Falsas acusaciones contra Justicia y Paz
Reclamantes de tierras en Curbaradó y Jiguamiandó, funcionarios de Estado y de gobierno y la Comisión de Justicia y Paz han sido señalados de actuar y ser parte de una estrategia de la guerrilla de las FARC.
En una carta de la Corporación Medio y Bajo Atrato, Asociación de Desplazados, dirigida a instancias oficiales e instancias de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano se expresa que funcionarios del Ministerio del Interior, Vicepresidencia de la República, de la Defensoría del Pueblo y de la propia cancillería actúan junto a nuestra Comisión de Justicia y Paz bajo las directrices de las FARC.
Los denunciantes señalan que funcionarios de estas instituciones toman decisiones sobre esquemas de protección, la restitución de predios colectivos en razón de una “obediencia” a nuestra Comisión de Justicia y Paz, actuaciones que forman parte de una estrategia de las FARC.
La misiva contiene una reacción calumniosa sobre nuestro papel frente a la instalación de una base militar en predios colectivos indicando que es una actuación a favor de las FARC. Esta misma afirmación fue realizada por un alto mando de la brigada 17 semanas atrás.
La Comisión de Justicia y Paz, como lo constataron observadores internacionales en diciembre pasado, denunciamos que la construcción de la base militar se iniciara sin consentimiento de las comunidades y en predios colectivos ocupados de mala fe por un empresario, tierras despojadas por la violencia paramilitar. Es claro que la responsabilidad del Estado de protección debe ajustarse a derecho
La carta de cuatro páginas afirma contra cualquier realidad que nuestra Comisión dirige comunicaciones a la Unidad de Protección para que esquemas de protección sean quitados a personas afrocolombianas de modo que estas queden en vulnerabilidad y sean asesinadas por las FARC como parte de un plan de actuación concertado.
Para los denunciantes el papel de nuestra Comisión de Justicia y Paz es lograr que la propiedad colectiva quede bajo orientaciones de las FARC y para tal propósito se requieren asesinatos de personas en el bajo y medio Atrato.
Otra carta que fue conocida en la noche de ayer sostiene que los integrantes de los consejos comunitarios están en concierto con la guerrilla de las FARC.
El escrito de cuatro páginas de ayer desconoce aspectos de fondo de la situación que padecen los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó.
Los Autos han definido unos criterios, que en derecho no favorecen a los ocupantes de mala fe. La tensión está porque sectores de poder empresarial están afectados, quiere proteger la ocupación ilegal y sus agronegocios de palma, banano, yuca, coca, así como, la ganadería extensiva en predios colectivos.
Llama la atención que los contenidos de las denuncias son coincidentes con las realizadas semanas atrás en el proceso que se sigue contra los empresarios por despojo violento. En la audiencia de juicio el Hernando Olier expresó las mismas afirmaciones calumniosas sobre la relación de la Comisión de Justicia y Paz con la FARC. Cuando a este se le preguntó por el sustento de sus acusaciones respecto al robo de recursos expresó que era Luis Mario Gaviria, responsable de Acción Social en los dos períodos del gobierno de Uribe y hasta hace unos meses funcionario del gobierno de Santos en el Urabá. Gaviria es hermano José Obdulio Gaviria, asesor de Álvaro Uribe Vélez.
Estas son las mismas afirmaciones de integrantes de la comandancia de la brigada 17, sin que el ejecutivo haya exigido el cumplimiento de directrices sobre la legitimidad de la labor de defender los derechos humanos.
Varios de los firmantes son parte de la estrategia de desprestigio y montajes judiciales conocidos desde octubre de 2008, llamados entre Rito Alejo del Río y Fernando Londoño Hoyos como “los negritos”
“Aquí lo que sucede es grave, y frente a los que se nos acusa de orquestar asesinatos, estamos exigiendo a la Fiscalía General de la Nación una investigación sobre cada uno de nuestros integrantes porque las acusaciones calumniosas pretenden obstaculizar nuestro trabajo, entre otros, el develamiento de la estructura criminal. Nada de lo que se afirma es cierto. Si tuviéramos un concierto para delinquir o actuar con el gobierno Santos hace años que no habría una sola denuncia, no habría paramilitares en la región, habría justicia”. dice, defensor de derechos humanos
La imagen que se pretende proyectar como obstáculo para la restitución de tierras son las diferencias en las comunidades frente al uso de la tierra, la labor de nuestra Comisión de Justicia y Paz, y la demonización del mecanismo de autoprotección de las Zonas Humanitarias que ha posibilitado develar el paramilitarismo y el sector empresarial que se ha beneficiado por sus actuaciones.
Lo que se quiere ocultar es la capacidad de sectores empresariales beneficiarios de la criminalidad paramilitar que mediante mecanismos perversos pretenden asegurar una restitución de predios favorable a sus intereses.
Las afirmaciones calumniosas que pretenden excluir a las mestizas de sus derechos territoriales desconoce el contenido de los Autos de la Corte, a la Jurisprudencia y el carácter de contenido de la ley 70 de comunidades negras para lo cual se usa de argumentos racistas y discriminatorios contra esta población.
Las acusaciones cuestionan la actuación del Estado colombiano ante las demandas en curso en la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana en que cuestionan el papel de los funcionarios arguyendo temor a nuestra labor.
Hay que recordar que en el gobierno del Uribe estuvieron a punto de lograr este propósito a partir de actuaciones del exministro del Interior Valencia Cossio, pero no lo concretaron por las actuaciones en derecho de las comunidades que habitan hoy en Zonas Humanitarias.
Los graves señalamientos contra funcionarios pueden generar temores fundados e imposibilitar su actuación en derecho. ¿Cederá el gobierno de Santos a esta cruzada en que se encuentra el entorno de Uribe?
¿La Fiscalía General de la Nación actuará con eficacia y llamará a los firmantes de esta carta para que se investigue a cada uno de los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz? Esta solicitud que se ha hecho desde hace más de seis meses y que hoy se vuelve a reiterar:
¿Adoptará el gobierno medidas eficaces para dar cumplimiento a los Autos de la Corte Constitucional?
¿El gobierno actuará con diligencia debida frente a los empresarios ocupantes de mala fe?
¿El gobierno evitará el desalojo arbitrario ordenado por la Inspección Municipal de Río Sucio a favor de empresarios, ocupantes de mala fe en Bijao?
Las respuestas a estas preguntas definirán una devolución de tierras colectivas en derecho.
Bogotá, D.C. enero 29 de 2012
Foto: Archivo JyP
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz