Fiscalía acusa a palmicultores de Chocó por desplazamientos
La Fiscalía acusó a 15 palmicultores por su supuesta responsabilidad en los delitos de desplazamiento forzado, invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado.
La Fiscalía acusó a 15 personas del sector palmicultor como presuntos responsables del desplazamiento forzado de centenares de campesinos, en complicidad con paramilitares, en el departamento de Choco, informó la Fiscalía.
El fiscal Héctor Cruz Carvajal, de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, llamó a juicio a las 15 personas -detenidas desde mayo del 2010- por su supuesta responsabilidad en los delitos de desplazamiento forzado, invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado.
El documento de la Fiscalía, de 258 páginas, da cuenta de que en febrero de 1997, a través de una operación militar llamada ‘Génesis’, miembros del Ejército y paramilitares “incursionaron de manera violenta” en zonas rurales del municipio de Riosucio, departamento de Chocó.
Durante la acción armada, los paramilitares “sistemáticamente ejecutaron actos hostiles contra las comunidades afrodescendientes” o negras.
A partir del año 2000, explicó el fiscal Cruz, “empresas privadas, cuyo objetivo es el cultivo de palma o la ganadería extensiva (…)se asentaron con el objeto de implementar un proyecto agroindustrial enfocado principalmente en la explotación de la palma de aceite”.
Entonces los representantes de las empresas palmiculatoras, “apoyados en miembros de las autodefensas (o paramilitares), emprendieron la tarea de darle visos de legalidad a la ocupación de las tierras” de las que habían desplazado a las comunidades negras.
Esos palmicultores recurrieron a la compra de tierras de nativos a “precios irrisorios soportadas en documentos falsos”, o a suscribir contratos a nombre de personas que aparecían muertas años atrás. Con base en esos fraudes, la Fiscalía también estableció que esos palmicultores consiguieron “respaldar créditos bancarios y obtener incentivos estatales” como préstamos, aunque no cuantificó la cantidad de dinero.
Tras la decisión de la Fiscalía, el caso de los 15 detenidos pasa a un juzgado para la fase de juicio. Los ahora acusados podrían verse enfrentados a penas de cárcel superiores a 10 años.
Todos los llamados a juicio están detenidos en cárceles de las ciudades de Bogotá, Medellín y Montería.
Por estos mismos hechos, otros seis implicados ya aceptaron cargos, mientras 20 personas más están pendientes de una eventual acusación.
Los investigadores no han cuantificado cuántas personas de esas comunidades afrodescendientes fueron desplazadas por la acción paramilitar.
Según los investigadores, el proyecto de los paramilitares era ampliar los territorios sobre los cuales tenían control, pero además sacar provecho económico de esas tierras, que antes fueron dominadas por las guerrillas.
AP