Exparamilitares atacan a desplazados
Unidades policiales acompañan la diligencia ordenada por la Inspectora de Reacción Inmediata de Barranquilla, junto con un grupo de 8 civiles armados que están dirigidos por Lesman Parra, según afirman los testigos. Parra es un reconocido integrante de estructuras paramilitares.
Desde esta mañana están desalojando 27 familias que habitan la franja Betjala ubicada en la finca El Tamarindo de la Asociación de Trabajadores del Campo – Asotracampo.
Unidades policiales acompañan la diligencia ordenada por la Inspectora de Reacción Inmediata de Barranquilla, junto con un grupo de 8 civiles armados que están dirigidos por Lesman Parra, según afirman los testigos. Parra es un reconocido integrante de estructuras paramilitares.
Parra y sus hombres portando armas contundentes, machetes y armas de fuego de calibre corto destruyeron las viviendas y cultivos de supervivencia de Marisol Perea, María Calle, Érica Flores, Carlos Acevedo y Álvaro Sánchez. Todas estas acciones de adelantan enfrente de las autoridades policiales.
Hace unos minutos Parra empezó a disparar a las familias que han ocupado pacíficamente estos predios desde 1999 y cuya titularidad reclaman al municipio de Galapa.
Ante los abusos cometidos por los inspectores Berly Roa y Genaro Well al adoptar decisiones administrativas que desconocen derechos y su jurisdicción, la víctimas acudieron al Personero delegado, quién respondió que solo cumple órdenes “si me quieren demandar háganlo”
Esta diligencia es una más de las 39 ya practicadas en medio de irregularidades administrativas y procesales. Las actuaciones contra derecho pretenden favorecer los intereses de las familias Char, Abdala Saieh y Muvdi, los empresarios Inversiones del Prado S.C.A, Finanzas del Norte, Sociedad de Negocios Abdala.
Estas familias quieren hacerse a esta propiedad de 520 hectáreas desconociendo los derechos de propiedad adquiridos por los desplazados.
Desde esta mañana el gobierno nacional ha sido informado de esta situación y los abusos posteriores, sin adoptar ningún tipo de medida para proteger los derechos de los desplazados y habitantes del predio desde hace más de 14 años.
Bogotá, D.C. julio 12 de 2013
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz