Entrevista-“Tenemos Fe Que Luchando Legalmente Vamos a Llegar a la Justicia”

Grupos ilegales y intereses económicos han cometed los territorios
biodiversos Afrocolombianos localizados en las cuencas de los rios
Curvaradó y Jiguamiandó en el Chocó por décadas. El olvido institucional histórico por parte del gobierno nacional y la corrupción política en esta región combinado con la presencia de fuerzas armadas ligadas al narco-tráfico han creado un ambiente donde la impunidad reina y diferentes formas de ilegalidad operan. Desde los años 1990s los paramilitares y sus grupos sucesores han violentamente implementado su voluntad e expandido sus economías ilegales en esta zona. El conflicto interno armado entre las fuerzas armadas colombianas y los grupos insurgentes continúan impactando las vidas y
el sostenimiento de los civiles quienes habitan la zona.

En el medio de todos estos obstáculos y pese a asesinatos de sus líderes y amenazas constantes contra sus vidas los lideres desplazados de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó con el apoyo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el acompañamiento internacional de Brigadas Internacionales de Paz y la otras organizaciones internacionales continúan resistiendo el desplazamiento interno para permanecer en sus territorios. Ellos han desarrollado modelos de auto-proteccion denominados las zonas humanitarias y zonas de biodiversidad para garantizarse su seguridad física y alimentaria. Adicionalmente, estos desplazados internos están trabajando para que se les entregue sus territorios colectivos que han sido violentamente e ilegalmente usurpados y que son controlados por estructuras criminales poderosas y que haya justicia contra el alto número de abusos de derechos humanos cometidos contra ellos. Desde el fin de diciembre 2009, estas comunidades han logrado mucho como la orden de la Fiscalía contra 24 industriales de palma por vínculos con el paramilitarismo y otros crímenes. Estos pasos adelante, también les ha costado un precio muy alto a estos campesinos. Desde entonces han sido asesinados tres miembros de sus comunidades.

La oficina sobre asuntos latinoamericanos en Washington (WOLA) aprovechó la visita de líderes del Bajo Atrato chocoano a los EEUU de la cuenca de Rio Curvaradó del Departamento del Chocó (Colombia) para preguntarles acerca de su caso que sirve como ejemplo emblemático de debates que se están realizando en el momento en Colombia a raíz de la propuesta ley de tierras.

WOLA: Como sucedió que terminaron desplazados de sus tierras?

Líder 1: Yo vivía en la comunidad de Guamo a lo largo de la cuenca del rio Curvaradó con mis cuatro niños y mi compañera cuando un día nos enteramos que se había cometido una masacre en un sitio cercano llamado Brisas. En esa masacre, que sucedió el día 8 de octubre delaño 1996, paramilitares conjunto con miembros de la Brigada 17 asesinaron seis personas. Unas dos personas mas fueron desaparecidas por ellos y sus cuerpos se encontraron al costado de río y puente deCaño Seco. El que era en ese momento el Presidente de la Junta Comunal del Guamo organizó una comisión que bajara a Riosucio e investigue el asunto. Cuando llegó esa comisión a Riosucio fue advertida que “quien
denuncia no puede retornar mas al territorio.” Desde ahí fue que empezó el miedo porque sentíamos que no teníamos ningún tipo de protección.

Luego unos meses después los paramilitares llegaron a Guamo con el ejército. Lo primero que hicieron fue asesinar al Presidente de la Junta Comunal. Los pobladores comenzaron a recibir amenazas de miembros de ejército que nos decían que era mejor que salgamos del área porque “los que venían detrás de ellos eran los mocha cabezas.” Ahí el 50% de las personas se empezaron a desplazar a otras partes del país. Otra mitad incluyendo mi persona y familia se quedó para resistir el desplazamiento pero empezamos a ver cuerpos pasando por el rio Curvaradó y que aves se los iban comiendo. Frecuentemente se
escuchaba combate, bombardeos y disparos. Es así que se asesinaron y
desaparecieron a más de 143 personas en las cuencas de los rios
Curvaradó y Jiguamiandó.

Comenzando en el 1996 empezamos a no poder aguantar más la situación
de inseguridad porque habían bloqueos económicos donde el ejercito y
los paramilitares no dejaban que miembros de nuestra comunidad podía
cultivaran nuestro pan coger que incluye plátanos, arroz y otros cultivos. Al mismo tiempo ellos no dejaban que nosotros podamos salir para conseguir alimentos. En el medio esta dura situación fuimos informados el día 14 de diciembre 1997 de que el ejército y paramilitares situados en Bajirá mandaron a decirnos que saliéramos de la zona porque ellos no respondían por las personas que se quedaban dentro del territorio. Nos tocó salir en una canoa porque no había gasolina. Un cuarto de las personas que estaban en el territorio no pudieron salir debido a los bloqueos y combate.

Yo y mi familia llegamos a Bajirá luego seguimos a una finca que tenían mis padres. En Bajirá pasamos un puesto de control del ejército donde nos preguntaron si éramos desplazados. Teníamos mucho miedo de decirles la verdad porque sabíamos que ellos podían pasar la información a los paramilitares. Llegamos a la finca de mi padre pero no duró la paz. Los paramilitares iban continuamente hacia el presionando para que les vendiera su finca. Mi padre que tenia 80 años de edad les decía que el había estado en la zona desde los 18 años que la finca era una herencia para sus hijos y nietos. Como el no vendía los paramilitares le comenzaron a meterle el terror diciendo
que el era guerrillero y que el estaba auxiliando a la guerrilla. Ellos lo siguieron intimidando y comenzaron a entrar en la finca y comerle los cultivos como coco para asustarlo. El finalmente no aguantó y decidimos salir.

Salimos todos para Cartagena y estuvimos ahí por tres meses. Nos fue muy mal y estaba ahí responsable por mis cinco hijos. En ese sitio se escuchaba diariamente que iban a llegar los paramilitares para hacer masacres y teníamos mucho miedo porque como personas que no eran de ahí teníamos miedo que iban a ver mí cédula y acusarme de guerrillero por no ser de la zona. Decidimos que lo mejor era regresarnos a Belén de Bajirá y volvimos a una vereda situada cerca de la finca de mi padre. Esa zona también estaba controlada por los paramilitares. Ahí nosotros escuchábamos lo que los paramilitares hacían porque ellos cometían masacres en el Jiguamiandó y luego llegaban a esta área a celebrar. Ellos hablaban de los combates y las masacres que cometían contra los campesinos. Ellos comentaban sin pesar en cómo los niños chillaban y salían corriendo cuando cometían sus atrocidades. Nosotros
quienes los escuchábamos no podíamos decir nada debido al miedo que
nos pasara lo mismo. Duré trabajando ahí en esa vereda como un
campesino pobre por unos tres años y medio hasta que finalmente logré
regresar al Guamo.

Líder 2: Yo soy de la comunidad del Cetino. Un día cuando yo tenía 6 años estaba toda mi familia bañándose en el río y mi madre lavando la ropa. Estando ahí escuchamos un helicóptero que pasa. Ese helicóptero luego regresa una hora mas tarde y bombardea nuestra casa. Gracias a Dios ninguno de mis hermanos estaba en la casa en ese momento. La casa fue destruida con el techo roto y todo dañado. Nos mudamos a otra casa y dos días después llegan los paramilitares como a las seis de la tarde preguntando por mi padre y si el no estaba que le den un hermano mayor. Ellos amenazaron que si no estaba ningún hermano mayor o mi padre que ellos iban a llevarnos a todos. Ahí los paramilitares recogieron todo el ganado y mucha de la ropa de la comunidad
(gallinas, pavos, ropa, caballos y como 100 reces). Ellos reunieron todo esto y se lo llevaron tipo 4 de la mañana. Dos horas después tipo 6 de la mañana volvieron y recogieron lo que quedaba de ropa. Mi familia salió hacia Bajirá y en el camino en la carretera nos encontramos con un coronel de la Brigada 17. El detiene a mi madre y le pregunta porque estábamos ahí. Ella le explicó lo que había pasado y el dijo que iban a ver que hacían para solucionar eso pero nunca se hizo nada.

Una vez en Belén de Bajirá mi familia se asentó ahí como desplazados.
La situación era muy insegura. Ahí había una casa donde paramilitares
traían todos los muertos que resultaban debido a combates. Teníamos
mucho miedo de tener que convivir en un área donde vivían también los
paramilitares. La policía también estaba presente ahí y ellos sabían
de la casa del paramilitar con el alias “Palillo” donde llevaban los
cuerpos. Pero ellos no hicieron nada. Este paramilitar es quien vendió
tierras que son del titulo colectivo a la familia Argote para que
pueda implementar su proyecto económico de ganadería extensiva sin el
consentimiento de nuestra comunidad. Este paramilitar hasta hoy se
encuentra libre.

WOLA: Cuando finalmente regresaron a sus territorios que fue lo que encontraron?

Líder 1: Lo que encontramos es que toda el área estaba controlado por
paramilitares. Ellos pedían a todos los civiles que paguen “impuestos
de guerra” que ellos justificaban que se merecieran por “haber
combatido la guerrilla” en la zona. Cuando me pidieron dinero a mi yo
les dije que era un desplazado y dinero no tenía que lo único que
tenía eran hijos y necesitaba cultivar mi tierra para poder
sostenerlos. En junio 2004 la comunidad que regresó me eligió como el
representante legal de la comunidad y es así que empezamos a luchar.
Nos basamos en la ley 70 de las comunidades negras y empezamos a ver
como podíamos aplicarla. Desde entonces hemos tenido dificultades y
amenazas porque los empresarios que usurparon nuestros territorios no
querían cesar las actividades que están haciendo. En el 2005 me
nombran como el vice presidente del consejo mayor y empezamos a
organizar otras comunidades en la zona que también querían que se les
respete sus derechos e empiezan a aumentar las amenazas contra
nosotros. En el año 2007 los empresarios y paramilitares me buscan y
me preguntan de que “con cuanto me conformo” para no ser mas líder. Yo
les respondí que no me iba a vender porque mi comunidad confiaba en mí
y no iba a traicionar a mi comunidad. Ahí seguí y las cosas en
términos de mi seguridad solo han deteriorado desde entonces. En
noviembre del 2009 un señor de mi comunidad me informó que cuando yo
estaba en el campo cultivando mi terreno que vinieron hombres a
buscarme para asesinarme. Esto sucedió tres veces y como resultado de
eso terminé en Bogotá denunciando esos hechos. Pero después de un
tiempo decidí que quería volverme pero no podía regresar al mismo
sitio y es por eso que decidí irme a vivir en la zona humanitaria de
Camelias y llevo ahí mas de dos años. Por lo menos estoy cerca de mi
tierra.

Líder 2: Cuando tenía 15 años mi familia decidió regresar a la zona
humanitaria de Caracolí. Lo que notamos es que había muchos campesinos
regresando. Estábamos todos muy contentos de estar en nuestras tierras
nuevamente. Pero al mismo tiempo hubo mucho llantos de todos nosotros
por lo que habíamos pasado. Por primera vez todos empezamos a
denunciar las violaciones que habíamos sufrido y no teníamos miedo de
denunciar. Durante el periodo de regreso las compañías lograron
obtener órdenes de desalojo de parte de la municipalidad que es muy
corrupta y habían conseguido con el aval de una jueza en Riosucio.
Pero el ejército llegaba y nos informaba de las órdenes pero no ponían
en marcha los desalojos que habían puesto los empresarios con la jueza
de Riosucio. Lo otro que notamos es que en la mayoría del territorio
de Caracolí empresarios estaban implementando proyectos económicos de
ganadería extensiva y en otra parte proyectos de palma africana.

WOLA: Nos pueden explicar como funciona el modelo de auto-proteccion
denominado “zonas humanitarias”?

Ambos: Estas zonas humanitarias funcionan de la siguiente manera:
Primero se delimita una zona. Por ejemplo, en Camelias se designó 3
hectáreas y en la finca de Enrique Petro se designo 5 hectáreas. En
esas áreas designadas se pusieron vallas con letreros que dicen que
estas zonas son solamente exclusivamente para la población civil. En
dichas “zonas humanitarias” no pueden ingresar ninguno de los grupos
armados-ejercito-paramilitares y guerrilla. Los habitantes de estas
zonas humanitarias todo nos hemos comprometidos a seguir una serie de
principios de no-violencia y conducta. Cada uno que vive en la zona
humanitaria es responsable de quienes pueden entrar en la zona. Todos
tenemos que asegurar de que no entren ninguna persona armada o
vinculada con los grupos armados. Se avisa con tiempo al consejo si va
a visitar a la zona humanitaria un familiar o un amigo y cuando sucede
que hay alguien que quiere entrar de quien no hubo aviso previo esa
persona tiene que esperar en la puerta de entrada porque no puede
ingresar sin autorización de la comunidad.

Este mecanismo asegura que en la zona humanitaria quienes habitan ahí
solo son civiles y que no estamos involucrados en el conflicto. Esto
nos brinda un nivel de protección física y minimiza que nos
involucren los grupos armados en su conflicto. También somos
acompañados por organizaciones grupos nacionales e internacionales
quienes alertan a la comunidad internacional si hay algún atentado
contra nuestra comunidad y eso genera presión internacional para
protegernos.

Es importante destacar que las zonas humanitarias son protegidas por
las Corte Inter-Americana de Derechos Humanos. Las zonas en si están
basadas en el derecho internacional humanitario que es un acuerdo
entre países del mundo de minimizar los efectos de los conflictos
internos armados a la población civil. La OEA nos otorgó a las
comunidades afrocolombianas medidas de protección debido a las
violaciones que ocurrieron y siguen ocurriendo en esta zona de
Colombia.

WOLA: Cual es la diferencia entre las “zonas humanitarias” y las
“zonas de biodiversidad”?

Ambos: Nosotros consideramos que las “zonas de biodiversidad” son como
las “hijas” de las “zonas humanitarias” porque tienen los mismos
criterios. En ellas también hay vallas que dicen que son “zonas de
biodiversidad.” Los letreros ayudan a delimitar la zona para que sepan
donde no pueden ingresar grupos armados. La diferencia es que estas
son zonas que nosotros hemos designado para sembrar el pan coger que
requerimos para el sustento de nuestras familias. Utilizamos dichas
zonas para asegurar no solo nuestra seguridad alimentaria como
comunidades pero también conservar nuestras reservas ecológicas. Las
zonas humanitarias sirven como un mecanismo de auto-proteccion para
nosotros los desplazados y nuestras familias. Las zonas de
biodiversidad sirven como zonas donde nosotros aseguramos la
protección de nuestra seguridad alimentaria y el medio ambiente que
queremos dejar para nuestros hijos. En las zonas de biodiversidad
sembramos plátano, yuca, arroz, maíz, llame, cacao, coco y otros
alimentos pero lo hacemos de forma ecológicamente sostenible. En ellas
queremos construir lo que los empresarios acabaron cuando ellos
ocuparon nuestras tierras. Entonces estamos impulsando proyectos de
reforestación en ellas para recuperar el patrimonio de la tierra que
fue destruido durante nuestro desplazamiento.

WOLA: En sus presentaciones en EEUU Uds. mencionaron que ha habido
varias estrategias para sacarlos de sus tierras para que estas puedan
ser utilizadas para proyectos de monocultivos y ganadería intensiva.
Cuales han sido estas estrategias?

Ambos: Ha habido muchas estrategias para quitarnos el territorio:

La primera fue de decir que iban a sacar la guerrilla del territorio.
Bajo una supuesta estrategia militar contra la guerrilla lo que se
hizo fue desplazar a la población civil de sus tierras y ocuparlas
para proyectos económicos.

La segunda estrategia fue de intentar de aumentar las hectáreas que
pertenecieran a títulos individuales que existían antes del año 1992 y
que se pase la ley 70 de las comunidades negras del 1993 Quitar lo
subrayado, sobra. Esos títulos que existían previamente crecieron de
forma descarada utilizando métodos fraudulentos. Por ejemplo, un señor
Lino Antonio Diaz quien había fallecido hogado en el Rio Curvaradó en
el 1996 y era dueño de dos predios individuales fue “resucitado” en el
año 2000 dando un poder a una señora a vender casi 6,000 hectáreas.
Luego se pudo comprobar que esta transacción era una falsedad porque
se le hizo un estudio forense al cuerpo del señor Diaz y se comprobó
que era ilegal. También se incrementó el número de hectáreas que están
bajo títulos privados que existían antes del año 1992 y sirvió como
otra manera para decir que el territorio era de ellos e utilizarlo
para el cultivo de palma aceitera.

La tercera estrategia fue de intentar de comprarles la conciencia a
campesinos con el repoblamiento de otros campesinos a nuestras
tierras. Comenzando en el año 2006 se empezó a meter personas de
diferentes partes del país incluyendo Córdoba y San Pedro de Urabá.
Estas personas fueron engañadas por personas vinculadas a las
compañías y los paramilitares diciéndoles que iban a ganar buen dinero
y se mudaban a nuestras tierras. Los incentivaron a que venga a
nuestras tierras con la impresión que estas tierras eran de ellos y
que ellos les dejaban trabajarla. Estas personas, los “repobladores”
nos dicen que el “patrón” los dejo a ellos los trajera ahí para
cuidaran sus tierras y el les debe plata a ellos. En algunos casos,
nos hemos informados que los mismos palmeros les han dado a estos
repobladores un documento de uso de la tierra que supuestamente es de
ellos como pago de servicios.

El repoblamiento está causando tensiones entre ellos y nosotros y
forma una estrategia de crear tensiones por parte de los palmeros.
Pero nosotros reconocemos que ellos son campesinos pobres de otros
sectores del país que también están siendo engañados por intereses
económicos. Los empresarios están utilizando firmas de trabajadores
para presentarlos ponerlos como socios de ellos quienes están en el
territorio. Luego los empresarios presentan las firmas de estas
personas para obtener créditos del gobierno, ante FINAGRO, diciendo
que los pobladores necesitan prestamos para poder implementar la
siembra de palma aceitera. Una vez que les sale el préstamo estos
mismos empresarios sacan a estas personas.

La cuarta estrategia ha sido de crear confusión para la comunidad
internacional diciendo que las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó
están divididas. Para crear esta situación ellos han buscado la
creación de consejos comunitarios “paralelos” y la legalización
fraudulenta de ellos. Esta estrategia no es nueva y vienen tratando de
implementarla desde el 2004 cuando Manuel Moya firmó un compromiso con
palmeros. Manuel Moya era un campesino afrodescendiente originario de
Curvaradó que comos todos nosotros fue desplazado a Carmen del Darién.
En el se reunió en Belén de Bajirá con las empresas palmicultoras. El
luego nos informó que el firmó dicho acuerdo debido al miedo, debido
a toda la presión que habían puesto sobre el de hacerlo. Se pudo
tumbar este acuerdo de hacer parecer que la comunidad con dicho
compromiso estaba a favor con la siembra de palma aceitera en una
asamblea que nuestras comunidades organizamos en el Guamo en noviembre
2005.

Pero ellos no dejaron de buscar formas de implementar esta estrategia.
En el 2009 crean un consejo comunitario paralelo y ponen como líder a
Germán Marmolejo. Esta y otras personas, no están habitando las
comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. El 12 de septiembre de 2009
con la participación de Adán Córdoba Palacios (Alcalde de Carmen del
Darién) y la Exdirectora de Etnias Rosa Carlinas Garcia se realizó una
asamblea supuestamente hecha por nuestras comunidades. Dicha asamblea
fue financiada por los empresarios de palma aceitera y la ganadería
extensiva. El transporte y comida fue dado por familias empresariales
en la zona. En esa asamblea participó Fabio Gil, familiar del
fallecido fundador de las AUC Carlos Castaño y de Vicente Castaño. En
esa asamblea, Germán Marmolejo fue impuesto como representante legal
consejo afrodescendiente de la cuenca de Curvaradó.

Luego el 7 de marzo del 2010, el anterior Ministro del Interior Fabio
Valencia Ocossio avaló esa decisión. El Ministro estuvo en Carmen del
Darién y donde había participación de 19 comunidades de la cuenca de
Curvaradó y ahí el Ministro anunció que ellos reconocían que el
representante legal de las comunidades era Germán Marmolejo y que eso
“no tenia reversa.” Las 19 comunidades nos pronunciamos contra esta
decisión y dijimos que no reconocíamos a Germán Marmolejo como nuestro
representante. El Ministro nos contesto que teníamos solo dos
opciones. La primera era de impugnar la decisión que el estaba tomando
como ministro y segunda de realizaran otra asamblea y nombraran un
nuevo representante legal. Nosotros como comunidades tomamos decisión
de hacer nueva asamblea. Esta asamblea se realizo el 25 de abril del
2010 y ahí quedo Raúl Palacios como nuestro representante legal. La
alcaldía de Cármen del Darién no quiso reconocer esta decisión.

Después de que se conformó un consejo comunitario paralelo y el
gobierno formalmente le dio el aval a ellos nos enteramos que iba
haber una entrega de nuestro territorio al consejo paralelo. Ahí se
pronunciaron las comunidades a diferentes órganos del gobierno que no
estaban conformes con que se le entregan las tierras a este consejo
paralelo. El 18 de mayo 2010 la corte constitucional paro este fraude
y ordenó que se realice la construcción de un censo para que se defina
de una vez quienes son los verdaderos dueños del territorio y se le de
paso a una asamblea donde se nombre un representante legal elegido por
las comunidades.

Adicionalmente, el gobierno ha buscado crear otras divisiones entre
miembros de las comunidades para decir que estamos divididos y con eso
buscar que se entreguen las tierras a campesinos ilegítimos quienes
avalan el uso de dichas tierras para los proyectos económicos que se
han desarrollado de forma violenta e ilegal en nuestro territorio.

La quinta estrategia y la más reciente ha sido de desacreditar a
nuestros líderes con judializaciones basadas en información falsas
provenientes de personas que se han desmovilizado de los grupos
ilegales y se encuentran en las cárceles. Esta estrategia busca que
cuando se da el censo ordenado por la corte constitucional que
nuestros líderes queden fuera. Hace poco fuimos informados que
aproximadamente 20 miembros nuestras comunidades estaban con ordenes
de captura. Cuando nos enteramos de esto lo denunciamos y esto generó
mucha presión desde los EEUU. Apreciamos todo el esfuerzo que se hizo
por parte de organizaciones en los EEUU para generar esta presión.
Debido a esa presión el gobierno debió buscar de qué se trata y
respondió que no existían órdenes de captura. Respondieron que lo que
ellos tenían es una lista de guerrilleros para capturarlos. En esa
lista tenemos entendido que hay lideres de nuestras comunidades como
María Ligia Chaverra, ex representante legal del Consejo Mayor del
Curvaradó, Manuel Denis Blandón, actual representante del Consejo
Mayor del Jiguamiandó, Martha Cecilia Vargas Navas, vocal de la junta
directiva del Consejo Mayor de la cuenca del rio Jiguamiandó, Wilson
Mena Romaña, Himber Aurelio Barrios Puentes, Jaime Romaña Palomeque,
Alejandro Martínez Piedrahita, Francisco Mena Murillo, Jerónimo
Vergara, Nelson de Jesus Gomez Manco, Ovidio González Cabrera, Juan
Bauista Diaz Agamez (ya fallecido), Jhon Jaime Romaña Denis, Roberto
Antonio Delgado Murillo y Willinton Cuesta Córdoba. Todos son miembros
de nuestras comunidades. Nosotros que conocemos esas personas sabemos
que no son guerrilleros y que esto es un montaje contra ellos para
desacreditarlos. Lo interesante es que los que están en la lista
incluyen líderes destacados de las zonas humanitarias y otros que no
conocemos. Esta es una estrategia para sacar a los líderes de esas
zonas para que no queden en el censo y crear obstáculos para impedir
la devolución del territorio a sus dueños originarios.

WOLA: Una crítica contra Uds. ha sido que hay mestizos en este
territorio y que las tierras colectivas son de las comunidades
Afrocolombianas. Como responden Uds. A esto?

Ambos: Esta acusación fue hecha por Rosa Carlina Garcia de la
Dirección de Minorías Étnicas, del gobierno anterior. El 7 de marzo de
2010 ella dijo que si los mestizos tenían reconocimiento. Pero luego
en Quibdó en una reunión con miembros de las comunidades ella dijo que
los mestizos no tenían derechos porque la tierra colectiva era de los
Afrocolombianos. Nuestras comunidades respondieron que mestizos venían
ocupando el territorio ancestralmente con las comunidades
afrocolombianas. Mestizos fueron desplazados conjuntamente de estos
territorios durante los operativos militares de la brigada 17.
Mestizos vienen conviviendo con los Afrocolombianos por varias
generaciones y algunos han formado familias con los afrodescendientes
y tenido hijos. Los mestizos han compartido la cultura
afrodescendientes y sus costumbres con los afrodescendientes del Chocó
por mas de tres-décadas. La Corte Constitucional falló que los
mestizos si tienen reconocimiento dentro de la ley 70 de las
comunidades negras por estas razones.

La Corte en el auto del 18 de mayo de este año expresó que: “Se
entiende que hace parte de las comunidades afrocolombianas de las
cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, la población mestiza que
ha mantenido por décadas una estrecha relación familiar, cultural y
social con la población afrocolombiana, de tal manera que son
reconocidos como parte de las mismas por dichas comunidades y dados
los estrechos vínculos existentes, es imposible hacer una escisión de
las mismas sin afectar su autonomía. Esta situación ya ha sido
reconocida en los distintos procesos de titulación colectiva” (Pag Nro
1).

WOLA: El Presidente Santos está impulsando una nueva ley de tierras y
victimas? Que opinan Uds. de este esfuerzo y piensan que la relación
con el gobierno va ser diferente con la administración de Santos?

Las asociaciones de las zonas humanitarias y las cuencas de rios de
Curvaradó y Jiguamiandó nota una diferencia con la nueva
administración de Juan Manuel Santos. El gobierno anterior del
Presidente Alvaro Uribe Vélez no quería reconocer los derechos de
victimas del conflicto y sus derechos territoriales. En ese aspecto el
Presidente Santos ya ha reconocido que existen victimas y esas
victimas tienen derechos territoriales. Ojalá que la propuesta ley no
se quede solo en el papel. En el pasado hemos visto como leyes como la
ley 975 de justicia y paz se utilizaron para efectos nefastos. En ese
caso en vez de ser una ley que desmontaba el paramilitarismo y
aseguraba la no-repetición resulto en una situación donde no se
desmovilizaron realmente los paramilitares en nuestra región y se
legalizaron sus actividades. Podemos decir que pese al propósito de
dicha ley que lo que sucedió fue cosas ilegales. En una reunión
reciente en Buenaventura nuestras comunidades nos enteramos que las
comunidades negras no somos parte de esta ley de tierras debido a la
consulta previa. Luego en una comisión de gobierno que estuvo en
Camelias el 21 de noviembre, esos oficiales dijeron que habrá medidas
para las comunidades negras. Estamos esperando para ver exactamente
que van hacer los pasos tomados para las comunidades negras.

Vemos como problemático que la ley se refiere a la gente que está en
el listado de la ley 975, ellos son los beneficiarios. Nosotros no
estamos incluidos, aunque dicen que estamos dentro del plan de choque
que antes de entrar a regir esa ley, el gobierno adelantará para
restituir tierras.

WOLA: El gobierno colombiano le ha dicho a políticos en los EEUU que
las tierras de Uds. se las han devuelto?

Ambos: Eso es falso. Nuestras comunidades hemos apenas recibido
documentos. La resolución 2424 del 10 de septiembre del 2007 donde
que dice que si las tierras nos pertenecen pero no se ha dado el paso
a la devolución material de las tierras. En nuestras tierras siguen
operando ilegalmente compañías empresariales de palma aceitera y
ganadería extensiva. Adicionalmente los empresarios y paramilitares
han traído personas de otras partes del país a cultivar nuestro
territorio en monocultivos de yuca, plátano, piña y caucho, etc. Las
empresas de UNIBAN, Banacol y Banur que fueron las empresas que
también financiaron el paramilitarismo han estado en el Curvaradó
desde el año 2008.

WOLA: El gobierno colombiano ha dicho al mundo que se han
desmovilizado los paramilitares. Como fue la desmovilización en su
área?

Ambos: Los paramilitares de la AUC quienes operan en el Chocó usaron
una estrategia de ofrecerles a algunos jóvenes que no eran
paramilitares que se ganaran 600,000 pesos o hasta un millón de pesos
para que se entregan a las autoridades como fingiendo que eran
miembros del Bloque Elmer Cardenas (BEC). La mayoría de los reales
paramilitares no se desmovilizaron. Después que se dio ese proceso de
supuesta desmovilización se ve que estos mismos paramilitares siguen
“legalizados.” Ellos mismos formaron nuevos grupos paramilitares que
operan en la zona llamados las Águilas Negras, los Rastrojos y las
Auto-Defensas Gaitanistas. Antes cuando estos hombres eran de la AUC
estaban vestidos de militares con ropa de camuflaje y un letrero en
los brazos que decía AUC. Ahora están vestidos de civil usando armas
cortas. El 2 de septiembre 2010 un miembro de la comunidad nuestra vio
a 20 de ellos vestidos con los uniformes que ellos utilizaban
anteriormente. Los paramilitares siguen con el mismo nivel de
intimidación a la población y asesinando campesinos de la región y
administrando y cuidando las fincas de los empresarios de palma
aceitera y ganadería extensiva. Ellos también cobran vacunas a los
residentes del área. Ellos piden vacunas en las compras de madera,
plátano y otros productos que entran y salen en los rios. En
Pavarandó, tienen un control de un peaje donde los dueños de la
mercancía que sale de la cuenca tienen que pagar 30,000 pesos y los
dueños de los carros que transportan la mercancía tienen que pagar
10,000 pesos.

WOLA: Que le sucede a las personas que denuncian las actividades de
los paramilitares?

Ambos: Cuando una persona denuncia las actividades de los
paramilitares al ejército o la policía es la misma fuerza publica que
se encarga en decirles a los paramilitares quien los ha denunciado.
Hay casos donde después de que la fuerza públicas les han informado a
los paramilitares de la denuncia personas han sido asesinadas. Por
ejemplo, hay un caso que sucedió a fines del año del 2009 en Brisas.
Ahí un muchacho que vivía en ese pueblo denunció las actividades de
los paramilitares al ejército. Los paramilitares lo sacaron de su
casa. El gritaba que no lo maten y que la gente lo ayudara pero el
miedo que tenían todos de los paramilitares hizo que no lo ayude
nadie. Ellos lo amarraron y lo arrastraron en la carretera hasta
matarlo. Esto lo hicieron para ponerlo como ejemplo para que otros no
denuncien. El ejército estaba al frente donde los paramilitares tienen
un puesto de control y hacen registro de la comunidad de Brisas pero
no actuaron. Su cuerpo fue encontrado al costado del río. Estaba todo
destruido debido a que arrastraron su cuerpo. Todos siguen con miedo
porque no se ha hecho justicia en estos crímenes y sigue la impunidad
en el país.

WOLA: Uds. estuvieron reunidos con el Congreso de los EEUU esta
semana. Que recomendaciones le hicieron a ellos frente su situación?

Ambos: Nuestra recomendación principal al Congreso de los EEUU es que
sus miembros presionen al gobierno colombiano que se vea resultados en
las capturas a las personas que nos han quitado el territorio y haya
justicia en nuestro caso. Queremos que se cumpla con el radicado 3856
que es la orden de captura de la Fiscalía de 24 empresarios por
vínculos con el paramilitarismo y el desplazamiento forzado de
nuestras comunidades se implemente. Adicionalmente, hay unos
empresarios de ganadería extensiva que no se encuentran en esa orden
de captura que también deberían ser juzgados. EEUU financia a Colombia
en sus esfuerzos contra el terrorismo. Pedimos que el Congreso de los
EEUU investigue si o no ese financiamiento esto siendo utilizado para
proteger a los civiles y desplazados campesinos. En nuestro caso, se
pide una investigación en la conducta de miembros de la Brigada 15 y
la policía en la región y sus vínculos con los grupos paramilitares.
Es importante que los Congresistas EEUU sepan que si siguen apoyando
el gobierno con dinero para fuerzas públicas que cometen estos
crímenes ellos están indirectamente apoyando el desplazamiento y
violaciones de derechos humanos. Nos preocupa que en nuestra zona
veamos que las fuerzas públicas siguen moviéndose con los
paramilitares y que la guerrilla sigue moviéndose en la zona también.
Para nosotros esto quiere decir que el financiamiento de los EEUU no
esta llevando a que se acabe con la guerrilla. Si el gobierno EEUU le
quita el dinero militar a fuerzas públicas en Colombia que no hacen su
trabajo así apoyaría mas a la paz y la resistencia que están haciendo
ellos para que se acabe la guerra e impulsara la justicia.

WOLA: Como hacen para vivir con tanta injusticia y a su vez esperanza
que su situación puede cambiar?

Ambos: Al ver como estaba la región en los años 2000 y 2001 se veía el
ejercito y paramilitares actuando con total impunidad. Vemos que
gracias a dios y los modelos de auto-protección que hemos
construidos-las zonas humanitarias y las zonas de biodiversidad-que
hemos podido luchar para el retorno de nuestros territorios. Las zonas
nos han ayudo mucho y nos han fortalecido. Con estos modelos de
protección y la esperanza que tenemos a la lucha legal hemos logrado
estar nuevamente en nuestro territorio. Creemos que con estos
mecanismos que hemos creado que se puede continuar hacia delante para
que realice una devolución completa de nuestros territorios. No se nos
ha quitado la fe. Tenemos fe que luchando legalmente vamos a llegar a
la justicia. Nosotros les pedimos a Uds. de la sociedad civil en los
EEUU que nos sigan apoyando para que nuestras tierras sean retornadas
a nosotros legalmente y sin guerra. Con la guerra no se puede
solucionar nada. La única manera de llegar a la justicia es con
acciones de no violencia.

Para mas información favor contactar a Gimena Sanchez-Garzoli, WOLA,
gsanchez@wola.org