Exigimos el acatamiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación con el derecho a la protesta pacífica
La democracia colombiana pasa hoy por sus más duros momentos. El propio Presidente de la República y el partido de Gobierno adelantan una feroz campaña contra los derechos, el equilibrio de poderes, las Cortes y la independencia de la justicia avanzando de forma peligrosa en el camino del autoritarismo y el fin de los pilares esenciales del Estado de derecho.
Este embate autoritario tiene un capítulo especial contra las Cortes y la independencia judicial, que busca diezmar cualquier posibilidad de establecer límites democráticos al accionar arbitrario del ejecutivo nacional y de diferentes instituciones estatales, así como desconocer los fallos proferidos por distintas instancias judiciales que garantizan derechos ciudadanos y que en su contenido significan la materialización de postulados fundamentales.
Es crucial no llamarnos a engaños: los ataques contra la justicia no son contra un juez o un tribunal en particular, son un ataque contra todos los ciudadanos y especialmente contra la garantía que tenemos de que todas las personas y especialmente los funcionarios públicos no utilizarán ni los dineros, ni los medios ni las armas del Estado para conculcar nuestros derechos y nuestra honra.
Son varios los ataques y recurrentes los desacatos a las decisiones judiciales, entre ellos el que se produjo en contra del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño que obligaba al gobierno a suspender la realización de una audiencia pública virtual como supuesto ejercicio de consulta previa de comunidades de 104 municipios en relación con la aspersión aérea del glifosato, pese a lo cual el ministro de Defensa no dudó en anunciar el regreso del peligroso agrotóxico.
Así mismo, a raíz de la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del ex presidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez por parte de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República y varios altos funcionarios plantearon fuertes cuestionamientos y críticas a la decisión que debía ser acatada o, en su defecto, controvertida haciendo uso de los mecanismos que el ordenamiento jurídico contempla para ello.
De igual forma, los recientes abusos de la fuerza pública han abierto también el debate sobre la Justicia Penal Militar que, en contravía de los tratados internacionales, ha asumido la competencia en la investigación y el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales, entre ellos el asesinato de Dilan Cruz y la masacre de Tandil ocurrida en 2017 en el departamento de Nariño.
El más reciente ataque desde el Ejecutivo a la independencia judicial fue el desacato de la orden del fallo de tutela del pasado 22 de septiembre, cuando la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó, entre otras medidas inmediatas, la realización de un acto de perdón por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos durante el paro nacional del año anterior, cuando la Fuerza Pública intervino de manera violenta y arbitraria, utilizando armas potencialmente letales, una de las cuales ocasionó la muerte de Dilan Cruz en la ciudad de Bogotá, pero también mediante el empleo de agentes químicos irritantes para disolver arbitrariamente las protestas, la retención ilegal de personas y el ataque a la prensa
Además del perdón, la Sala Civil ordenó al Gobierno mantener una posición neutral frente a las manifestaciones no violentas, crear distintos protocolos para garantizar este derecho, activar una mesa de trabajo con los actores de la protesta social y suspender el uso de escopetas calibre 12 utilizadas para la intervención en las protestas.
En contravía de esta decisión, el Gobierno, de nuevo a través del Ministro de Defensa, anunció la solicitud de revisión del fallo por parte de la Corte Constitucional e incumplió los términos en que debía pedirse perdón, apelando a una alocución suya del pasado 11 de septiembre -antes de conocerse la decisión de la Corte- y afirmando que “esa espontánea expresión de perdón se refiere a cualquier violación a la ley, en cualquier tiempo, en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución”. Las víctimas y organizaciones que interpusieron la tutela no aceptaron este acto pues no se refirió a los hechos ni reconoció el carácter sistemático del abuso policial ni la necesidad de reformas estructurales, señaladas por la sentencia
El abierto desacato del Presidente Duque y del ministro de Defensa a este fallo, justo después de que miles de videos mostraran a la Policía disparando y agrediendo a la ciudadanía el 9 y 10 de septiembre de 2020, días en los que además fueron asesinadas trece personas, es no solo un ataque a un elemento crucial de las democracias modernas como la soberanía de la justicia, sino también contra la necesaria sujeción del poder militar al poder civil. Es así como el mensaje que envía el ejecutivo a los integrantes de la fuerza pública que violan los derechos humanos no podría ser más pavoroso: disparen, agredan, violenten, que el Gobierno nacional los respalda.
Así mismo, cuando el Gobierno nacional desconoce este fallo nos niega a las y los colombianos el derecho a transitar efectivamente hacia la paz y hacia la superación de entendimientos de la protesta social en los que esta se asume como un problema de orden público y no como la materialización de un derecho democrático que, aunque disruptivo, da cuenta de la buena salud de la deliberación pública y de la democracia en un país.
Llamamos al ministro de Defensa y al Gobierno de Iván Duque a que no se utilice a la justicia ni a sus fallos como caballo de batalla electoral, a que cesen todos los ataques contra la administración de justicia y a que se acate integralmente el conjunto de los fallos judiciales, entre ellos el proferido por la Corte Suprema de Justicia en relación con el derecho a la protesta pacífica. Recordemos que en una democracia nadie debe estar por encima de la justicia, mucho menos el Presidente de la República.