El poder de los derechos
El Poder, así con mayúscula, no parece tener relación con eso que llamamos “pueblo”. Con nosotros, las personas.
¿Para qué sirve el Defensor del Pueblo?, se preguntan hoy muchos colombianos, y aunque nuestra Constitución ya tiene esa indiscutible mayoría de edad que se alcanza a los 21, las respuestas se mueven entre la indiferencia y la ignorancia. Como si recitáramos antiguas lecciones aprendidas en una escuela desactualizada, seguimos creyendo que los poderes son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y ni siquiera eso, porque El Poder, así con mayúscula, no parece tener relación con eso que llamamos “pueblo”. Con nosotros, las personas.
En el artículo 282 de nuestra Carta se lee que el Defensor del Pueblo “velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos”. ¿Derechos humanos? Bello lema, dicen algunos con indulgencia. Demagogia, afirman otros en voz baja. Porque decir “yo conozco mis derechos” aún se asocia con declaraciones de ONG o con tendencias subversivas. A ese “conozco mis derechos”, que es la piedra angular de la Constitución de 1991, suele oponerse una muletilla: “pues conozca sus deberes”. ¿No se lo han dicho a usted al denunciar una injusticia o al reaccionar frente a un maltrato?
Para velar por su promoción, su ejercicio y su divulgación, la Constitución le asigna al Defensor -o a la Defensora, y hoy el género no es un accidente gramatical- las funciones de “orientar e instruir… en el ejercicio y la defensa de los derechos”; “divulgar los derechos humanos y recomendar políticas para su enseñanza” e “invocar el derecho del hábeas corpus e interponer las acciones de tutela”. En tanto que la Procuraduría sanciona a los funcionarios públicos por fallas disciplinarias, la Defensoría del Pueblo no tiene poder sancionatorio sino una magistratura moral, y ahí reside su poder, pues sus pronunciamientos representan una sanción social: eso que llamamos la voz simbólica del pueblo. La voz que se levanta en nuestro nombre.
Pero, ¿dónde han estado nuestras voces durante estos años? ¿Usted recuerda los pronunciamientos del Defensor sobre la crisis de la salud, sobre los ‘falsos positivos’, sobre el reclutamiento ilegal de niños o sobre las alarmantes cifras de embarazo adolescente? ¿Qué líneas concretas de trabajo le propuso a nuestro sistema educativo para cumplir con su obligación de educar en el conocimiento y en el ejercicio de los derechos humanos desde los primeros años? ¿Cómo trabajó al lado de las víctimas? ¿En qué momento perdió el rumbo para convertirse en esa caricatura que algunos llaman hoy el “defensor del puesto”?
La indiferencia nacional frente a esta elección es un indicador de evaluación de muchos años perdidos, y el hecho de que a muchos les dé igual el nombre que elija la Cámara, significa que la Defensoría no ha hecho bien ese trabajo, al tiempo pedagógico y jurídico, de situar la garantía de derechos como pilar de nuestra cultura democrática. Así como exigimos que el Ministro de Hacienda tenga capacidades técnicas para manejar la economía, requerimos en ese cargo a una persona con un saber especializado, tanto en el campo académico como en el terreno real de este país lleno de víctimas que desconocen sus derechos, pero también con una inteligencia emocional y práctica que pueda movilizar iniciativas y aglutinar esfuerzos.
¿Cuál nombre de la terna ha hecho de la promoción y la defensa de los derechos humanos su proyecto de vida? ¿Cuál tiene la solvencia moral para levantar su voz y representar a los ciudadanos más vulnerables, precisamente ahora con los desafíos que imponen la ley de víctimas y la ley de tierras? ¿Cuál ha recorrido el país y ha mirado, además de las cifras, los ojos, las historias, la causa de las víctimas?
Ese perfil que necesitamos, nada fácil, no es un problema de consensos ni de cuotas. Las tres hojas de vida están hoy en manos de la Cámara, para que elija en nuestro nombre. Por el poder que delegamos en nuestros representantes, esperamos que esta vez no se equivoquen.
Yolanda Reyes
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