El Sistema Nacional Ambiental quedó reducido a una utopía

Durante muchos años, nos preciamos de ser un país abanderado tanto en la legislación como en la institucionalidad ambiental. Fuimos considerados un ejemplo piloto para la gestión ambiental en el mundo. En su momento, nuestro Código de Recursos Naturales, la Constitución Política y la Ley 99 de 1993, que creó el Ministerio de Ambiente y organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), fueron considerados ejemplos a seguir en los procesos de cambio legislativo que se dieron en otros países.

Desde entonces y hasta hoy, en Colombia se han expedido diferentes normas y políticas que tienen que ver con el agua, la biodiversidad, los residuos, las licencias ambientales, etc. A pesar de esto, dichos esfuerzos no han sido suficientes para que en Colombia se proteja el ambiente y los recursos naturales y, mucho menos, que se garanticen los derechos ambientales. Veinte años después de su creación, el Sistema Nacional Ambiental quedó reducido a una utopía. Estas son las principales razones:

El gobierno Uribe debilitó el SINA

Durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, el tema ambiental perdió vigencia. El Ministerio pasó a denominarse Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, siendo desplazados los asuntos ambientales por los programas de vivienda que tomaron mayor preponderancia en la gestión de esta institución.

Con el paso del tiempo, esta situación ha terminado por generar el deficiente cumplimiento de las normas y el debilitamiento de las políticas ambientales, lo cual se ha manifestado en los hechos que recientemente se han presentado con la locomotora minera, el escándalo de la Drummond y lo acontecido en el Casanare.

Las instituciones ambientales ahora no son más que herramientas políticas

A lo anterior se suma el alto número de jefes que ha tenido la cartera (13 en 20 años). Lo cierto es que la designación de los Ministros ha respondido más a intereses políticos que a preocupaciones ambientales. La mayoría de ellos ellos han tenido un escaso o mínimo acercamiento o formación en estos temas, lo cual ha redundado en una débil gestión de sus despachos.

Las CAR se han constituido en fortines políticos. Muchas de ellas han sido cuestionadas por la Contraloría General de la República por problemas de corrupción y porque los directores las utilizan como trampolín para hacer política y posteriormente lanzarse al Congreso de la República.

La falta de trabajo conjunto y coordinado entre las diversas instituciones del SINA hace muy difícil el cumplimiento de la normatividad y de la política nacional ambiental. Ni el Ministerio de Ambiente ni las Corporaciones Autónomas Regionales han logrado detener de forma significativa los procesos de deterioro ambiental que enfrenta nuestro país.

Ecosistemas importantes como los páramos, bosques y humedales, entre otros, continúan en riesgo por las diversas actividades de desarrollo y por el uso insostenible de los recursos existentes. También existen grandes falencias en cuanto al ordenamiento ambiental y social del territorio que se requiere para establecer cuáles son las zonas de protección y dónde se pueden realizar actividades de extracción de recursos sin afectar el entorno ni los derechos de las colectividades.

Las licencias ambientales perdieron su fuerza

El proceso de licenciamiento ambiental evalúa los posibles impactos que los proyectos, obras o actividades puedan generar, y es uno de los principales instrumentos de planificación ambiental en Colombia.

Con el pasar de los años se han expedido nuevas normas que reglamentan las licencias ambientales. Estos cambios han mostrado una marcada tendencia a flexibilizar los procesos de licenciamiento y a disminuir las actividades que requieren este requisito para su desarrollo.

En lugar de consagrar la licencia ambiental para otras actividades con impactos ambientales significativos, han establecido la desaparición de algunas de ellas sin justificación alguna y sin garantizar el derecho a la información y a la participación.

Por ejemplo, la exploración sísmica, relacionada con el sector de hidrocarburos, no requiere de licencia ambiental salvo que sea necesaria la construcción de vías para el tránsito vehicular o que las actividades se realicen en las áreas marinas del territorio nacional en profundidades inferiores a 200 metros (artículo 7 del Decreto 2820 de 2010). A situaciones como estas debemos la discusión que actualmente se presenta con relación a la necesidad de regular las licencias ambientales para la actividad

No existe una participación real en los procesos administrativos ambientales

La Audiencia Pública Ambiental es un mecanismo para que la comunidad, las autoridades, las organizaciones y la autoridad ambiental, puedan conocer, informarse e intercambiar criterios sobre la conveniencia de una obra o actividad que se desarrolle o pretenda desarrollarse y que pueda causar impacto al ambiente o a los recursos naturales renovables.

Las audiencias deben generar espacios de participación reales y deben mantener un sistema institucional abierto que garantice la posibilidad de tener en cuenta -en las decisiones finales- lo que la comunidad piensa y decide sobre los proyectos.

Las audiencias pueden ser solicitadas o convocadas de oficio por la autoridad ambiental, sin embargo, según información suministrada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de derecho de petición, desde 1993 hasta el 9 de febrero del año 2013, y a pesar de que se han otorgado más de 2.300 licencias, sólo se han realizado 60 audiencias públicas ambientales que por sector se encuentran distribuidas así:

Los datos permiten concluir que la participación en materia de licencias ante la principal autoridad ambiental es escasa y que las audiencias públicas sólo se realizan a solicitud de parte.

Ha faltado iniciativa por parte de la autoridad ambiental para promover su realización de forma oficiosa, lo cual quiere decir, que de manera general, la participación se ha limitado a las reuniones de socialización que se convierten en un mero trámite para informar a las comunidades sobre el alcance del proyecto, sin promover y dar espacios de real y efectiva incidencia comunitaria.

Como resultado de la escasa información y de los pocos espacios de participación, se han generado protestas, marchas y demandas por las comunidades aledañas a los proyectos, las cuales claman por ser escuchadas y poder intervenir en aquellas decisiones ambientales que puedan afectarles.

Es necesaria una revisión seria, objetiva y crítica del SINA

Después de 40 años de la expedición del Código de Recursos Naturales y 20 de la Ley 99 de 1993, es necesario hacer revisión seria, objetiva y crítica de lo que ha sucedido con la gestión ambiental. Las problemáticas presentadas nos llaman a hacer cambios sustanciales para fortalecer las instituciones, los recursos, las políticas y la normativa.

El SINA hoy parece una utopía y, en consecuencia, debemos asumir grandes retos para superar dicha situación. Para ello hay que tener en cuenta la importancia que tiene el trabajo conjunto entre el Estado, la comunidad, las ONG, la academia y el sector privado, para avanzar en la protección y recuperación ambiental del país como un instrumento que adicionalmente contribuye a la paz de Colombia.

Este es el balance de Tío Conejo sobre el Sistema Nacional Ambiental

@Tio_conejo

@esp_ambiental
@lorenzomorales
@carogarcia1606
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