 2005 por un valor de $744 millones, a favor de la empresa Urapalma S.A.
Dicha decisión ocurrió luego del crimen del lider afrocolombiano Orlando Valencia, en Belén de Bajirá, en una operación policial-paramilitar y en desconocimiento de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo presentadas en la Resolución Defensorial No.39 de junio de 2005, y comunicadas al Fondo el 8 de junio del mismo año. El ente estatal tampoco tomo en cuenta la situación de violaciones de derechos humanos que llevo la Comisión Interamericana y a Corte Interamericana a resolver la adopción de Medidas Cautelares y posteriormente, las Provisionales.
La carrera de ascensos
Los escándalos de Min Agricultira no son nuevos y aún no son suficientemente conocidos.
Cesar Pardo, como presidente de Finagro http://www.rgs.gov.co/noticias.shtml?x=7897 autorizó los desembolsos para Urapalma. En 2005, Pardo fue ascendido por Uribe Velez y nombrado como presidente del Banco Agrario y en su reemplazo en Finagro fue nombrado Roger Tabeada, que estuvó en el cargo desde noviembre de 2005 hasta abril de 2006, mes en el que se vio obligado a renunciar después de conocerse el otorgamiento, por parte de esta entidad, de créditos a narcotraficantes y paramilitares del Caquetá, entre ellos a un antiguo integrante del cartel de Medellín.
Taboada fue capturado y luego puesto en libertad por procedimientos ilegales que se cometieron en su captura. No obstante el peso de las pruebas que le imputan responsabilidad en la autorización de los desembolsos a favor de estas estructuras criminales hizo que siguiera vinculado a la investigación, de acuerdo con infromación de la Fiscalía General de la Nación.
Es evidente que FINAGRO no financió a los Consejos Comunitarios o a campesinos pobres, sino a los beneficiarios directos del paramilitarismo las empresas, y a los mismos paramilitares vinculados en los agronegocios de la palma.
A la fecha ni Cesar Pardo, ni Roger Taboada están siendo investigados por su desempeño al frente de estas entidades, en relación con las irregularidades cometidas para aprobar la financiación para el agronegocio de la palma
Los palmeros beneficiarios y el paramilitarismo
Las vinculaciones con estructuras paramilitares de los empresarios son muy conocidas pero las mismas no derivan en responsabilidades penales, todos gozan de libertad y continúan usufructuando el negocio ilegal.
Kathia Sánchez, integrante de la Junta directiva de Urapalmaes esposa de Hernán Gómez conocido con “El Sibarita”, según lo expresó Carlos Castaño en su libro “Mi Confesión”, según indicó un testigo. Sánchez en una dilatada investigación está siendo procesada por desplazamiento forzado, daño ambiental y concierto para delinquir.
Otro de los socios en la empresa es Antonio Zuñign Caballero, integrante de la familia Zuñiga Caballero, algunos de cuyos integrantes han sido vinculados con el tráfico de drogas, según se afirma en el libro de Castillo “Los Jinetes de la Cocaína”
De acuerdo con testigos, Antonio Zuñiga se reunió, por lo menos en dos ocasiones, con Vicente Castaño, en una de sus fincas en San Pedro de Urabá. Poco tiempo después, Castaño declaró a la revista Semana que él habia llevado a los empresarios al Bajo Atrato. http://semana.terra.com.co/opencms/semana/articulo.html.id=87628
Los miembros de la familia Zuñiga Caballero en la actualidad están siendo investigados por delitos como concierto para delinquir. Incluso a soto voce en las oficina de MinInterior se habla de la fachada de la empresa Gradesa y la Franar de esta familia en el lavado de activos
Los vinculos familiares de los Zuñiga Cabellaro se hicieron extensivos a entidades gubermentales agrarias. En septiembre 2008, Maria Fernanda Zuñiga Chaux, se vió obligada a renunciar a su cargo como Directora de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A, entidad dependiente del MinAgricultura, luego de conocerse que era socia de la empresa Palmura S,A, otra de las empresas ocupantes de mala fe en el Curvaradó.
Para muchos no cabe duda que en su cargo conoció de las ventajas propiciadas para la empresas palmeras. Zuñiga Chaux fue gerente de la Caja Agraria en liquidación en el año 2005 y 2006 http://www.fiduagraria.gov.co/nosotros/8860959.pdf justo en los dos años en que se realizaron transacciones a favor de los para palmeros.
María Fernanda Zuñiga Chaux es tambien sobrina de Juan José Chaux, ex gobernador del Cauca y embajador ante la República Dominicana, que debió renunciar a su cargo al conocerse su participación en una reunión con el exparamilitar conocido como “Job”, en la oficina del asesor jurídico de Alvaro Uribe Vélez, Edmundo del Castillo.
Del encuentro nocturno, en la hoy conocida “Casa de Nari”, nombre con el que se refirieron a la Casa de Nariño, se conoció posteriormente una conversación sostenida entre alias “Job” y el paramilitar Rodrigo Zapata, testaferro y encargado de los negocios de palma, entre otros, de Vicente Castaño. En la impropia reunión, se abordó la entrega de información de “Job” a las investigaciones adelantadas por el Magistrado de la Corte de Justicia, Iván Velázquez, y el temor del exembajador Chaux de ser nombrado por Ever Veloza, alias HH, en sus versiones ante el fiscal de la ley 975 http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-08-31/llamada-de-alias-job-puso-en-la-mira-de-las-autoridades-a-otro-ex-para-rodrigo-zapata_4492516-1
Antes de su extradición HH entregó a los fiscales una memoria con relatos de Carlos Castaño que mencionan la relación de Vicente Castaño con el agronegocio palmero en Curvarado http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-21/paramilitar-alias-hh-incrimina-a-palmeros-y-a-empresario-de-bello-antioquia_4542245-1
Otra socia de las empresas palmeras, y a su vez representante legal de la Asociación Campesina, Asoprobeba, creada como mecanismo de consolidación del despojo en el Curvarado, es Sor Teresa Gómez o Teresa Castaño. Esta mujer es conocida a nivel nacional por su responsabilidad en el crimen de Yolanda Izquierdo, lider campesina en los reclamos por la restitución de sus tierras. Durante muchos años, Sor Teresa Gómez uso de la intimidación para que Enrique Petro y otros campesinos del Curvarado aceptaran perder su tierra. Las reuniones se realizaron en Belén de Bajirá a la vista de la policía. Sor Teresa Gómez es suegra de Ignacio Roldán, paramilitar conocido como “monoleche” socio propietario de la empresa Agropalma.
A la fecha ninguno de los arriba mencionados a pesar de estas y múltiples irregularidades se encuentra procesado en una actividad procesal eficaz
El secreto a voces se confirma
El secreto a voces de las irregularidades no ha significado una sanción de los responsables. Todo parece indicar que la ilegalidad y la impunidad son parte del paisaje de la costumbre institucional y que las Resoluciones y denuncias son un saludo a la bandera, una formalidad tendiente a disimular la incapacidad de hacer justicia.
Si en materia de investigación penal nada pasa en un voluminoso proceso como el 3856, en el que es posible sustentar la tipificación de la comisión de crimenes de lesa humanidad, desplzamientos forzoso, usurpación, ocupacion de mala fe, daños ambientales en territorios colectivos de Curvaradó y Jigumiandó a través de estructuras paramilitares que operaron con la Brigada 17, no se puede esperar mucho de las consecuencias penales y disciplinarias del informe de la Contraloría.
Si hoy los responsables de crímenes y sus estructuras armadas continúan operando en medio de la palma y la extensión ganadera, al lado de la Brigada 15 y la Policía de Urabá, que se puede esperar de la actuación de la justicia frente a esa otra criminalidad de cuello blanco? Nada.
Ya el escándalo es parte de la costumbre, la misma que acompaña la impunidad institucional, la que ha posibilitado que Procuraduría y Fiscalía se conviertan en testigos o en artifices del Estado de hecho.
No hay nada o mucho que esperar, la impunidad es casi al 100 %, tal cual, como la financiación de la palma en el Bajo Atrato.
Bogotá, D.C. 10 de marzo de 2009
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ