El que no quiere, se muere o se va, el rostro del desarrollo en Buenaventura
En Buenaventura hay silencio, es el síntoma del terror. Pocos hablan y una de esas voces fugaces, de unas mujeres valientes y de sectores de iglesias, las dejaron ver. Gracias a ellas–os algo se puede saber. Esto sucedió hace unas pocas horas o días y semanas, los amenazados de este consejo comunitario se cuentan por decenas, pero nada se puede hacer, salvo, cobijarse en el mismo terror para sobrevivir.
Hace unos días en horas de la tarde, el comandante paramilitar de los Urabeños, conocido como “Jairo”, llegó al territorio del consejo comunitario de La Gloria, ubicado en la comuna 12 de Distrito de Buenaventura. Actuando sobre seguro les expresó a los pobladores que sus patrones dieron la orden de hacer callar a los habitantes que están expresando su inconformidad a la policía por la parcelación y ventas que están haciendo de las tierras. Eso a ellos no les gusta, refiriéndose a los patrones. Y fue más explícito: “quién no esté de acuerdo se le tortura, se le destierra o se le mata. “
Desde septiembre los “Urabeños” son la ley. En estas seis semanas han impuesto horarios para la movilidad de la gente, cobran vacunas a cada familia por vivienda, lote y por actividades económicas. Los pagos van desde diez mil hasta doscientos mil pesos. En reuniones ordenaron el pago de cuota quincenal entre tres mil a cinco mil semanal, según la vivienda sea de tabla o de material, para otras actividades del grupo criminal.
Los paramilitares parcelaron la tierra comunitaria colocando en venta la propiedad con el argumento que es la orden de sus superiores, y que predio no construido se vende. Los armados expresaron que si estaban en desacuerdo con la venta de los lotes debían desplazarse. En algunos casos ordenaron pagar 200 mil pesos de multa para mantener la propiedad para no perder el lote. Y en otros casos, ordenaron mantener los lotes rozados con el letrero de se vende.
El sector La Gloria de Buenaventura se convirtió en el lugar donde los paramilitares arrojan a sus víctimas de todo el municipio. Las autoridades rescatan eventualmente los cuerpos de las personas, lo que supone que cuentan con la autorización de los paramilitares.
Los miedos o las complicidades institucionales son evidentes. Más allá que en consejos de seguridad se identifique La Gloria como controlada militarmente por el paramilitarismo, allí han circulado agentes estatales de la inteligencia y la propia Infantería de Marina.
El presidente Santos conoció del control paramilitar en sus visitas al Distrito de Buenaventura. La salida más fácil de las autoridades locales para no enfrentar el problema es la estigmatización a los habitantes afrodescendientes del territorio colectivo. La Comuna se ha convertido en el basurero de los cuerpos sin vida de las víctimas del paramilitarismo en el casco urbano.
A pesar que nada pasa, que voces de la iglesia y algunos medios locales registran la situación nada pasa, la estrategia es mantener la buena imagen de Buenaventura como epicentro de la Alianza del Pacífico.
El mecanismo de integración comercial de México, de Chile, Perú y de Colombia con los países del pacífico opaca estas realidades, no importa con qué medios se dé seguridad al progreso y al desarrollo.
Sobre el territorio del Consejo Comunitario de La Gloria se proyectan obras de infraestructura vialy el aeropuerto. Todo es parte del acondicionamiento logístico que requiere el puerto de Buenaventura para los acuerdos comerciales y la Alianza del Pacífico, eso explica el control social y territorial que quieren establecer los paramilitares
Pero a estas obras se suma el proyecto de dragado del Delta del Río Dagua, que construirá un nuevo puerto en la zona de CampoHermoso y la construcción del muelle de Contenedores necesario para la ampliación portuaria y el almacenamiento de carbón.
Hasta ahora sobre ninguno de estos proyectos se les ha garantizado el derecho a la consulta previa, libre e informada. El único derecho es vivir si acepta las normas impuestas por los paramilitares.
Narra una testigo que en septiembre los paramilitares fueron abordados por agentes de la SIJIN, les requisaron y a pesar de las evidencias, les dejaron en libertad. Segundos después, los propios agentes se burlaron de los afrodescendientes y que no decir los propios paramilitares. Poca confianza hay ya en las autoridades ante tal actitud.
Cuándo la Infantería de Marina ha patrullado horas antes los paramilitares se desaparecen y ocultan, la gente asume, que esa coincidencia ocurre porque se ponen de acuerdo.
Las comunidades negras están a merced de los paramilitares nada pueden hacer ante la irresponsabilidad e ilegalidad de las fuerzas de seguridad del Estado. Los pocos líderes que dieron en el pasado a conocer la situación son hostigados y amenazados.
Los “Urabeños” actúan sobre seguro. No solo se ríen de la población cuando hay presencia de agentes estatales, también han instalado dos bases en el territorio colectivo en los puntos conocidos como La Piscina y La Rivera.
Las operaciones paramilitares de control territorial se iniciaron desde mediados de año, meses después que las comunidades tramitaran la titulación colectiva de la propiedad a comienzos de este año.
Aquí los hombres del comando paramilitar del Bloque Calima, que operó con el apoyo de la brigada 3, según expresó el mando paramilitar, Evert Velosa, asesinaron y desaparecieron a legítimos habitantes y propietarios de las tierras. Esta es la segunda oleada y pareciera ser la definitiva sobre los afrocolombianos de aquí.
A pesar que el INCODER conoce la situación, tampoco, nada pasa. Todos los habitantes tradicionales de La Gloria están sometidos a la ley paramilitar. Éste es el lamentable estado de la “prosperidad democrática”. Ventas de lotes de las comunidades negras por parte de los paramilitares, ni ley de víctimas ni posible restitución. Quizás, les queda el sometimiento, la muerte o el destierro.
¿A quién favorece el control social territorial y la continuidad del paramilitarismo? Parece que todo es claro a la llamada inversión privada. Inversión con un Estado incapaz de proteger los derechos de los ciudadanos. No quiere no puede ni le interesa actuar.
Bogotá, D.C. octubre 14 de 2013
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz