En libertad aparente urge investigación disciplinaria

“desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay nada sano; heridas, golpes, llagas vivas que no han sido envueltas ni vendadas ni aliviadas con aceite” Isaías 1, 6


RESUMEN

En horas de la noche de ayer JOSE YESID RODRÍGUEZ fue dejado en libertad en una extraña condición, según la cual, no es posible que él salga del casco urbano del Carmen del Darién.

En el día de hoy hemos tenido conocimiento de modo indirecto que el señor LEOFANOR CUESTA fue trasladado al municipio de Río Sucio, luego de haber firmado un documento a las autoridades policiales en las que expresó que quería aclarar asuntos.

Al parecer los motores de la comunidad se encuentran en el municipio de Río Sucio. Las autoridades policiales insisten que hasta tanto el representante legal del Consejo Comunitario de Jiguamiandó no se presente, los motores no serían devueltos.

Ayer nuestra Comisión de Justicia y Paz interpuso un Habeas Hábeas, luego de constatar a través de nuestros misioneros que se privó de la libertad a los afrodescendientes por carecer de documentos de identidad y no poseer los documentos en regla de los motores.

LINEAS DE INTERPRETACIÓN

En tanto, los hechos por los cuales se privo de la libertad a los pobladores no se encuentra tipificada como delito alguno, existió una violación de derechos fundamentales. Los campesinos no se encontraban en flagrancia en actuaciones delictivas o contra la ley, se trasladaron al Casco Urbano del Carmen de Darién a registros de los Consejos Comunitarios. Contra ellos no existe ni se presentó orden de captura emanada de autoridad competente. La privación de libertad fue inconstitucional e ilegal.

Desde meses atrás se tienen indicios del desarrollo de una estrategia de desprestigio, de deslegitimación del proceso comunitario, de la presión psicológica en medio del bloqueo económico para que las integrantes de las comunidades afrodescendientes y mestizas acepten la siembra de la palma aceitera dentro de sus territorios.

Este es el inicio de montajes judiciales y la continuación de dinámicas políticas de desprestigio contra los integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó. Sus pobladores han sido acusados injustamente por militares y paramilitares de ser “guerrilleros”, “colaboradores de la guerrilla”, por que se han negado a aceptar la impunidad y la siembra de palma aceitera dentro de sus territorios o simplemente por el hecho evidente que dentro del Territorio Colectivo está la presencia guerrillera, como la del ejército y paramilitares.

Nunca nadie ha negado la presencia guerrillera de las FARC EP en la zona del Curvaradó y el Jiguamiandó, ni sus responsabilidades en daños irreparables a la vida y a la integridad personal. Esta seguirá sirviendo de excusa en la actuaciones directas del Estado o en las omisiones institucionales, las que se han negado a respaldar efectiva y prontamente la propuesta de Zonas Humanitarias.

Muy pocos han prestado una profunda atención a la crisis humanitaria por la que atraviesan las familias. Poca resonancia ha tenido el ejercicio de Verdad, de Justicia y de Reparación Integral de las Comunidades, su deslinderamiento de los actores armados en la afirmación integral de sus derechos a la Vida y al Territorio no ha sido apoyada por el Estado civil.

SOLICITUDES

Al Procurador General de la Nación, EDGARDO MAYA VILLAZON +57.1.342.9723, +57.1.281.7531 plinares@procuraduria.gov.co, el inició de unas investigaciones disciplinarias sobre los agentes de policía que se encuentran en Carmen del Darién. Investigación urgente, en debido proceso y dirigida desde la Oficina Nacional de la Procuraduría General de la Nación.

Bogotá, D.C junio 25 de 2004
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz