En grave riesgo por confinamiento indígenas Wuonaan
El viernes 3 de abril pobladores de la comunidad indígena Wounaan de Pichimá Quebrada, Litoral del San Juan observaron un artefacto explosivo al parecer una mina antipersona a unos 300 metros del caserío.
Los indígenas que salían a buscar banano y cazar buscando alimento para sus familias temen que su entorno se encuentre aún con artefactos explosivos.
Los Wounaan indican que el sitio donde está instalado este artefacto coincide con el lugar donde se instaló la Infantería de Marina durante el mes de junio con posterioridad al desplazamiento forzado de la comunidad de Pichimá Quebrada.
La comunidad indígena de Pichimá Quebrada ha exigido a las autoridades de orden municipal, departamental y nacional el desminado completo de todo su territorio sin que haya existido respuesta alguna.
Días después de su retorno, el 4 de diciembre de 2019 mientras una mujer preparaba la cocción de alimentos en un fogón de leña sobre el piso explotó una artefacto que no fue recogidó en la verificación que realizó la infantería de marina. El hecho de ahora, constata el riesgo en que se encuentra la comunidad indígena y la condición de confinamiento en que se encuentran sin acceso a posibilidades de alimentación.
Como se recordara las comunidades se vieron obligadas a desplazarse forzosamente el 3 de junio de 2019 por combates entre la guerrilla del ELN y un grupo de las nuevas FARC.
Por ese desplazamiento, 417 personas, permanecieron 5 meses en Docordó, retornando sin garantías el 29 de noviembre de 2019, ante las condiciones paupérrimas durante el desplazamiento.
Ante la ausencia de respuesta eficaz del Estado ante su desplazamiento las familias regresaron hace cuatro meses a Pichima.
Las comunidades negras e indígenas de la región del Bajo San Juan y Calima sigue sin respuesta a su propuesta de Acuerdo Humanitario Global por COVID19 (https://www.change.org/p/presidencia-de-la-rep%C3%BAblica-colombia-respaldamos-a-comunidades-que-piden-acuerdo-humanitario-global-por-covid-19) sin acciones preventivas.
A pesar de existir un fallo de tutela favorable promulgado por el juez 29 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, que ordenó, entre otras cosas, adoptar medidas de protección y seguridad a la comunidad indígena de Pichimá Quebrada en nada el gobierno nacional ha dado respuesta.
Los ministerios accionadas han hecho caso omiso al cumplimiento de la decisión judicial colocando en grave peligro a la población originaria, declarada en riesgo de extinción.
Bogotá, D.C. 4 de abril de 2020.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.