Entre el uso territorial ilegal y la guerra interna

En medio de la continuidad de operaciones militares dentro del territorio colectivo de Cacarica, integrantes de la guerrilla de la FARC ingresaron a las Zonas Humanitarias de Nueva Vida y Esperanza en Dios, en una actuación simultánea.


Las mujeres y hombres de CAVIDA que se encontraban en los lugares humanitarios les exigieron respeto a su espacio humanitario y en razón del riesgo que implicaba su presencia su salida del lugar. Los guerrilleros manifestaron que comprendían lo que significa su presencia allí pero debían cumplir órdenes de alto nivel, agregaron que querían presentar su saludo de año nuevo y la posición de la organización guerrillera frente a los territorios, el ambiente, la situación regional y la paz. Los guerrilleros, luego de permanecer en los lugares por espacio de diez minutos se retiraron, ofreciendo sus disculpas.

En los primeros días de enero de 2012 se conocieron versiones del desarrollo de operaciones de tráfico de drogas atravesando la posición estratégica del territorio colectivo de Cacarica con Panamá y el pacífico. Estas operaciones habrían ocurrido en los meses de noviembre y diciembre.

Se indicó que en una de esas ocasiones efectivos del batallón fluvial observaron y departieron con los operadores logísticos de los capos de las drogas en el punto conocido como Travesía o Puente América. Los operadores logísticos tienen dos funciones. Pagan a quiénes controlan militarmente los espacios territoriales y fluviales desde el Baudó hasta el bajo Atrato sean estos efectivos regulares militares y paramilitares y la guerrilla, y por otra parte, contratan a pobladores de la región para el transporte terrestre de kilos de cocaína hasta la frontera.

Existe igualmente la versión que indica que parte de la cocaína que está atravesando por el territorio de Cacarica proviene de laboratorios de Domingodó y de Santa Rosa del Limòn en límites de Curbaradó y Jiguamiandó
Entre tanto, las operaciones paramilitares de restricción y de control desde el casco urbano del municipio de Río Sucio hacia Cacarica continúan desarrollándose desde allí, en el caserío La Larga, Yarumal, en La Honda, eventualmente en Travesía. Allí los pobladores son interrogados, son a veces saqueados, extorsionados o amenazados.

De la misma manera los paramilitares continúan controlando el ingreso de bienes de supervivencia y de personas desde Turbo al Cacarica. En el punto conocido como Tumaradó y Sautatá sobre el Atrato los paramilitares continúan obligando a los pasajeros de embarcaciones a mostrar facturas, extorsionan y amenazan.
El día del conocido Paro Armado testigos afirman que los paramilitares se pasearon por el municipio de Río Sucio en medio de la presencia policial y militar sin que hubiera algún tipo de reacción represiva. Algunos indican que incluso la población observó como departían agentes policiales con paramilitares ese día.

En la región ha causado preocupación el conocimiento que los paramilitares tienen del exguerrillero conocido como “Samir” o “Repollo”. El armado que dejó la guerrilla de las FARC a la que pertenecía y se entregó a la fuerza pública en Unguía ha dicho a los paramilitares que las embarcaciones que ingresan alimentos para la guerrilla son las que van para el Cacarica. El exguerrillero, les habría indicado que los líderes de CAVIDA son guerrilleros. Falsa afirmación con la cuál el exguerrillero quiere cobrar venganza de la actitud de rechazo y de confrontación que los líderes tuvieron con este.

Las operaciones de restricción a la libre movilización por parte de paramilitares, la información que estos brindan amenazantemente sobre los pobladores, en particular del alias “Samir” quién se habría entregado a autoridades públicas luego de dejar su militancia en las FARC, con un grave indicador de las operaciones paramilitares como estrategia institucional. Se teme además que se esté preparando un nuevo montaje judicial contra los líderes de CAVIDA con base en falsos testimonios. Todo esto en un escenario donde el tráfico de drogas puede corromper y destruir el tejido de la población.

Bogotá, D.C. enero 22 de 2011

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz