Fiscalía investiga 312 nuevos casos de falsos positivos
“Los casos de Soacha son apenas la punta del iceberg”, dijo Philip Alston, relator especial de la ONU para las Ejecuciones Arbitrarias, cuando presentó el informe preliminar sobre la situación en Colombia en junio pasado. No le faltaba razón. La Comisión Nacional de Búsqueda, de la que hacen parte la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades, ha recibido una avalancha de denuncias sobre nuevos casos de ejecuciones fuera de combate.
El caso más reciente ocurrió el 26 de julio pasado en Jambaló, Cauca: el líder indígena paez Reynel Dagua fue sacado de su casa por hombres armados y posteriormente presentado por las tropas que operan en la zona como un guerrillero muerto en combate. Así lo denunció el secretario de la Onic, Fernando Arias, quien hizo un llamado a las autoridades “para que establezcan realmente qué pasó”.
Aída Quilcué, la viuda del líder indígena asesinado, denunció el caso ante la Fiscalía y, además, la semana pasada lo puso en conocimiento de James Amaya, relator para los Pueblos Indígenas. “Me preocupa que no vaya a ser tenido en cuenta como una ejecución arbitraria -le dijo a CAMBIO- Aún no hay militares capturados, no veo que nada haya cambiado, me siento sola en esto”.
Pese a que el Gobierno ha dicho en varias ocasiones que no se han vuelto a presentar esas situaciones desde octubre de 2008, cuando 27 oficiales del Ejército fueron destituidos a raíz de los 19 casos de Soacha, un reciente informe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía indica todo lo contrario. De los 1.160 casos que está investigando y que comprenden 1.881 víctimas -entre ellas 58 menores de edad-, 312 fueron denunciados entre enero y julio de este año. La mayoría se registraron en Antioquia, Meta, Norte de Santander y la Costa Atlántica, y en total comprometen a 144 miembros del Ejército, 38 de la Policía, 29 de la Armada y cinco funcionarios del DAS. Ya se dieron 46 condenas y 100 exoneraciones.
Uno de esos casos denunciados después de octubre, tras el remezón que se llevó de por medio al propio comandante del Ejército, general Montoya, quien se vio obligado a renunciar, lo hizo público el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Reconoció que Arnobis Negrete Villadiego, un joven estudiante de 18 años, fue ejecutado el 26 de diciembre de 2008 por miembros del batallón Rifles con sede en Caucasia, que luego lo presentaron como muerto en combate contra hombres de la banda de ‘don Mario’.
Hace dos semanas, el personero de Aguachica (Cesar), David Guillermo Ramos, denunció el caso de cinco jóvenes que fueron sacados de sus hogares o de sus lugares de trabajo en junio del año pasado y días después fueron presentados en Ocaña (Santander) como dados de baja en combate, por miembros de la Brigada X. “Vestían botas, camuflados y tenían revólveres y pistolas”, dijo Ramos. Sus nombres: Luis Enrique Devia Gómez, Juan Gabriel Carvajal Betancurt y Albeiro Ballena. Por otra parte, descubrieron que los cuerpos de Jonathan Meza Badillo e Ismael Quintero habían sido enterrados como N.N. en el cementerio de Ocaña. Quintero era discapacitado y Meza, de 16 años, enfermo mental. Los restos de los cinco muchachos fueron entregados a sus familias.
Alerta roja
La Defensoría del Pueblo ha prendido las alarmas porque este año han aumentado las denuncias contra miembros del Ejército por ejecuciones arbitrarias cometidas entre 2008 y 2009. Por ejemplo, en enero recibieron la denuncia de un caso de muerte fuera de combate en Risaralda y dos en Arauca, una masacre en Izá (Cauca) y una desaparición forzada en el Valle. En febrero registraron seis quejas: dos en Huila, dos en Quindío, una en Caquetá y una en Putumayo. Y en marzo recibieron cuatro denuncias por ejecuciones arbitrarias en Titiribí (Antioquia), Cali y Bogotá, atribuidas a la Policía, y una en Montería atribuida al Ejército.
La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía resultados prontos y protección para los denunciantes porque se están presentando situaciones de terror en las comunidades y, sobre todo en los barrios periféricos de Bogotá, los jóvenes tienen miedo”.
La tarea del nuevo ministro de Defensa, Gabriel Silva, no será fácil especialmente por dos razones: primero, porque es un hecho que el fenómeno no ha desaparecido y, segundo, porque el Presidente, que está convencido que lo que existe es una campaña para empañar la política de seguridad democrática y quitarle margen de maniobra a la Fuerza Pública, le encomendó como tarea especial conducir la defensa judicial de las Fuerzas Armadas.
http://www.cambio.com.co/paiscambio/842/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5892129.html