El procurador del uribismo
El uribismo en pleno, autodenominado (‘puro’) Centro Democrático, hasta ahora liderado por el expresidente pero cada vez más identificado con Alejandro Ordóñez, organiza una reunión de 1.200 personas ligadas a los intereses de los barones electorales de Antioquia; los oferentes y asistentes al “homenaje en honor” de quien hoy ocupa la desnaturalizada Procuraduría, son miembros formales del partido Conservador, a saber: Fabio Valencia Cossio, Juan Gómez Martínez, Jesús Vallejo Mejía, Luis Alfredo Ramos, Liliana Rendón, Gabriel Harry Hinestroza, entre otros; los encendidos discursos cabrían a la perfección en el lanzamiento de un candidato presidencial, y todavía se atreven a decir —como si el país entero fuera bobo— que el acto realizado en Medellín el lunes pasado no fue político.
Efraín Cepeda, presidente del mendigante sector oficialista del conservatismo, que vive de los puestos del gobierno de turno, se apresuró a aclarar —justo para no perder sus ‘cupos’ en el Ejecutivo— que “de ninguna manera (Ordóñez) busca lanzarse a la Presidencia de la República”, en cuanto surgieron las primeras críticas por semejante desafío público a la norma que impide que los funcionarios estatales aprovechen sus cargos para participar en política activa. Está probado que el procurador, igual o peor que Uribe, no respeta la institucionalidad y posa de luchar contra la corrupción —como Uribe— mientras incurre en ella: 1. entregándoles la entidad que dirige a los caciques que lo sostienen y 2. manipulando los fallos para favorecer a los suyos y eliminar a los contrarios. En efecto, en menos de 15 días Ordóñez irrespetó, olímpico, las sentencias de la Corte Suprema contra dos copartidarios suyos de la peor fama, y no obstante las pruebas que obran en los expedientes, los “absolvió”.
Ciro Ramírez Pinzón fue condenado a siete años y medio de prisión y a $3.400 millones de sanción pecuniaria por su relación con paramilitares. Entre otros documentos, la Corte tuvo en cuenta un expediente de 200 páginas remitido por la DEA en el que se establecen los enlaces del exsenador conservador con esas bandas y con un narcotraficante. Gómez Gallo recibió, por su parte, condena de la Sala Penal a nueve años de cárcel por sus vínculos con el “bloque Tolima” del paramilitarismo y por sus conexiones simultáneas con otro temible narco de su región. Sin embargo, el estricto procurador, que no le perdona ni una a personas de otros sectores, como por ejemplo, al exalcalde de la propia capital antioqueña Alonso Salazar, a quien sacó de la vida pública ¡vaya ironía! dizque por intervención en política, no encontró motivo suficiente para imponerles castigo disciplinario a ese par de joyas. Le valió un pito la incoherencia entre lo que predica y lo que hace. Y lo que saben los pueblos boyacense y tolimense sobre Ramírez y Gómez Gallo sin necesidad de que nadie se los certifique.
Un tanto más en reserva, Ordóñez le está sacando el cuerpo a otra sentencia de la Corte Constitucional que le quiebra su capacidad politiquera. Se trata de la orden de iniciar en menos de seis meses “los trámites para convocar los concursos necesarios para proveer todos los cargos de carrera…”. Esa orden indica, en concreto, que “en un término máximo de dos años a partir de (esta) notificación, la Procuraduría culmine dichos concursos y provea los respectivos puestos”. El impoluto Ordóñez interpuso un recurso desesperado denominado “incidente de impacto fiscal” para impedir que se le vayan de las manos los centenares de cargos que tiene a su arbitrio, con el fin de intentar alargar esa decisión de dos a cuatro años ¡Qué casualidad, mientras termina su segundo período! El presidente Santos conocía el engendro que estaba apoyando en el momento de su reelección. Con su pan se lo coma.
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