Entre la noche y la niebla, su memoria dignificada
En el día nacional de los derechos humanos, el 9 de septiembre, el capítulo Antioquia del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, Movice, convocó a centenares de familiares de víctimas de desaparición forzada a la audiencia Pública sobre la verdad de la desaparición forzada en ese departamento para rendir un homenaje ético y político en la memoria de los desaparecidos en Antioquia.
En medio de un auditorio conmovido con el dolor y la tristeza, con catarsis colectiva, con la esperanza en cada testimonio enunciado, el reclamo justo y la voz de los familiares se dignificó la vida, la historia de millares, de cada uno de los municipios, todos los de Antioquia, en que este flagelo se experimentó y experimenta con mayor énfasis en el Magdalena Medio, el Urabá antioqueño en los años ochenta, en el Oriente Antioqueno en las años noventa (sólo en el municipio de San Carlos el Movice registró mas de 150 casos) y a partir del 2000 en la ciudad de Medellín con mayor gravedad en la Comuna 13 (únicamente en el marco de la operación Orión llevada a cabo a finales del año 2002 en la comuna 13 por orden del presidente Álvaro Uribe Vélez, fueron denunciados 80 casos de desaparición forzada, cuya responsabilidad desde un inicio se señaló en cabeza de paramilitares que entraron a tomar el control bajo la coordinación y auspicio de integrantes de la Cuarta Brigada y la Policía Metropolitana).
Pero esa practica abominable no es del pasado, sólo en este año se han registrado más de 80 desapariciones forzadas en Antioquia, 21 de ellas en la ciudad de Medellín, según el MOVICE Antioquia.
La Corporación Jurídica Libertad, recuerda que la desaparición forzada ha sido una práctica sistemática que compromete la responsabilidad estatal y que en Colombia, coincidieron la puesta en marcha de manuales de operaciones militares (avaladas por los decretos 1537 del 1974 con el que se sofisticó la estrategia de Defensa y Seguridad Nacionales y el decreto 1923 de 1978, que amplió las facultades a la Fuerza Pública para el juzgamiento de civiles, y otorgó entre otros poderes judiciales a la policía) con cifras altas de desapariciones forzadas en los sitios donde dichos decretos fueron aplicados.
Se resalta la ineficacia de los resultados de la Ley de Justicia y Paz con 226 víctimas encontradas, de los cuales sólo 48 cuerpos fueron entregados a sus familiares, frente a la magnitud de más de 3000 desapariciones forzadas documentados por el MOVICE, capítulo Antioquia.
La experiencia de Doña Fabiola Lalinde, o como algunos la llaman por cariño y respeto: “nuestra mujer verrionda” ha abierto el camino para que muchos familiares, resistan, persistan y afirmen su derecho a saber la verdad, la justicia y la reparación integral a pesar de tanta impunidad.
Doña Fabiola afirmó por enésima vez, frente al actual decreto 1290 del 2008 sobre la reparación individual vía administrativa, desarrollado por la ley para la Justicia y para la Paz: Que un ser querido no tiene precio y que la oferta de 18 millones (U.S. 9000) en cuotas mensuales a lo largo de 10 años, es una ofensa para la familia. Agregó que sin Verdad no puede haber Justicia y que sin Justicia no puede haber Reparación Integral. En su experiencia testimonial recuerda también las amenazas, señalamientos, atentados y montajes, que están sufriendo los que insisten en la búsqueda o acompañan a los familiares en esa búsqueda.
Desde la Comisión de Justicia y Paz, se llamó la atención sobre el proyecto de ley 280 del 2008 para rendir homenaje a los desaparecidos y protección de fosas comunes, el cual cursa actualmente en el Congreso y contiene varias falencias, entre ellas en su parte de motivación desdibuja la responsabilidad del Estado, concibe a las víctimas como sujetos de solidaridad y no de derechos, así como la ausencia de la participación de las víctimas en su formulación, para que sus problemas reales en la búsqueda sean reflejados y abordados por el proyecto de ley.
En ese sentido se indicó la falta de voluntad política para aplicar disposiciones existentes como el Plan Nacional de Búsqueda, que prevé la participación de los familiares en todas las fases de la búsqueda de sus seres queridos, derecho vulnerado en la mayoría de los casos. El proyecto de ley tampoco menciona la problemática de las exhumaciones masivas, que sólo posibilitan la identificación de un mínimo de los restos (de los 1628 cuerpos encontrados por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, solo 238 cuerpos fueron plenamente identificados; cifras al 31 de agosto del 2008, http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/EXH/EXHUMACIONES.htm )el manejo inadecuado de los restos no identificados por las entidades estatales debido al incumplimiento en la cadena de custodia de esos casos y la impunidad casi total de los miles de crímenes de desaparición forzada en Colombia.
Un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, víctimas del delito de la desaparición forzada del departamento, dieron su testimonio de manera ejemplar: 17 historias documentadas cuidadosamente durante años de trabajo. En todos los casos la impunidad es reinante, la falta de respuesta estatal en la búsqueda una constante, y una política que oculta bajo cifras de fosas halladas su irresponsabilidad cualitativa. Se olvida que exhumar debe ser una construcción participativa, con apoyo integral, es un ejercicio de reconocimiento, de elaboración y no simples hoyos en la tierra. Se trata de historias personales, familiares y colectivas silenciadas o negadas y de su cuerpo social oculto.
Luego de los testimonios, los familiares hicieron entrega de la documentación de sus casos con peticiones concretas, en que se reflejan el lamentable estado de los mismos en la formalidad de la investigación estatal. Con la espera vana de los familiares que las entidades presentes como la Procuraduría, Defensoría, Personería y Fiscalía alguna vez asuman su responsabilidad en la comisión de este crimen de lesa humanidad, que debieron haber prevenido con una política eficaz institucional y con una sanción de las personas y estructuras criminales enquistadas en el Estado de terror, como los demostraron las organizaciones de Antioquia.
La Audiencia terminó con la lectura del documento final con 15 propuestas desde el Movice, capítulo Antioquia, entre ellas las exigencias del cese de toda práctica de desaparición forzada, la dignificación de las víctimas en vez de su estigmatización, las garantías para los familiares que emprendan la búsqueda de sus seres queridos, la plena identificación de los restos y la participación de expertos independientes, la investigación de la responsabilidad de altos mandos militares en esos crímenes, la confesión por parte de los paramilitares y otros victimarios de los sitios de enterramientos, incluyendo los ríos y el día nacional contra la desaparición forzada.
Adjunto Declaración final de la Audiencia Pública sobre la verdad de la Desaparición Forzada en el departamento de Antioquia
BOGOTA, D.C. OCTUBRE 1 DE 2008
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ