El poder de las tinieblas
El asesinato en Turbo, el pasado 9 de abril, de Jesús Adán Quinto Mosquera, desplazado de Cacarica y líder de la Asociación Nuevo Retorno, hecho absolutamente condenable, activó una vez más la campaña de estigmatización contra los suscritos, coordinada por el mismo conjunto de políticos, empresarios y con la complicidad de agentes mediáticos, incondicionales a un proyecto que se identifica con los postulados del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez
“ esta es la hora de ustedes,
cuando domina la oscuridad” Evangelio de San Lucas, 22, 53
Ellos demostraron, nuevamente, su capacidad de crear las mentiras y las calumnias, incentivadas por los más inconfesables propósitos e intereses, alimentando la desinformación y las expresiones de odio desenfrenado.
Por el asesinato de Adán no solo han insinuado sino afirmado, de la manera más temeraria, impúdica y perversa, que somos los responsables de su muerte violenta[[http://www.youtube.com/watch?v=6oCrrthgYqc]]
. Así lo hicieron en diciembre de 2009 luego del asesinato, el 18 de diciembre de ese año, de Manuel Moya, Graciano Blandón y su hijo Jair Blandón [[https://www.justiciaypazcolombia.com/Contornos-de-la-muerte-en-el-Bajo]].
La justicia no ha esclarecido el crimen de estos tres afrodescendientes, lo más proba-ble es que jamás lo hará, como tampoco el de Adán Quinto, porque esa es desgracia-damente la rutina a la que estamos acostumbrados en Colombia. En la investigación que se sigue por los tres crímenes de diciembre de 2009, testigos de excepción seña-lan que ocurrieron cuando llegaron a cumplir una cita con las FARC. En relación con los antecedentes del asesinato de Adán Quinto, se conoció que, además de repetir las conocidas infundadas acusaciones en contra nuestra, habló en medios de información de la región de Urabá como en los nacionales, de narcotraficantes, guerrilleros y militares implicados por acción u omisión en el tráfico de cocaína en el Bajo Atrato y Urabá, en particular del Mayor Quiñones de la brigada 17.
La impunidad es la norma casi implacable, sólo alterada de tarde en tarde por actos de “justicia”, muchos de ellos manipulados y fraudulentos, y en muy pocos casos con visos de justicia real. Entre tanto el ciudadano común queda expuesto, no sólo a la continuidad de los crímenes, impulsada por la impunidad, sino a la mentira. Sectores de poder promueven la calumnia como mecanismo que copa frecuentemente la ausencia de justicia, y funciona al mismo tiempo como encubridora de los mismos victimarios para desviar la atención sobre sus culpas.
En tan nauseabundo lodazal en el que la ética está bien lejos, sólo queda la alternativa de testimoniar lo vivido y sufrido, mostrando la secuencia de acciones que encierran en sí mismas una lógica, correspondiente a opciones, propósitos y estrategias que se reflejan necesariamente en el encadenamiento de hechos que no pueden esconder sus significados y tendencias, por más que sus actores lo pretendan.
Esto nos hace regresar al comienzo de nuestra presencia en el Bajo Atrato. Desde 1996 en diversas comunidades del Urabá antioqueño, el norte del Chocó y el bajo Atrato nuestra Comisión de Justicia y Paz exploró el apoyo a iniciativas comunitarias de protección y de paz por solicitud de diversas víctimas y organizaciones de iglesias. En marzo de 1997 presenciamos el desplazamiento masivo forzado por la operación “Génesis”, con muchos miles de víctimas. Autoridades civiles y militares revelaban estar enteradas de antemano y coordinadas para esperar a los afrocolombianos en el puerto y conducirlos al coliseo de Turbo. El entonces gobernador de Antioquia, estaba al tanto de la ejecución de la operación militar, según el abogado del exgeneral Del Río Rojas. El ex alto oficial, comandante entonces de la Brigada 17, visitaba el coliseo escoltado por numerosos camiones llenos de militares y les advertía a los desplazados que no pensaran en volver a sus lugares de origen en cortos plazos, hasta que no se “limpiara la zona”.
La situación nos desbordaba pero fueron los mismos desplazados, a través de algunos de sus líderes, quienes nos solicitaron acompañarlos, asesorarlos y ayudarles a entender por qué los habían desplazado de manera tan cruel, algo que tampoco nosotros entendíamos.
Semanas después, los millares de desplazados fueron haciendo sus opciones. Muchas de ellas tomaron la decisión de no retornar a sus parcelas y luchar más bien por una reubicación, pues el terror las había dejado traumatizadas, se trata de las mujeres viudas o madres de asesinados y desaparecidos. Otros manifestaron su decisión de no abandonar sus tierras y realizar todas las gestiones necesarias para el retorno. En nuestro discernimiento ético y en medio de la precariedad de nuestros recursos, decidimos acompañarles.
Mientras se daban condiciones para el retorno, construimos en Turbo con apoyo de organismos humanitarios internacionales, unos rústicos albergues con el fin de que los desplazados con voluntad de retorno no se vieran presionados a tomar decisiones forzadas por el desespero que causan las condiciones inhumanas de vida. Allí permanecieron más de tres años mientras se le exigía al Gobierno condiciones mínimas de retorno.
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El acompañamiento nos fue revelando con claridad meridiana que la “Operación Gé-nesis” no había sido motivada por enfrentamientos con las guerrillas sino por planes agroindustriales que implicaban enormes y violentos despojos de los territorios para imponer otra definición de usos del suelo, tal como lo ha valorado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en su decisión sobre este caso.
En el territorio de Cacarica desde 1998 se instaló la empresa Maderas del Darién/ Pizano S.A., luego del desplazamiento forzado, y desde el 2002 las empresas Multifruits y Del Monte, la primera de ellas articulada con el paramilitarismo. Igualmente constatamos que la Masacre de Brisas de Curvaradó en octubre de 1996, en desarrollo de la operación “Septiembre Negro,” en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó , y los sucesivos amenazas, bloqueos, asesinatos, desapariciones, desplazamientos y despojos, estaban vinculados a una redefinición del uso de la tierra para empresas ganaderas, bananeras, yuqueras y palmeras, tales como: Urapalma, Palmadó, Palmas del Curvaradó, Palmas del Atrato, La Tuqueka, Palmas S. A., Palmura, Agropalma y Cia Ltda, Compañía Promotora Palmera de Curvaradó Ltda., Asoprobeba, Villa Alejandra 1 y 2, Cultivos Recife, S. A., Uniban y Banacol, entre otras. Operaciones empresariales con graves violaciones de derechos humanos y daños ambientales irreparables.
El regreso al territorio fue para los desplazados y para nosotros un encuentro cara a cara con las formas más despiadadas y perversas del despojo. Nos costaba creer que existiera en Colombia tanta maldad y sobre todo insertada en sectores dirigentes de la sociedad, cuyos vínculos con el gobierno, los partidos políticos y muchas instituciones del Estado eran inocultables. El retorno no fue propiamente un retorno, fue un regreso conflictivo y en la mayoría de las veces heroico. Implicó descubrir los verdaderos trasfondos del violento y cruel desplazamiento; descubrir que los desplazadores eran detentores de poderes muy fuertes dentro del Establecimiento y de la institucionalidad nacional, y someterse a nuevos y prolongados hostigamientos, amenazas e intentos de soborno y compra de conciencias y a la amenaza progresiva de escuadrones paramilitares que se iban desembozando como escuderos y escoltas de los empresarios.
En ese conflicto tan desigual de fuerzas y valores, los empresarios buscaron cooptar y sobornar a varios líderes para establecer formas de apropiación más “elegantes” o encubiertos. Adán Quinto fue uno de los primeros líderes que cayó en dichas trampas. Su comunidad de Cacarica lo descubrió, pocos meses después del desplazamiento, apropiándose de dineros y realizando reuniones con empresarios madereros sin consulta ni consentimiento de los afrocolombianos. Así Adán realizó un acuerdo de explotación con la empresa Maderas del Darién Pizano SA, trayendo como consecuencia la destrucción de cativales, en vías de extinción, en la comunidad de La Balsa, en donde se instaló una base paramilitar. Por estos motivos, la comunidad de Cacarica le hizo un juicio comunitario y le impuso una sanción que él incumplió, quedando resentido profundamente con su misma comunidad y sus acompañantes.
Adán suscribió también un Contrato de Alianza Estratégica con el empresario Carlos Nikolai Strusberg, representante de la empresa C.I. Multifruits CIA S.A y parte del Proyecto económico de los paramilitares llamado PASO, que se implementaría en la base paramilitar de La Balsa, Cacarica. Adán dispuso 20 mil hectáreas de tierras colectivas por 25 años, prorrogables por otro tanto, para la empresa. En la compañía exportadora participaron Germán Monsalve, reconocido narcotraficante, extraditado a los Estados Unidos, y familiar de los paramilitares Fredy Rendón, y Daniel Rendón, apodado Germán Monsalve y Juan Manuel Campo Eljach, en la actualidad representante en la Cámara de Representantes. Con este último, quien actuaba como representante legal de Multifruits, Adán Quinto suscribió un contrato el 15 de septiembre de 2006.
Para el caso de Curvaradó y Jiguamiandó, como lo expresó el extinto paramilitar, Vi-cente Castaño, las plantaciones de palma aceitera se concibieron como un proyecto de esas estructuras paramilitares, con el respaldo financiero del gobierno y de empresarios. En ese contexto, algunos líderes de esas cuencas fueron cooptados para legitimar las ilegales operaciones empresariales. Por ello la lucha por hacerse elegir como representantes legales de los consejos comunitarios ya titulados, se convirtió en una guerra sucia donde imperan los mismos procedimientos manipulatorios y deshonestos de la politiquería nacional.
Nuestro acompañamiento a comunidades tan sufridas y perseguidas, sometidas a procedimientos de despojo y humillación tan aterradores, a veces con métodos excesivamente crueles, y a veces tan sutiles como los de las Alianzas Estratégicas que desembocan en idéntico despojo, agravado todo esto por las traiciones de sus mismos líderes cooptados y sobornados, nos impidió siempre abandonarlos a su propia suerte. En el bajo Atrato hemos conocido a personas con valores éticos extraordinarios, moldeados a fuerza de enormes sufrimientos, quienes nos enseñaron y nos siguen enseñando el camino de un compromiso heroico con la verdad y con la justicia, con la protección del territorio y los ecosistemas a costa de todos los riesgos y sacrificios permanentes.
Durante más de 17 años de apoyo a estas comunidades a través de algunas de las pocas acciones judiciales que han avanzado parcialmente, se ha ido esclareciendo tímidamente, la responsabilidad de agentes estatales en homicidios y en el desplazamiento causado por la operación “Génesis”, otros casos como la operación “Septiembre Negro” permanecen en la impunidad, otras decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Estado colombiano y demandado la reparación colectiva por los daños causados en el caso de “Génesis”.
Algunas acciones judiciales iniciadas permitieron abrir diversos procesos penales en los que fue quedando clara la relación entre los empresarios y las prácticas de desplazamiento forzado, acompañadas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas e incluso descuartizamientos, es decir, horrendos crímenes de lesa humanidad. Quedó también clara la complicidad y participación de militares, policías y paramilitares en una suerte de concurso para asegurar la tierra para empresarios. La Fiscalía no tuvo más remedio que dictar órdenes de captura y posteriormente imponer medidas de aseguramiento en contra de, entre otros, los empresarios: Héctor Duque Echeverri, Luis Fernando Zea Medina, Irving Bernal, Javier Daza Pretelt (hoy fugitivo), Sor Enith Ospina, Katia Sánchez, Hernando Gómez Hernández (fugitivo), Gabriel Jaime Sierra, Jesús Ignacio Roldán, Antonio Nel Zúñiga, Raúl Hazbún, entre otros empresarios, pues muchos responsables y beneficiarios permanecen disfrutando de sus libertades y de sus riquezas y poder mal habidos.
En la medida en que se investigaban los procedimientos de las empresas y sus mismos representantes avocaban la defensa de éstas, fuimos descubriendo que un grupo de personas muy poderosas, con fuertes vínculos políticos, tomaba partido en contra de las comunidades y en contra nuestra. El Coronel retirado Luis Felipe Molano, de ACORE, quien también tomó posesión de territorios de la zona, llegó hasta retener a algunos miembros de nuestra Comisión de Justicia y paz. Los empresarios Antonio Argote, Claudia Argote, Darío Montoya, Antonio Lopera, Carlos Ríos, Jesús Correa Pérez, Rodrigo Alberto Mejía, Enrique Molano, Jesús María Ospina Rendón, María Fernanda Zúñiga Chaux, Ignacio Guzmán Ramírez, Rodrigo Zapata, Javier Francisco Restrepo Girona, Juan Guillermo González Moreno, Carlos Alberto Zúñiga Caballero y Jairo Enrique Ospina Rendón han defendido los intereses de dichas empresas y evidenciado vínculos con los sindicados. Sin embargo, a todos ellos les asisten intereses lucrativos cuya legalidad la justicia se encargará de indagar.
Lo más grave, sin embargo, es que junto a dicho empresariado se ha conformado un grupo con poderes mucho más grandes, que configuran o pertenecen a un círculo político-mediático de enorme poder, el cual se ha propuesto estigmatizar a los acompañantes de las víctimas recurriendo a procedimientos absolutamente perversos. Todos ellos son cercanos, comparten las prácticas y un quehacer propio del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, incluso, participando directamente de su proyecto político.
Los retornos acompañados en áreas colectivas donde se desarrolla el conflicto armado entre la guerrilla de la FARC y militares y paramilitares que protegen a empresarios, llevaron a las familias a constituir Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, donde esa población tan victimizada y vulnerable reivindica visiblemente su condición de civiles desarmados y el derecho al territorio.
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Fue entonces cuando el grupo político-mediático y sectores de la fuerza pública de la región, que rodeaban los intereses empresariales iniciaron sus ataques más perversos. En medios locales, calificaron las iniciativas de las comunidades como “repúblicas independientes”, “espacios de protección de guerrilleros”.
En 2003 en plena aplicación de la política de seguridad democrática, las Zonas Humanitarias, delimitadas con humildes cuerdas de plástico y rústicas vallas, que señalizan los espacios de vida y trabajo de poblaciones civiles victimizadas e impotentes, en una rueda de prensa en la sede del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, a instancias del entonces general Jorge Mora Rangel, fueron calificadas como “campos de concentración donde mantenemos encerrados contra su voluntad a los retornados, sometidos a una especie de esclavitud, explotando nosotros su trabajo para nuestro servicio e intereses”. Los precarios fondos de ayuda que comunidades cristianas nos envían para atender a necesidades urgentes de esos asentamientos, son para ellos “exorbitantes millonadas de dólares enviadas por organismos internacionales, de los cuales nosotros nos apropiamos para nuestro lucro”.
En ese mismo momento se adelantaron operaciones ofensiva del DAS a través del G 3 con órdenes de trabajo contra los líderes de las comunidades de Cacarica, de Curvaradó y Jiguamiandó, las que se desarrollaron en Colombia y en el exterior, con seguimientos ilegales y el montaje judicial contra nuestra Comisión de Justicia y Paz, entre ellos, con un proceso para mostrar falsamente que hurtamos recursos públicos de un proyecto de vivienda. Una de las integrantes de tan repudiable operación fue Johana Cabezas, abogada de Maderas del Darién Pizano S.A. y otro fue Adán Quinto, quienes suministraban informaciones al G3 en las que se nos acusó además de tráfico de drogas.
Poco a poco fueron cerrando filas contra nosotros y contra nuestros acompañados, en los poderosos medios de “información” e instituciones en las que actúan: el ex Ministro Fernando Londoño Hoyos, en estrecha coordinación con el ex General Rito Alejo del Río; el jurista Rafael Nieto Loayza; la ex directora de relaciones Exteriores de la Fiscalía General de la Nación, María Fernanda Cabal; el asesor presidencial, José Obdulio Gaviria con su supuesto abogado de cabecera Jaime Restrepo; los periodistas Raúl E. Tamayo y Ernesto Yamhure con todo el apoyo de los diarios El Colombiano y El Mundo; el ex Personero de Riosucio (Chocó) Darío Blandón y excandidato de Centro Democrático; el supuesto asesor del Ministerio de Defensa, Fernando Vargas; el periodista, Plinio Apuleyo Mendoza, famoso por su carencia de ética y quien cooptó a otra periodista sin ética del Wall Street Journal, Mary Anastasia O’Grady, para difundir sus calumnias en Estados Unidos; y sectores de la central CGT en cabeza de Julio Roberto Gómez y el Senador Víctor Velásquez quien organizó en el parlamento sesiones de difusión de las calumnias.
Quienes nos ayudaron a analizar los lenguajes utilizados por este grupo en sus enco-nados ataques, establecieron similitudes coincidentes con movimientos que se expre-san por redes electrónicas, como los que se denominan “Uno América”, “Avanti Ragazzi” o “Tercera Fuerza” de clara ideología neo nazi [[Varias de estas personas (Fernando Vargas, María Fernando Cabal, Jaime Restrepo, Darío Blandón,
juventudes-restauración nacional) relacionadas con el Procurador aparecen en un video, en el que
nos acusan falsamente, citado por Daniel Coronell en su artículo la huella nazi
(http://www.semana.com/opinion/articulo/la-huella-nazi/342869-3) continuidad de la herencia nazi
(http://www.semana.com/opinion/articulo/la-herencia-del-nazi/341362-3)]] , estos mismos grupos han realizado pintas en Bogotá y apoyado plantones contra nuestra organización y la propia Corte Constitucional.
Es tanta la fuerza de este poder mediático, que alcanzó a penetrar en medios que di-funden y pretenden proteger los derechos humanos como el Canal Capital, donde el periodista Iván Cruz, sin contrastar fuentes difundió por ese medio, de manera repetida, una entrevista de Adán Quinto en la que nos implicó en el tráfico de cocaína, información que con la misma irresponsabilidad repitió el periodista “investigador” Norbey Quevedo en El Espectador [[Varias de estas personas (Fernando Vargas, María Fernando Cabal, Jaime Restrepo, Darío Blandón,
juventudes-restauración nacional) relacionadas con el Procurador aparecen en un video, en el que
nos acusan falsamente, citado por Daniel Coronell en su artículo la huella nazi
(http://www.semana.com/opinion/articulo/la-huella-nazi/342869-3) continuidad de la herencia nazi
(http://www.semana.com/opinion/articulo/la-herencia-del-nazi/341362-3)]].
Según este conjunto de personajes poderosos, nosotros “hemos coordinado y avalado el dominio de las FARC sobre estas comunidades retornadas y es dicho grupo insurgente el que da las órdenes sobre lo que hay que hacer o no hacer en la zona, incluso sobre a quién hay que matar, decisiones que nosotros acatamos y apoyamos o las tomamos conjuntamente con ellos”. Para estas personalidades de indiscutible poder, “lo que nosotros pretendemos es apropiarnos de las tierras de los afrodescendientes, usurpar los territorios titulados de los consejos comunitarios y cerrarle el paso a quienes quieren ayudar a desarrollar modernamente esos territorios e impedir el ingreso de la fuerza pública para que no los puedan defender”.
No hay palabras adecuadas para calificar tales inmundicias, pero su sola enunciación revela a las claras la depravación y vileza de sus construcciones. Si bien a nadie que tenga alguna idea de nuestro trabajo se le ocurrirá creer jamás semejantes vilezas, los personajes se sostienen sobre su poder mediático-político que actúa masivamente sobre la ignorancia de la población receptora, la que no tiene medios alternativos para buscar la verdad, porque ese es el sistema que nos envuelve. Es el verdadero poder de las tinieblas.
Desde nuestra impotencia, no puede menos que preocuparnos los antecedentes y rasgos de los personajes poderosos que nos estigmatizan:
• Basta escuchar cualquier día los programas radiales del Ex Ministro Fer-nando Londoño Hoyos, por Radio Súper, hoy RCN, para aprender en vivo y en directo lo que es un “periodismo” parcializado e ideologizado, que ataca con enconado radicalismo emotivo a quienes no comparten su visión en extremo reaccionaria del país y que manipula informaciones a su amaño para estigmatizar o endiosar a personas, procesos y movimientos desde una personal intolerancia fanatizada.
Pero más preocupante fue su conocido fraude mediante el cual adquirió, en 1997, 145 millones de acciones de Invercolsa, fingiéndose fraudulentamente empleado de dicha empresa, ocultando luego ese dinero en una empresa pa-nameña, sin que se mostrara luego afectado por procesos penales y discipli-narios, como la censura del mismo Congreso que lo obligó a dimitir del cargo de Ministro el 6 de noviembre de 2006, o el de la Corte Constitucional, seguido de otros fallos judiciales, que lo han obligado a devolver el dinero, fallos que él no ha querido acatar.
El 5 de octubre de 2008 fue impactante la revelación que hizo Noticias Uno, al divulgar la interceptación de una conversación telefónica suya con el ex General Rito Alejo del Río, quien desde su prisión le pedía “entrevistar” en su programa a quienes él llamaba “Los Negritos” (5 líderes afrodescendientes del Bajo Atrato) con el fin de que los hiciera acusar a Justicia y Paz [[https://web.archive.org/web/*/http://noticiasunolaredindependiente.com/2008/10/05/noticias/grabacion-rito-alejo/]]. Tampoco ignora el país las posiciones ideológicas del ex Ministro Londoño Hoyos, caracterizadas por la defensa de modelos autoritarios de Estado y de sociedad; de exaltación del militarismo; de soluciones de fuerza al conflicto social; de defensa intransigente de los militares acusados de crímenes de lesa humanidad y de ataques virulentos contra fiscales, jueces y cortes que avocan el enjuiciamiento de los victimarios ligados al Estado y al Para Estado. [[En sus columnas periodísticas en los diarios El Tiempo y El Colombiano, ha defendido sin pudor alguno a sindicados de crímenes horrendos y atacado a los fiscales que han avocado esos hechos. Ha defendido a los firmantes del Pacto de Ralito (El Colombiano. 31.07.07, pg. 4 a); ha atacado al Fiscal General por acusar a militares en los casos de Jamundí, del ex director del DAS Jorge Noguera; de los ‘falsos positivos’; de las masacres de San José de Apartadó, de Santo Domingo y de Cajamarca (El Colombiano, 27.02.07 ; 06.03.07 y 13.03.07, pgs. 4 a); ha atacado incluso al ex director del DAS Andrés Peñate por tomar posición contra su antecesor Jorge Noguera, ya que éste era hombre de confianza del Presidente Uribe (El Colombiano. 20.03.07, 4 a); ha defendido a la multinacional Chiquita Brands por su apoyo a los paramilitares de Urabá (El Tiempo, 29.03.07, pg.1-23); ha defendido la ‘Operación Fénix’ que violó la soberanía de Ecuador (El Tiempo, 20.11.08, pg. 1-21) y ha apoyado la cuestionada tesis del ex Ministro Juan Manuel Santos de la ‘legítima defensa’ en dicho ataque (El Tiempo, 12.03.09, pg. 1-21); ha tomado partido por versiones que favorecen a sindicados de grandes masacres, contra las evidencias conocidas por todo el país: Jamundí; 19 comerciantes del Magdalena Medio, Wilson Borja, Chengue, Santo Domingo, Drummond, Palacio de Justicia, Mapiripán, La Llorona, los ‘falsos positivos’, Cajamarca etc. (El Tiempo, 28.02.08, pg. 1-21); se ha ido lanza en ristre contra el mismo Presidente Uribe por la destitución de 27 militares acusados de participar en ‘falsos positivos’ y contra el Tribunal de Cundinamarca por prohibir lanzar bombas donde haya población civil (El Tiempo, 12-02.09, pg. 1-21). Su defensa de los militares llega a niveles audaces, desvirtuando arbitraria e irracionalmente todas las evidencias que los señalan como autores o cómplices de los grandes crímenes de Estado. Demuestra que sólo le impresionan, aunque de manera muy abstracta, los hechos violentos de las guerrillas, pero frente a los millones de víctimas de los agentes del Estado y del Para-Estado sólo muestra enervamiento y odio reconcentrado contra quienes los denuncian.]]
• Es igualmente preocupante la trayectoria del ex Viceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, quien al asumir la defensa del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos del Palacio de Justicia y en el caso de la Operación Génesis, no dudó en revictimizar a víctimas y familiares, y en negar hechos tan probados por fiscales y jueces, en una estrategia defensiva que a la postre avergonzó al mismo gobierno el cual se apresuró a reemplazarlo, y que engañó a la Corte dada la imagen tan negativa que mostraba una evidente complicidad estatal con un crimen que estremeció al mundo entero. En 2012 Nieto Navia fue vinculado a la investigación penal por las interceptaciones del DAS y acusado de participar en intentos de infiltración, mediante organizaciones ficticias, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos [[El abogado Rafael Nieto Loaiza, defensor del Estado colombiano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) fue llamado a declarar por la Fiscalía General de la Nación en el proceso que se sigue por el denominado escándalo de las “chuzadas” del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta adscrita a la Presidencia de la República hoy en proceso de supresión) para que responda por la inclusión de su nombre en un plan de infiltración de la Corte Interamericana de DDHH con sede en Costa Rica. El nombre de Nieto Loaiza aparece junto al de José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS actualmente detenido, en el cuaderno 126 -folio 179- del expediente de la Fiscalía Delegada 11 ante la Corte Suprema de Justicia. A ambos se les califica como “núcleos de apoyo directo” para una fachada del DAS que sería creada en la capital costarricense bajo el nombre de “Colectivo de Abogados Simón Bolívar”. En la documentación hallada por la Fiscalía durante los allanamientos realizados al DAS en el año 2009, se lee que el Colectivo Simón Bolívar sería presentado como una “Organización No Gubernamental de Derechos Humanos que integra la solidaridad latinoamericana en torno al respeto a los principios fundamentales de tod@s I@s habitantes hispanos de nuestro continente, con sede central en San José (Costa Rica) si bien cuenta con asociaciones élites que contribuyen a su misión en Colombia, como la Corporación Verdad y Justicia y el Servicio Colombiano de Información y Estadística para la Prevención de Conflictos”. Estas dos últimas organizaciones también fueron fachadas del DAS en Colombia y desde ellas se realizaron campañas de desprestigio contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y miembros de la oposición. En el expediente también hay numerosa documentación respecto a esas “ONGs”. Hasta el año 2004 fue viceministro del Interior y de Justicia del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y en el año 2010 reemplazó a Eduardo Montealegre, actual fiscal general de Colombia, en la defensa del Estado en casos como el de la masacre de Santodomingo en 1998, en la que 17 civiles -seis de ellos niños- murieron a causa de un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Hace dos semanas Colombia fue condenada por ese caso en la CorteIDH. Además fue asesor de la comisión redactora de la reforma al fuero penal militar, aprobada en medio de críticas de la comunidad internacional de derechos humanos. (Documentación NIZKOR, noviembre de 2012)..]]
• La abogada María Fernanda Cabal fue ampliamente conocida cuando se desempeñaba como responsable de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación en 2007, justo en el momento en que congresistas estadounidenses le estaban exigiendo al gobierno colombiano reconocer la participación del ejército en la horrenda masacre de San José de Apartadó, y otros casos de responsabilidad de la brigada 17 en la región, en febrero de 2005, ante pruebas evidentes que los mismos congresistas habían recaudado. La Señora Cabal no tuvo inconveniente en revelar públicamente su oposición a ese reconocimiento, lo que según ella podría entorpecer las negociaciones en torno al Tratado de Libre Comercio. Omisiones similares realizó con el caso de Curvaradó y Jiguamiandó. Allí se revelaba a plena luz el fondo de sus convicciones carentes de ética, en las que la dignidad y la vida humanas deben supeditarse a intereses económicos. Más recientemente, un mismo personaje relacionado y procesado por vínculos con el paramilitarismo, Ernesto Yamhure, sostuvo que ella financia movimientos neo-nazis en Colombia [[Ver http://www.eltiempo.com/politica/justicia/fichas-neonazis-estan-en-la-mira-de-las-autoridades/14002415.]] .
• La identificación del asesor del ex presidente Uribe Vélez, José Obdulio Gaviria, con su jefe, acusado por tantos testigos de sus relaciones con las es-tructuras paramilitares que inundaron de sangre el país, es algo preocupante en sí mismo, pero el asesor ha sido además procesado por calumnias contra diversos sindicatos, lo que revela la arbitrariedad fanatizada de sus afirmaciones. Más preocupante aún es su estrecha relación con el supuesto abogado Jaime Restrepo, quien aparece a su lado en sus programas públicos televisados. El periodista antioqueño Juan Diego Restrepo ha publicado varios artículos sobre su identidad y trayectoria [[Cfr. Restrepo, Juan Diego, Las dos orillas, revista SEMANA.com, enero de 2012]]. . Todo muestra que Restrepo fue activo en la estructura paramilitar Autodefensas del Magdalena Medio, estructura que lo propuso para ser personero de Sonsón, Antioquia, en 2004, pero al conocer muchos de sus habitantes su proveniencia, buscaron otra opción.
En 2011 un testigo de excepción se presentó en nuestra Comisión de Justicia y Paz para entregar informaciones preocupantes ya antes entregadas en la Fiscalía y en la Oficina de las Naciones Unidas. Lo había visto 20 veces en Santa Fe de Ralito donde los paramilitares negociaban con el gobierno Uribe en 2005; lo conocían como “Samuel” y se sabía que era comandante militar del Frente José Luis Zuluaga del Bloque de Autodefensas del Magdalena Medio y aunque dicho frente se desmovilizó, él no se desmovilizó. Luego fue visto en reuniones políticas y en procesos judiciales donde se identificaba primero como “Jaime Cifuentes” y luego como “Jaime Restrepo”. Hablaba siempre contra los defensores de derechos humanos contra quienes anunciaba ataques. En los programas de José Obdulio Gaviria se presenta como abogado. En su último video se revela como infiltrado en el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana [[Ver:http://www.las2orillas.co/infidencias-de-un-infiltrado-en-las-negociaciones-de-la-habana/ y también: http://www.las2orillas.co/quien-es-el-infiltrado-en-los-dialogos-de-paz-segun-juan-diego-restrepo/]] .
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• Los columnistas Raúl Tamayo y Ernesto Yamhure hospedaron sus calumnias en las páginas de El Mundo y El Colombiano, este último diario medellinense dirigido por la Señora Ana Mercedes Gómez, quien se caracterizó por darle difusión a falsas noticias inventadas por miembros del Ejército y de la Policía contra miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y las experiencias humanitarias y de paz de la región, justificando incluso en sus editoriales horrendas masacres como la ocurrida el 21 de febrero de 2005 sin importarle que tan criminales calumnias se proyectaran en amenazas de muerte y atentados contra tanta gente inocente y victimizada, dando así apoyo moral y mediático a los perpetradores de los más horrendos crímenes.
• La intransigente defensa que el periodista, sin ética profesional Plinio Apuleyo Mendoza, hace de militares procesados por crímenes de lesa huma-nidad, revela con plena claridad sus convicciones necrofílicas que hacen preocuparse por cualquiera que se convierta en blanco de sus sucios dardos, convicciones que comparte con el abogado Fernando Vargas, quien interviene frecuentemente en esos procesos como defensor de los perpetradores, y que con escritos carentes de cualquier fundamento fáctico y menos jurídico alienta esas tergiversaciones y manipulaciones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
• El ex Personero de Ríosucio, Chocó, Darío Blandón, entrevistado frecuentemente por el ex Ministro Londoño Hoyos a raíz del asesinato de Jesús Adán Quinto, dio rienda suelta a su capacidad de mentir, calumniar y ofender, en niveles increíbles de perversidad. Es difícil imaginarse que la conciencia de un ser humano pueda llegar a tales abismos de depravación moral. En sus diatribas contra nosotros, el Señor Blandón se ha atrevido a anunciar de antemano el asesinato de varios líderes y lideresas de las comunidades afirmando que somos nosotros quienes vamos a dar la orden de asesinarlos, en una lógica difícil de comprender puesto que se trata de personas cercanas a nosotros, a quienes siempre hemos apoyado y admirado. Si él considera válida esa estrategia tan perversa de mandar matar a sus amigos para acusar a otros, eso nos lleva a preguntarnos si acaso no está aplicando esa misma lógica en el asesinato de Adán Quinto (¿eliminado por orden de sus amigos para acusar a otros?). Su talla moral se demuestra al acusarnos calumniosamente de abusos sexuales, además de las reincidentes valoraciones de ladrones, traficantes de drogas y demás.
Todo este grupo de enorme poder político-mediático y empresarial ha calculado la bajeza de sus ofensas orquestadas. Al igual que quienes practican la tortura y se detienen antes a pensar qué será lo que más le duele a sus víctimas, así ellos lo han hecho escogiendo como blanco de ataque nuestros principios éticos y espirituales más sagrados, para tratar de lanzar sobre ellos los gases corrosivos de sus mentiras y calumnias tratando de desmotivar nuestro acompañamiento a sus víctimas para poder ensañarse más libremente con ellas.
Las estrategias aplicadas en el Bajo Atrato y en zonas del Urabá antioqueño no podían ser más protervas: en muchos casos, se comprobó la falsificación de títulos de tierras que supuestamente estarían excluidas de los territorios comunitarios; allí aparecieron personas fallecidas con mucha antelación vendiéndole tierras a los empresarios en extensiones que luego se multiplicaban enormemente como por encanto. Una vez entregados los títulos de los Consejos Comunitarios a las comunidades, los empresarios y sus entornos de poder iniciaron los procesos de manipulación de las asambleas y la toma del poder en el interior de los consejos vía elección de sus representantes legales, abriendo así la brecha para suscribir contratos de “alianzas estratégicas” con las empresas, con el fin de que las tierras volvieran a sus usurpadores con ropajes cosméticos de “legalización”. La cooptación y compra de conciencias de líderes venales estuvo dirigida a convencer a muchos desplazados que no retornaron ni querían retornar para que negociaran sus derechos con los empresarios y les ayudaran a romper así la unidad territorial, ecológica y social de los Consejos.
Una vez saboteada la unidad comunitaria e introducido el conflicto en su interior me-diante la infiltración maquillada de los intereses empresariales, inundaron las zonas de los consejos más compactos en su proyección social con multitud de ocupantes de mala fe, que se hacen pasar por antiguos propietarios que reclaman sus derechos y se dedican a dañar los cultivos y construcciones de las comunidades organizadas, con inocultables propósitos de amargar su vida y motivar un nuevo desplazamiento. Con toda evidencia, la presencia policial y militar, que difícilmente se distingue de la paramilitar, apoya a los ocupantes de mala fe y sus sabotajes, y no obstante los fallos de la Fiscalía y las resoluciones de la Corte Constitucional que se han emitido en defensa de quienes retornaron en el transparente proceso inicial, ni la fuerza pública ni las autoridades municipales los acatan.
Todas estas estrategias requieren de inmensas cantidades de dinero y es este valor el que domina en el poderoso grupo de despojadores y en su entorno político y mediático de alto nivel que le sirve de efectiva protección. Acorde con todo esto, dentro de su perversa e implacable lógica, aparece la necesidad de expulsar de la zona a los acompañantes y testigos internacionales; no lo pueden hacer legalmente y por ello echan mano de la mentira, la calumnia, la ofensa y la estigmatización más depravada.
Nos asiste la convicción de que sólo quienes compartan su ruindad de corazón harán caso a sus calumnias, pero la inmensa mayoría de este pueblo, multitudes afectadas por las injusticias y la represión más inhumana, conocen a fondo la estrategia depra-vada de los victimarios y jamás le harán caso a sus ardides.
Con inmenso dolor de patria,
Javier Giraldo Moreno, S.J.
Alberto Franco Giraldo, CSsR.
Danilo Rueda
Abilio Peña Buendía
Bogotá, D.C., 24 de junio de 2014