El siglo de los jueces
El siglo XXI es de los jueces”, dijo Augusto Ibáñez, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Algo de razón tiene.
Dos decisiones judiciales amenazan en convertirse en líos diplomáticos. Una corte de Inglaterra le ordenó al Ejecutivo la entrega de información confidencial obtenida en cooperación con Estados Unidos. Según los abogados defensores, ella probaría que su cliente fue torturado en Guantánamo. Hillary Clinton advirtió que el cumplimiento de este dictamen detendría la colaboración de Estados Unidos con la inteligencia británica. Un asustado gobierno inglés se apresuró a anunciar que apelaría contra el fallo.
El gobierno colombiano también habla duro. Era de esperarse -y entendible- que la Casa de Nariño rechazara la jurisdicción ecuatoriana para investigar a Juan Manuel Santos y al general Padilla. Pero no deja de sorprender la arrogancia de Gabriel Silva. Sin sonrojarse, señaló que “las teorías de las divisiones de poder no son convincentes”. Y añadió: “El Gobierno ecuatoriano debe tomar acciones concretas para dejar sin efecto la orden de prisión contra Padilla”.
No se puede descartar que el juez de Sucumbíos sea de bolsillo de Correa. Las órdenes de captura contra los cerebros de la ‘Operación Fénix’ bien pueden constituir un instrumento para mostrar a Colombia que, así la política imponga el restablecimiento de relaciones, su incursión en territorio ajeno le seguirá costando caro. Pero es igualmente posible que el proceso judicial esté por fuera del control de Carondelet.
A primera vista, el ataque al campamento de ‘Raúl Reyes’ respetó los principios del derecho internacional humanitario, un referente para este caso, así Colombia siga negando el conflicto. Existía un objetivo militar cuya destrucción constituía una necesidad y los colombianos desconocían la presencia de personas que los ecuatorianos caracterizaron de “civiles”. Lo que sí se dio fue una clara violación de integridad territorial y, en consecuencia, una demanda de Estado contra Estado resultaría más lógica.
Aun así, no es descabellado suponer que un funcionario judicial del vecino país asuma la responsabilidad de hacer claridad sobre hechos confusos. ¿Hubo o no remate a sangre fría de ‘Raúl Reyes’ y otros que hubiesen sobrevivido a las bombas? ¿Por qué tantas mentiras en relación con el cuerpo de ‘Reyes’? ¿Por qué no se permitió una autopsia independiente? ¿Cómo se hizo el levantamiento de cadáveres?
El impacto de los jueces en la política internacional aumentó debido a la adopción de leyes de jurisdicción universal, que permiten el enjuiciamiento de quien sea, por crímenes de guerra o de lesa humanidad, donde estos hayan tenido lugar. Basta con invocar a Baltasar Garzón. Acaba de ser reformada la ley que le permitió indagar sobre crímenes desde Chile y Argentina hasta el Tíbet, pasando por Guantánamo e Israel. De ahora en adelante, solo si un español está involucrado como víctima o como responsable procederá la investigación. España no estaba dispuesta a continuar asumiendo los costos diplomáticos de erigirse como policía global.
Bélgica limitó el alcance de su legislación cuando la Casa Blanca amenazó con dejar de enviar altos mandos militares a la sede de la Otan en Bruselas. Todo esto indica que las ramas ejecutivas y legislativas están a la búsqueda de fórmulas para detener a los jueces.
Para pesar del gobierno colombiano, no existe manera de trancar a la justicia ecuatoriana si esta se niega a ceder ante consideraciones políticas. De lo contrario, es bien sabido que los computadores de ‘Reyes’ preocupan a Correa. Es probable que esta disputa entre Colombia y Ecuador culmine en un pacto secreto de no agresión jurídica: el fin del proceso de Santos y Padilla a cambio de la no judicialización y hasta el ocultamiento de la información que incrimina al gobierno ecuatoriano. Cosas se han visto.
Laura Gil