Genocidio de la Unión Patriótica, 20 años de impunidad

Nuestra Comisión de Justicia y Paz se une a la conmemoración de los 20 años de la Unión Patriótica – UP, reproduciendo un comunicado elaborado por los familiares de las víctimas del Genocidio de la UP en el departamento del Meta. Es un llamado a la memoria, a la búsqueda de Justicia, a la reivindicación de la verdad. Es la expresión de un sueño que hombres y mujeres empezaron a construir un día y pretendió ser exterminado a través de la estrategia militar regular e irregular del Estado colombiano, un sueño que sigue vivo en los hombres y mujeres sobrevivientes del Genocidio de la UP, en sus familias y en las regiones donde aún hay presencia de la UP.

Los familiares de las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica U.P, queremos recordarle al pueblo Metense que el 28 de Mayo de 1985, de un proceso de acuerdos entre el gobierno del presidente Belisario Betancourt y el Movimiento Armado FARC. E.P. Se lanzó oficialmente el Movimiento Político Unión Patriótica U.P. reconocido legalmente por el Estado Colombiano.

Villavicencio, Mayo 28 de 2005”

“EL TIEMPO 5 de junio de 2005

IMPUNIDAD / LOS ‘PARAS’, HOY EN UN PROCESO DE PAZ, SON CLAVE PARA ESCLARECER EL EXTERMINIO
Solo diez condenas en veinte años

La única sentencia que señala a autores intelectuales de uno de los crímenes, el de Bernardo Jaramillo, apunta hacia los hermanos Fidel y Carlos Castaño.
El panorama es desalentador. La larga lista de miembros asesinados de la Unión Patriótica (UP) parece destinada a desbordar la capacidad de la justicia colombiana para desenmascarar y castigar a los responsables de este exterminio.
Hasta el momento solo se han proferido sentencias condenatorias contra 10 personas, la mayoría de ellas acusadas de participar como autores materiales de igual número de crímenes.
De esa cifra, únicamente un fallo destapa a dos de los ‘cerebros’ que estuvieron detrás de los homicidios. Esta sentencia apuntó hacia los paramilitares y condenó a dos de sus ex jefes, Fidel y Carlos Castaño, por el crimen del candidato presidencial Bernardo Jaramillo.
Sin embargo, el extinto Fidel y el desaparecido Carlos no han pagado un día de cárcel por este hecho.
Aunque se presume que más integrantes del paramilitarismo hicieron parte del plan para acabar con el movimiento, la justicia no ha logrado recaudar pruebas concretas contra ellos.
Un ejemplo de eso es el caso del senador Manuel Cepeda. Los jueces absolvieron a Carlos Castaño de ese crimen por falta de evidencias, pero curiosamente este aceptó su responsabilidad en su libro Mi Confesión.
En todo caso, el de la UP es sin duda uno de los capítulos inconclusos de la historia del país que los ‘paras’, hoy sentados en una mesa de negociación con el Gobierno, podrían ayudar a aclarar dentro de sus eventuales compromisos de verdad y reparación.
Sin ese ‘empujón’ hacia la verdad difícilmente la justicia podrá establecer con claridad quiénes lideraron el exterminio y si efectivamente hubo participación de agentes del Estado, como la UP lo ha denunciado.
Hasta ahora existen 566 investigaciones que están en estado preliminar y otras 17 están en manos de los jueces (Ver cuadro).
De mano en mano
Los sobrevivientes de la UP entregaron a la justicia una lista que contiene 1.163 casos. De esa lista, los fiscales determinaron que no estaban relacionadas 201 personas, es decir, no estaban plenamente identificadas, no se tenían las fechas exactas de sus muertes ni tampoco los lugares. La Fiscalía, además, comprobó que 25 de estos casos no estaban relacionados con la UP.
Entre 1986 y 1991 los procesos fueron asumidos por los jueces de Instrucción Penal Criminal. En 1991, con la nueva Constitución y la creación de la Fiscalía General, los casos pasaron allí.
La Fiscalía creó el 16 de junio de 1999 nueve subunidades en las seccionales de todo el país para recopilar los expedientes, revisar el estado de las investigaciones, buscar a las familias de las víctimas y establecer la manera de avanzar en esos casos.
El 15 de julio del 2001 se unificaron estas subunidades y pasaron a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá. Allí se creó una comisión especial con cuatro fiscales con el objetivo de hacer un inventario de los procesos y establecer si los crímenes corresponden a personas que en realidad hubieran pertenecido a la UP.
La Fiscalía continúa rastreando los casos en distintas zonas del país, pero se ha encontrado con que varias familias ya no viven en esos lugares y nadie saben dónde están.
Lo cierto es que los numerosos expedientes han estado en manos, inicialmente de Instrucción Criminal, y luego fueron responsabilidad de los cuatro fiscales generales: Gustavo De Greiff Restrepo, Alfonso Valdivieso, Alfonso Gómez Méndez y Luis Camilo Osorio.
La interminable serie de asesinatos todavía continúa. El último de ellos, registrado en los expedientes judiciales de la Fiscalía, ocurrió el pasado 16 de diciembre en la población de Icononzo (Tolima). Era Wilson Ballén. Un nombre que parece destinado a hacer fila en la lista de la impunidad.
JAIRO FIDEL LOZANO
Redactor de EL TIEMPO

ENTREVISTA / HABLA HIJO DE PARDO LEAL
‘Izquierda abandonó la calle y el debate’
Fernando Pardo, el hijo menor de Jaime Pardo Leal, venía con él de la finca en La Mesa cuando el candidato a la Presidencia fue asesinado por sicarios, en 1987.
¿Cómo describiría la vida de su familia en todos estos años?
Debo hacerle una venia a mi madre por sacarnos adelante y por mantener vivo el amor de nuestro padre. Seguimos de cerca al país con una mirada crítica y cada uno trabaja para que muy pronto cambie.
¿Qué le ha significado ser el hijo de Pardo Leal?
Me siento orgulloso de saber que por mis venas corre la sangre de uno de los mejores hijos de Colombia, de un hombre sensible a quién lo irritaba la injusticia. Sus acciones me han enseñado que hay que estudiar, luchar, vibrar, trabajar y combatir para enderezar la historia de Colombia.
¿Cómo ve el papel de la izquierda hoy?
Asistimos a una especie de dictadura del ejecutivo que refleja la débil separación de poderes en nuestra democracia. La guerra está al orden del día. Por si fuera poco, se siente venir una ola inconmensurable de impunidad como resultado de las negociaciones con los paramilitares. Ante la implosión de los partidos tradicionales, la izquierda esta llamada a tomar las banderas de la oposición política para salvar el Estado de Derecho.
¿Hay más espacio que en los tiempos de la UP?
La izquierda tiene más espacio electoral y ha disfrutado del voto de opinión. En la Colombia de hoy el espacio público de deliberación se limita a lo que haga un parlamento que no le responde a nadie, no ofrece verdadero espacio.
¿ Cuáles han sido los errores de la izquierda en estas últimas décadas?
Debió mostrarle al país la necesidad de incorporar a todas las fuerzas insurgentes, incluidas las Farc, en la elaboración de la nueva constitución. El gobierno de Gaviria pensaba, como el de ahora, que la vía militar acabaría con las guerrillas, decisión funesta que tuvo como consecuencia el torrente de violencia que nos acaba.
¿ Cuál es el error hoy?
La izquierda actual no tiene un programa de gobierno. A diferencia de los 80, observo que no tiene ideólogos y está dividida. Sus líderes se desempeñan bien frente a las cámaras de televisión y en los cócteles, pero han abandonado la calle y el debate. Pareciera como si estuvieran haciendo una protesta de brazos caídos.
¿Cree que la izquierda pueda llegar al poder?
Sí. Un país con más del 50% de su gente viviendo en condiciones de pobreza extrema no puede ser de derecha.
¿Cuál sería el cambio que traería?
En Colombia el ejercicio del poder ha tenido como finalidad el mandar para someter y el preservar privilegios para acumular riqueza. El poder en manos de la izquierda debe crear condiciones para que la gente viva de manera digna.
¿ Qué le importa más a su familia, la verdad, la justicia o la reparación?
Elemental es que no puede haber justicia si no se conoce la verdad.

PROCESO / DESDE HACE 12 AÑOS UN TRIBUNAL INTERNACIONAL SE OCUPA DEL CASO DE LA UP
En busca de justicia más allá de las fronteras
“Lo único que me alienta a seguir viva, es la esperanza de que algún día se haga justicia”.
Es mayo del 2005. La frase de la anciana levanta aplausos en un recinto del Museo Nacional de Bogotá en el que hay hay unas 300 personas. Es fácil adivinar que todas tienen la misma razón para estar ahí. Sus historias tienen que ver con los 20 años de vida y de muerte de la Unión Patriótica (UP).
Mientras habla, a doña Reina de Posada solo se le ve la cara de los ojos para arriba. Los años la han vuelto pequeñita. Llega a los 80 y por eso cuando lanza esa frase con tono de consigna, las canas se le alborotan por encima del atril. Ser mamá de Leonardo Posada, el primer representante a la Cámara de la UP, asesinado el 30 de agosto de 1986, no le ha disminuído su militancia comunista. “La verdad tendrá que conocerse, los culpables deben pagar”, dice. La algarabía en el salón aumenta. Entonces, se anuncia el siguiente punto del acto: estado de los acercamientos con el Gobierno por la demanda 11.227 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Por los parlantes se escucha: “Después de ocho años de reuniones de trabajo por una solución amistosa, el resultado es impunidad, no hay voluntad política”. Todo queda en silencio, el acto continua y empieza una obra de teatro.
“Aquí no hay nada que hacer”
En 1993, Aída Abella, una sindicalista que para entonces era la presidenta nacional de la UP, empieza a buscar una forma para aglutinaren un solo caso, las muertes de sus copartidarios que caían en ciudades y pueblos del país. “busquemos afuera, qué nos quedamos haciendo aquí” se dijo, luego de que un estudio de la Defensoria les indicara que en sólo diez casos había decisiones judiciales. 6 absolutorias y 4 condenatorias. Junto a Jael Quiroga, una abogada de Barrancabermeja que trabajaba por los derechos humanos, y representados por la Fundación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas, presentaron una demanda sui generis –por genocidio– contra el Estado Colombiano.
El 9 de diciembre de ese año, fueron a Washington, sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (Cidh) con un documento de 12 páginas en el que le pedían al organismo internacional que aceptara estudiar el caso. Meses antes, habían concluido que esa figura penal era la que se ajustaba a la situación que querían denunciar. Adjuntaron como pruebas una lista de 1.163, homicidios, 123 desapariciones forzadas y 43 nombres de personas amenazadas.
Los peticionarios subrayaron, ante la comisión el compromiso adquirido por el Estado en cumplimiento los acuerdos de paz con las Farc: “El Gobierno de acuerdo con lo establecido en la Constitución, otorgará a la Unión Patriótica y a sus dirigentes, las garantía y seguridad indispensables para que puedan desarrollar, en forma idéntica a las demás agrupaciones políticas, su acción proselitista y electoral. El Gobierno hará caer todo el peso de la ley sobre el ciudadano o autoridad que conculque sus derechos, o niegue, eluda o desconozca las garantías de les corresponden”.
Aída Abella, tres años después, 1996, sobrevivió a un atentado con bazuca en las calles de Bogotá y salió al exilio en donde aún permanece.
Empezaron así 4 años de alegatos con el Gobierno, para entonces del presidente César Gaviria. El Estado argumentó ante la Comisión Interamericana que no debía admitir la demanda, debido a que los hechos no encuadraban dentro de la definición de “genocidio”, y que no había conexión suficiente entre las víctimas. Agregaba también que la petición era inadmisible porque no había cumplido el requisito indispensable de agotar las instancias internas.
Los peticionarios agotaron el recurso interno, con dos documentos producidos por organismos estatales. Una sentencia de la Corte Constitucional y un estudio de la Defensoría del Pueblo.
En julio de 1992, en respuesta a una tutela interpuesta por un amenazado de la UP, la Corte produjo la sentencia T–439. En ella conceptuó que: “los derechos fundamentales pueden estar siendo vulnerados y amenazados como consecuencia de la militancia política” y ordenó a la Defensoría del Pueblo elaborar un informe.”El país requiere que las investigaciones sobre la eliminación progresiva de la Unión Patriótica y otros partidos en condiciones semejantes, llegue a su culminación, por razones de justicia y porque así lo demanda la profundización del proceso democrático…”. sentenció.
El estudio del defensor, apareció en octubre de 1992, y en las 229 páginas Jaime Córdoba Triviño, reseñó 717 casos de asesinatos e hizo recomendaciones para los organismos de justicia.
El 12 de marzo 1997, la Cidh admitió estudiar el caso. No aceptó la tipificación de genocidio pero hablo de tolerancia del Estado en el exterminio. El Estado perdió los alegatos. Transcurría ya en el gobierno del presidente Samper y Colombia estaba inmersa en un proceso internacional que hoy, ocho años después aún está por resolver.
La solución amistosa.
Dentro de los procedimientos de la Comisión interamericana existe una etapa, llamada de “solución amistosa”.
Se trata de que las partes de común acuerdo encuentren una salida que de no producirse, la demanda podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, – la misma que hace un mes, ordenó al Estado colombiano, indemnizar con 8 millones de dólares a las familias de 19 comerciantes asesinados en Santander– en esa instancia una eventual condena al Estado, podría no solo significar una gigantesca indemnización económica, sino que a juicio de los expertos podría convertirse en un gravísimo cuestionamiento a la democracia en el país.
En busca de ésta solución amistosa el Gobierno y los peticionarios llevan sentados 8 años.
¿Cuál es el camino?
El 24 de Marzo de 2000, Gobierno de Andrés Pastrana, firmaron el único acuerdo hasta ahora y crearon un programa especial de protección para miembros de la UP y del Partido Comunista, (ver recuadro)
Pero la diferencia mas seria entre el Estado y la UP es el número de víctimas de este exterminio, mientras para Reiniciar, la cifra de violaciones a los derechos humanos, puede alcanzar los 6 mil, para el Estado ha sido difícil encontrar la conexión entre todos los casos y por eso acordaron una metodología para las investigaciones.
Hoy en día alimentan de común acuerdo una base de datos que bautizaron como el “universo provisional” en el que hay 1.550 registros. El Presidente Uribe ha dicho que le interesa avanzar en la solución amistosa, sin embargo, funcionarios de su gobierno aceptan la dificultad que supone que durante los últimos tres años, al menos 70 personas de la UP han sido asesinadas. (ver “10 condenas en 20 años” ). El grupo de Trabajo quiere reunirse pronto con el Presidente Uribe.
Guillermo Hoyos, profesor, filósofo y director del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana es mediador entre las partes. El que se siente fundador de la UP porque en el 1984, hizo parte de la Comisión de Paz que a la cabeza de John Agudelo Ríos, propició los acuerdos de la Uribe. “Una cosa sería restituirle el estatus de partido político así no cumplan con el número que está exigido, habría un símbolo político para pueblo colombiano. Otra, que lo antes posible se incluya en el presupuesto nacional en un rubro especial que se llamara ‘solución amistosa’ para compensar a las víctimas. Asegura.
Tiempos de esclarecimiento
Pero más allá de los tires y aflojes que tienen las partes, lo cierto es que en el mundo entero se viven tiempos de esclarecimiento, y en el mundo cada vez más expedito de la justicia internacional el caso UP es considerado “bastante especial y excepcional, según lo dijo en el 2002 Robert Goldman quien fuera comisionado de la Cidh.
Una sociedad, que como lo reflejan los sondeos, no tiene conciencia de lo que pasó con la UP, no puede aprender las lecciones para el futuro. (Ver Opinómetro 1-10 ).
Las partes que representan a la UP, piden que se haga justicia, que de investigue y que hay reparacion. La ley de Justicia y Paz los preocupa “Si se aprueba, no creo que los responsables asuman la responsabilidad, cuando se logre el arreglo, ellos ya estarán gozando de sus beneficios”, Nosotros no estamos pidiendo venganza, solo justicia” dice Ivan Cepeda, hijo del senador Manuel Cepeda.
Cuando en el Museo Nacional termina la obra de teatro, se prenden las luces y depronto un anciano, sentado cerca de dona Reina de Posada, se levanta de su silla, carga una pancarta de la UP , apenas susurra: “la resignación no puede ser eterna”.
MARÍA ALEJANDRA VILLAMIZAR
Editora Jefe

TESTIMONIO
La campesina que sobrevivió al exterminio
Tenía 9 años cuando entendió que ser comunista era una tragedia. Estaba bajo la hornilla de la cocina, donde su mamá había corrido a esconderla para protegerla de las balas de un helicóptero que revoloteaba por el cielo de Campo Alegre.
“Nunca había visto un helicóptero. Por entre la esterilla de guaduas (que servía de pared al rancho) veía que daba la vuelta y volvía disparando. Empecé a sentir miedo. Los vecinos que habían llegado a decirle a mi papá que el Ejército estaba deteniendo campesinos se tiraron al piso”. El recuerdo está vivo en Esperanza*.
Todos en su casa, y casi todos en su vereda, se decían comunistas.
“Me preguntaba por qué nos perseguían. Y me decía: si mi papá trabaja para que venga la luz, para que llegue un maestro, no puede ser malo”.
Ella era la que lo acompañaba a las reuniones de la Junta de Acción Comunal de esa vereda de El Castillo, que como muchas del Meta había sido poblada por colonos sobrevivientes de otras persecuciones.
“A la par que era líder de la junta, mi papá era del Partido (Comunista). En esas reuniones se hablaba de por qué no teníamos las vías, la escuela, la luz. Los niños nos encargábamos de alegrar los encuentros cantando o recitando”.
Los primeros muertos
La niña que había aprendido a divertirse animando las asambleas de los comunistas, pese al recuerdo del ametrallamiento, comenzó a rebelarse cuando cuatro muchachos de la región aparecieron muertos. “Estaban tapados con helechos. Les habían quitado los testículos y les habían quemado las manos. Todos bajamos a protestar hasta Medellín del Ariari (una inspección del Castillo)”.
Recuerda que la mamá de uno de los muertos gritaba que a su hijo lo había matado el Ejército.
A ella le volvieron los miedos y las preguntas. “¿Si debían algo por qué no los encarcelaron? ¿Por qué vienen a matarnos? A los campesinos los torturaban porque no decían dónde estaba la guerrilla y yo jamás miré la guerrilla metida en mi casa. La veía por los potreros cuando iba a encerrar los becerros, pero entendía que éramos distintos porque ellos eran armados”.
Los ‘Jóvenes Patriotas’
Era 1984 cuando en Campo Alegre comenzó a correr la voz de que las Farc y el Gobierno estaban llegando a acuerdos (era el momento de la tregua pactada con el presidente Belisario Betancur). Esperanza, que ya tenía 13 años, hacía parte de la juventud comunista que se había organizado en la vereda.
“Hablaban de que iba a haber un partido, la Unión Patriótica (UP), que nos iba a juntar a todos. Leyeron que iban a trabajar por las necesidades del campo. Eso fue una fiesta porque iba a bajar esa tensión de que el Ejército subía por un lado y la guerrilla le salía por otro”.
La adolescente campesina, que temprano supo que no podía decirle a nadie que era comunista, se sintió feliz, sobre todo, porque en adelante podría decir que era de la UP, un partido, que a su entender, había sido acordado por el Gobierno y las Farc. Desde entonces hizo parte de los ‘Jóvenes Patriotas’. Organizaban los actos para promover a los campesinos “ilustrados” que los representarían en la Alcaldía y el Concejo de El Castillo.
La fiesta de los ‘Jóvenes Patriotas’ se extendió por las veredas de Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, Lejanías, La Macarena… Por todo el Ariari.
Viaje al destierro
“Comenzaron a detener a los campesinos que apoyaban la UP. A mi papá le dijeron que tenía que cuidarse”.
El ladrido de los perros alertó a la familia una noche. A la luz de velas y mecheros vieron huir a un desconocido que rondaba la casa.
“Entendimos que mi papá estaba en peligro. Después de tenerlo todo en la finca se fue de raspachín a San José del Guaviare, donde estaba la bonanza de la coca. Dos hermanos lo siguieron. Mi mamá cogió las riendas de la casa y se quedó con los hijos menores”.
Esperanza, la más activa comunista de la familia, también dejó la vereda. Se fue para Villavicencio, a la casa de una “conocida”. “Tenía 15 años. Fue terrible hacer quinto de primaria con un montón de niños. Busqué a los de la UP y fue cuando conocí a Humberto Orjuela, uno de los armados que las Farc habían puesto a hacer política”.
De 11 de la noche a 2 de la mañana pegaba propaganda de los candidatos del partido con otros muchachos. No lo hacían de día porque los “corretiaba la Policía”. “Pegábamos los carteles por encima de los afiches de conservadores y liberales. Si los poníamos bajitos los arrancaban”.
El comienzo del fin
El del senador Pedro Nel Jiménez fue el primer entierro que Esperanza siguió en Villavicencio, en 1986. De la marcha que iba atrás del ataúd sacaron a dos “conocidos”. Aparecieron muertos.
Al ritmo que los enemigos de la UP mataban a la gente del partido, las Farc violaban la tregua pactada en 1984. En una de sus peores agresiones mataron a 27 militares y un civil en Puerto Rico (Caquetá), en junio de 1987.
En mayo de 1988 los muertos fueron otra vez de la UP: el candidato a la Alcaldía de Puerto Gaitán, la personera de Mesetas y tres más.
Esperanza avanzaba en el bachillerato y volvía a Campo Alegre para vacaciones. La vereda comenzaba a llenarse de muertos.
En mayo de 1999 llegaron buscando a su mamá, pero no la encontraron. “Le dispararon a un animal”.
En octubre volvieron. Tampoco estaba, pero se llevaron al hijo menor. Un abogado lo encontró preso en una base del Ejército.
La muerte, que andaba buscando a la campesina desde 1999, la encontró en Villavicencio, una tarde del 2000. Entraron a la sala donde estaba y le dispararon.
Después fue el esposo de Esperanza, que había sido personero de Uribe. “Y después Fulano en Lejanías, Sutano en Vista Hermosa…”. La cuenta que llevaba se fue perdiendo.
Hoy, con 34 años, se viste como mujer de ciudad. Y cuenta esta historia en el piso alto de un edificio de Bogotá, a donde se vino en el 2002 para hacerse invisible en medio del gentío de la capital.
La niña que conoció el miedo bajo la hornilla de una cocina campesina es ahora una mujer radical. “No cabe en mí olvidarme de esos muertos”, dice como si de verdad en su corazón no cupiera el perdón.
*Nombre cambiado
MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editora de Nación

EL TIEMPO
Algunos culpables
Carlos Castaño
El Juzgado Séptimo Especializado de Bogotá condenó el 27 de noviembre del 2001 a los jefes paramilitares Carlos y Fidel Castaño a 22 y 18 años de prisión, respectivamente, como responsables del crimen del candidato presidencial de la UP, Bernardo Jaramillo, ocurrido el 22 de marzo de 1990. El ‘Testigo 45’, que declaró en el proceso, reveló que Carlos Castaño, quien en ese entonces era el segundo al mando de los ‘paras’, preparó a los sicarios para el asesinato.
‘Vladimir’ Baquero
Por la muerte del militante de la UP José Aristides Granja, el Juzgado Segundo especializado de Bucaramanga condenó a 11 años, 1 mes y 10 días de prisión a Alonso de Jesús Baquero Agudelo (foto), conocido como ‘Vladimir’ por los delitos de homicidio agravado con fines terroristas. Baquero es considerado por la Fiscalía “como uno de los más temibles asesinos en serie, al servicio de las autodefensas del Magdalena Medio’. ‘Vladimir’ tienen otros procesos por masacres y está detenido.
Justo Gil y H. Medina
El 20 de diciembre de 1999, un juez especializado condenó a los suboficiales del Ejército Justo Gil Zúñiga y Hernando Medina a 43 años de prisión cada uno por el asesinato en 1994 del senador de la UP Manuel Cepeda. Carlos Castaño fue exonerado. El 12 de noviembre del 2004, la Corte Suprema ratificó la sentencia de los militares y dejó en firme la absolución a Castaño. No obstante, el jefe ‘para’ en su libro ‘Mi confesión’ reconoció su participación.

EXTERMINIO / REPASO HISTÓRICO A UNA APUESTA POLÍTICA QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA
La oportunidad perdida
Hace 20 años, las Farc dieron el paso para convertirse en una fuerza política legal. La guerra sucia, pero también su empeño por mantenerse en armas, abortaron todo.
Colombia es un país de paradojas. En materia política una de ellas es que puede sentir el orgullo de tener una de las democracias más antiguas del Continente y, a la vez, soportar la vergüenza de haberse permitido el exterminio físico de los militantes de una opción política –la UP–, tragedia superior inclusive a situaciones sucedidas nada menos que en épocas de las dictaduras del Cono Sur.
Y aunque podría considerarse ese como un capítulo cerrado de la historia colombiana, pues desde noviembre del 2002 ya ni existe su personería jurídica, los rezagos de la incapacidad estatal de incorporar este hijo legítimo del primer experimento de negociación de un Gobierno colombiano con las Farc influyen para que esa guerrilla se mantenga metida en la guerra y desconfíe de toda propuesta gubernamental para su desmovilización.
Podría decirse que, luego de 20 años, el proyecto de la UP como un intento para que los integrantes de las Farc pudieran organizarse políticamente –según se consignó en el punto 6 del Acuerdo de la Uribe del 28 de marzo de 1984 que pactó la tregua entre las Farc y el gobierno de Belisario Betancur– no dista en su filosofía del movimiento clandestino bolivariano que esa guerrilla lanzó en abril del 2000, en épocas del Caguán, cuando el presidente Andrés Pastrana se arriesgó sin éxito en alcanzar con esa agrupación la esquiva paz.
El ambiente adverso contra la UP lo ayudó a consolidar la combinación de las formas de lucha (armada y política), reconocida públicamente por las Farc en su saludo de año en enero de 1985. En su revista Resistencia esta organización dijo: “Las Farc no han renunciado a la lucha, por el contrario nos hemos convertido en un movimiento político que lleva el nombre de Unión Patriótica. Su Comando Nacional es el Estado Mayor Central de las Farc hasta cuando se realice la primera Convención Nacional del Movimiento”. Según relata el ex ministro Camilo González Posso en el artículo ‘Negociaciones con las Farc 1982–2002’ la UP era el brazo político destinado a ejercer la oposición mediante un programa democratizante, con fuerza legislativa y con posibilidad de constituir alianzas con sectores no armados, pero al mismo tiempo las Farc se orientaron a su propia consolidación militar dentro del llamado plan de los ocho años.
El consentimiento tácito de sectores de izquierda que confluyeron en este proyecto político legal de aceptar también la vía armada como estrategia política, alimentó la guerra sucia que se llevó por delante líderes valiosos y valientes.
Para las elecciones de 1986, el grupo político alcanzó 329 mil votos, con lo que se constituyó en la primera fuerza electoral no vinculada a los partidos tradicionales. “Esto parece que ocasiona el exterminio persona por persona de cada una de las figuras que llegaron no solo al parlamento, sino también a los concejos, a las asambleas, a las alcaldías y de muchos militantes de base”, escribió en unas memorias la destacada concejal de la UP Aída Abella.
Ese caudal electoral se encontró con un país político cerrado entre liberales y conservadores; con un país social en el que los movimientos campesinos, obreros y estudiantiles peleaban por rasguñar algo de los sectores privilegiados, y con un país económico en el que los narcotraficantes estaban emergiendo como clase terrateniente.
En su libro Paramilitares y autodefensas 1982-2003, el politólogo Mauricio Romero describe que la apertura política que planteaba las negociaciones de paz con la guerrilla sufrió una especie de sánduche. La fragmentación, la polarización y la competencia de los sectores arriba mencionados hicieron que quienes sintieron una amenaza al statu quo se aliaran. En las regiones sectores de las Fuerzas Militares, narcos, políticos tradicionales y propietarios de la tierra fueron la mezcla explosiva que colocó como aditivo a los paramilitares para aniquilar a militantes de la UP, que se cuentan en más de 3.000.
Romero muestra que los ‘paras’ son hijos de esa descentralización política que planteó la elección popular de alcaldes a partir de 1986, principalmente. En aquellos comienzos, estos grupos se comportaron como mercenarios, como ejércitos privados. Hoy, pasaron de ser mandados a mandar. En este contexto, se entiende la reciente denuncia de la Defensoría del Pueblo según la cual a pesar de las desmovilizaciones que se están dando, el poder paramilitar se mantiene. El país puede estarse enfrentando nuevamente a la combinación de todas las formas de lucha, pero esta vez desde la otra orilla.
Por eso, si se analiza la actualidad de este tema, el foco no está en si se le devuelve o no la personería jurídica a la UP, a pesar de no tener representación en el Congreso.
Al hacer el estudio de casos de homicidios de miembros de la UP, la Defensoría señaló en octubre de 1992 que “la democracia no es simplemente una forma de organización estatal, sino un proyecto político cuyo fundamento material es la dignidad humana y sus manifestaciones concretas: la diversidad y la libertad”.
Iván Cepeda, hijo de Manuel Cepeda, el último senador de la UP asesinado (1994), dice que el tema de fondo es que haya verdaderas garantías para hacer oposición política.
Y eso en un país democrático debería poder hacerse desde todas las convicciones ideológicas, que van desde los comunistas que al día de hoy siguen siendo asesinados hasta los concejales liberales masacrados por las Farc en Puerto Rico (Caquetá).
BIBIANA MERCADO RIVERA
Subeditora”

Bogotá, D.C., 10 de junio de 2005

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ