El Proceso de Paz de Colombia: Cómo asegurar un exitoso cese al fuego bilateral Una serie de WOLA
En medio de un contexto donde ambas partes del proceso de paz en Colombia se están preparando para hacer un anuncio importante el 23 de marzo, WOLA publicará una serie de artículos sobre cómo asegurar un cese bilateral exitoso. La serie estará acompaña por entrevistas en video con expertos y lideres que han estado jugando un papel importante en relación al proceso de paz.
El Proceso de Paz de Colombia: Cómo asegurar un exitoso cese al fuego bilateral
Una serie de WOLA
En medio de un contexto donde ambas partes del proceso de paz en Colombia se están preparando para hacer un anuncio importante el 23 de marzo, WOLA publicará una serie de artículos sobre cómo asegurar un cese bilateral exitoso. La serie estará acompaña por entrevistas en video con expertos y lideres que han estado jugando un papel importante en relación al proceso de paz.
El primer artículo de la serie analiza cómo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) empezarán su proceso de desarme, desmovilización y reintegración, y señala diferentes cuestiones que deben ser abordadas para asegurar un exitoso cese al fuego. Esta pieza también incluye videos con Adam Isacson de WOLA, quien acaba de regresar de un viaje de investigación por Colombia, y con Danilo Rueda, director de Justicia y Paz, una organización que ha trabajado a favor de la paz y que apoya a las víctimas de la violencia y de los desplazamientos causados por más de 50 años de conflicto armado.
“Zonas de Concentración”: la sorprendente clave para un cese al fuego bilateral en Colombia
Por Adam Isacson, coordinador en WOLA del programa sobre seguridad regional
Existe una buena posibilidad de que para el 23 de marzo el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC firmen un acuerdo bilateral estableciendo un cese al fuego y hostilidades. Esto no sólo significaría que ambos lados dejarán de atacarse, sino que las FARC dejará de cometer acciones que afectan a la población civil, tales como las extorsiones, minas terrestres, reclutamiento de menores de edad y narcotráfico. Miembros no armados de una misión de la ONU verificarán que cada lado no esté violando los términos del cese al fuego, o cuando una violación parezca inminente.
Una parte importante del acuerdo del cese al fuego será la concentración de fuerzas guerrilleras en zonas específicas del país. Las fuerzas armadas colombianas no podrán entrar a estas zonas, y por cierto tiempo se les permitirá a las guerrillas quedarse con sus armas, mientras comienza lo que puede ser un extenso proceso de “dejar las armas”.
Estas “zonas de concentración” se convertirán eventualmente en los sitios donde las guerrillas se desmovilicen y desarmen, después de la firma de un acuerdo final que, según estimamos, podría ocurrir a mediados de 2016.
El 9 de marzo, el Senado colombiano aprobó, en una ronda final de debate, su versión de una reforma a la Ley de Orden Público de Colombia, que legalizaría estas “zonas de concentración”. Sorprendentemente, el partido del antiguo Presidente (ahora Senador) Álvaro Uribe ha apoyado esta reforma. La legislación sugiere que estas zonas deben:
• Estar libres de cultivos ilícitos y minería ilegal
• El número debe ser “prudente y reducido” para poder facilitar su monitoreo y verificación
• No extenderse más allá de las fronteras internacionales
• Sede de los inventarios de suministro de las armas de las FARC
• Requerir identificación completa, incluyendo huellas digitales, de todos los que entren
• Eventualmente ser la sede en donde se destruyan las armas entregadas por las FARC
• Permitir el monitoreo internacional y la verificación del cese al fuego
La legislación ofrece cierta claridad sobre cómo serán estas zonas de concentración, a pesar de que todavía no es certero que las guerrillas acepten todas estas condiciones. En caso de que éstas llegaran a aceptar, todavía quedaría mucho por determinar, por ejemplo, la legislación no clarifica cómo estas zonas serán armonizadas con los derechos territoriales colectivos de las comunidades afrocolombianas e indígenas que viven en las zonas en dónde éstas serían establecidas.
¿Cuántas zonas serán creadas? ¿Dónde podrían estar ubicadas?
La transferencia de los miembros de las FARC a estas zonas conlleva un gran riesgo de provocar un incremento en la violencia en el post-conflicto. Esta etapa inicial de transferencia será muy difícil, y mucho dependerá del número y ubicación de las zonas, lo cual está siendo discutidoactualmente por los negociadores.
Según entrevistas de WOLA con individuos cercanos al proceso, la posición de negociación inicial de las FARC pedía por lo menos 60 zonas abarcando una parte significativa del territorio nacional colombiano, mientras que la oferta inicial del gobierno fue de quizás 10 zonas, cada una del tamaño de una finca grande.
El verdadero número y la extensión terrenal posiblemente quedará en algún sitio intermedio: quizás un número de zonas mucho menor al que las FARC quería, pero más grandes de lo que el gobierno quisiera. Un número menor de zonas facilitaría la verificación del cese al fuego. Sin embargo, un número muy pequeño correría el riesgo de remover a las FARC demasiado rápido de las áreas en las que el grupo ha dominado por mucho tiempo. Esto podría dejar un vacío de seguridad en esas zonas, el cual el gobierno puede ser incapaz de llenar suficientemente rápido para prevenir una competencia violenta entre grupos criminales armados—sucesores paramilitares, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), crimen organizado—por el control de corredores de tráfico de drogas, minería sin licencia de metales preciosos y otros formas de ingresos ilícitos. WOLA no sabe si el gobierno colombiano tiene un plan multi-agencia y bien financiado para ocupar estas zonas de “vacío” en meses, previniendo así una refriega entre grupos criminales.
La violencia post-acuerdo podría también estallar si otros grupos violentos se encuentran presentes en las zonas de concentración de las FARC. El ELN, las bandas criminales y traficantes difícilmente se van a retirar de pueblos o sitios que consideran estratégicos para sus ingresos ilícitos sólo por un acuerdo de paz firmado en La Habana. Muchas de estas demandadas áreas se encuentran en las costas y fronteras colombianas, o cerca de ríos altamente usados para el narcotráfico. Debido a la posibilidad de una competencia violenta, y la posibilidad de que algunos miembros de las FARC usen estas zonas para seguir participando en el tráfico ilícito, el gobierno ha resistido la solicitud de las FARC de que algunas de estas zonas se encuentren cerca de costas o fronteras.
¿Cómo se garantizará la seguridad?
El ejército colombiano, el cual peleó con los guerrilleros por 52 años, estará encargado de resguardar los perímetros de estas zonas. Más allá de la voluntad y capacidad de los comandantes militares (la cual va a variar), las fronteras de estas zonas serán inevitablemente porosas, como lo son las fronteras internacionales de Colombia. No queda claro cuáles opciones existen para proteger a las guerrillas desmovilizadas de la infiltración de personas a estas zonas determinadas en usar como blanco a los líderes, o simplemente interesadas en causar caos, especialmente cuando el proceso de “bajar las armas” de las FARC llegue a tal punto que la capacidad disuasiva del grupo haya sido disminuida.
Un incidente violento podría descarrilar el proceso de recuperación post-conflicto, quizás permanentemente. Planes para prevenir esto están siendo negociados actualmente por una “subcomisión” de la guerrilla y negociadores militares colombianos en La Habana. Los detalles generales de dichos planes no son conocidos, pero la experiencia de la Unión Patriótica—un partido no armado establecido por las FARC durante el proceso de paz en los años 1980 y que vio a miles de sus miembros ser asesinados—deja claro que implementar estos planes requerirá de un nivel de recursos, personal, voluntad política y creatividad nunca antes vistos.
¿Qué pasará con las comunidades que residen actualmente en las zonas?
Las zonas de concentración probablemente no estarán vacías, proveerles de servicios sería muy difícil sin centros de población o infraestructura en los alrededores. De hecho, la mayoría probablemente incluirán comunidades existentes.
En algunas regiones de Colombia, especialmente en su problemática costa Pacífica, las zonas de concentración se superpondrán con territorios que, según la ley colombiana, están reservados para comunidades afrocolombianas e indígenas. Es muy probable que miembros de las FARC se concentren en consejos comunales afrocolombianos y resguardos indígenas. A finales de febrero, el Senado colombiano rechazó una enmienda a la Ley de Orden Público que hubiera prohibido zonas de concentración en esas tierras.
Increíblemente, estas comunidades no han sido consultadas sobre estas decisiones. “Nadie nos dice nada”, dijo Luis Alberto Yace de ONIC, una organización que aglutina una red de grupos indígenas colombianos, al periódico El Espectador. “Nadie nos dice nada. Lo que sí se nos notifica es que en nuestros territorios se ubicarán los sitios de concentración de la guerrilla […] No es que no estemos de acuerdo con que se hagan esas zonas, pero que por lo menos se nos tenga en cuenta”.
Una coalición de autoridades étnico-territoriales de consejos comunitarios y grupos nacionales e regionales afro-colombianos, CONPA, ha pedido una audiencia con los negociantes de paz de La Habana de ambos lados para discutir este tema. Sus peticiones han sido rechazadas hasta ahora; el gobierno aparentemente piensa que el proceso de consulta previa retrasaría los esfuerzos post-conflicto.
Otra preocupación es la seguridad de las comunidades en estas zonas. Los miembros de estas comunidades estarían expuestos a vivir sin la protección de las fuerzas de seguridad y simultáneamente vivirán junto a miembros de las FARC, quienes estarían armados hasta su futura desmovilización. Cualquier acción que ponga en peligro su seguridad sería una violación al cese al fuego sujeta a la verificación de la misión de la ONU. Aun así, estas comunidades podrían enfrentar formas menos severas de coerción, como presión para unirse a organizaciones sociales promovidad por las FARC, como un intento de trate de solidificar su base política entre estas comunidades.
¿Por cuánto tiempo existirán estas zonas?
La duración de estas zonas también queda por definir. WOLA ha recibido diferentes versiones sobre cuánto tiempo pasará antes de que las fuerzas de seguridad del gobierno puedan re-entrar en estas zonas, que van de tres meses a un año. Sin embargo, la experiencia de Irlanda del Norte deja claro que el proceso de “dejar las armas” es lento. Puede tomar años para que los verificadores internacionales confirmen que las armas no estén en uso, y las FARC se referirán (no sin cierta razón) a este riesgo de seguridad para justificar una entrega lenta de las armas. Si esto sucede, se corre el riesgo real de que estas zonas se conviertan en “tierras FARC” de manera semi-permanente, con guerrillas dominando la vida política y quizás económica incluso después de su desarme.
Evitar ese resultado requerirá de verificación al cese al fuego internacional independiente, creíble y bien financiada. También requerirá de que el gobierno colombiano establezca una presencia funcional en estos territorios históricamente no gobernados, proporcionando seguridad y otros servicios básicos.
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