En Cetino, Caño Manso, Caracolí amenazas de muerte
Ocupantes de mala fe, ¿desmovilizados? y paramilitares responsables.
Ausencia de garantía para una entrega material de la propiedad.
RESUMEN
En medio de los atentados de MIGUEL y WALBERTO HOYOS, quiénes se encuentran en recuperación en un Hospital de Apartadó, estos testigos en el proceso judicial que se sigue por el crimen de ORLANDO VALENCIA, se han convertido en la muestra de la inacción estatal y la actuación a favor de las empresas criminales. Las amenazas de muerte, las presiones, las intimidaciones proferidas por empresarios y estructuras de tipo paramilitar se han empezado a concretar, sin que se desarrollen actuaciones sistemáticas, más allá de la formalidad por parte del Estado contra esta estructura criminal. Amenazas e intimidaciones que han pasado hacerse realidad y que también han sido extendidas a los acompañantes nacionales e internacionales.
Pobladores de Caracolí en el Curvaradó y de Caños Manso, en junio y agosto de este año, regresaron a sus tierras, después de 10 y 11 años de desplazamiento forzado por operaciones paramilitares consentidas con la Brigada 17. Al regresar se han encontrado que sus han sido destruidos ambientalmente, sus bienes comunitarios convertidos en bodegas en donde se siembra palma, o la tierra convertida en grandes pastizales para la ganadería extensiva o se han constituido laboratorios de cocaína, y se han constituido grandes haciendas en las que habitan los ocupantes de mala fe, cuando no beneficiarios del paramilitarismo, ellos mismos paramilitares.
Ante la situación de hecho creada por el paramilitarismo, que pone en riesgo la supervivencia de pueblos afrocolombianos, y el derecho a la residencia, a la alimentación de estas comunidades y campesinos mestizos, se continúa evidenciando la desigualdad ante la ley entre los para empresarios y los campesinos.
La campesina LIRIA ROSA GARCIA, que regresó junto con sus familiares al caserío de Cacacolí, en el Curvaradó en junio pasado ha sido objeto de una serie de sucesivas órdenes de desalojo resueltas por el Inspector Policial CARLOS ELOY ELJACH, quién de acuerdo con testigos ha sido paramilitar, quien ahora extrañamente ejerce ese cargo, obrando en beneficio de ANTONIO ARGOTE, conocido como “El Guajiro” y también de las empresas palmeras en el caserío de Cetino. El caserío de Caracolí se convirtió en pocos años la biodiversidad a una extensa Hacienda Ganadera, por la cual se desplazó, se asesinó y hoy se amenaza. Causa curiosidad que la actuación contra derecho, sea apoyada por unidades policiales y que estos se presten a actuaciones de presión de tipo paramilitar
Situación similar padecen los habitantes de Caño Manso, 80 personas, de 80 familias quiénes después de 10 años de desplazamiento regresan a su tierra en agosto pasado. Su caserío ya no existe porque en el se montaron las Haciendas Villa Alejandra I y Villa Alejandra II, en donde SOR TERESA GOMEZ, perseguida por el crimen de YOLANDA IZQUIERDO, a través de la Asociación de Productores de Belén de Bajirá, posibilitó el repoblamiento de estructuras paramilitares. Asoprobeba aparece en la web site como una organización de desplazados que ha recibido beneficios de la solidaridad internacional. Hace unos días, allí los ocupantes de mala fe, entre ellos varios paramilitares de los que se desconoce si o no son desmovilizados, han intimidado, amenazado de muerte y han intentado quemar con los restos que quedan de los bienes comunitarios del caserío de Caño Manso como el templo de la iglesia Presbiteriana. A pocos metros de donde se movilizan estos ex o paramilitares se encuentran unidades militares.
Igualmente, en la Zona de Biodiversidad de Cetino, los trabajadores de las empresas palmeras, entre ellos algunos o desmovilizados o paramilitares, dejaron escritas amenazas de muerte en las que se lee: “FUERA GRINGOS DEL URABA”, “MUERTE A LOS GRINGOS”, en hechos ocurridos el pasado mes de agosto.
La referencia no es solamente a los internacionales si no a los que acompañan a las comunidades en sus legítimas y legales actuaciones. La familia RENTERIA, así como otras víctimas y testigos como MARIO CASTAÑO, han sido objeto de hostigamientos y amenazas sin que el Estado, haya tenido la voluntad de brindar las garantías de protección exigidas.
Por el contrario, la inversión de la lógica y de las proporciones es evidente. La fiscalía profiere y mantiene órdenes de captura contra líderes del Jiguamiandó y Curvaradó como WILLINTON CUESTA, ALEJANDRO MARTINEZ, LUIS FERIAS, ERAMOS SIERRA sustentado en la ausencia de la sana crítica u en el indebido proceso; entre tanto, los criminales, los responsables de los 113 crímenes, de 13 desplazamientos forzados, de la apropiación de tierras disfrutan de la libertad y de la riqueza acumula con corrupción, lavado de activos del tráfico de drogas y con sangre. Simultáneamente y en desacato de las medidas que contempla la Resolución 039 de la Defensoría del Pueblo, las actividades extractivas de las empresas palmeras se mantienen en medio de la tolerancia policía y militar, incluso cuando ellas incurren en daño en bien ajeno, como ha ocurrido recientemente con ENRIQUE PETRO.
Absurdos como el que funcionarios de Codechocó instancia ambiental de la región, actúe a favor de los empresarios palmeros acusando a la familia RENTERIA, que en su Zona de Biodiversidad está intentado restaurar y recupera la biodiversidad por el “delito” de “daño ambiental” al haber cortado palma.
Pero entre tanto, las “Aguilas Negras” la misma estructura criminal paramilitar del pasado, con un nuevo nombre está allí listo a asegurar las propiedades y las siembras mal habidas y la protección de la Extractora Bajirá, la que no ha sido aún intervenida, a pesar de los serios indicios de la vinculación de los accionistas con el tráfico de drogas.
Vínculos paginas WEB, información Zuñiga Caballero
1. http://www.fiscalia.gov.co/PAG/DIVULGA/noticias2005/lavado/lava300May19.htm
2. http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/jinetes/anexo1.html
3. http://www.policia.gov.co/inicio/portal/unidades/dijin.nsf/Paginas/boletin0372006
4. http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2006/marzo/28/03282006.htm
5. http://www.alifc.org/noticias/chile.html
SOLICITUDES
Dirigir sus comunicaciones a
• Estado de los procesos del conjunto de las investigaciones contra los líderes de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó acusados falsamente de ser responsable de Crímenes como asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento y sobre quiénes pesan órdenes de captura que le impiden su legítima defensa, el derecho a la libertad de expresión y de asociación.
• Estado de las actuaciones investigativas del proceso 3856 adelantado por la Unidad de Derechos Humanos respecto a la responsabilidad empresarial, paramilitar en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, apropiación ilegal de tierras, daños ambientales y aporte de nuevas pruebas
* Informar sobre las razones de las operaciones del DAS en Medellín, y si su actuación está dentro de los parámetros que esta agencia estatal puede adelantar
* Informar y entregar copia del Acta de la reunión sostenida por Acción Social e Incoder en Santa María con miembros de ASOPROBEBA el pasado 8 de junio, en la que se legitimó su ocupación de mala fe en el caserío de Caño Manso.
* Intervenir inmediata de la autoridad competente por abusos de autoridad, extralimitación de funciones por parte del Inspector de Policía de Belén de Bajirá
* Adoptar las medidas necesarias para garantizar la entrega material de las propiedades individuales y colectivas en el Curvaradó y Caño Manso.
* Reunión con el Ministro de Ambiente JUAN LOZANO para abordar el problema del grave desastre ambiental generado en la región y las propuestas comunitarias.
* Intervención inmediata sobre la Extractora Bajirá por el posible lavado de activos de acuerdo con los indicios existentes en la Fiscalía sobre algunos de sus accionistas y propietarios
ADJUNTO CONSTANCIA Y CENSURA ETICA 82
Bogotá, D.C 20 de septiembre de 2007
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ