“Fallo del Consejo de Estado no ordena reubicar las estaciones de policía”

Este lunes, el alto tribunal ordenó al Estado indemnizar a Puerto Rondón en el departamento de Arauca por los daños que sufrieron la iglesia, la casa cural y el colegio la Inmaculada durante los ataques guerrilleros de marzo, septiembre y diciembre de 1999.

En diálogo con Blu Radio el magistrado Ramiro Pazos Guerrero se refirió a la decisión del Consejo de Estado que reitera que ‘las estaciones de Policía no deben estar en zonas de riesgo para la población civil’. (Escuche la entrevista)

Con este fallo que obliga a la Policía Nacional a responder por los perjuicios causados, el tribunal reitera que las estaciones de Policía no deben estar en zonas de riesgo para la población civil.

“Debido a que en estos casos las personas enfrentan un riesgo real de sufrir amenazas o vulneraciones de sus derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante que lo obliga a ofrecer una protección efectiva a la población civil y a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar o conjurar situaciones de peligro razonablemente previsibles”, precisa la sentencia.
Para el magistrado Ramiro Pazos Guerrero es claro que -en medio del conflicto armado que vive el país- las estaciones de Policía son un blanco de ataques de la insurgencia y, si estas están ubicadas en la mitad del pueblo, el radio de acción de un artefacto afectaría a la población civil.

“Lo deseable -desde la protección a la población civil- es que las estaciones estén ubicadas geográficamente en condiciones en las cuales no estén tan aledañas al centro de la población porque salen afectadas”, dijo.
Sin embargo, aclaró que “esto no significa que la estación en zonas de conflicto tenga que alejarse… todo lo contrario, pero según las circunstancias”. En algunos lugares “vivir al lado de un estación puede generar una sensación de gran seguridad, pero por la particularidad de nuestro conflicto -en algunas zonas- genera un riesgo”.
Explicó que este fallo no tiene el alcance de ordenar reubicar las estaciones de Policía de todo el país. “Se espera que el efecto pedagógico de esta decisión replantee y valore situaciones específicas”. Además aclara que este fallo no es nuevo sino que es la reiteración de jurisprudencias pasadas.
“Tampoco estamos diciendo que se ubiquen a las afueras de la población (…) Pueden estar en pleno centro urbano pero no inmediatamente rodeadas por la población civil”, señaló.
Finalmente manifestó que al decir que dicho fallo “afecta” las zonas con mayor “frecuencia” de ataques guerrilleros, será –previsiblemente- el Ministerio de Defensa quien tome la decisión de trasladar o no una estación, al ser este organismo quien tiene toda la clasificación de cuáles son las zonas rojas o de conflicto en Colombia.