Gobierno Colombiano sigue involucrado civiles en la guerra e incumple medidas cautelares de la CIDH
Desde tempranas horas de la madrugada del día de hoy 3 de febrero de 2011, el Ejercito Nacional se acantonó a pocos metros de la Escuela de la Vereda El Pedregal en la zona rural del municipio de Caloto-Cauca, donde cotidianamente más de un centenar de niños y niñas reciben clases.
Como es usual en esta conflictiva zona del norte del departamento del Cauca, este es el preámbulo de intensos combates armados, en los que resultan afectados los bienes civiles y la vida y la integridad personal de los campesinos del sector. Esto implica, no solo un desconocimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario –DIH- por parte del Estado colombiano, sino el incumplimiento de sus obligaciones internacionales derivadas de las Medidas Cautelares MC-97-10 dispuestas por la CIDH.
Como ya se había denunciado, el domingo 28 de noviembre de 2010, tropas del ejército nacional dispararon contra la hija del Presidente de la Junta de Acción comunal de esta Vereda, JIMENA MARTINEZ ULCUE de 15 años y contra JAVIER ULCUE CUATIN 15 años, cuando se disponían a realizar un cursillo para recibir el sacramento de la Confirmación, sin que haya respuestas a tan graves denuncias.
Igualmente el 25 de diciembre de 2010, el Ejército Nacional llego a la vivienda del campesino HOLMES ESCUE, a quien delante de su esposa le hicieron quitar la camisa para luego interrogarlo con insultos por el paradero de la guerrilla, al tiempo que le chuzaban su cuerpo con el fusil, con la amenaza de que si no informaba “le volaban la casa con todo, para que no quedara sino el cenicero”. El 28 de diciembre los militares dispararon una bomba hacia el potrero del campesino y mataron un ternero. Estos hechos se denunciaron a la Fiscalía General de Nación.
Por otra parte el 17 de enero de 2011, el ejército nacional retuvo al campesino de la vereda El Vergel, ALBEIRO IPIA, acusándolo de guerrillero. Posteriormente un vecino del sector le informo que miembros del ejército tenía en su poder fotografías de varios campesinos entre las que se encontraba la foto de él. La Fiscalía General de Nación con sede en Caloto se negó a recibir la denuncia penal exigiendo la presencia del campesino junto con los miliares que lo persiguen.
Recordemos que el 2 de diciembre de 2010, a los celulares de seis docentes del Colegio de la Vereda el Pedregal, llegaron amenazantes mensajes de texto firmados por “Las Aguilas Negras”.
Resulta reprochable que el Estado de Colombia en lugar cumplir cabalmente con sus obligaciones internacionales, la Cancillería se ha dedicado a cuestionar la naturaleza colectiva de las medidas Cautelares MC-97-10 de la CIDH, que cobija al conjunto de las familias residentes en las veredas El Vergel y El Pedregal. Asi mismo el Gobierno ha buscado por diferentes medios desvirtuar la legitimación en la causa de estos humildes campesinos y la representatividad de los peticionarios.
Por otra parte, a pesar de las denuncias de persecución y agresiones contra los abogados y demás integrantes de la Corporación Justicia y Dignidad, a la fecha el Gobierno no ha brindado las medidas de protección necesarias para seguir adelantando el acompañamiento jurídico a comunidades y la labor de Defensores de Derechos Humanos. Por el contrario, el día de ayer 2 de febrero en nuestra sede de Popayán recibimos nuestra correspondencia abierta y con señales de haber sido manipulada y violentada.
El 13 de agosto de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 179 familias de las Veredas El Vergel y El Pedregal, departamento del Cauca, en Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alegó que estas familias estaban en una situación de peligro extremo como consecuencia del conflicto armado y la falta de medidas para proteger a los civiles que habitan en la zona. Según lo informado, los habitantes de dichas veredas habrían sido víctimas de lesiones a causa de disparos, desplazamientos forzados y otros presuntos actos de violencia. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las 179 familias beneficiarias, que adopte las medidas necesarias para garantizar el retorno en condiciones de seguridad a las familias desplazadas de las veredas El Vergel y el Pedregal, que concertara las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.”
Instamos al Estado Colombiano a cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales y llamamos a los organismos y organizaciones defensoras de derechos humanos de carácter nacional e internacional para que brinden el acompañamiento del caso mediante la denuncia, divulgación y seguimiento de la presente denuncia pública.
3 de febrero de 2011
CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD
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