En un golpe a la verdad y la justicia, el presidente de Colombia intenta matar un frágil acuerdo de paz
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P R O N U N C I A M I E N T O DE W O L A
En un golpe a la verdad y la justicia, el presidente de Colombia intenta matar un frágil acuerdo de paz
El 7 de marzo, el presidente Iván Duque Márquez objetó la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional establecido en los acuerdos históricos de paz del 2016 con el grupo guerrillero las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este golpe a los acuerdos niega los derechos del pueblo colombiano a saber la verdad sobre el conflicto, y hace que sea más probable que el ciclo de violencia continúe en el país. Duque está sacrificando los derechos de las víctimas para apaciguar los intereses de sus partidarios políticos mientras que se acercan las elecciones regionales en octubre.
La JEP fue creado para investigar los crímenes de guerra y responsabilizar a los perpetradores de ambos lados del conflicto por crímenes de derechos humanos cometidos durante 52 años de conflicto. Duque anunció que objetará seis puntos de la ley estatutaria; esencialmente, está proponiendo los siguientes reformas:
- Excluir de la jurisdicción del JEP los delitos sexuales.
- Exigir que los exintegrantes de las FARC compensen financieramente a las víctimas.
- Aclarar los procesos de extradición.
- Imponer sentencias más duros para crímenes de guerra.
- Permitir investigaciones simultáneas en la sistema judicial colombiano afuera del JEP.
- Limitar el estatuto de limitaciones para los delitos que el JEP puede investigar.
Duque y sus aliados mantienen que estas reformas permitirán una paz más “genuina”. Pero esto es falso—sus propuestas garantizan una debilitación de la capacidad de las instituciones colombianas para acabar con la violencia.
Las objeciones de presidente Duque a la JEP violan los fundamentos de los acuerdos de paz, que fueron establecidos como ley por más de dos años. Si se impone sentencias más duras dentro del JEP, es casi seguro que los perpetradores de delitos graves contra los derechos humanos perderán cualquier incentivo para participar en el proceso.
Al devolver el acuerdo al Congreso, el presidente Duque está desafiando tanto la legislatura como a la máxima autoridad constitucional del país, despreciando el Estado de derecho para apaciguar a su base política.
Quizás una de las consecuencias más serias de las objeciones de Duque será el impacto sobre los casos que ya han progresado durante el primer año de funcionamiento del JEP. Según el último informe del JEP, 9.687 excombatientes de las FARC y 1.938 miembros de las fuerzas armadas colombianas se han cometido a declarar ante el tribunal. Cambiar los fundamentos del JEP meterán estos casos en el incertidumbre.
En un reunión el 12 de marzo entre WOLA y una asociación de miembros de las fuerzas armadas colombianas quienes cometieron crímenes durante el conflicto, los militares afirmaron que las acciones de Duque van en contra de sus intereses. Afirmaron que desean ingresar al JEP para que puedan contar la verdad de qué ocurrió, para que nunca vuelva a suceder, y para ayudar sanar las heridas de las víctimas.
El año pasado, tanto el Congreso Nacional de Colombia como el Corte Constitucional afirmaron que la JEP es constitucional. Al devolver el acuerdo al Congreso, el presidente Duque está desafiando tanto la legislatura como a la máxima autoridad constitucional del país, despreciando el Estado de derecho para apaciguar a su base política.
Al castrar la JEP en vez que empoderarla, Duque está obedeciendo a los intereses de un sector elite colombiano, dejando los intereses de una Colombia rural, étnica, y vulnerable a un lado.
Duque y su coalición también están ignorando la manera en que la JEP ha sido una voz para las comunidades étnicas afectadas de manera desproporcionada por el conflicto. La JEP es el primer corte en la historia colombiana con una composición tan diversa de género, etnicidad y región; representa una nueva oportunidad para que las comunidades afrocolombianas e indígenas puedan acceder la justicia. Al castrar la JEP en vez que empoderarla, Duque está obedeciendo a los intereses de un sector elite colombiano, dejando los intereses de una Colombia rural, étnica, y vulnerable a un lado.
Organizaciones de víctimas y comunidades étnicas colombianas, grupos de sociedad civil, la ONU, y la Corte Penal Internacional ya han expresado su oposición frente a las objeciones del presidente. Unos 100 grupos y representantes de la sociedad civil han firmado una carta condenando este intento a socavar el acuerdo de paz.
Para WOLA, lo más preocupante fueron los comentarios del embajador estadounidense a Colombia, Kevin Whitaker, quien expresó apoyo para los objeciones de Duque y afirmó que tal acción fue precedido por un análisis “riguroso”. Tal declaración niega reconocer cualquier impacto sobre las víctimas del conflicto y sus derechos a la verdad y justicia—algo que hemos visto antes con la política estadounidense hacia Colombia, en que se prioriza la extradición de perpetradores de graves crímenes de derechos humanos por cargos de narcotráfico, a costo de la verdad y justicia.
“Las declaraciones del embajador estadounidense son decepcionantes porque envían una señal equivocada sobre la consolidación de paz en
Colombia,” fue la opinión expresada por la Gimena Sánchez-Garzoli, la Directora de los Andes en WOLA, durante un reunión con oficiales de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá el 12 de marzo.
Al manipular los acuerdos de paz para fines políticos, Duque arriesga volver encender el conflicto civil más prolongado del hemisferio.
Debido a que el Ejecutivo de los Estados Unidos no ha responsabilizado a Duque por violar los términos del acuerdo de paz, el Congreso de los de EE.UU. y la comunidad internacional deben tomar medidas rápidas para reforzar la posición de la JEP como un elemento clave para garantizar la justicia y una paz duradera en Colombia.
Como uno de los financieros más importantes de los acuerdos de paz en Colombia, el Congreso de EE.UU. debe aprobar resoluciones bipartidistas que afirman el compromiso estadounidense a cada provisión del acuerdo de paz. Además, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe solicitar una audiencia de emergencia con la Misión de Verificación en Colombia, para resaltar los intereses del comunidad internacional en la implementación plena de los acuerdos del 2016.
Al manipular los acuerdos de paz para fines políticos, Duque arriesga volver encender el conflicto civil más prolongado del hemisferio. Para garantizar que las víctimas del conflicto armado alcancen una medida de justicia, y para cumplir con el compromiso de los acuerdos con la no- repetición, el gobierno colombiano debe empoderar a la JEP para completar su mandato y construir una nueva base para la paz en Colombia.
Foto: Wola.org.
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