El primer año de la JEP: turbulencias y grandes expectativas
por: Camilo E. Umaña*
Un comienzo difícil
El Acuerdo de paz con las FARC nació debilitado. La victoria del “no” en el plebiscito de 2016 y los muchos ataques políticos que ha recibido el Sistema Integral desde entonces han sido obstáculos notables para la conformación de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
En la implementación del acuerdo, las reformas en materia de tierras, drogas, participación política y reintegración de los excombatientes pasaron a un segundo plano en el Congreso. La gasolina política (muchos dirían “la mermelada”) se dedicó a empujar los mecanismos de la nueva justicia, incluso por encima de los demás componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIJRNR) que surgio del Acuerdo.
En su comienzo el SIJRNR estuvo en vilo por las varias reformas jurídicas que requería para ponerse en marcha frente, frente a las cuales el ya agonizante gobierno de Santos podía ofrecerle poco impulso político. Los tiempos apremiaban y el Congreso recurrió al fast track para aprobar los cambios en normativos necesarios.
El ritmo se impuso y la calidad legislativa no fue una preocupación precisamente principal de parte de ponentes y opositores. En los corrillos del Congreso muchas veces se oyó “aquí legislemos, luego la Corte ajuste lo que haga falta”.
La ausencia de normas de procedimiento y la incertidumbre por las decisiones de la Corte Constitucional por un gran tramo de su primer año hicieron de la conformación de la JEP un proceso zigzagueante que afectó su certeza, y menguó la probabilidad de crear un impacto contundente frente a la opinión pública.
Mientras tanto, muchos procesos judiciales sobre el conflicto armado se paralizaron.
Audiencias, especulaciones, información esporádica y filtraciones a los medios de comunicación caracterizaron un largo proceso de deliberación dentro de la Corte. Al final del camino, en sentencias kilométricas e incomprensibles para el público en general, la Corte dio luz verde al marco jurídico, incluyendo la Ley Estatutaria de la JEP.
La elección presidencial de 2018 implicó un nuevo revés para el proceso de reglamentación de la JEP. El Centro Democrático revivió algunas de sus objeciones al Sistema y propuso o introdujo reformas que alteran su desarrollo. Entre los más nombrados estuvieron la propuesta de límites al acceso a documentos reservados del Estado para el Sistema Integra, y el procesamiento de miembros de la fuerza pública en la JEP. La Comisión de la Verdad, y en especial, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos fueron relegadas en la discusión pública y bajo el gobierno Duque sus presupuestos fueron sometidos a recortes severos.
Algunas de las medidas adoptadas por el Congreso y aprobadas por la Corte afectan seriamente el diseño original de la jurisdicción. Tal vez la más notoria se refiere a la comparecencia de terceros y de agentes civiles del Estado, que en virtud de la Ley 1922 de 2018 será de carácter voluntario.
La consecuencia inevitable de las complejas circunstancias anteriores fue obstruir la posibilidad de obtener resultados contundentes que se esperaban de la justicia especial en este primer año de funcionamiento.
¿Qué se ha hecho?
La JEP no ha naufragado en medio de las turbulencias. En su primer año logró organizarse administrativamente, abrir su sede principal y operar (aun incipientemente) en diversas regiones, contar con la totalidad de sus magistrados en propiedad, tener en funcionamiento todos sus despachos y constituir cinco casos prioritarios:
- Retención ilegal de personas por parte de las FARC- EP (Caso 001);
- Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado (Caso 003);
- Tres casos territoriales sobre hechos victimizantes que tuvieron lugar en el suroccidente de Nariño (Caso 002), en el Urabá antioqueño y chocoano (Caso 004) y en el norte del Cauca (Caso 005).
Por el momento se estima que las víctimas de los cinco casos activos en la Sala de Reconocimiento ascienden a 32.200 personas, de las cuales 105 ya han participado en audiencias. Hasta enero de 2019:
- 11.675 personas han suscrito actas de compromiso,
- El 83 por ciento de las personas sometidas a la Jurisdicción fueron miembros de las FARC (9.687 individuos),
- 16 por ciento fueron miembros de la Fuerza Pública (1.938 personas),
- 0,3 por ciento fueron agentes civiles del Estado (tan solo 38 personas), y
- 0,1 por ciento fueron personas vinculadas con procesos relativos al ejercicio de la protesta social.
Estos resultados son la muestra de un trabajo serio. Pero podrían haber sido mejores.
- La “guerra fría” entre la JEP y el gobierno Duque, y su enfrentamiento abierto con el fiscal Martínez han desviado su labor en muchos momentos, la han hecho perder tiempo y la han hecho perder tiempo valioso pues ha tenido que desenfocar su labor en muchos momentos.
- La JEP también ha presentado serios conflictos internos, como el enfrentamiento bochornoso entre la Secretaría Ejecutiva y la Presidencia. Asimismo, ha tenido que cargar con la dificultad de crear de ceros una entidad de tal tamaño y con un marco jurídico altamente complejo.
- La JEP también ha tenido que cargar con la presión mediática, con las ansiedades de los comparecientes y con las expectativas de las víctimas.
La adopción de formas jurídicas pesadas y de tecnicismos abigarrados hace muy difícil avanzar en procesos que tienen cientos de víctimas y decenas de comparecientes. Por eso la JEP debe imprimir agilidad y creatividad a su forma de administrar justicia. Las audiencias grandilocuentes (hasta diciembre de 2018 se habían celebrado 13), la pompa procesal y la falta de claridad en el sistema de atención de las víctimas deben ser corregidos prontamente.
Si la mayoría de los comparecientes se resisten a reconocer su responsabilidad (como ha venido ocurriendo), será inmensa la demora de la JEP para impartir justicia. Esto se ve agravado por la gran cantidad de información que ha recibido la Jurisdicción: 168 informes sobre miles de violaciones de derechos le han sido presentados hasta este momento.
En palabras sencillas, según quedó previsto en el Acuerdo, no todos los casos van a ser procesados porque se argumentó que es imposible procesarlo todo. Sin embargo, ¿qué va a ocurrir realmente cuando los casos comiencen a ser relegados por no ser prioritarios? ¿Qué va a pasar con las víctimas?
Durante la negociación de paz siempre se dijo que las víctimas estarían en el centro del Acuerdo. Esta retórica, recurrente en la negociación, esta a prueba en los procesos ante la JEP. Presiones, amenazas y hasta atentados de muerte son una realidad que han sufrido algunas de las 105 víctimas que han participado en las audiencias judiciales.
Las expectativas
La JEP fue creada con los propósitos de ofrecer verdad y justicia a través de los procesos judiciales. El objetivo de la jurisdicción es poder acercar a los responsablies al reconocimiento, garantizar la no repetición de los hechos a través del aprendizaje de lo ocurrido, ayudar a restaurar las comunidades afectadas. Finalmente, su reto es habilitar la construcción de una paz paz estable y duradera.
Para eso la jurisdicción deberá atender eficaz y prioritariamente a las víctimas. Esto no pasa simplemente por asignar esquemas de seguridad a los amenazados. Se debe garantizar una atención psicosocial apropiada, un respaldo institucional y la neutralización de los actores violentos.
En su labor, la JEP debe enfrentar los retos de acopiar una gigantesca cantidad de información, sistematizar los datos para traducirlos en casos coherentes, aplicar los criterios de selección y “priorización” sin sacrificar la verdad del conflicto, adelantar los procesos penales con garantías para los comparecientes y plena vigencia de los derechos de las víctimas. Esta labor es tan difícil, que hasta en el papel parece agotadora.
Por su parte, el gobierno está obligado a respetar la independencia de la JEP, proveer las herramientas para su buen funcionamiento y remover los obstáculos financieros, políticos y jurídicos para que pueda cumplirles a las víctimas y administrar justicia frente a los comparecientes sin obstáculos.
Los comparecientes deben contribuir con la verdad, asumir su responsabilidad histórica y ayudar a aliviar el dolor que han producido. Tienen derecho a un trato respetuoso y a que se cumplan las penas establecidas en el marco jurídico derivado del Acuerdo de paz.
Las víctimas están convocadas para dignificar sus historias. Su sufrimiento debe encontrar una respuesta institucional. En los procesos deben ser protegidas integralmente, ser escuchadas y tener una oportunidad para vivir plenamente. No puede haber más víctimas destruidas en vida, ni mucho menos asesinadas por buscar la verdad.
La sociedad tiene derecho a aprender de lo sucedido, pero también tiene la obligación de frenar la violencia y lograr que una nueva generación respire finalmente en paz.
Tal es el tamaño de la misión de la JEP. Sus funcionarios están convocados a hacer la diferencia. Su tarea es inmensa y puede cambiar el futuro del país.
* Abogado, Ph.D. en Criminología de la Universidad de Ottawa, doctor en Sociología Jurídica de la Universidad del País Vasco y profesor universitario.