Exigimos garantías para la labor legítima de reclamar los derechos de las víctimas
Los integrantes de la Comisión Ética Internacional por la Verdad en Colombia, que acompañamos a las comunidades y las víctimas de Crímenes de Estado en la afirmación de la verdad, sus iniciativas de dignificación y sus propuestas de reparación integral, rechazamos la serie de amenazas de muerte y acciones intimidatorios recibidas por las defensoras y los defensores de Derechos Humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en los últimos 12 días.
Justicia y Paz acompaña a comunidades afrodescendientes y mestizas que habitan las Zonas Humanitarias y la Zonas de Biodiversidad en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó y Cacarica y a comunidades indígenas en el departamento del Chocó en una acción de solidaridad pedagógica, psicológica, jurídica y espiritual.
La Comisión Ética ha visitado en dos ocasiones, en desarrollo de su misión de salvaguarda de la memoria histórica de las víctimas las comunidades de Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica. En esta región hemos recogido y escuchado testimonios sobre los múltiples crímenes de lesa humanidad, daños ambientales, saqueo de bienes, pillaje, amenazas de muerte, usurpación y despojo de tierras cometidos en su contra por estructuras estatales, paraestatales y empresariales de la palma aceitera, banano, ganadera y maderera.
Hemos apoyado sus iniciativas de memoria y dignificación con la construcción de un monumento hace dos años que fue luego destruido por paramilitares en Caño Claro Andalucía.
Hemos ido a lugares en los que se encuentran elementos probatorios de la persecución de la que han sido víctimas estas comunidades, espacios a los que la Fiscalía por ausencia de voluntad se ha negado a ir.
Hemos constatado como en 12 años la fiscalía General de la Nación se ha negado a realizar actuaciones judiciales eficaces y oportunas, y por el contrario las investigaciones adelantadas sobre estas actuaciones criminales se encuentran archivadas o en dinámicas formales de rituales estériles, tendientes a propiciar la impunidad.
Hemos participado en la inhumación de los restos de Marino López en febrero del año pasado, sabemos la profunda afección que hoy continúa padeciendo la comunidad de Cavida en Cacarica debido a la impunidad y lo que ella ha significado para esta y las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó.
Gracias a la memoria colectiva y a las acciones jurídicas interpuestas por las víctimas y la Comisiòn de Justicia y Paz es que se a reabierto un proceso por la Fiscalía General de la Nación por el crimen de Marino López y la operación “Génesis”. El trámite del caso ante el sistema interamericano que lleva la Comisión de Justicia y Paz, ha sido sustancial para que el ente de justicia haga algo, ante su inacción durante 11 años y su negligencia a recaudar elementos probatorios técnicos en terreno, más allá del testimonio humano.
La sana decisión judicial no significa el cese de la impunidad. Hasta ahora se está en la etapa de indagatoria, proceso que desde ya puede estar desconociendo la sistematicidad de crímenes cometidos en el bajo Atrato desde 1996, que se inició con la Comandancia de este General, de los cuales conocemos cerca de 400 casos, y que se perpetúo y consolido con nuevos comandantes militares y policiales y con distintos mandatarios.
El abrir el proceso por un solo caso como el de Marino López y la operación “Génesis” es importante, pero el mismo no puede investigarse aislado o inconexo de los millares de crímenes cometidos en Cacarica, Jiguamiandó, Curvaradó, Norte Chocó, Dabeiba y el Urabá Antioqueño, so pena de propiciar una nueva forma de impunidad.
La investigación debe ahondar en la responsabilidad por Comisión, Comisión por omisión del poder ejecutivo, del Estado Mayor Conjunto y las comandancias militares, policiales y civiles que conocieron de tantos crímenes, y no hicieron nada para detener los crímenes, o los consintieron o los avalaron.
La investigación si es lógica, si se realiza bajo la sana crítica y el debido proceso, debe resolver el absurdo judicial que ha definido a las víctimas, como responsables de crímenes como homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados, como ha ocurrido con los líderes de Cavida y hoy ocurre con los líderes de Curvaradó y Jiguamiandó
Pero igualmente, debe desde ya, la instancia competente debe retirar los beneficios de la alternatividad penal de la ley 975 a Jhon Fredy Rendón, conocido como “Alemán”, pues en sus versiones libres ha mentido sobre las motivaciones, las circunstancias de modo, de tiempo, de lugar sobre el crimen de Marino Lòpez y la operación “Génesis”, porque ha ocultado en este crimen y en otros más la responsabilidad estatal.
Las recientes amenazas de muerte, el secuestro temporal de uno de los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz, pretenden silenciar y negar el derecho a la verdad a las víctimas de Estado, asegurando los agronegocios ilegales, la impunidad y el ocultamiento de la gravedad de lo que allí ha sucedido desde 1996.
Las posibilidades de actuación judicial solo son reales en el caso de Rito Alejo del Río, si se brindan garantías para el acompañamiento permanente que realiza la Comisión de Justicia y Paz.
Manifestamos:
• Que las actuaciones bajo el nombre de “Aguilas Negras” contra la Comisión de Justicia y Paz son parte de un patrón de persecución, sistemática tendiente a negar el Derecho a la memoria y a saber.
• Que gracias a la impunidad persistente frente a los Crímenes de Lesa Humanidad y el despojo violento ocurridos en los últimos 12 años, es que hoy las estructuras criminales permanecen activas en el Curvaradó y pretenden imponer el agronegocio de la palma, la deforestación intensiva, y la extensión ganadera.
• Que sabemos de las iniciativas inéditas de estas comunidades, en la afirmación integral de sus derechos, como las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad, son una concreción del derecho internacional y del derecho a la solidaridad.
• Que estas iniciativas son dignificación para propiciar condiciones para la verdad, la justicia y la reparación Integral, experiencias que han sido acompañadas de manera profundamente comprometida por la Comisión de Justicia y Paz
Por estas razones exigimos al gobierno de Colombia adoptar las medidas eficaces, concretas y evaluables tendientes a propiciar garantías ciertas para la defensa de los derechos humanos y la afirmación de la Verdad, la restitución de la propiedad de la tierra colectiva ocupada de mala fe por empresarios beneficiarios del paramilitarismo, evitar la deforestación, la extensión de la siembra de palma. Enfrentar el paramilitarismo bajo el nombre de “Aguilas Negras”
Al Fiscal General de la Nación evaluar la actividad investigativa en el radicado 3856 por los Delitos de Desplazamiento Forzado, Usurpación de Tierras, Delitos contra la Vida e Integridad Personal, Daño en Bien Ajeno, Delitos Ambientales y Ecológicos y usurpación de tierras, contra Empresas Palmicultoras de la Zona de Curvaradó y Jiguamiandó, para tomar decisiones de fondo, que eviten la repetición de crímenes y daños irreparables contra los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz.
Investigar la totalidad de crímenes bajo la comandancia del ex General Rito Alejo del Río bajo la hipótesis de conexidad, de sismetacidad, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y la responsabilidad individual de mandatarios, de comandancias que consolidaron la estrategia paramilitar en la región
Los miembros de la Comisión Ética por la Verdad constituida desde febrero del 2007 reiteramos nuestra solidaridad y apoyo con las comunidades, organizaciones y victimas pertenecientes al Movimientos Nacional de Victimas de Crímenes del Estado y en particular en este momento a la Comisión de Justicia y Paz.
Septiembre, 15 del 2008
Firmas:
Carlos Fazio, catedrático UNAM, Méjico
Juana Aguilera Jaramillo, Secretaria Ejecutiva, Comisión Ética Contra la Tortura – Chile
Charity Ryerson, Liz Deligio, Escuela de las Américas – SOA Watch, Estados Unidos
Mirta Barravalle, Madres de la Plaza de Mayo – línea fundadora, Argentina
Lorenzo Loncon, Pueblo Mapuche, Chile
Rick Ufford-Chase, Director Ejecutivo, Presbyterian Peace Fellowship, Estados Unidos
Stephen N. Haymes, St Vincent DePaul, Profesor University DePaul, Chicago, Estados Unidos
Alberto Giraldez Dávila, Asociación Universitaria Sto. Tómas de Aquino, Madrid, España.
Enrique Nuñez, Comisión Ética de Chile y la Coordinadora ex – presos políticos de Valparaíso, Chile
Bernardine Dohrn, Northwestern University School of Law, Chicago
Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida – España
Tica Font Espai Catalunya-Comissió Ètica, España
Miguel Álvarez, SERAPAZ, experto en temas de Paz y negociación, Méjico
Movimiento Sin Tierra MST – Brasil
Sophie Thonon, France – Amerique – Latine – Francia
Adolfo Perez Esquivel – Premio Nobel de Paz
Francois Houtart – CETRI Bélgica
Enrique Santiago
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