Exploración inconsulta del Cerro USA-KIRANDARRA
Porque miren, la razón, que no son poderosos según las lógicas de su poder; simplemente sencillos, amantes de la madre tierra(…) y lo flaco de nuestra sociedad escogió Dios en el Chocó, para avergonzar lo fuerte, develar la mentira y preservar la humanidad(…) Y lo indigno a los ojos de la economía extractiva y lo menos preciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es (..) la Vida es todo, en los seres humanos y en los ecosistemas. Dios es todo en todos”
Relectura 1 Corintios 27-28
Bogotá D.C., 25 de enero de 2009
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidencia de la República
JUAN LOZANO
Ministro Ambiente
FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro del Interior
FERNANDO BERMUDEZ
Ministro de Relaciones Exteriores
MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDOÑEZ
Procurador General de la Nación
HERNANDO TORO
Defensor Nacional
Referencia: Exploración inconsulta del Cerro USA-KIRANDARRA
Porque miren, la razón, que no son poderosos según las lógicas de su poder; simplemente sencillos, amantes de la madre tierra(…) y lo flaco de nuestra sociedad escogió Dios en el Chocó, para avergonzar lo fuerte, develar la mentira y preservar la humanidad(…) Y lo indigno a los ojos de la economía extractiva y lo menos preciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es (..) la Vida es todo, en los seres humanos y en los ecosistemas. Dios es todo en todos”
Relectura 1 Corintios 27-28
Reciban un respetuoso saludo.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante los evidentes abusos de la Muriel Mining Corporation y de las fuerzas militares en la protección de la fase de exploración inconsulta que adelanta esta empresa en el Resguardo indígena Uradá – Jiguamiandó en la comunidad de Alto Guayabal Coredocito.
La presencia inconsulta empresarial en el territorio del Resguardo se inició con el uso de los predios del caserío de Coredocito como helipuerto sin consentimiento alguno de sus habitantes, antecedido de una militarización sin precedentes del entorno, en que las fuerzas armadas aseguraron que su presencia era para proteger a la empresa Muriel Mining Corporation. Con el paso de los días la situación se ha agravado. Al primer desplazamiento de las familias de Coredocito ocurrido el lunes 5 de enero por las operaciones militares y empresariales, se sumó el desplazamiento de alrededor de 638 indígenas y cerca de 50 afrocolombianos al caserío de Alto Guayabal desde el 9 de enero.
Para los indígenas y los afrocolombianos del Jiguamiandó, ellos están en condición de desplazamiento forzado debido a que las operaciones militares y empresariales. La ocupación de mala fe de su predios, les forzaron a dejar sus lugares de habitación y de trabajo.
Hasta el día de hoy todas y todos, entre ellos niñas y niños, permanecen en Coredocito, en espera del cese de la exploración ilegal, arbitraria e inconsulta y exigiendo el respeto al territorio sagrado que ha sido profanado con la deforestación y las perforaciones iniciadas.
“La Rica” es parte del territorio titulado a la comunidad indígena de Alto Guayabal, directamente afectada por la exploración que se adelanta sin su consulta, y que afecta en su proceso a 9 comunidades indígenas que incluye los Resguardos de Chageradó y Murindó, quiénes se experimentan también afectadas porque la exploración se realiza en el lugar sagrado, al igual que los afrocolombianos y mestizos que habitan en la Zonas Humanitarias.
Todos y todas han exigido a la multinacional minera cesar la exploración y a los militares desmilitarizar sus territorios de habitación, y les han exigido a ustedes como parte del ejecutivo revocar el procedimiento de consulta interna adelantado a instancias del Ministerio del Interior con la empresa y algunos indígenas que no representan a las comunidades afectadas.
Ante ustedes nuestra Constancia y Censura Ética por los siguientes hechos y la solicitud urgente de actuar frente a la empresa para que cese en sus actuaciones, hasta tanto, como lo han exigido las comunidades, se realice una verdadera, transparente y participativa Consulta en condiciones de equidad, teniendo en cuenta los principios del Derecho Internacional como el Convenio 169 y el sistema interamericano.
*Lunes 5 de enero a eso de las 10 00a.m. de acuerdo con la información de las comunidades indígenas, las familias CHARAZAMA CUÑAPA CARUPIA, JAICHANUBI MECHECHE DOGARI y la familia afrocolombiana RENTERIA por el miedo generado por la presencia militar y las actividades inconsultas empresariales, se vieron obligadas a desplazarse. Las 4 familias indígenas restantes decidieron, a pesar del temor de que algo sucediera, quedarse en el poblado de Coredocito al conocer que un grupo de familias indígenas llegaría para acompañarles evitando así su desplazamiento.
Desde el martes 6 de enero, ante esta situación, las comunidades solicitaron a los representantes de los empresarios y los geólogos de la Muriel, dialogar sobre los hechos acontecidos por la ocupación ilegal del Resguardo en el punto conocido como “La Rica”. Este llamado fue atendido tardíamente.
* Jueves 8 de enero en horas de la tarde las dos familias de las comunidades indígenas que habitan en Coredocito regresaron de su lugar de refugio en el caserío de Isla, parte de otro Resguardo indígena, acompañadas de más de dos centenares de indígenas del Resguardo de Murindó, quiénes les acompañaron para enfrentar el miedo y evitar el abandono definitivo del territorio.
A la fecha en el lugar se han concentrado cerca de 700 personas, más de 638 indígenas y cerca de 50 afrocolombianos y mestizos
* Viernes 9 de enero aproximadamente hacia las 10:30am llegó una carta firmada por CRISTIAN PORTILLA, disculpando al señor PEDRO LEMUS, funcionario de la Muriel por la demora en ir a la comunidad para reunirse con los indígenas. En el escrito se indica que el día sábado 10 a las 11:00a.m estaría en la comunidad para hablar de todos los temas referentes a la exploración.
En respuesta a esa comunicación las comunidades Indígenas decidieron hacer una carta para exigir la reunión el día viernes en la tarde y no el sábado.
A eso de las 12:00pm se inició una caminata desde Coredocito hacia “La Rica” buscando dejar la comunicación escrita para la empresa.
Hacia las 2:15pm las mujeres que encabezaban la caminata junto con los niños y niñas, llegaron al sitio del campamento de la empresa, encontrándose con los primeros militares de la Brigada 15 en cabeza del Teniente HERNANDEZ, quienes encañonaron a las mujeres y les pidieron que se retiraran del lugar. Las mujeres alegaron que no se irían y que estarían allí hasta que la empresa no se retirara del Cerro. Cuando los hombres indígenas llegaron encontraron a las mujeres alegando con los soldados. Uno de los líderes de la comunidad Indígena tomó la vocería y habló con el Teniente HERNÁNDEZ, manifestándole que estaban buscando a la Muriel para dialogar con ellos y exigirles el retiro del lugar sagrado. Agregaron los indígenas que su presencia es dentro del Resguardo que les fue titulado y están allí sin su consentimiento.
En el lugar los y las indígenas estuvieron por 30 minutos aproximadamente y durante este tiempo fueron fotografiados y grabados por un señor vestido de civil. La comunidad Indígena también se percató de un hombre vestido de camuflado y con pasamontañas que se encontraba junto a los otros militares y quien no tenía las insignias de la brigada. El Teniente HERNANDEZ explicó que ellos son los únicos que están en el campamento y que por lo tanto no pueden tomar decisiones sobre la reunión pero que sabían que el señor PEDRO LEMUS iría el día Sábado 10 hacia las 11:00am para reunirse.
Durante la media hora de permanencia en “La Rica” se verificó la existencia de un campamento que la empresa Muriel Mining está montando con ayuda y protección de la Brigada 15 del batallón Ingenieros.
En el lugar observaron la deforestación de más de 200 metros cuadrados de selva primaria, la instalación de un campamento y algunas piezas de maquinaria para perforación de la tierra. En el entorno se constató la marcación de árboles de la reserva forestal primaria y sobre piedras verdes. A eso de las 2:45p.m. los y las indígenas se retiraron del lugar. Hacia las 4:00p.m. Llegaron a Coredocito.
* Sábado 10 de enero aproximadamente a las 12:20m, llegó un helicóptero particular de placas HK4452 que aterrizó en medio de la cancha de fútbol del caserío de Coredocito. Las mujeres, niños y niñas alguaciles rodearon el helicóptero, pero los funcionarios de la empresa ordenaron al piloto alzar vuelo. Aproximadamente una hora después regresó el mismo helicóptero en el que venía el señor PEDRO LEMUS, representante de la empresa Muriel Mining Corporation encargado de hablar con las comunidades de la región, la señora YAJAIRA BARRIOS Personera Municipal del Carmen del Darién, el teniente HERNÁNDEZ del Batallón Ingenieros de la Brigada 15 junto con dos soldados y el mismo civil que los indígenas encontraron en el campamento el día anterior, quien fue el que tomó registros fotográficos y grabó en video.
A eso de la 1:30p.m. aproximadamente se inició la reunión en el centro de la comunidad de Coredocito. Al Teniente HERNÁNDEZ las comunidades indígenas le solicitaron no portar su arma, lo que este aceptó. Los dos soldados que venían con él se quedaron a 100 metros aproximadamente del lugar, una hora después llegaron 6 militares más que se quedaron en los alrededores de la comunidad. El hombre, al parecer de nombre CRISTIAN, tomó registros fotográficos y grabó en video la reunión.
De las comunidades indígenas estuvieron presentes 240 indígenas y 6 integrantes de los Consejos Comunitarios, 3 observadores humanitarios de los Estados Unidos y Canadá y dos integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz. 40 minutos después ingresó el Personero de Murindó.
LEMUS se refirió a que el trámite de Consulta Previa se había realizado y contó con la participación y el Acta de Compromiso de Camicad y Camizba. Mostró la copia del acta de compromiso expedida por el Ministerio del Interior, Dirección de Etnias, con la suscripción de 10 puntos de acuerdo entre la empresa y los indígenas que significó la protocolización de la Consulta Previa.
Posteriormente, compartió un escrito de la Comisión de Justicia y Paz, DeVer 468 en el que se hace alusión sobre el suicidio de la indígena indicando que todo era falso. LEMUS desconoció que el escrito se basa y se sostiene en uno de los Gobernadores Indígenas y en la valoración que las mujeres han hecho de tiempo atrás por la exploración y explotación anunciada.
El delegado de la empresa manifestó que la situación creada es exclusiva responsabilidad de las comunidades por elegir malos representantes.
La personera municipal intervino refiriéndose al desplazamiento causado, manifestando que estaba preocupada por las denuncias realizadas por nuestra Comisión de Justicia y Paz sobre el desplazamiento, y que por lo tanto era de su interés y su misión verificar cuál era la condición de la comunidad para adelantar acciones pertinentes de protección. Las comunidades manifestaron que se habían visto obligados a salir de sus casas hasta que la empresa no se retirara de su territorio. La Personera indicó que lo sucedido no era un desplazamiento forzado sino un desplazamiento voluntario.
Las comunidades indígenas comprometieron a PEDRO LEMUS a una nueva reunión con los indígenas de Camicad y Camizba que suscribieron el acta de compromiso sin su consentimiento para aclarar la situación. Ellos insistieron indicar que para ellos la Consulta es ilegal, agregando, que los directamente afectados no han sido consultados. Reiteraron a la empresa la solicitud de cesar en su actuación y desalojar el territorio ocupado ilegalmente. La empresa respondió que no pararían puesto que la consulta que hicieron ellos es legal y que el problema lo debían arreglar entre los Cabildos.
La comunidad exigió una reunión que quedó definida para el día viernes 16 de enero, y deberían hacer llegar una carta a los Cabildos de Camicad y Camizba. De no hacerse presente la empresa junto con los Cabildos que firmaron el Acta de compromiso, ellas irían al campamento a parar el trabajo invasivo que se está realizando y advirtieron al Teniente HERNÁNDEZ que no podía intervenir si esto llegara a suceder, puesto que él mismo estuvo en la reunión y por lo tanto sabe por que razón lo harían. Las mujeres de Alto Guayabal afirmaron con precisión que están dispuestas a morir, pues se está afectando directamente el cerro USA-KIRANDARRA, “el dolor es muy grande y todo lo que suceda puede ser más doloroso”.
Durante la reunión a los representantes de las comunidades afrodescendientes y campesinas se les desconoció sus argumentos, alegando que ellos no se ven afectados por las actividades de la empresa. De esta manera se desconoció a las comunidades afrodescendientes que hacen parte del título colectivo del Jiguamiandó a dar su opinión.
Las comunidades Indígenas, Afrodescendientes y Mestizos que habitan el territorio de Jiguamiandó y Murindó expresaron y reiteraron sus objeciones a la Consulta Previa ilegal realizadas para la exploración del Cerro USA- KIRANDARRA
Hacia las 6:00p.m. Aproximadamente terminó la reunión.
“La Rica” es considerada como un lugar sagrado por las comunidades porque allí los Jaibanas envían las almas para la protección espiritual de la comunidad. Miembros de las comunidades indígenas profundamente afectados, reiteraron en Coredocito que no habían sido consultados, confirmando, que terceros que no son del territorio no nos representan, y que personas de las comunidades que obran sin consultar sin contar con la voz y la decisión de la comunidad no pueden decidir. “No ha habido consulta, la empresa dice mentiras”
* Martes 13 de enero en Bogotá, funcionarios del Ministerio del Interior encargados del tema de Consulta afirmaron que la consulta se había realizado y se había protocolizado en un Acta, como fruto de un proceso iniciado año atrás.
En la reunión los delegados de las comunidades indígenas expusieron 5 testimonios, de dos Cabildos Mayores, reiterando desconocer la consulta. Los delegados agregaron que se han valido de la corrupción y de prebendas para comprar a algunos indígenas, incluso, unos que ni siquiera son de la región. En el mismo sentido se pronunciaron los afrodescendientes que indicaron con claridad que la Consulta tenía vicios de fondo pues se contó con avales de comunidades negras de Curvaradó que habitan en Carmen del Darién.
Las comunidades se preguntaron las razones por las cuales, las objeciones presentadas por las comunidades directamente afectadas desde mayo de 2006, y que se encuentra por escrito en los despachos de gobierno se ha desconocido.
Al tiempo invitaron al Ministerio hacerse presente a la reunión con la Muriel que se realizaría el 16 de enero en Coredocito.
* Viernes 16 de enero a partir de las 9:00a.m las comunidades indígenas iniciaron una Caminata de verificación al lugar donde la empresa inició los trabajos de exploración en “La Rica” ubicada a 2 horas y media del caserío de Coredocito.
Al llegar al lugar encontraron una alta presencia de militares del Batallón ingenieros No. 15 Julio Londoño; se observaron cuatro campamentos que comparten militares y trabajadores de la empresa Muriel. Los trabajadores de la empresa MMC realizan actividades de construcción de viviendas, deforestación y tala de bosque primario, en total hay un aproximado de 2 horas y media de bosque destruido. Se verificó por parte de los indígenas que la empresa MMC, continúa con las actividades en el área.
Los indígenas hombres y mujeres, realizaron un ritual de música de tambores, flautas y cantos en cada uno de los sitios sagrados en los que la empresa arrasa con el bosque e instala los campamentos; a través de esta ceremonia especial de sanación de la tierra, con cantos y bailes. Los Embera intentaron pedir perdón a los espíritus por los destrozos causados en los lugares sagrados. Militares y empleados de la empresa, tomaron registros fílmicos de los asistentes en todo momento. Uno de los trabajadores de la MMC dijo que tenía orden de registrar todas las actividades que se hicieran en el lugar.
Los indígenas terminaron la ceremonia aproximadamente a las 4:00 p-m y regresaron al caserío de Coredocito.
A las 12:00 de ese día, llegó una misiva del personero de Murindó JORGE ELIECER MATURANA USUGA dirigida a los señores gobernadores y lideres indígenas asentados en Coredocito; informándoles que el día 16 de enero de 2008 había recibido llamada del Dr. PEDRO NEL LEMUS, contratista de la MMC, donde informaba que los trabajos de exploración que se adelantaban se suspenderán hasta el viernes 23 de enero de 2009, día en que se realizará una reunión en el municipio de Río Sucio Chocó con los representantes de CAMIZBA, CAMICAD, comunidades indígenas de los resguardos de Murindó, representantes de la Multinacional-MMC- y el Defensor del Pueblo de la Nación, con el fin de aclarar todo lo relacionado con los trabajos de exploración.
* Domingo 18 de enero nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió el testimonio de un poblador indígena, que el 31 de diciembre de 2008, se presentó un contacto armado de 10 minutos, entre 3 milicianos de las Farc Ep y unidades de la Brigada 15 del Ejército Nacional, aproximadamente a dos kilómetros del asentimiento indígena de Coredocito. La confrontación se produjo cerca del lugar de habitación de la familia de LEONARDO BAILARIN conformada por 5 adultos y 4 niños, integrantes de la comunidad.
Luego de cesar el fuego, el ejército ordenó a la familia BAILARIN salir de su casa con las manos en alto. Durante una hora los sometieron a un interrogatorio por la movilidad y la presencia de la guerrilla, y los acusaron de ser guerrilleros. Los militares obligaron a los niños y a los adultos a permanecer tendidos en el piso durante todo este tiempo, sin permitirles moverse o ponerse de pie. Posteriormente, los militares se ubicaron en el entorno de la vivienda, donde permanecieron por los siguientes cuatro días.
La presencia permanente de los regulares generó zozobra en la familia. De acuerdo con el testimonio, el 1 de enero, una de las niñas fue llevada al Hospital de Murindó debido a los síntomas que presentó en su cuerpo por el temor.
Cuando los militares se retiraron, la familia verificó que los militares destruyeron sus siembras de plátano, media hectárea de yuca, y de árboles frutales.
* Martes 20 de enero en horas de la mañana, en la ciudad de Bogotá, el director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, asumió el compromiso de revisar lo actuado en desarrollo del trámite de Consulta Interna y solicitó a los 15 delegados, 13 de las comunidades indígenas y 2 de los afrocolombianos del Jiguamiandó, no tomar decisiones de facto.
Las comunidades reiteraron que iban a realizar una Consulta de los Pueblos entre el 24 y el 27 de febrero la cual expresará el sentir de todas y todos.
Aproximadamente a las 8:00p.m ese mismo día un niño nacido 5 días antes, hijo de los indígenas ALBERTO JUMI SINIGUI y LUISA CASAMA SINIGUI, falleció en el acampamiento improvisado de la Comunidad Alto Guayabal en Coredocito debido a las condiciones precarias en que se encuentran las comunidades que se han desplazado al lugar exigiendo respeto a su territorio. Esa noche las comunidades lloraron pues “Cada vez que muere un niño, como si una comunidad muriera, el dolor es muy grande, es muy de mucho dolor”
* Viernes 23 de enero en diálogo con el Director de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y del Ministerio del Interior, los delegados de las comunidades indígenas indicaron las razones por las cuales consideran que no ha existido para ellos una Consulta Interna.
Los pobladores de los Resguardos de Alto Guayabal, de Chageradó y de Murindó indicaron que la consulta se realizó sin las comunidades directamente afectadas, con representantes que fueron destituidos y sancionados, con organizaciones que no habitan en el territorio y que incluso no tienen jurisdicción sobre él, o con algunos líderes que desconocieron el reglamento interno de las comunidades, igualmente, indicaron que presumiblemente hubo una falsificación de una firma. Igualmente, precisaron como las objeciones escritas presentadas por las comunidades fueron desconocidas por el Ministerio del Interior. Agregaron su preocupación por la militarización del territorio y sus lugares de habitación, y la afección que se viene produciendo por la deforestación de selva primaria y las perforaciones que se estaban realizando a la fecha.
Aseveraron que no se hizo ningún estudio de impacto ambiental cuando se esta produciendo un daño irreparable en la misma etapa de exploración. Reiteraron la solicitud de realizar una real y transparente Consulta Interna y la disposición de dialogar con la empresa
Denunciaron el incumplimiento de la empresa Muriel Mining Corporation, asumido en carta fechada el 15 de enero de 2009 de cesar los trabajos hasta el 23 de enero. La empresa, manifestaron las delegadas indígenas, no han cesado en sus operaciones ilegales, no ha cesado en el trabajo y por el contrario ha ido avanzando en la perforación.
En la reunión exigieron que debiera revisarse lo actuado y convocar a una verdadera consulta previa.
Ese mismo día, desde las 9:00a.m. en el casco urbano del municipio de Riosucio se realizó una reunión convocada por la Defensoría del Pueblo en presencia de 5 delegados de la Defensoría en la que participaron delegados de organizaciones indígenas Cabildo Mayor del Carmen del Darién, CAMICAD, y del Cabildo Mayor Indígena de la Zona del Bajo Atrato CAMIZBA; indígenas de otras comunidades, y 22 indígenas de Uradá que había sido llevados a la reunión por MARIO DOMICÓ y al parecer pagados por la MMC. En esta reunión, integrantes de las organizaciones indígenas del – CAMICAD- Y del CAMIZBA responsabilizaron a nuestra Comisión de Justicia y Paz de la situación existente.
A la misma reunión los delegados indígenas que se encontraban en Bogotá y los 638 que se encuentran desplazados en Coredocito hicieron llegar comunicaciones indicando con precisión que cualquier reunión debería realizarse en el lugar del Resguardo de Uradá Jiguamiandó, Alto Guayabal directamente afectado por la exploración y desconocieron la representación a dicho espacio.
En horas de la tarde conocimos que sectores locales y empresariales señalaron a nuestra Comisión de Justicia y Paz de ser la responsable de la situación y de acusar falsamente a través de comunicados. Estas mismas expresiones, con falsas acusaciones, se escucharon de boca de un reconocido político local en un avión, lo que produjo la reacción de algunos viajeros. Otros a voz baja afirmaron que la expresión indígena de 638 personas en Coredocito es parte de la estrategia de la guerrilla de las Farc Ep, en la que también esta involucrada nuestra organización de iglesias de derechos humanos como parte de la estrategia armada.
Nuestra Censura Ética ante las actuaciones institucionales en particular a las realizadas por las fuerzas militares desde el 31 de diciembre, los abusos de autoridad, el desconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, las operaciones militares que han generado pánico en la población, el uso de capuchas para ocultar la identidad de sus unidades y el apoyo evidente a actuaciones empresariales que desconocen el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos.
Nuestra Censura Ética ante una actuación empresarial que a todas luces es abusiva, es ilegal y se vale de las formalidades para “legalizar” falsamente sus intereses, usando del engaño, abusando de las necesidades, desconociendo los derechos indígenas, los derechos de comunidades negras, los derechos ambientales y colocando en riesgo la supervivencia de un pueblo originario.
Es evidente que son dos lógicas las enfrentadas. El conflicto de fondo es un pensamiento y unas prácticas aplastante, o una comprensión originaria y ancestral, que significa espiritualidad en “La Rica”, espacio experimentado como vientre, como vida; vientre de la madre como la tierra, desde allí se comprende porque los suicidios o los intentos de quitarse la vida ante el temor de que se destruya lo sagrado.
Desde allí se comprende porque el dolor de las madres/mujeres, cuando se deforesta y se cava, porque se interpreta la muerte de un niño de 5 días de nacido, como la muerte de la vida misma de la comunidad. Si los empresarios y el Ministerio de Interior y el Ministerio de Ambiente, por un segundo, así lo percibieran, comprenderían las motivaciones de fondo, las razones, por las cuales se ha herido una sensibilidad, un espíritu, una integralidad de sistemas de vida… y eso no se ha comprendido en la formalidad de la Consulta interna. Las mujeres creadoras de vida, están en riesgo inminente de supervivir, de sobrevivir.
En sus despachos nuestra Constancia Histórica de lo que las comunidades directamente afectadas han dicho, una y otra vez, que no ha existido la consulta previa, y lo que se ha hecho es un remiendo, una colcha de retazos para simular una Consulta Previa.
Una lectura desprevenida de todo el archivo de Consulta, la sola formalidad, suscita profundas dudas y preguntas, que no resisten un análisis razonable y que por tanto, genera la sensación y constata la realidad de que efectivamente, no ha existido una seria, una verdadera y transparente Consulta interna
¿Qué puede decir el Ministerio del Interior y la empresa Muriel frente al hecho inobjetable que muestran los documentos que el inicio del proceso de información contó con la presencia de más de 30 personas delegadas de organizaciones de base, de segundo nivel y nacionales, y al final quedaron reducidas a un grupo pequeño, sin niveles de representación reales y significativo?
¿Lo explican por desinformación, por desmotivación, por manipulación? ¿Por qué los que comienzan no terminan el proceso de lo que mal llaman, Consulta Previa?
¿Acaso la información de la Consulta previa y lo que se iba a explorar y a explotar, alguna vez se tradujo o se socializó realmente con las comunidades en su lengua? ¿La empresa puede aseverarlo? ¿Cuáles son las pruebas reales de un trabajo de información sobre la fase de exploración?, si es con los helicópteros que las comunidades indígenas, descubren por primera vez el rostro empresarial de la MMC? ¿Puede aseverar que hubo información y consulta a los directamente afectados, cuando los mismos funcionarios del Ministerio del Interior, indican que no conocen el lugar donde están las comunidades afectadas?
¿Por qué el Ministerio del Interior y la empresa MMC desconocieron los escritos que desde mayo de 2006 dirigieron las comunidades de base objetando el proceso de información y de consulta previa adelantado? ¿Por qué no lo tuvieron en cuenta?
¿Por qué aparecen actas como la de septiembre de 2007, sin la firma del encargado de acompañar el trámite de Consulta Previa por parte del Ministerio del Interior?
¿Por qué se acepta cómo válida el acta de dicha reunión sin la firma de una líder indígena, que se negó a hacerlo en razón de la presión y del engaño, y quién días después denunció la situación ante el mismo Ministerio del Interior?
¿Por qué las firmas de algunas actas se realizaron en el segundo piso del Hotel Tayrona de Apartadó, dónde la Muriel paga la habitación de algunos de los que se ufanan de representar a las comunidades y no en los lugares donde supuestamente se realizaron las reuniones?
¿Por qué el Ministerio del Interior y la empresa Muriel hicieron caso omiso de las comunicaciones dirigidas a los despachos, en los que con claridad meridiana se sancionaba a los “líderes” que hablaron a nombre de las comunidades, desconociendo la voz y la decisión de los indígenas, a quiénes les quitaron la vocería y le negaron representación alguna?
¿Por qué hasta el día de hoy, todas las actas las firma uno de ellos y permanece avalando todo el proceso desconociendo la decisión de la comunidad directamente afectada?
¿Por qué la decisión de la comunidad de Alto Guayabal es desconocida, justo la directamente afectada por la exploración en La Rica?
¿Pueden desconocer que existe un serio indicio de que incluso, la firma de uno de los gobernadores fue falsificada?
¿Por qué asume el Ministerio del Interior como surtida una reunión de consulta la sostenida con comunidades negras lejanas de ser afectadas y que no tienen responsabilidad alguna en el territorio del Jiguamiandó, como es la firma de MANUEL MOYA LARA? ¿Lo mismo sucede con comunidades y organizaciones indígenas que no son afectadas por la exploración? ¿Cómo se explica?
La Consulta previa no es una simple formalidad, se trata de algo de fondo. ¿El Ministerio del Interior ha asumido con honestidad profesional un proceso tan delicado, ha asumido el espíritu del Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia del sistema interamericano al respecto? Al leer la actas, los puntos de discusión y lo que se descifra como un monólogo, la respuesta más cierta, es que no.
¿La empresa Muriel Mining Corporation puede asegurar, sin sombra de duda alguna que hubo consulta previa? ¿Está segura que sus emisarios cumplieron un papel profesional, honesto y transparente? ¿Qué hubo un estricto cumplimiento de códigos de conducta y de responsabilidad empresarial?
¿Podrían asegurar que lo firmado es conocido y asentido por las comunidades? ¿Puede sostener que los 10 o 13 puntos suscritos por los supuestos representantes de las comunidades son razonables, son sensatos, son coherentes y justos, o los mismos reflejan lo que pasado, incoherencias? ¿Están seguros que esos puntos son consensuados con las comunidades afectadas? O ¿lo que está sucediendo es que se está abusando del desconocimiento de los fondos del procedimiento?
¿Puede hoy la empresa y el Ministerio del Interior y de Ambiente asegurar que no hay una afección profunda de la identidad de las comunidades y de su entorno ambiental con lo que se viene haciendo desde los primeros días de Enero hasta hoy, en el caserío de Coredocito y en el lugar sagrado de “La Rica”?
¿Qué significa la deforestación de selva primaria, las perforaciones en tierra, cuáles las consecuencias en las aguas, de las que ellos beben, y nutren su alimentación?
¿Puede hoy la empresa asegurar que cumple los códigos de conducta? ¿Pueden asegurar la empresa y los Ministerios responsables que no eran precisos los informes de impacto ambiental y de impacto social por la exploración? ¿La situación que hoy padecen las comunidades y los ecosistemas parece indicar que las afecciones son profundas?
¿Cuál es la responsabilidad social corporativa? ¿Una casa de madera para una escuela? ¿El pago por daño a árboles en los que las comunidades exorcizaban los males? ¿El pago de unos estudiantes? ¿Esa es la responsabilidad social corporativa?
Y ¿la Muriel Mining Corporation, para quién opera? ¿Quiénes se ocultan tras este nombre? ¿Para quiénes trabajan? ¿Han indicado esto con claridad a las comunidades, que ellos son contratistas de otra empresa? ¿Han pronunciado su nombre? ¿Han indicado cuánto piensan invertir y cuánto ganar? ¿Acaso los verdaderos interesados en el negocio extractivo saben que allí hay comunidades ancestrales indígenas y afros? ¿Saben que se trata de una zona de Reserva forestal? ¿Saben que a largo plazo este espacio vital de las comunidades, es posibilidad de sobrevivencia de la humanidad?
Si la Muriel afirma que todo lo está haciendo bajo “la ley” ¿A qué ley se refiere? Pues la formal del derecho interno y el derecho internacional ha sido desconocida. No se ha consultado a los habitantes legales y legítimos en los resguardos y en los territorios colectivos.
Estamos ad portas de la posibilidad de que se produzcan daños irreparables a la vida e integridad de mujeres y niños. Si el Estado de Colombia no interviene urgentemente para que la Muriel abandone el territorio y se desmilitarice los espacios de habitación y los lugares sagrados por parte de la Brigada 15, si no se revoca y se convoca a una real, transparente Consulta interna.
La empresa Muriel o alguna autoridad puede aseverar, sin duda alguna, con toda prueba, sin asomo de duda, que detrás del desplazamiento indígena y de los 638 indígenas y afros, está la guerrilla de las Farc Ep, que lo demuestre, que lo exponga ante tribunales nacionales e internacionales, sin usar falsos testigos, sin pagar testigos, ¿pueden asegurarlo? Y si también lo puede aseverar y asegurar de nosotros, que lo haga ante tribunales justos, a viva voz y abiertamente. Quieren quiénes aseveran tanta falsedad asegurar con la muerte o con la falsas judicializaciones un negocio, que hasta el día de hoy está signado de mentiras, de abusos, de ilegalidades y de arbitrariedades.
Los delegados de las comunidades en las diversas reuniones manifestaron que el desplazamiento se causó por la ocupación empresarial y la militarización del territorio. La presencia de cerca de 638 indígenas es un desplazamiento forzoso por las actuaciones irregulares de militares y la empresa minera. Han dejado en claro no estar de acuerdo con la exploración que realiza la empresa, la que consideran ilegal, sin consulta previa, pues se realizó de espalda a los directamente afectados y sin conocimiento de los daños ambientales.
Por razones de humanidad, por razones ambientales para la humanidad, por razones de derecho, el Estado colombiano debe actuar de manera inmediata, la empresa Muriel y de quién ella es subsidiaria deben comprender razonablemente, que no se ha hecho las cosas correctamente. Un poco de honestidad con ellos mismos, con la humanidad y de sensatez con los derechos de las comunidades indígenas y negras, les debe llevar a parar, a revisar y a convocar a una transparente y coherente consulta previa.
Con profunda preocupación ante la eventualidad de daños irreparables sino cesa la ocupación empresarial y la militarización que le acompaña, esperamos que adopten las medidas urgentes para enderezar formal y realmente, lo que ha nacido torcido.
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ