En polémica con CIDH, cartas pondrían en duda versión del Gobierno de por qué se levantó de la mesa
El enfrentamiento entre el Gobierno colombiano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nació el jueves luego que el Estado optará por levantarse de la mesa durante una audiencia en Washington en la que se tocó el tema de las “chuzadas” en el DAS, en el marco de las sesiones ordinarias de esta entidad.
De acuerdo con la vice ministra del Interior, Viviana Manrique Zuluaga, el gobierno solo fue informado a “última hora” -tres días
antes- de que habría esta audiencia solicitada por el Colectivo de Abogados José Alvear en la que se trataría el tema.
También cuestionó a la CIDH por no haber siquiera respondido a la petición que le hizo el estado cuando solicitó detalles del caso.
“Se está violando, a todas luces, el debido proceso del gobierno y el derecho del contradictor”, dijo la vice ministra en una rueda de prensa en Washington.
Insistió, además, en que Colombia no se levantó de la mesa por que se pensaba tratar el tema del DAS sino en protesta por una conducta de la CIDH que se viene repitiendo.
“Es la sexta vez que sucede” afirmó Manrique. Y negó, también, la versión de la CIDH según la cual si se les informó a su debido tiempo.
De acuerdo con Manrique el gobierno revisó en todas sus dependencias y “no existe” registro de tal comunicación.
La historia de la CIDH es totalmente diferente
Según documentos obtenidos por EL TIEMPO, hubo varios “cruces de cartas” entre el gobierno y el ente hemisférico para tratar este tema en particular.
En uno de los documentos, fechada el 9 de octubre de 2009, y firmada por Ángela Margarita Rey Anaya, Directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno reconoce que la CIDH tenía programada una audiencia sobre el tema este 5 de noviembre (ver anexo uno).
En esa carta el gobierno pedía no realizar la audiencia argumentando que la contra parte -el Colectivo- no había suministrado la información y por que su intención, al parecer, era entrar en alegatos de fondo.
La Comisión contestó a esa carta el pasado 22 de octubre, confirmando que la audiencia se realizaría en la fecha prevista y anexando la información pedida por el Estado.
En el documento (ver anexo) se puede observar que se trata de un fax, su hora de trasmisión y el teléfono al que fue enviado, que coincide con el de cancillería.
Esta carta fue recibida por el gobierno pues existe una réplica, por escrito, en la que el gobierno toma nota de la comunicación de la CIDH.
Según le explicó el embajador Luis Alfonso Hoyos a EL TIEMPO, lo enviado por la CIDH como respuesta de los peticionarios no era lo que Colombia estaba esperando.
“Este es un caso que existe desde el 2000 y desde 2007 les estamos pidiendo que envíen los argumentos de fondo. El colectivo de Abogados dice que los enviaron desde el 2008, pero la Comisión nada que nos los manda a nosotros. Y ahora convocan a una audiencia sobre el tema. Primero dicen que es de fondo y luego que los peticionarios solo querían hablar de las chuzadas del DAS. Pero eso no es serio”, dice Hoyos.
Si se trató de un traspapeleo, un malentendido, o si la respuesta de la CIDH no era la que esperaba el gobierno es algo que esta por verse.
Lo que si es claro es que el incidente es solo la “punta del iceberg” en una pelea que viene gestándose desde hace varios años entre el gobierno y la Comisión.
En círculos del Estado existe la impresión que la CIDH está “parcializada” y usa casos individuales para ventilar temas que no son de su competencia. Por ejemplo, como el de la “parapolítica”, que se discutió en la sesión pasada.
Y ahora están tratando de forzar a la Comisión a que regrese a su rol tradicional, que es, creen, estudiar casos cuando todos los recursos jurídicos se hayan agotado en el país.
Pero la Comisión sostiene que ese siempre ha sido su rol tradicional, y que tiene potestad para realizar audiencias de tipo “informativo” y conocer casos como el del DAS o la “parapolítica”, que están ligados a denuncias o casos puntuales.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL EL TIEMPO
WASHINGTON