Entrevista en profundidad a Paul Seils
“ICTJ reporta” es una nueva sección de la página web del ICTJ, destinada a presentar su trabajo y su influencia en todo el mundo. Mediante entrevistas en profundidad mensuales a nuestros expertos, “ICTJ reporta” ofrecerá una panorámica sobre su trabajo en materia de reparaciones, justicia penal, verdad y memoria, y otros procesos de justicia transicional en países en los que trabajamos.
Para iniciar la serie conversamos con Paul Seils, vicepresidente del ICTJ y jefe de nuestra Oficina de Programas. Desde Birmania a Colombia, pasando por Túnez y Uganda, analizamos problemas acuciantes a los que se enfrentan sociedades en transición y las aportaciones del ICTJ en esos contextos. Seils analiza los procesos más importantes que han tenido lugar en este campo y el trabajo del ICTJ durante el último año, reflexionando sobre cómo está evolucionando la interpretación de la justicia transicional entre los responsables políticos y de opinión del mundo actual. Examinamos también las perspectivas y riesgos de las iniciativas de rendición de cuentas en Oriente Medio y el norte de África, Latinoamérica, el resto de África y Asia, así como los avances de nuestros programas temáticos frente a las oportunidades y desafíos del próximo año.
Esperamos que esta nueva sección arroje más luz sobre el trabajo del ICTJ y sobre las cuestiones relacionadas con la justicia transicional en el mundo actual. Agradeceremos cualquier comentario y reacción que nos envíen. Escríbannos a: communications@ictj.org o pónganse en contacto con nosotros a través de Facebook.
Sr. Seils, en un reciente reportaje publicado en el New York Times sobre atrocidades cometidas en Afganistán, el autor aludía a “expertos en lo que se conoce como justicia transicional”. Esta alusión pone de manifiesto que los medios de comunicación aún no han comprendido del todo qué es la justicia transicional y cuáles son los beneficios que puede aportar para sociedades que se enfrentan a violaciones masivas de los derechos humanos. ¿Ocurre lo mismo con los cargos gubernamentales y otros interlocutores importantes? ¿Tenemos todavía que explicar por qué merece la pena luchar por la justicia transicional?
Sí. Todavía tenemos que explicar qué es la justicia transicional y cuáles son sus ventajas. Una de las razones es que, sencillamente, la justicia transicional es algo complejo. No es fácil de entender. No es como oponerse al uso de las minas terrestres o abogar simplemente por la rendición de cuentas. Es algo más complejo; para empezar, la propia expresión lo convierte en algo más complicado.
La segunda razón es que nuestros interlocutores no dejan de cambiar. E incluso entre aquellos con los que llevamos años trabajando -en embajadas, en la ONU-, sigue siendo bastante evidente que la justicia transicional no es una de sus prioridades. Comprenden algunos de sus aspectos, pero con frecuencia necesitan ayuda para explicar ciertas vertientes de nuestro trabajo. Mucha gente asume que la justicia transicional es una alternativa a la justicia penal, no que los mecanismos de justicia transicional y de rendición de cuentas incluyen una concepción estratégica de la propia justicia penal.
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¿Qué otros mitos sobre la justicia transicional perviven entre los responsables políticos y los medios de comunicación?
Uno de ellos es que se sigue pensando que la justicia transicional es una repetición de la experiencia sudafricana. Y es casi inevitable que a esa idea vaya unido el mito de que la justicia transicional tiene que ver con sustituir los mecanismos de rendición de cuentas tradicionales por iniciativas de búsqueda de la verdad y de reconciliación.
Creo que sigue habiendo un vacío bastante grande -tanto normativo como práctico- en materia de reforma institucional. A ese respecto, hay muy pocas iniciativas que podamos considerar realmente eficaces y claras.
Y cuando decimos que la confianza ciudadana es importante, hay que tener cuidado de no dar la impresión de que la justicia transicional es una receta mágica que sirve para crear democracias pacíficas y desarrollar toda la infraestructura de la que surge una auténtica democracia.
“La rendición de cuentas no crea por sí sola el marco necesario para que surja una auténtica democracia, pero es un punto de partida necesario”
Creo que nuestros objetivos deben ser mucho más específicos y es preciso dejar claro hasta qué punto estamos en mantillas en este campo. La rendición de cuentas no crea por sí sola el marco necesario para que surja una auténtica democracia, pero es un punto de partida necesario, crucial.
¿Cree usted que, para que los responsables políticos entiendan mejor este campo, se necesitan una mayor codificación, más mecanismos formales o documentos que lo definan?
No, estoy casi seguro de que no hacen falta. El ICTJ ha trabajado en unos 40 países en los últimos 10 años, y el problema principal casi nunca ha sido la claridad normativa o procedimental. Lo más habitual es que tenga que ver con algo más sencillo: lograr la rendición de cuentas con los instrumentos que ya tenemos.
Hemos trabajado en muchos países en los que la legislación penal no proporciona un marco exactamente igual al del Estatuto de Roma respecto al móvil o la responsabilidad penal o de otro tipo. Pero la verdad es que en nueve de cada diez ocasiones tampoco es necesario. Probablemente haya algo en esa codificación que baste para iniciar una causa por violaciones masivas de los derechos humanos o por crímenes internacionales. Así que no hay que enmendar el código penal, aunque sí podría ser necesario hacerlo en materia de retroactividad.
Lo mismo puede decirse de las comisiones de la verdad. Se debate si deben constituirse únicamente por ley o por decreto presidencial, y la gente tiene distintas opiniones. Pero la verdad es que algunas constituidas por decreto han sido eficaces, aunque siempre haya cosas que discutir al respecto.
De manera que no creo que los problemas giren en torno a la documentación y la codificación. Según mi experiencia, es más importante la voluntad de encontrar formas de aplicar lo que ya existe.
Durante el año pasado hemos asistido a una evolución considerable
en este campo, incluyendo la creación del puesto de Relator especial de la ONU para el fomento de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de crímenes graves y violaciones flagrantes de los derechos humanos; además, está el Informe sobre Desarrollo del Banco Mundial, que vincula claramente la justicia transicional, la seguridad y el desarrollo. ¿Cuáles serían según usted los cambios que más han influido en el campo de la justicia transicional y en el ICTJ en el último año?
Creo que las dos cosas que usted ha mencionado son importantes porque consolidan los avances, orgánicos y teóricos, en este campo.
La creación de un relator especial es algo en lo que los Estados competentes han estado trabajando durante cinco o seis años, y supone un éxito considerable. Al mismo tiempo, hay que salvar escollos importantes para que el trabajo del relator tenga un alcance realista. No creo que sea razonable esperar que cambie, de la noche a la mañana o del modo que sea, la puesta en práctica de los mecanismos de justicia transicional.
El último Informe sobre el Desarrollo Mundial sí representa un enorme cambio de enfoque por parte del Banco Mundial. Creo que sería injusto, para quienes anteriormente habían trabajado en el ámbito del desarrollo, decir que el Banco Mundial ha sido el primero en identificar la relación entre justicia transicional y cuestiones como la seguridad y el desarrollo. Pero es un enorme y paso adelante, y muy útil para el desarrollo de nuestro campo.
Hay otras evoluciones importantes, aunque menos apreciables a corto plazo. En la actualidad están en marcha por lo menos cuatro grandes estudios sobre lo que las comisiones de investigación pueden hacer respecto a la rendición de cuentas y la justicia transicional, y la relación entre ambas cosas. Es algo que se ha ido preparando a fuego lento, durante cuatro o cinco años, y que paulatinamente está entrando en el debate general sobre justicia transicional y rendición de cuentas. Importantes ONG, entre ellas el ICTJ, están analizando ese asunto y esforzándose por llevarlo a la práctica.
Además, durante el pasado año, el empeño constante de afianzar el principio de complementariedad en el contexto judicial ha registrado grandes avances. Una parte considerable de nuestro trabajo consiste en introducir la complementariedad en el “saco” de la justicia transicional, es decir, evitar que sea una influencia externa.
Después de que el ICTJ haya ayudado durante años a desarrollar la justicia transicional y a definir muchos de sus principios, el plan estratégico recientemente adoptado se centra de manera novedosa y muy especialmente en la asistencia técnica que puede proporcionar, así como en una forma práctica de abordar la justicia transicional llamada “holística”. ¿Qué significa esto en realidad y cómo determina este nuevo enfoque la misión del ICTJ?
En varios países estamos intentando poner en marcha un modelo de trabajo ligeramente distinto, que conjuga la competencia de nuestras oficinas locales con la talla internacional de nuestros expertos temáticos.
El propósito es acceder a países en los que se pueda presentar nuestra forma de entender la relación entre diferentes mecanismos de justicia transicional, para después concebir un modelo de aplicación práctica. Esperamos que de ese modo la rendición de cuentas pueda tener un mayor impacto e influir más en la transición de esas sociedades.
Ahora estamos trabajando así en Colombia, Costa de Marfil y Túnez. Son procesos muy activos y todos están en estadios diferentes que responden a ese enfoque.
Túnez, por ejemplo, ha creado un Ministerio de Justicia Transicional, lo cual parece una manera excelente de promover esa perspectiva. Por otra parte, no está claro que dicho ministerio vaya a tener la misma concepción holística de la justicia transicional que nosotros.
Colombia es un gran desafío a este respecto. Hay una amplia gama de medidas de justicia transicional, que van desde la inclusión de las víctimas hasta las reparaciones, pasando por programas de restitución de tierras e investigaciones penales, tanto sobre paramilitares como sobre políticos y militares, entre otros sectores. El auténtico desafío radica en intentar ayudar al país a centrarse estratégicamente, a conseguir que se comprenda la interrelación entre todas esas medidas. En un país como Colombia, existe el riesgo de que esas cosas se hagan de forma compartimentada, atomizada, sin tener en cuenta la enorme interrelación que hay entre ellas.
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América Latina es precisamente una de las partes del mundo en la que la justicia tradicional está muy arraigada. Las comisiones de la verdad y los juicios celebrados después de las dictaduras de Perú, Chile, Argentina y otros países han determinado considerablemente este campo. Sin embargo, el legado de los abusos aún está presente y muchos de esos procesos siguen activos, sobre todo en países como Guatemala y Colombia. ¿Qué presencia tiene el ICTJ en Latinoamérica y qué perspectivas de éxito tienen en esa zona los mecanismos de justicia transicional ya activados?
Dentro de Latinoamérica, hay que mencionar tres países: Colombia, Guatemala y Brasil.
En Colombia, como ya he dicho, la complejidad casi da miedo. Los últimos dos Gobiernos han intentado desarrollar mecanismos que parecen estar abordando la rendición de cuentas, pero su aplicación ha estado enormemente viciada y en cierto sentido nació muerta.
Ahora están intentando comprender las relaciones entre los mecanismos desde una perspectiva estratégica, y nosotros les estamos ayudando. Tenemos que encontrar la manera de que la Ley de Justicia y Paz funcione, porque simplemente son demasiadas las personas que podrían ser investigadas y juzgadas en virtud de dicha ley.
“La ley de Justicia y Paz debe abordar sus investigaciones de forma completamente distinta. Lo cual, a su vez, puede influir en el tipo de verdad que surja de dicho proceso”
El proceso de la Ley de Justicia y Paz debe abordar sus investigaciones de forma completamente distinta. Lo cual, a su vez, puede influir en el tipo de verdad que surja de dicho proceso, y esa verdad puede afectar tanto a las prestaciones que obtengan los miembros de poca graduación de organizaciones paramilitares, como ala verdad que estos tengan que develar. Por supuesto, todo ello influye en las reparaciones y la restitución. De manera que la información emanada de los dos procesos anteriores influirá directamente en lo que las víctimas puedan demostrar sobre su derecho a la reparación y la restitución.
Hay un asunto del que prácticamente no se habla pero que está detrás de todo: la reforma institucional. Se ha disuelto el DAS, uno de los servicios de inteligencia. No es algo que se haga realmente en público, pero en todos los procesos hay cuestiones subyacentes que no se afrontan desde las instituciones. Hay que cambiar la forma de acceder a los cargos públicos y lo que se hace desde los mismos
En Guatemala, en cierto modo, el desafío es más sencillo. De hecho, estamos colaborando muy estrechamente con varias instancias judiciales, entre ellas la fiscalía y, de forma más general, la judicatura. A los jueces les hemos dado un curso de formación muy pormenorizado sobre el Estatuto de Roma y los crímenes internacionales, después de que el país firmara el Tratado de Roma. Y estamos dando cierta asistencia técnica a la fiscalía, ahora que prepara procesos por genocidio y crímenes de guerra contra antiguos cargos militares.
En Guatemala se da el caso de que hay un claro apoyo institucional de la fiscalía y de las autoridades judiciales, pero no tanto del conjunto del Gobierno. En este momento, son patentes las tensiones, las amenazas y los problemas que genera esa situación.
En Brasil estamos trabajando mucho en algo muy interesante: el desarrollo de la comisión de la verdad. Ya hemos proporcionado asistencia técnica especializada en relación con su mandato y planes iniciales. Es muy alentador que Brasil adopte ese mecanismo y que defienda el derecho de las víctimas a la verdad. Creemos que puede tener una influencia enorme, ya que Brasil puede hacer una gran aportación a la justicia transicional y constituir un modelo para otros países.
Lo que ha motivado los levantamientos populares registrados en Oriente Medio y el norte de África ha sido la exigencia de justicia, dignidad y verdad, es decir, los pilares en los que se asienta el concepto de justicia transicional, frente a los abusos cometidos por los dictadores. Como observamos en la actualidad, en cada uno de los países de la región la transición está siguiendo derroteros bastante diferentes, pero las medidas de justicia transicional siguen siendo prioritarias. ¿Cómo valoraría usted la situación en cada país y cómo describiría la participación del ICTJ?
En la Primavera Árabe nos hemos implicado mucho desde el principio, tratando de estar presentes sobre el terreno para comprender las distintas dinámicas. En la actualidad estamos trabajando o hemos trabajado en Túnez, Libia, Egipto, Yemen y Siria, si es que en este momento podemos incluir a Siria en ese proceso.
Evidentemente, cada país tiene rasgos y dinámicas propios. Creo que se observa una especie de ciclo: primero está la efusión de entusiasmo y de preocupación, que naturalmente va calando de distintas maneras. Después, dentro de una categorización muy amplia, se observa el inicio de dinámicas muy distintas.
En Libia nos parece que hay una acusada tendencia a exigir responsabilidades penales, a pesar de todos los problemas relativos a las garantías procesales y la capacidad del sistema judicial. Aunque en Libia hay perspectivas de conseguir cierta rendición de cuentas, es muy difícil valorar cómo se puede avanzar. Es un país que todavía no sabe cómo abordar algunos de esos asuntos y tampoco si desea asistencia externa a ese respecto.
Por su parte, en Túnez se observa un abordaje poco centrado en la la justicia penal, junto a una perspectiva mucho más clara y coherente de lo que es un proceso de reconciliación basado en otros tipos de restitución y de búsqueda de la verdad. En este momento, todo el mundo diría que Túnez es el terreno más fértil para la justicia transicional.
Yemen es un país del que se habla poco pero que tiene un interesante potencial en materia de justicia transicional. Al contrario que otros países, allí se ha producido una transición basada en un “pacto político”, no un proceso revolucionario. En general, la gente de Saleh sigue campando a sus anchas, pero las negociaciones no se han interrumpido.
Sin embargo, en cierto sentido, Yemen está desarrollando más mecanismos de justicia transicional que, por ejemplo, Egipto, que, a ese respecto, todavía está descubriéndose a sí mismo.
Estamos trabajando en todas esas situaciones y seguiremos haciéndolo el año próximo. Lo importante será averiguar qué clase de aportación y de apoyo podemos ofrecer a esas sociedades.
Cuando se habla de justicia transicional, muchos ven en África uno de sus orígenes, por la gran influencia que tuvo la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. Otros países del continente siguen esforzándose por conseguir que se rindan cuentas de las atrocidades pasadas o por solucionar una situación de violencia actual. El ICTJ está presente en países como la República Democrática del Congo, Kenia y Costa de Marfil. ¿Podría ofrecernos un resumen de las actividades de la organización en esos países? ¿Qué oportunidades ofrecen y cuáles son sus principales desafíos?
En la bibliografía sobre justicia transicional hay un libro interesante de Alex Boraine, que sitúa el origen de gran parte de las ideas utilizadas en Sudáfrica en las experiencias de Argentina y Chile, y, hasta cierto punto, de El Salvador.
Es un asunto bastante estéril, pero creo que deberíamos tener claro que la experiencia de la justicia transicional, en toda su amplitud, sí procede, en su forma moderna, de Latinoamérica. Es una experiencia que ha variado, se ha transformado y se ha mejorado gracias a otras experiencias, entre ellas la de Sudáfrica, pero creo que tenemos una deuda especial con los defensores de los derechos humanos latinoamericanos, y sería engañoso no dejar constancia de ello. Al mismo tiempo, sería insensato no reconocer que, en gran medida, probablemente lo ocurrido en la Alemania de posguerra haya servido de antecedente para todo lo que hoy consideramos justicia transicional.
Los problemas africanos representan las principales dificultades para el estudio que en la actualidad estamos realizando sobre el diferente papel que tiene la justicia transicional en contextos violentos y situaciones represivas. Todas las situaciones en las que estamos trabajando las define un conflicto violento, quizá con la excepción de Kenia. Ahora estamos trabajando en Sudán, Kenia, Uganda, Costa de Marfil y la RDC.
Costa de Marfil acaba de salir de una guerra civil, basada en tensiones étnicas y caracterizada por unos diez años de impasse. En la RDC hay un Estado que simplemente no puede controlar su territorio y la persistencia de la violencia en la región de los Kivus es alarmante.
Esos países presentan enormes retos, todos diferentes. En la actualidad, Costa de Marfil está demostrando cierta disposición a aceptar apoyo internacional para desarrollar mecanismos de rendición de cuentas. Ya ha desarrollado todo un abanico de mecanismos: comisiones nacionales de investigación, células de investigación nacional y una comisión de la verdad. También se han presentado acusaciones contra altos cargos del régimen anterior.
En Costa de Marfil el desafío radica en ayudar al país a sistematizar el proceso, para que no se lance a aprobar medidas que podrían percibirse como una “justicia de los vencedores”.
En la RDC nos enfrentamos al desafío permanente de decidir con quién es más eficaz la colaboración: ¿a escala nacional con el Gobierno o a escala más reducida, con funcionarios del ámbito local? ¿Cómo podemos fomentar las actividades de la sociedad civil para que su aportación sea útil?
Hemos puesto mucho empeño en la constitución de las Cámaras Especiales y en la aplicación del Estatuto de Roma. Pero creo que debemos centrarnos en cómo utilizar el sistema judicial castrense y determinar cómo crear mecanismos de búsqueda de la verdad, cuyas competencias se han visto socavadas o a los que no se ha prestado atención. A pesar de todo el tiempo transcurrido, en el Congo estamos librando una auténtica batalla para que avance la justicia transicional.
Las situaciones de Kenia y Uganda son ligeramente distintas. En Kenia se han producido menos violaciones de los derechos humanos que en los demás países, y tienen que ver con los actos de violencia registrados después de las elecciones de 2008 y 2009. La CPI tiene mucho peso; yo diría que todavía más que en Costa de Marfil y la RDC.
Estamos ayudando a la comisión de la verdad a dar sus últimos pasos. Pero en Kenia todavía queda mucho por hacer respecto a la aplicación de las recomendaciones de cualquier comisión de la verdad. Vamos a prestar mucha atención a ese asunto e intentaremos ver hasta qué punto hay deseos de conseguir rendición de cuentas en el ámbito local, ya que hasta ahora lo que se ha intentado es evitarla.
En Uganda seguimos centrándonos en cuestiones relacionadas con las reparaciones e investigando si es posible crear comisiones de la verdad. Al mismo tiempo, estamos trabajando con la sección de crímenes internacionales del Tribunal Supremo para intentar impulsar el proceso.
En Asia hemos terminado nuestras misiones en varios países, entre ellos Timor Este, las Islas Salomón, Indonesia y Afganistán. Todavía tenemos un papel muy activo en Nepal y Birmania. En este último país, después del optimismo que suscitaron al principio las perspectivas de rendición de cuentas, la situación se ha deteriorado y en la frontera con Bangladesh se han denunciado crímenes masivos contra las minorías étnicas. Por otra parte, en Nepal, un proceso que parecía prometedor ha llegado a un punto muerto.
Sí que hemos ido reduciendo nuestras actividades en Indonesia y Afganistán, y pondremos fin a las de Timor Este a final de año. Al observar nuestro plan estratégico y el trabajo que estábamos realizando, nos dimos cuenta de que, aunque aún queda un importante trabajo por hacer en Timor Este e Indonesia, no tiene por qué ser la clase de asistencia que proporciona el ICTJ. Llegamos a la conclusión de que lo que se necesita lo pueden hacer más eficazmente ONG locales, porque hay que concienciar a la población sobre lo que es la justicia transicional o centrarse en un estadio anterior a aquel en el que nuestra capacidad técnica puede resultar útil.
Esto no significa que no vayamos a ocuparnos de esos países o que ya no nos importe lo que ocurre en ellos, sino que en vista de que los recursos son limitados y del valor añadido que nosotros podemos aportar, seremos más útiles en otros lugares en los que realmente nuestro impacto puede ser mayor. Se trata de liberar recursos para responder con más flexibilidad y ofrecer iniciativas más coherentes en aquellos países en los que creemos que es posible abordar la justicia transicional de forma concertada y holística. En Nepal y Birmania sí que tenemos ese compromiso estratégico a largo plazo.
Creo que todo el mundo contempla expectante el posible desarrollo de la situación en Birmania. A juzgar por los cambios en la vieja guardia, hay indicios relativamente positivos de que la transición, por lo menos aparentemente, es irreversible.
Desde el punto de vista práctico, en Birmania se aprecian cambios interesantes respecto a posibles formas de abordar la justicia transicional. Lo más destacado son las medidas destinadas a cambiar las prácticas de reclutamiento, incluyendo el infantil, y también a que el país se fije en lo ocurrido y en por qué ocurrió.
Evidentemente, Birmania sería un caso enormemente importante para el campo de la justicia transicional, pero los contextos cultural e histórico nos exigen que seamos relativamente pacientes. A comienzos de este año enviamos una misión para evaluar con detalle sus necesidades, y creo que estamos bien situados para desarrollar un plan de compromiso prudente.
Nepal sigue siendo extremadamente complicado. Por ejemplo, cada vez que uno piensa que hay un avance legislativo, parece que se nos escapa de las manos a causa de turbulencias políticas. Pero mantenemos el entusiasmo porque estamos en una posición muy ventajosa para desarrollar nuestro trabajo. Tenemos un nuevo jefe de área que comenzará a trabajar en septiembre y seguiremos centrándonos, entre otros asuntos, en la recuperación de la verdad y en cuestiones de memoria.
Lo difícil en Nepal es que, en cierto modo, la estructura gubernamental ha desaparecido. Tendremos que adaptarnos a esa realidad y encontrar el modo de reorientar nuestras iniciativas ante las perspectivas de lo que puede ocurrir en los próximos 12 meses.
Si hablamos de nuestras áreas de trabajo temáticas, podemos decir que el ICTJ ha tenido éxito como paladín del principio de complementariedad del estatuto de la CPI. En el caso Lubanga, que promete ser un importante precedente, participamos en las primeras alegaciones relativas a reparaciones. Hemos dado grandes pasos para fomentar las iniciativas de verdad y memoria, empeñándonos en introducir la justicia transicional en el debate sobre los derechos de los indígenas. Al mismo tiempo, el ICTJ puede estar orgulloso de haber promovido formas de abordar la justicia transicional sensibles a las cuestiones de género y a los problemas de la infancia. En vista de este amplio abanico de tareas, ¿qué depara el futuro a los programas del ICTJ?
Ahora el ICTJ es uno de los principales defensores de la necesidad de celebrar juicios nacionales, algo que quizá no hacía hasta hace bien poco. Y ello se debe en parte a nuestro trabajo en materia de complementariedad, y en parte a una mayor capacidad de centrarnos en la asistencia técnica en determinados países.
“El ICTJ es de los organismos que más han influido en la comprensión teórica y práctica de la verdad y la memoria”
Sin embargo, hay que señalar que probablemente el ICTJ también haya sido de los organismos que más ha influido en la comprensión teórica y práctica de la verdad y la memoria. A este respecto, continuamos liderando la elaboración de modelos gracias a los cuales comisiones de la verdad locales, tanto oficiales como extraoficiales, pueden conseguir algún tipo de rendición de cuentas.
Estamos dedicando energías y esfuerzos enormes a proporcionar asistencia práctica a comisiones de todo el mundo condicionadas por sus mandatos. En Kenia, por ejemplo, a pesar de un contexto adverso, hemos realizado un gran esfuerzo para ayudar a la comisión.
Al abordar los mecanismos de verdad desde perspectivas temáticas, entre ellas cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas o los niños soldado, situamos la verdad y la memoria donde deben estar: en primera línea del discurso sobre justicia transicional, junto a la justicia penal, las reparaciones y la reforma institucional.
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Si hablamos de reparaciones, las actuaciones de la CPI en el caso Lubanga suponen un gran cambio. Pero en todo el mundo la puesta en marcha de reparaciones eficaces sigue encontrando ciertos obstáculos. En concreto, Colombia es un caso especialmente difícil por su magnitud, pero también por la cantidad de trámites que hay que superar. En Nepal, el desafío radica en determinar qué es realmente la asistencia, es decir, diferenciar entre pagos asistenciales inmediatos y pagos en concepto de reparación, y qué postura adopta el ICTJ a ese respecto.
Además de esas áreas temáticas, estamos observando que cada vez hay aportaciones más valiosas procedentes de enfoques transversales que abordan la justicia transicional desde el punto de vista del género o los problemas infantiles y juveniles. Por ejemplo, en Kenia, se ha trabajado mucho para conseguir que la TJRC (Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación) responda positivamente a las necesidades de los niños, y ahora dicha comisión es pionera por su utilización de testimonios infantiles y su atención preferente a la infancia.
Del mismo modo, y en líneas generales, sobre todo en los países de la Primavera Árabe, ha sido una gran aportación conseguir que se creen mecanismos de justicia transicional sin dejar de escuchar la voz de las mujeres durante todo el proceso.
Con vistas al futuro, creo que primero tenemos que hablar de riesgos. Por ejemplo, creo que la justicia transicional corre el riesgo de darse por descontada. Los países de la Primavera Árabe y otros países han demostrado claramente que se precisan mecanismos de justicia transicional para garantizar el respeto a los derechos humanos en épocas de grandes cambios sociales. Ahora tenemos una gran oportunidad de demostrar la relevancia de la justicia transicional. En Colombia, la justicia transicional está en un momento extremadamente delicado, porque lo que está en juego es el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.
El Informe sobre Desarrollo Mundial habla de los ciclos de transiciones que están teniendo lugar. Observamos que en muchos países se están presentando nuevas oportunidades. Guatemala es un ejemplo de la aparición de un nuevo ciclo, que ofrece otra oportunidad, limitada pero importante. Es limitada porque son pocos los que tienen interés en que se aproveche, pero importante por su impacto potencial en la rendición de cuentas.
En el ICTJ tenemos muy claro cómo y dónde queremos hacer las cosas. Y el compromiso holístico que adoptaremos en algunos países arrojará resultados increíbles en los próximos tres o cuatro años. El ICTJ puede demostrar que la justicia transicional se puede utilizar de forma sensata y sistemática para alcanzar resultados hasta ahora muy difíciles de conseguir.
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