Fiscalía denuncia falso testimonio en caso del Palacio
El testigo fue solicitado por la Procuraduría y su declaración había sido enviada a un Juzgado por la Secretaría Jurídica de Presidencia.
La fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago, solicitó que se investigue por falso testimonio al ex uniformado de la Séptima Brigada, Gustavo Alonso Velásquez López, quien declaró en el juicio que enfrenta el general (r), Iván Ramírez, por el holocausto del Palacio de Justicia.
El ex militar, perteneciente al Batallón Vargas de Granada, Meta, había rendido una declaración extrajuicio ante la Notaría Segunda de Armenia, Quindío, desvirtuando que uno de los testigos clave de este y otros procesos hubiera estado en el Palacio de Justicia para la época en la que se produjo la tragedia. Sin embargo, la representante del ente acusador advirtió varias inconsistencias en el testimonio.
Se trata de la misma declaración que fue anexada por el Secretario Jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo, a la comunicación enviada a la juez Tercera Penal Especializada de Bogotá, María Stella Jara, y que esta devolvió a ese despacho gubernamental, considerando que trataba de un actor ilegítimo dentro del proceso.
El testigo aseguraba que el ex cabo del Ejército, Edgar Villamizar Espinel, que dio cuenta de las supuestas desapariciones de civiles que se produjeron tras la retoma, nunca pudo haber estado en el lugar de los hechos, como lo precisaba, teniendo en cuenta que el 6 y 7 de noviembre de 1985 se encontraba dentro del Batallón, en el municipio de Granada.
Velásquez López admitió que su declaración ante un notario se produjo por sugerencia del abogado Pedro Capacho Pabón, apoderado del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, y que fue el mismo jurista quien lo acompañó a efectuar la diligencia, previo a la entrega que le hizo de la declaración de Villamizar, tomada del expediente del ex comandante de Caballería, cuando había asegurado inicialmente que el jurista no le había expuesto ningún documento.
En esa declaración, el ex uniformado manifestó que Villamizar permaneció en el Batallón durante 15 días seguidos llevándole la comida a su alojamiento, pues se encontraba padeciendo de un tipo de paludismo poco severo, versión que fue controvertida por él mismo en el curso de la audiencia, tras advertir que ello sólo se produjo una vez, pues su enfermedad apenas lo obligaba a guardar cierto reposo.
Cuando el abogado de la parte civil, Germán Romero, puso en evidencia la contradicción, el testigo hizo ver que podía tratarse de un error en el escrito, pues él había terminado firmando un documento que le entregaron sin antes leerlo, pese a que había advertido que el texto se había producido al interior de la Brigada, en compañía del abogado Capacho.
Así mismo, insistió en que Villamizar y otros de sus compañeros se reunieron durante varias horas a seguir por televisión lo que sucedía en el Palacio de Justicia el mismo día seis, hasta entrada la noche, pese a que los medios de comunicación cumplieron con el veto impuesto por la entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, que había ordenado suspender ese tipo de transmisiones en directo.
Al ser interrogado por la Fiscalía acerca de las funciones que desempeñaba Edgar Villamizar, fue reiterativo en manifestar que sus labores eran secretas y que, por tanto, nunca las conoció, pero minutos después dijo estar seguro de que él ni ningún otro integrante de la Séptima Brigada había participado en la retoma, con el argumento de que en la institución castrense todos sabían lo que cada cual hacía.
“Hay una característica que no nos identifica, sobre todo de grados inferiores: es la discreción. Todo se sabe entre nosotros (…) Si alguien del Batallón Vargas o de la Brigada Séptima hubiera participado en el proceso de retoma del Palacio de Justicia, el 7 de noviembre de 1985, se habría sabido, nos habrían contado”, recalcó Velásquez.
Cuando fue cuestionado por la nueva contradicción, el ex uniformado adujo que si bien en principio las labores de cada uno eran secretas, luego terminaban haciéndose públicas por el carácter que primaba en ese tipo de rangos.
Ante la evidencia de las contrariedades, la fiscal Buitrago exigió que se compulsaran copias para investigar penalmente al testigo por supuesta falsedad en testimonio, requerimiento que estuvo sujeto a la solicitud de la parte civil para que se inicie un proceso disciplinario contra el Notario Segundo de Armenia, Eduardo Castaño, y el abogado Pedro Capacho, por la manipulación que pudieron haber ejercido en este caso.
Por su parte, Daniel Prado, abogado de la familia de uno de los desparecidos, cuestionó el hecho de que haya sido la Procuraduría la que solicitó este testimonio, demostrando su parcialidad en los procesos relacionados con la toma del Palacio de Justicia, ya evidente en otros juicios que se adelantan por el caso.
La decisión final respecto a la compulsa de copias al organismo competente, para iniciar las investigaciones, se conocerá únicamente cuando se produzca el fallo por parte de la Juez 51 Penal del Circuito de Bogotá, Cristina Trejos. Sólo entonces se sabrá si la falsedad es imputable a Villamizar, a quien no se le ha podido localizar en meses, o al testigo Gustavo Alonso Velásquez López.
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Redacción Judicial / Elespectador.com | Elespectador.com