Esta palma es maldita, es de muerte
Un nuevo informe del INCODER sobre la siembra de Palma Aceitera dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó y los que ya se iniciaron en el Jiguamiandó, deja en claro hacia donde se dirige la ley 975 de reingeniería de la Impunidad, mal llamada de justicia y paz, la ley de tierras, la ley forestal / o mejor, maderera, entre otras.
El Informe del que los afrodescendientes desconocen su contenido y del cual se han enterado por dos artículos breves publicados en el diario El Tiempo es el resultado de la impugnación empresarial del primero, que fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en marzo pasado, como una supuesta expresión de voluntad gubernamental de resolver la situación que desconoce de modo evidente los derechos de los afrodescendientes.
El diario El Tiempo calificó de reversazo el contenido del Informe en el que se avala la posesión empresarial de 10 mil hectáreas sembradas con palma y se despoja a los afrodescendientes de su titularidad. Los 13 desplazamientos forzados, la destrucción de 14 caseríos, 110 Crímenes de Lesa Humanidad por acción paramilitar en evidente unidad de acción, omisión de la Brigada 17 y la reciente desaparición de ORLANDO VALENCIA, en medio de operaciones policiales y militares de destrucción de las Zonas Humanitarias se ocultan. Queda sepultado a través del Informe, la violencia perpetrada por el Estado y la estrategia paramilitar del Bloque Elmer Cárdenas para el despojo de tierras; queda sepultada la realidad sobre los mecanismos de presión, de chantaje, de corrupción de funcionarios e instituciones públicas para legalizar la ilegalidad de la posesión empresarial de la palma y su articulación con estrategias de acción paramilitar en la posesión de tierras para la agroindustria y la ganadería extensiva.
La legalización sobre la ilegalidad de la que uno de sus líderes ORLANDO VALENCIA advirtió a la Vice Presidencia de la República a través del cumplimiento de las amenazas de muerte de militares y paramilitares son un signo de la podredumbre del proceso de desmovilización, y de lo que se avecina con la legalización de la impunidad con ley 975. Esta ley, no contempla los mecanismos expeditos para que estas comunidades y los más de tres millones de desplazados tengan la certeza de que su tierras serán devueltas, por el contrario ellas se verán enfrentadas a la cadena de cualificación del crimen de guerra que beneficio a sectores empresariales, protegidos por este gobierno y renglones de la economía que se beneficiarán del ejercicio del poder del ejecutivo hoy existente.
Las persistentes amenazas de muerte contra los demandantes de títulos individuales del Curvaradó y los que habitan en las reconstruidas Zonas Humanitarias para que estos cesen en sus exigencias de respeto a sus derechos frente al engaño empresarial y la presión paramilitar son otro signo de la inexistente desestructuración paramilitar. Hoy en el bajo Atrato, la reingeniería militar con la connivencia descarada con agentes estatales militares y policiales, autoridades civiles para proteger la ilegalidad de los terratenientes y empresarios es absoluta.
Los hostigamientos, las amenazas de muerte, los seguimientos y presiones armadas a aquellos que pretenden acompañar en las Zonas Humanitarias, PASC Canadá, Justicia y Paz, y a aquellos que constatan la arbitrariedad evidente en la región del bajo Atrato, Alianza, Christian Aid, Red Ecuménica, en la que confusamente unos se desmovilizan como Bloque Bananero y otros continúan ejerciendo la violencia al lado de la institucionalidad, significa la ausencia de garantías para la labor humanitaria. Síntoma similar al del desprecio a los informes de la Oficina del Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o las Resoluciones de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A los afrodescendientes del Curvaradó, del Jiguamiandó, del Cacarica, de El Salaquí y del Truandó les es difícil creer que la política de seguridad es democrática, y que la desmovilización conduce a la paz y mucho menos que las ley de Justicia y Paz y la de bosques que se aprobara respeta sus derechos y posibilita la construcción democrática. Lo que se percibe en el bajo Atrato es el desbordamiento del Estado de Derecho, la consolidación de un Estado de HECHO, la institucionalización del paramilitarismo lo hace evidente. Estado con modelos de progreso y desarrollo cimentados en la destrucción de vidas humanas /sangre en mentiras y en impunidad/ y de la biodiversidad /aniquilación de sistemas biodiversos por monocultivos/, con la financiación oficial y el fomento de algunos países del norte. Hoy son ellas las víctimas a las que se les despoja de su territorio y de sus derechos en el Curvaradó, el Jiguamiandó, el Cacarica, y si alguien lo quiere reconocer en El Salaquí y El Truandó. Definitivamente como lo expresan los afrodescendientes: “por lo menos esta palma es maldita, es de muerte. Nos van a desterrar pero ya no nos desterramos, aquí nacimos y aquí nos morimos, con las balas de los asesinos o con el hambre de la palma, pero ya no nos correteamos más”
Si las dudas persisten, si aún es imposible creer, que es posible el cinismo, y la falta de vergüenza, los invitamos a leer, el editorial Incógnitas sin resolver El Tiempo de ayer /lunes 24 de octubre/ apunta a preguntas de fondo sobre la fase del proyecto parainstitucional y hace unos días el exministro Juan Camilo Restrepo en el diario El Colombiano Qué sea en serio /Martes 11 de octubre/ se pronuncio sobre la posesión paramilitar de las tierras. El Incoder y el país de propietarios, Carta del Día escrita por Patricia Ardila, dirigida al director de El Tiempo, el 24 de octubre. Pero como aun a veces la prensa confronta fuentes o deja espacio a los lectores, otras voces que hablan de lo mismo. Todavía es posible el sorprendernos ante tanto engaño.
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