En Amagá los mineros informales se movilizaron en defensa de su trabajo

“Nos podemos caer, nos podemos herir, nos podemos morir y aún así necesitamos nuestro trabajo”, fue una de las muchas consignas que mostraron en pancartas los cerca de 300 mineros informales de la cuenca del Sinifaná que el pasado martes participaron en una marcha por las calles de Amagá.

Fue una manifestación previa a la sesión especial que la Asamblea de Antioquia realizó en este municipio para escuchar las quejas y denuncias de la población, en especial las derivadas de la minería, que no son pocas ni se reducen al tema de la inseguridad en las minas.

La mayor demanda de los pequeños mineros es que el gobierno de solución a sus problemas y los apoye en el proceso de legalización y tecnificación de sus minas, y así evitar el temido cierre de las mismas, hecho que generaría un desempleo masivo en esta región carbonífera, hoy de luto por la tragedia del pasado 16 de junio en la mina San Fernando, en la que perecieron 73 trabajadores.

A propósito de esta tragedia, todavía no se han establecido las responsabilidades porque la comisión que nombró el gobierno para investigar sus causas aún no ha rendido su informe. Inicialmente se había hablado de un plazo de 15 días, pero ya ha pasado un mes y este informe no se conoce. Entre tanto, en la mina San Fernando continúa paralizada la producción mientras se termina el proceso de limpieza y adecuación técnica. Los trabajadores siguen recibiendo sus salarios y la empresa ha garantizado la plena indemnización a las familias de las víctimas.

En la marcha por las calles de Amagá, y posteriormente en la sesión de la Asamblea, participaron mineros y dirigentes de Amagá, Fredonia, Titiribí y Angelópolis. Fue organizada por Asomicsi, asociación que reúne cerca de cien pequeños mineros de toda la cuenca del Sinifaná, en asocio con las fuerzas vivas de la región que apoyan sus demandas.

Darío Serna, director de Asomicsi, señaló que la pequeña minería no es el problema sino la solución, ya que genera más de 5 mil empleos directos en toda la región, pero está sola, no tiene ayuda. Todo lo contrario: el Código Minero, reformado a principios de este año, establece un plazo de dos años para que las minas informales se legalicen y normalicen, sopena de ser cerradas.

De hecho el gobierno ya ha dispuesto el cierre de algunas minas y otras más están en proceso de serlo, situación que se puede agravar como reacción a la tragedia ocurrida hace exactamente un mes en San Fernando, y los pequeños mineros terminen pagando “los platos rotos”, señaló Serna, y agregó: “Aquí siempre las ayudas han sido para los grandes empresarios, pero al pequeño minero nunca se le ha acompañado. Se le ha prometido que lo van a legalizar, pero nunca lo hacen”.

El dirigente señaló como una prioridad que el gobierno regule el precio del carbón, así como se regula el precio de la energía eléctrica, o el gas. Pues es la única manera de aumentar los ingresos de los pequeños mineros, que se ven obligados a vender su carbón a bajo precio a comerciantes intermediarios, quienes después lo vendan al doble y hasta el triple en los mercados de Medellín y otras ciudades del país. “Con mejores ingresos los pequeños mineros podrían tecnificar y mejorar la seguridad en sus minas, garantizar las prestaciones y la seguridad social a sus trabajadores y pagar regalías al gobierno”, puntualizó. Y como idea planteó la posibilidad de que se establezca un seguro de vida colectivo para los pequeños mineros.

Reacciones en la sesión de la Asamblea

En la sesión de la Asamblea Departamental, que se realizó en el auditorio de la Normal de Amagá, la población tuvo la oportunidad de exponer sus denuncias y quejas en torno a la compleja problemática que vive el municipio. Todos los que intervinieron coincidieron en señalar que el cierre de las minas informales no es ninguna solución porque, dado el desempleo en la zona, por una que cierren abren dos. Además mencionaron como uno de los problemas graves el hundimiento de calles y casas por cuenta del ahuecamiento subterráneo que provoca la explotación minera, no sólo en el casco urbano sino también en la zona rural.

Uno de los que tomó la palabra fue el presidente de la CUT Antioquia, Carlos Julio Díaz, quien recordó que en Colombia diario mueren 3 personas por accidentes de trabajo, y es la minería la que pone la mayor parte, razón por la cual la OIT ha exigido políticas especiales para este sector. Agregó que el modelo de seguridad industrial en Colombia tiene muchas fallas. La primera es que las ARP, encargadas de dar asesoría técnica a las empresas mineras, no la están dando porque desconocen esta actividad. El Estado, que debe vigilarla a través de los ministerios de minas y protección social, no lo está haciendo adecuadamente. Y las empresas no tienen programas eficaces y coherentes con el riesgo de la actividad. Asimismo señaló hay que revisar el Código Minero en la parte de seguridad industrial, esto en vista de lo ocurrido en la mina San Fernando, donde, siendo la más tecnificada y ajustada a las normas de seguridad, no se pudo evitar la explosión que dejó 72 muertos.

Por su parte el diputado Jorge Gómez, una vez concluida la sesión de la Asamblea le dijo a la Agencia de Información de la ENS que salió muy conmovido por la cantidad de problemas que se concentran en Amagá, en su mayoría completamente desatendidos: de salud, educación, vías, infraestructura, acueducto y alcantarillado, producción minera, malos precios del carbón para los pequeños mineros, falta de apoyo estatal a su actividad, etc.

“Es un municipio de 32 mil habitantes ubicado a media hora de Medellín, que produce al mes unos $4.500 millones en carbón reportado, sin contar el que no se reporta, esa cantidad de dinero debería ser suficiente para que el nivel de vida de los amagaseños fuera digno. Pero resulta que no. Entonces, ¿dónde esta la plata? ¿Se queda en manos de los intermediarios? ¿Qué ha hecho el Estado para que al pequeño minero le llegue lo justo por lo que trabaja y produce corriendo los riesgos que corre?, fueron interrogantes que planteó el diputado Gómez. “Es clave que se fije una regulación del precio del carbón, se elimine la intermediación y se construya un gran centro de acopio con recursos estatales, para que los pequeños mineros puedan vender su carbón a precios internacionales”, puntualizó. Y sobre la marcha de los pequeños mineros dijo:

“A mí me pareció muy importante porque creo que la movilización y lucha son la única esperanza para resolver los problemas de la sociedad, y espero que los amagasitas, apoyados por la sociedad antioqueña y colombiana emprendan un proceso de movilización para exigir una debida solución a esta problemática”. Anunció que el 27 de julio, en el recinto de la Asamblea, le harán un debate al Secretario de Minas del Departamento.

Por su parte uno de los concejales de Amagá pidió mayor vigilancia en la mina San Fernando, donde según información de los mineros sigue el problema del excesivo calor y la falta de aireación interna, e igual sucede en otras minas. Otro edil dijo que es importante identificar las responsabilidades de la tragedia en esta mina, y que paguen el costo político. Un tercero advirtió sobre los riesgos que ofrece la mina de Industrial Hullera, cerrada desde hace 4 años y hoy inundada y con concentración de gases, lo cual puede ocasionar otra futura tragedia; y otro más pidió que, así como se hizo una ley para reinsertar a grupos armados, se haga una norma de reinserción a la legalidad de los mineros informales, porque si a éstos se les aplica con rigor la ley vigente, todos tendrían que retirarse de la actividad. Y no faltó la voz que se levantara para denunciar la indiferencia que existe hacia los mineros incapacitados y enfermos, que están aguantando hambre.