El procurador se las trae
El procurador Alejandro Ordóñez confundió su nominación y elección, basadas en corrupción, chantaje y favorecimientos, con un consenso a favor de sus políticas contra la salud pública, lesivas de los intereses fundamentales de hombres y mujeres.
La opinión publicada, dijo, era distinta a la opinión pública que lo había elegido. Pero no estoy seguro de que Colombia sea todavía muy católica o conservadora; más bien parece ser que la polarización creada por las Farc y el uribismo movilizaron a los sectores más creyentes, contando con el temor o la indiferencia de las mayorías que no simpatizan con ninguno.
Había 50 senadores impedidos para elegir a su juez natural, pero votaron 80 para negar el impedimento. Como si una votación hiciera aceptable una conducta contra la ética. Con la reelección en su bolsillo, el procurador aparece con nuevos bríos para limpiar a la administración pública de los enemigos de su ideología y de su fe, como el alcalde Gustavo Petro y el gobernador Sergio Fajardo. Ya no tiene que perseguir a los liberales que sucumbieron a su espada de fuego, y ni hablar de los verdes, excepto John Sudarsky. Quedan a salvo los gobernadores y alcaldes afines a los que le dieron el sí al procurador, aunque nunca se sabe. El gran disciplinador se apresta a acorralar a los funcionarios del sistema de salud que se atrevan a obedecer la Constitución y las leyes, impartiendo educación reproductiva o permitiendo el aborto en los casos permitidos por la Corte Constitucional.
La sociedad colombiana no necesita de un procurador con orientación religiosa dogmática porque es demasiado frecuente la violencia y el abuso de las mujeres. Se conoció recientemente de un padre que abusaba de su hija de 10 años, en donde se conjugaron acceso carnal de menor, complicidad de la madre y disimulación del embarazo que puso en grave riesgo la vida de la niña. Para los fundamentalistas, se reivindicó el principio de que la vida, fruto del incesto, predomina sobre la suerte de una infante que no sabrá distinguir entre su bebé y su muñeca y cuyas perspectivas de vida son ciertamente sombrías en materia de nutrición, educación y felicidad. ¿Quedará sin familia que vele por ella, cuando la que tenía la violentó descarnadamente? ¿Su bebé, seguramente con problemas serios de desnutrición y los que se derivan del incesto, será dado en adopción? ¿Ella misma será dada en adopción?
Está este otro caso: la policía informa que un hombre con sida tuvo acceso carnal a 50 mujeres (no dijeron de dónde sacaron ese número). ¿Cuántas de ellas quedaron embarazadas? ¿Impedirá el procurador que aborten? ¿Quién cubrirá los altísimos costos de los tratamientos?
Estas realidades de la sociedad colombiana descompuesta por la miseria, la violencia y la ignorancia son las que debe enfrentar la acción civilizadora del Estado: que las personas más inválidas e inermes sean defendidas y tengan salidas decorosas frente a tanta opresión. Dificultar la educación sexual, obstaculizar la planificación familiar y el acceso a medicamentos seguros, impedir que mujeres violadas y embarazadas puedan abortar, empeora una situación de por sí crítica.
¿Cómo pudo un médico como Roy Barreras votar por un procurador que le impide aplicar la ciencia y la ética hipocrática para proteger a las mujeres del sufrimiento? Sin embargo, el mismo Barreras dijo que propondría una prohibición constitucional a la reelección del procurador. Mejor muy tarde que nunca.
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