El tamaño de la institucionalidad
En días pasados poderosos ciudadanos respaldaron un aviso de $80 millones cuyo objeto no era otro que interferir la acción de la justicia.
Es un hecho que aquí la costumbre de las clases altas de insultar o desacatar a los jueces, cuando no deciden lo que sirve a sus intereses particulares, cundió a partir del mal ejemplo presidencial. Sin embargo, la página entera del domingo 11 de este mes en El Tiempo no pasó como otro intento de reducir la independencia judicial, dados el tamaño del título-orden: “¿Por qué el coronel (r) Plazas Vega aún no está libre?”, la foto del mencionado-prócer y el texto-arenga que iniciaba con la frase efectista “no hay colombiano medianamente informado que no se haga la misma pregunta (del título)”.
No sé si soy un raro espécimen pero me conmoví con el desafío a la autonomía de la toga. Y como mi obligación es estar “medianamente informada”, me puse a revisar el proceso que culminó con la condena del coronel a 30 años de prisión por la desaparición de unos rehenes del Palacio de Justicia en 1985. La sucesión de incidentes no puede ser más simbólica (recordé el inquietante mensaje en televisión de rechazo al fallo por parte del presidente Uribe, rodeado de la cúpula militar en traje de fatiga), pero reduciré mis observaciones a los argumentos del aviso.
Primera afirmación: “No hay otra prueba en el expediente (que) el supuesto testimonio de un cabo… llamado Édgar Villamizar…”. Resultado de la revisión: también figuran como pruebas: 1. La transcripción de una grabación que contiene declaraciones de miembros del B-2. 2. Comunicaciones por radio del coronel dando instrucciones sobre el traslado de los liberados al Cantón Norte. 3. La declaración de un civil que unidades militares mantuvieron preso sin orden judicial en la Escuela de Caballería.
Segunda afirmación: “(Villamizar) se presentó recientemente ante el procurador —ah coincidencia— para declarar que nunca había rendido tal testimonio…” . Resultado de la revisión: cuando él habló ante fiscal contra el coronel Plazas, hace 4 años, Villamizar reconoció y saludó de mano a un antiguo amigo suyo, funcionario de la Fiscalía. Éste da fe, en el expediente, de la correcta identidad del testigo.
Tercera afirmación: “el sargento Gustavo Velásquez y el coronel Ariel Valdez declararon que el cabo Villamizar se encontraba con ellos en el Pantano de Vargas, en Granada, Meta, —ah coincidencia— cuando se produjeron los hechos del Palacio”. Resultado de la revisión: 1. Las órdenes militares de la época ubican a Villamizar en Villavicencio y desaparecen —ah coincidencia— entre el 5 y 8 de noviembre, fechas de la toma y retoma. 2. Hay orden de compulsa de copias por falso testimonio contra Velásquez y Valdez.
Un país respetuoso de la democracia no admitiría propaganda similar. Esperaría sin presionar, ni a favor ni en contra, a que los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá decidan entre la jueza y la defensa del coronel cuál tiene la razón y acataría el fallo, cualquiera que sea. Jamás se le ocurriría a un comandante de las Fuerzas Militares decir que Plazas es un “héroe nacional” hasta que no se cerrara definitivamente el proceso. Y no lo apoyarían personajes con conflicto de interés como el exvicepresidente de la República Santos, imputado por la misma fiscal de Plazas, o la exfuncionaria de la Fiscalía María Fernanda Cabal, que intentó varias veces en ese entonces que le entregaran los documentos del proceso, sin tener competencia. Tampoco se hubieran arriesgado a contrariar el Estado de derecho exministros, exembajadores, parlamentarios, presidentes de gremios, académicos, historiadores, artistas y periodistas. El reducido tamaño de la institucionalidad colombiana quedó retratado allí. Después preguntamos por qué florecen las bandas que hacen justicia por propia mano.