Entrevista al relator para Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Desde 2006 Víctor Abramovich está a cargo de los informes anuales de la CIDH sobre Colombia. Recientemente estuvo en el país, donde se mostró preocupado por el escándalo de los falsos positivos.

Un abogado argentino tiene, desde hace tres años, la responsabilidad de observar desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Estado colombiano. Víctor Abramovich, quien recientemente estuvo en Colombia y ha construido como pocos una constante y cercana relación tanto con los agentes oficiales como con las organizaciones no gubernamentales, habló con El Espectador sobre su reciente visita a las cuencas del Urabá, el escándalo de los falsos positivos y el futuro de esta institución, una vez entre en vigencia, en 2009, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Varias veces se han pronunciado ustedes críticamente sobre la extradición de los 14 líderes paramilitares a Estados Unidos, ¿qué les preocupa?

Las extradiciones implicaron un cambio en la hoja de ruta que marcaba la Ley de Justicia y Paz e impuso restricciones en relación con los juzgamientos de estos crímenes. Nos parecía que era más importante juzgar los crímenes de lesa humanidad, lograr plena reparación a las víctimas, producir verdad y, logrado eso, proceder a la extradición.
El Gobierno afirma que se continuará con los casos desde Colombia…
No hay ningún acuerdo expreso de cooperación. Además, las decisiones en E.U. dependen de las autoridades judiciales, no de las autoridades políticas. Esto va a depender mucho de los fiscales y de los jueces.
Hay cierto escepticismo en sus posiciones frente al retiro de 27 miembros de la Fuerza Pública por los falsos positivos, ¿por qué?

Si lee nuestros informes anuales de 2006 y 2007, en ambos referimos la situación de los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales. Ahí decíamos que la repetición de hechos y la existencia de algunos elementos comunes impiden considerar a estos casos como aislados. Hay elementos comunes y hay ciertos patrones que obligan a revisar las prácticas de la Fuerza Pública. El Estado venía efectuando algunas revisiones de políticas que eran importantes, pero después de eso siguieron ocurriendo hechos, lo cual nos hace pensar que esos cambios no fueron suficientes, que hay aspectos quizás más profundos que tienen que ver con prácticas de la Fuerza Pública que deberían ser revisadas y mecanismos de control internos y externos que no están funcionando adecuadamente, aunque no sabemos cuáles.

¿No tienen hipótesis?

Hay tres grandes hipótesis, que no son nuestras, sino de los funcionarios: una sostiene que, aunque se cambien los incentivos, las bajas siguen siendo importantes. Otra tiene que ver con el sistema de recompensas, que puede ser un incentivo perverso. Hay quienes dicen que los militares no participan de este sistema, pero otros sostienen que pueden participar civiles que actúan como testaferros de estos militares. Una tercera hipótesis es la posible vinculación de cierto.