En la mira de las AGC, 12 líderes indígenas.
En el día de hoy se conoció la versión de la planeación de una operación de las AGC contra las comunidades indígenas en el Jiguamiandó o en los lugares donde algunos de sus líderes se movilizan o ejercen funciones de representación en ejercicio de sus derechos.
El martes 23 de abril a eso de las 10:00 a.m., un poblador indígena fue abordado en el puerto de Brisas de Curbaradó por dos hombres vestidos de civil con botas de caucho cuando este se dirigía a un restaurante.
Los hombres luego de confirmar que era un indígena del Jiguamiandó, y conocía a Aurencio Rubiano, empezaron a leer una lista de líderes que tenía uno de ellos en el celular. Los presumibles integrantes de las AGC, según pobladores del lugar, preguntaron por: Argemiro Bailarín, Aurencio Rubiano, Dilio Bailarín, Zaginimbi Bailarín (Alto Guayabal); Eladin Carupia Domicó y Didier Cuñapa (Ibudó); Omar Bailarin, Germán Pernia y Gabriel Jomi Duamza, (Nuevo Cañaveral); Armando Siniguí (Bioquera); Leonardo Bailarín y Joaquín Cuñapa Carupia, (Jaibia-Coredocito).
Luego, empezaron a preguntar por los lugares de ingreso y de salida de todos estos líderes, sus lugares de residencia, indicaron que sabían que algunos de ellos viven en Medellín y Quibdó, y que estos mismos contaban con medidas de protección de la UNP.
Cuando el poblador preguntó a qué entidad pertenecían o con qué propósito realizaban ese tipo de preguntas, indicaron que era solo por saber.
Cuando los hombres se distanciaron unos momentos, un poblador expresó al indígena que era mejor que no dijera nada, y se retirara del lugar porque los hombres eran los que mandaban en Belén de Bajirá, refiriéndose a las AGC.
De acuerdo con las expresiones de las AGC que están en Belén de Bajirá estos estarían preparando una nueva actuación contra las comunidades indígenas. Una de ellas contra los que habitan en el Resguardo de Nuevo Cañaveral en venganza por haber ejercido sus mecanismos de autoprotección cuando privaron de la libertad a cinco paramilitares de las AGC, sin que ninguna autoridad se hubiera acercado para judicializar a los armados. La otra operación se dirigiría hacia Alto Guayabal, Ibudó y Coredocito y sus entornos para lograr con nuevos refuerzos el control social evitando las denuncias públicas.
Aunque algunas comunidades tienen medidas cautelares otorgadas por la CIDH y por el Juez de Restitución de Tierras de Quibdó estás siguen siendo desconocidas de facto por el Estado que ha sido incapaz de asegurar los territorios para el uso y goce de sus legítimos y legales propietarios, que se enfrentan a intereses empresariales extractivos, agronegocios, entre ellos los de la cocaína.
Bogotá D.C., 8 de mayo de 2019
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz