Espías de garaje
No le queda nada bien al vicario de Uribe que arresten a Andrés Sepúlveda, un miembro de su campaña, por chuzadas ilegales, y menos si hace parte de su endogámico equipo de comunicaciones.
Por supuesto que Zuluaga ya dijo a los medios que no tenía ni idea de que esto estaba pasando, en un comunicado que lo perfila como el único realmente sorprendido. Tal vez el Centro Democrático debe ser más melindroso a la hora de elegir con quién trabaja, no vaya a ser que pensemos que no les importa asociarse con delincuentes. Muchas mentes suspicaces comentarán también que todos los escándalos de chuzadas se vinculan directa o indirectamente con el senador Uribe, algo que tampoco le queda bien a un partido cuya bandera es defender la seguridad a toda costa, o en otras palabras, que el fin justifica los medios.
Pero antes de especular sobre los intereses políticos de las interceptaciones, tendríamos que preguntarnos cómo es que un tipo cualquiera, con una empresa privada, puede convertirse en un zar del espionaje. ¿Cómo así que cualquier ingeniero de sistemas puede adquirir los equipos y el software necesario para espiar al Presidente? Si no hay ningún tipo de control sobre el espionaje privado no es de extrañarse que aparezcan mercenarios de la información que no están sujetos a ningún control estatal o ciudadano.
Según la Ley de Inteligencia (1621 de 2013), ninguna información de inteligencia y contrainteligencia podrá ser obtenida con fines diferentes de la defensa de la Nación, de las instituciones democráticas, derechos de los ciudadanos y protección de los recursos naturales e intereses económicos del país. Prohíbe expresamente la recolección de información por razones de género, raza, opinión política entre otros y se rige por los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad; la información que no cumpla con esto no puede ser almacenada. Además, según el Código de Procedimiento Penal, se requiere una orden judicial previa para interceptar comunicaciones o bases de datos digitales. Al Estado, bueno o malo, le podemos hacer estas exigencias, pero ¿cómo pedir cuentas a los privados que hoy también tienen los medios para espiarnos?
El padre de Sepúlveda ha dicho a los medios que su hijo “ha colaborado con diferentes organismos del Estado para combatir la delincuencia”, lo que da a entender que el Estado colombiano tiene por práctica subcontratar algo tan delicado como el espionaje en las labores de inteligencia. También resulta preocupante que los hackers, que participaron en Andrómeda, digan que es común que los militares –o personas que posan de militares– los recluten para “hacking ético”, sin detenerse a explicar que ético y legal no son lo mismo o según qué preceptos es ético y a quién beneficia o a qué. En el Proyecto Spy Files, Wikileaks revela una inmensa base de datos sobre la millonaria industria internacional de la vigilancia masiva. Según Wikileaks, en Colombia, la empresa encargada de vender todos los equipos para vigilancia y espionaje (monitoreo de internet e intervención telefónica) es Asoto Technology Group SAS (Asoto.com), que opera en Medellín; “Empresa proveedora de Servicios de Seguridad Informática Avanzada, Recuperación de Datos & Forense Digital”. ¿A quién le presta sus servicios Asoto? ¿Al Estado? ¿A quién pueda pagarlos? Aprovecho esta columna para preguntarlo públicamente; los ciudadanos deberíamos saber al menos quiénes tienen las capacidades para espiarnos.
@Catalinapordios / | Elespectador.com
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