Familiares de víctimas del Palacio exigen traslado a prisión de coronel Plazas

Familiares de los desaparecidos durante el llamado holocausto del Palacio de Justicia hicieron pública una nueva solicitud para que se efectuara el traslado del coronel (r) Alfonso Plazas Vega a la Penitenciaría Nacional de la Picota, como lo ordenó la juez Tercera Penal Especializada de Bogotá, María Stella Jara, hace cerca de cuatro meses.

Los peticionarios se ampararon en la reciente decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la orden del Juzgado, tras acatar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de rechazar la tutela por violación al debido proceso instaurada por el ex uniformado, con el propósito de que se revocara lo actuado por la titular del despacho, en ese sentido.

Recordaron, además, que ya hubo un segundo dictamen del Instituto de Medicina Legal en el que se descarta que las afecciones psíquicas del las que padece el acusado constituyan un riesgo lo suficientemente grave para sus salud, al punto de que se imposibilite su reclusión en una Penitenciaría.

Sin embargo, el traslado no se ha hecho efectivo, por cuanto la evaluación médica contradice el concepto de los galenos del Hospital Militar, quienes consideran que Plazas sí se enfrentaría un riesgo latente de sufrir una afección mayor si es trasladado a la Cárcel.

Aún así, para los familiares de los desaparecidos resulta inaudito que no se haya cumplido con una orden judicial que, además, ha sido acompañada del concepto de autoridades médicas superiores a las de la Unidad de Sanidad del Ejército Nacional.

En este sentido, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación preliminar en contra de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que hicieron parte del operativo de traslado del ex comandante de Caballería a la Cárcel La Picota de Bogotá, hecho que, al parecer, se ha constituido en otro de los obstáculos para hacer efectiva la remisión del acusado a la Penitenciaría.

Es de recordar que Plazas permaneció unos días en ese reclusorio, pero retornó al Hospital Militar, en el que permanecía desde el mismo día en el que se conoció la orden del Juzgado, luego de que un examen de psiquiatría ordenado por el Inpec ratificara el concepto de los médicos de Sanidad de la fuerza castrense.

Adicionalmente, el general Rafael Samudio Molina envió un derecho de petición al ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, en señal de protesta por el traslado de Alfonso Plazas a prisión, con miras a establecer si la acción contó con la debida autorización de esa cartera.

Samudio cuestiona la validez de la operación, señalando varias supuestas irregularidades, entre ellas el hecho de que los funcionarios del Inpec se hubieran presentado en el Hospital portando armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares, amparándose en lo señalado por el artículo 49 de la Ley 65 de 1993.
“Contra los internos sólo se usará la fuerza necesaria para reducir su resistencia a una orden legal o reglamentaria o para conjurar una evasión. Los miembros de la guardia que tengan que recurrir al empleo de la fuerza o de las armas, lo harán en la medida estricta y racionalmente necesaria”, advierte la norma.

Sin embargo, funcionarios que participaron en la acción señalaron que tal uso de fuerza se hizo necesario, toda vez que Plazas recurrió a todo tipo de acciones físicas tendientes a impedir el traslado. Incluso, hicieron uso de un video, cuya validez también fue objetada por el general Samudio Molina.

Para las familiares de los desaparecidos, las actuaciones de algunos funcionarios del Inpec, permitiendo el retorno del ex oficial al Hospital Militar, son la prueba palpable de que algunas instituciones están poniendo veto a las decisiones judiciales relacionadas con el caso del Palacio de Justicia, como lo han hecho siempre, según advierten.

René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín, una de las desaparecidas, solicitó que se abra una investigación disciplinaria en contra del Hospital Militar y en contra de la misma Procuraduría General, por cuanto considera que sus actuaciones han obstruido el normal desarrollo de la Justicia en este proceso.

Guarín señaló que el concepto del procurador Delegado en el juicio de Plazas, y el proceso iniciado por este organismo, que habría impedido el traslado de Alfonso Plazas a la cárcel, son sólo una muestra.
Cabe recordar que fue en esa entidad en donde desapareció la grabación en la que supuestos agentes del B-2 confiesan haberse hecho partícipes de las torturas a las que habrían sometido a varios civiles sospechosos de colaborar con guerrilleros del M-19 en la toma del Palacio de Justicia. Pese a la pérdida del Cassette, en 1986, su transliteración ha sido aceptada como prueba en varios procesos judiciales.

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