Empresario Antonio Nel Zúñiga Caballero condenado a 10 años

Por su responsabilidad y participación en las graves violaciones a derechos humanos y ambientales cometidos en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó, para la implementación de proyectos agroindustriales, principalmente de palma africana y ganadería extensiva.

Para el Tribunal, basta pensar en la cantidad de muertes selectivas de campesinos y líderes comunitarios, desapariciones forzadas, masacres de habitantes de la región, o en todos esos actos de violencia y barbarie que fueron ejecutados con el exclusivo propósito de generar terror y que a no dudarlo, fue la manera de conminarlos a vender o simplemente a abandonar sus predios.

Sostiene el Tribunal en su decisión que (…), la organización paramilitar en cabeza de VICENTE CASTAÑO, implementó una serie de acciones con el fin de obtener jurídicamente los predios para lograr que sus legítimos propietarios vendieran el dominio, las posesiones o mejoras, y de esta manera los fundos desalojados por los desplazados pasaran a engrosar el capital social de las empresas palmicultoras. (…)

Como se recordara con posterioridad de un pretendido proceso de legalización de las irregularidades y delitos contra la propiedad, las empresas palmeras lograron la financiación de entidades como FINAGRO, en ese momento, gerenciada con María Fernanda Zúñiga Chaux, familia del condenado gobernador del Cauca, Juan José Chaux, por vínculos con el paramilitarismo de Urabá

“el plan de legalización de estas tierras pretendía allanar el camino para la obtención de jugosos auxilios económicos brindados por el Estado colombiano para la financiación de este tipo de mono cultivos a través de entidades como FINAGRO”, sostiene la Sentencia.

Precisa igualmente, “así mismo de créditos de parte del sector bancario que exigían ciertos requisitos legales para su adjudicación que evidentemente no se cumplían sin la formalización de la obtención de los predios. Con dicho proyecto la estructura paramilitar pretendía sacar los mejores réditos económicos a los que los biocombustibles habían lograr a nivel internacional”.

Zúñiga Caballero el accionista mayoritario de las empresas URAPALMA y PALMURA, las pioneras en la región y quienes lideraron el proyecto de siembra de cultivos de palma, sostiene el Tribunal “se ubicó en la cúspide del brazo empresarial cuyo poder real era detentado tras las sombras por los grandes jefes paramilitares en la región”.

Las dos empresas pertenecían realmente al comandante paramilitar Vicente Castaño quien concertó con el reconocido empresario por el amplia experiencia que este tenía del negocio palmero bajo su responsabilidad en la costa Atlántica.

Según el despacho, para la planificación del plan a seguir en la implementación de los cultivos de palma se habrían desarrollado varias reuniones entre el jefe natural de las AUC VICENTE CASTAÑO y empresarios de palma, principalmente de la Costa Atlántica y Magdalena Medio en la finca “La 15” (…) El proyecto paramilitar habría recogido la propuesta de empresarios de palma de la Costa Caribe, la cual fue acogida a plenitud por VICENTE CASTAÑO.

Pese al abundante material probatorio sobre la responsabilidad penal de Antonio Zúñiga ha sido beneficiario de insólitas decisiones a su favor tanto por parte de la Fiscalía que instruyó el proceso, como de la judicatura.

En 2013, el Fiscal Héctor Cruz Carvajal precluyó la investigación a favor de Zúñiga, decisión fue apelada por la representación de las víctimas, siendo acusado en segunda instancia por la Fiscalía. En etapa de juicio, el entonces Juez Segundo Especializado de Medellín, Tomás Serrano falló a favor de Zúñiga al no hallarlo responsable de los delitos investigados. Ante la apelación de la parte civil la decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Medellín, que finalmente lo condenó.

Aunque aún es difícil afirmar que se cierra un entramado de impunidad para este empresario, Zúniga puede ser objeto del recurso extraordinario de casación, que, de ser interpuesto, sería conocido por la Corte Suprema de Justicia. Esperemos que su actuación sea en derecho.

El capítulo empresarial articulado al paramilitarismo aún se encuentra en pañales en el bajo Atrato, muchos grandes personajes, continúan pasando de agache, las ocupaciones de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó, sigue indicando que aún falta mucho por ahondar y actuar por parte del conjunto del aparato de justicia, que aún se encuentra en deuda con las victimas y la sociedad para que exista una garantía real de no repetición y resarcimiento a los derechos de los despojados.

Bogotá, D.C., junio 9 de 2017
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz