¿En nombre de cuál moral?
¿Quiénes son los senadores enemigos de la libertad de las mujeres y abanderados del prohibicionismo, en este caso del aborto terapéutico, que en nombre de su moral claman por reducir a las madres en potencia a lo que ordenen los machos de su especie?
¿Quiénes son los líderes de la Comisión Primera del Senado que promueven el voto a favor de que las embarazadas violadas o las genéticamente deficientes paguen con cadena perpetua el crimen de decidir por sí mismas? Revisemos el pasado impoluto de algunos de ellos:
Manuel Enríquez Rosero. Entró al Senado, salió y volvió a entrar por una tutela que le concedió Ovidio Claros, reconocido politiquero del Consejo de la Judicatura. Investigación por pérdida de investidura por haber incidido en los nombramientos de su hermano, Efraín Enríquez Rosero, y de su cuota, Luis Eduardo Mejía, en el Instituto Nacional de Salud entre 2006 y 2009, como secretario general y director nacional de ese organismo. Según denuncias ciudadanas, el INS descendió, en la época uribista que le premiaron a Enríquez, del nivel científico al del clientelismo regional de Nariño. Tanto que pasó a ser denominado el “Instituto Nariñense de Salud”. La Procuraduría, a través de su delegado Gilberto Castro, lo defendió ante el Consejo de Estado. Pidió mantenerle la investidura, solicitud que coincidió con la decisión final del tribunal contencioso.
Juan Manuel Corzo. Investigación por el carrusel de las notarías: corrupción con prebendas oficiales (Notaría Segunda de Cúcuta) a cambio de votos en el gobierno Uribe para que el Congreso aprobara la reelección presidencial. Nexos con paramilitares: investigación archivada, pero reabierta en la Corte Suprema por confesión del paramilitar alias El Iguano, condenado por el asesinato de 170 personas, pero vinculado a 5.000 homicidios. El Iguano, que asegura haber hecho acuerdos con Corzo, utilizó “hornos crematorios” para no dejar huellas de sus víctimas. Denuncias: relaciones políticas con el narcotraficante extraditado Jensy Miranda. Alianzas con el PIN. Tráfico de influencias, entre otros en Corponor —llamado regionalmente ‘Corzonor’— y en la Procuraduría, donde tendría cuotas burocráticas.
Hernán Andrade. Investigación a su campaña electoral al Senado en 2006 por el hallazgo de dos pagarés a su nombre por $250 millones, como deuda suya al responsable del multimillonario desfalco a Cajanal. Carrusel de las notarías por su voto a favor de la reelección presidencial. Manejo irregular de bienes incautados al narcotráfico en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Investigado por el procurador Ordóñez por este mismo caso.
Hemel Hurtado y Juan Carlos Rizzetto. Miembros del PIN, partido del condenado Juan Carlos Martínez y del destituido Juan Carlos Abadía. Compañeros de bancada de El Gatico; del hijo del condenado Hugo Aguilar; de la hermana del condenado por la masacre de Macayepo, Álvaro García Romero, entre otros.
Se sabe que el gran padre del proyecto del prohibicionismo no es ningún parlamentario. Es Alejandro Ordóñez, juez de los congresistas, a los que puede destituir para toda la vida, como a Piedad Córdoba; salvarles la curul, como a Enríquez; darles cuotas, como a Corzo; abrirles investigación, como a Andrade, o mantener en vilo, como a Hurtado y Rizzetto. La buena suerte de su propósito, pues, está garantizada. Entre el poder de la Procuraduría y el de la Unidad Nacional del gobierno Santos, que voltea la cara para otro lado, no hay nada que hacer. Que aplasten a las mujeres. No hay remedio. Pero que no traten de convencer a nadie de que votan para honrar su inexistente moral.
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