Espacio regional de construcción de paz de los Montes de María, pronunciamiento público de rechazo y resistencia frente al régimen de terror impuesto sobre nuestros territorios

Desde hace varios años, las organizaciones de la sociedad civil de los Montes de María – así como de todas las subregiones del Caribe colombiano – venimos denunciando persistentemente la intensificación, no sólo de la presencia, sino además de la imposición de un control amenazante, criminal y violento, por parte de diversos actores armados en nuestros territorios.

Como Espacio Regional presentamos en septiembre de 2020 una denuncia pública por las amenazas que hemos recibido, así como una serie de propuestas para avanzar en la implementación de un modelo de protección centrado en las comunidades, sus necesidades y contextos, ante la cual los gobiernos locales, departamentales y nacional asumieron unos compromisos que, hoy en día, no han cumplido.

A ello se suman las alarmas insistentes de los Consejos Territoriales de Paz frente a la creciente inseguridad que sufrimos, especialmente en las comunidades rurales, pero también en los cascos urbanos, por cuenta de una macro-criminalidad neo-paramilitar que es sistemáticamente soslayada por las autoridades civiles, policiales y militares, que – en medio del clamor social por garantías de no repetición – tan sólo se limitan a repetir, ante cada hecho de violencia que enluta y aterroriza al territorio, el mismo repertorio, inútil y desgastado, de los consejos de seguridad.

Si bien la culpabilidad por los abominables hechos de sangre, dolor y miedo que se han exacerbado en esta triste coyuntura recae directamente sobre las AGC – Clan del Golfo y su indolente decisión de atacar y confinar a la ciudadanía y a las comunidades, la responsabilidad por la estructuración del régimen de terror que se ha venido imponiendo en los territorios donde se ha hecho trizas la paz recae sobre el Estado colombiano, las políticas del actual gobierno, y el silencio cómplice de las autoridades locales y regionales.

El Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de María es una plataforma de encuentro permanente y diálogo sostenido – en la que confluimos organizaciones de base campesinas, étnicas, de mujeres, jóvenes y LGBTI+, defensoras y defensores de los Derechos Humanos y del medio ambiente de los quince municipios de Sucre y Bolívar que conforman la subregión – desde la que se mantienen canales abiertos de interlocución constante con la institucionalidad, y que cuenta con el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales, la academia y la comunidad internacional.
A partir del seguimiento de la crítica situación de confinamiento y de violación sistemática de los Derechos Humanos que se viene presentando desde la noche del 4 de mayo a raíz del “paro armado” decretado por el Clan del Golfo – AGC, y con base en los testimonios y análisis recogidos en reunión sostenida el sábado 7 de mayo con lideresas y líderes de todo el territorio, registramos y denunciamos graves hechos de violencia ocurridos en toda la subregión que afectan la vida, la dignidad, la economía, la seguridad alimentaria y la salud mental de las comunidades, así como producen afectaciones diferenciales sobre los derechos de las mujeres, la niñez, la población LGBTQIA+, las personas con discapacidades y los pueblos étnicos.

Hacemos énfasis, además, en la incertidumbre que esta situación estructural/coyuntural genera para nuestros territorios en medio de un proceso electoral decisivo y convulsionado, en el cual, incluso, se ha evidenciado la intervención en política por parte del presidente de la república y las fuerzas militares. Mientras que éstos proclaman la desaparición del Clan del Golfo – AGC con la extradición de alias Otoniel, este grupo armado desata una contundente y cruel demostración de su control territorial, y al mismo tiempo lanza nuevas amenazas contra los líderes y las lideresas locales y regionales que hacen parte de los movimientos políticos que representan alternativas viables de poder y que le darían otra orientación a la política de drogas. Estas aparentes contradicciones nos llenan de temor y preocupación.

En consecuencia, elevamos nuestra voz e invitamos a la fortaleza y a la unión de todas las organizaciones y liderazgos sociales y comunitarios de los Montes de María y el Caribe colombiano, reclamamos la atención de la opinión pública colombiana y solicitamos la presencia urgente y permanente de la comunidad internacional como únicas garantías confiables para salvaguardar nuestra vida, integridad y permanencia en el territorio.

Impugamos y denunciamos los actos criminales y violatorios de los Derechos Humanos ejecutados por las AGC – Clan del Golfo, y les exigimos que cesen de inmediato sus hostilidades, a que abandonen sus actividades criminales y a que depongan las armas, se desmovilicen y dejen en paz a la comunidad. No más tráfico de estupefacientes en nuestras poblaciones y a través de nuestros territorios; no más extorsión y extractivismo; no más reclutamiento de jóvenes y violencia sexual; no más amenazas y violencia contra lideresas y líderes sociales; no más asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos y despojos.

Exigimos un cambio de actitud responsable, así como un viraje profundo en las políticas públicas, por parte del gobierno nacional, los órganos de control y las autoridades civiles, policiales y militares en nuestra región. Queremos, necesitamos, volver a confiar en nuestra fuerza pública, en nuestros funcionarios públicos y en nuestros gobernantes. No más consejos de seguridad de espaldas a las organizaciones sociales del territorio; no más políticas de seguridad que desconocen las constantes y persistentes denuncias sobre lo que vemos con nuestros propios ojos que ocurre en nuestras comunidades. La militarización del territorio no es sinónimo de seguridad; lo que requerimos es que las instituciones no sigan fragmentadas, que hagan presencia y que ejerzan su deber constitucional en los territorios respetando y haciendo cumplir los Derechos Humanos y el DIH, en aras de avanzar hacia un verdadero Estado social de derecho.

Reiteramos al gobierno nacional, a los gobernadores de Bolívar y Sucre, y a los alcaldes de los quince municipios los Montes de María que es momento de cumplir con los compromisos adquiridos para implementar los modelos de seguridad humana y protección comunitaria que venimos reclamando desde hace años. Este es el momento de retomar también los compromisos adquiridos con nosotros y nosotras en torno a la implementación efectiva e integral del Acuerdo de Paz.

Suscribimos la presente, a los 8 días del mes de mayo de 2022, lideresas y líderes de los municipios de Maríalabaja, El Guamo, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano, Córdoba (Bolívar), Ovejas, Chalán, Colosó, Los Palmitos, Morroa San Antonio de Palmito, Toluviejo y San Onofre (Sucre), y organizaciones no gubernamentales, académicas e internacionales acompañantes del Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de María.