Estudiantes en Medellín, ¿informantes a sueldo?
El polémico anuncio de vincular a los estudiantes de esta ciudad en la red informantes para combatir la violencia, pese a tener buena intención, podría tener graves consecuencias.
Este martes, el Presidente Álvaro Uribe anunció la incorporación de estudiantes a la red de informantes para combatir los índices de violencia de la ciudad de Medellín.
Durante una visita a la capital de Antioquia para evaluar las obras de infraestructura de los IX Juegos Sudamericanos, el Presidente anunció la decisión de “vincular a través de la Fuerza Pública mil jóvenes estudiantes de Medellín. ¿Requisito?, que sean estudiantes, que estén estudiando, como informantes de la Fuerza Pública para desterrar el homicidio”.
Agregó que los jóvenes recibirán al mes cien mil pesos, “a título de bonificación”.
Según el Primer Mandatario, la decisión es respaldada por el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y el alcalde de la ciudad, Alonso Salazar.
En Caracol Radio, este miércoles, el gobernador Ramos dijo que estaba de acuerdo con la decisión de la Presidencia, pero advirtió que esa política debía estar muy bien estructurada para que la información que reciba la Policía sea correctamente manejada. “A mí me parece que esa propuesta bien manejada por la Policía puede dar buenos resultados”, dijo Ramos.
El flagelo de violencia que azota a la ciudad de Medellín ha ido en aumento en los últimos meses. Hay quienes explican que el aumento de los homicidios (más de 1.500 en 2009) se debe a la extradición de los jefes paramilitares y del narcotráfico que dejaron sin cabeza las estructuras delincuenciales, y atizaron la confrontación entre bandas que se están reorganizando.
En Caracol Radio, Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, Ong dedicada a la defensa de las víctimas del paramilitarismo, dijo que la medida de Presidencia demuestra “el fracaso de la Política de Seguridad Democrática. Eso no funciona, aquí hay unos grupos que siguen controlando a la población”, dijo la abogada.
Para otros, como la ex ministra de defensa y candidata presidencial, Martha Lucía Ramírez, y el ex ministro de la misma cartera, Juan Manuel Santos, la decisión de vincular a jóvenes estudiantes en la red de informantes para que denuncien a los delincuentes o entreguen información valiosa para la Policía, es benéfica para ayudar a reducir la criminalidad.
Según ellos, los informantes han sido piezas clave en la ejecución de la Seguridad Democrática, política de defensa diseñada para combatir a la guerrilla.
“¿Cuál es el drama, cuál es el problema? la red de informantes le ha servido mucho a este país para delatar a los delincuentes”, dijo Santos.
Sin embargo, para muchos analistas de la violencia en Medellín, la vinculación de los estudiantes en el conflicto entre bandas podría desatar retaliaciones contra los jóvenes. Además, la medida también podría ser aprovechada por las bandas delincuenciales para atacar a otros grupos ilegales.
“Es un error monumental”, fue cómo calificó el ex Alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, la decisión. El candidato a la Presidencia por el Partido Verde Opción Centro dijo que convertir a un estudiante en informante era abrirle la puerta para que entre en el mundo delincuencial, que era llevar el conflicto al terreno de la educación.
En su criterio, a un estudiante se le debe facilitar las cosas para que siga con sus estudios y evitar que más jóvenes entren por la puerta de la delincuencia.
Para el candidato liberal, Rafael Pardo, el anuncio del Presidente demuestra una medida desesperada que pone en evidencia la crisis en Medellín. Dijo que “pensar que los estudiantes pueden convertirse en la red de inteligencia de la Fuerza Pública es un error que podría llevar a los planteles a un conflicto interno”.
Otra de las críticas que ha provocado la medida es que restringe las libertades de los ciudadanos, como ha ocurrido con los grupos de vigilancia, algunos integrados por desmovilizados, que piden dinero a cambio de garantizar la seguridad de los barrios o de los negocios, y que se aprovechan para chantajear a los habitantes de algunos barrios de la ciudad.
Faltará ver qué piensan los estudiantes, los directores de los centros educativos de Medellín y también evaluar cómo termina una política que entrega la vigilancia y control a estudiantes, en lugar de fortalecer la confianza en la fuerza pública y el trabajo de inteligencia, sin vincular a los civiles en el conflicto.