El petróleo acabó con el agua de Puerto Asís
Las comunidades de este municipio de Putumayo denuncian a la empresa Vetra por la contaminación de sus aguas. A pesar de que tiene dos procesos sancionatorios, la Anla le amplió la licencia ambiental para 100 pozos más.
“Yo llegué a Teteyé hace 20 años, cuando esto era una selva llena de arrochuelos hermosos de donde uno sacaba el agua tranquilamente. Ahora uno los ve todos llenos de petróleo y dependemos de un carrotanque que nos la trae cada cuatro días”. Con esta imagen, Jonatan Rodríguez explica la situación de este corregimiento de Puerto Asís en el que la bonanza del crudo ha tenido como contracara la escasez del recurso que sostiene la vida humana.
Maria Lilia Gutiérrez tiene un recuerdo parecido al de Jonatan. “En esa época no había contaminación porque no estaba la petrolera. Los caños eran claritos y hasta pescábamos en ellos. Hoy casi todos están secos y cuando hay agua es toda amarillenta, aceitosa, contaminada”. Esa es una de las razones que ha impulsado a Gutiérrez y a Rodríguez, junto a miles de campesinos agrupados en la Mesa de Organizaciones Sociales del Putumayo, a realizar tres paros en los últimos cinco años para exigirle al gobierno que actúe frente a esta catástrofe ambiental.
La explotación petrolera en Puerto Asís comenzó en 2006, pero bastaron cinco años para que las comunidades aledañas al proyecto conocido como Corredor Puerto Vega-Teteyé se declararan en crisis humanitaria por las afectaciones de esta actividad sobre sus fuentes hídricas, especialmente en el río San Miguel y en la quebrada el Diamante. “Esto tiene varias caras”, explica Jonatan Rodríguez, “si bien la guerrilla ha volado pozos y ha regado el petróleo de las tractomulas en las carreteras, a la empresa Vetra se le han roto tubos por falta de mantenimiento y se le han rebosado tanques de almacenamiento y todo ese crudo va a parar a nuestros arrochuelos”.
En ese momento, cuenta Maria Lilia Gutiérrez, “pusimos la queja ante la Alcaldía, la Defensoría, Corpoamazonia y la Anla y nunca pasaba nada, nos decían que todo estaba bien y que no había contaminación”. El comportamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) frente a la situación ha sido contradictorio. En 2011 abrió un proceso sancionatorio contra Vetra por contaminación a los recursos hídricos, pero en 2012 le amplió la licencia para perforar otros 39 pozos de explotación. Un año más tarde inició otra investigación por incumplimientos en el plan de manejo ambiental y, sin embargo, en marzo 2014 volvió a extender la licencia para la apertura de 100 pozos más.
Según Claudia Rodríguez, directora de la Anla, estas decisiones se justifican porque “la normatividad ambiental no indica explícitamente que nos debamos abstener de otorgar licencias ambientales debido a la existencia previa de procesos sancionatorios. Son dos cosas distintas”. En todo caso, la ampliación de la licencia para Vetra detonó un paro de tres meses con enfrentamientos y un manifestante muerto incluidos. Al final, el gobierno y la Mesa de Organizaciones Sociales del Putumayo establecieron un espacio de concertación alrededor de temas como los programas de sustitución de los cultivos ilícitos, los derechos humanos y la problemática minero energética en la región.
Sobre este último aspecto, cuenta Gutiérrez, el acuerdo incluyó la realización de un estudio independiente por especialistas escogidos por las comunidades y financiados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El análisis de calidad del agua estuvo a cargo del laboratorio Corporación Integral del Medio Ambiente, que tomó en 32 puntos de monitoreo en aljibes, lagunas, ríos y quebradas ubicadas en la zona de influencia del proyecto. Pero La Mesa y el Gobierno tienen distintas posiciones sobre los resultados. De hecho, cada uno hizo su propio informe.
El de las comunidades, elaborado por el geólogo Julio Fierro, concluyó que en la mayoría de los cuerpos hídricos monitoreados se encontraron altas concentraciones de grasas, aceites y metales pesados como plomo y cadmio. Por ejemplo, los vertimientos efectuados en el río San Miguel y la quebrada Agua Blanca, en la frontera con Ecuador, presentaron un promedio de fenoles de 323 mg/L, valor que supera ampliamente lo establecido en el Decreto 1594 de 1984, que indica un límite de 0,2 mg/L para estas sustancias. “Dos de los diez pozos muestreados presentaron concentraciones de arsénico muy por encima de las recomendaciones normativas. Para el caso del aljibe utilizado en la escuela El Porvenir, la norma se supera en casi 4 veces”, se lee en una parte del informe.
El documento también afirma que incluso la Anla emitió el Auto de seguimiento 33 de 2012 en el que señala a la empresa de incumplir los parámetros de grasas, aceites, sólidos y cloruros que exige el decreto 1954 en los vertimientos que realiza en el río San Miguel. Así mismo, en el Concepto Técnico 13134 de diciembre de 2014, nueve meses después de haberle ampliado la licencia ambiental a Vetra, esta entidad advierte que en el punto de captación sobre la Quebrada Campo Alegre los parámetros sobrepasan los límites permisibles y que en los informes de la empresa no se explican las causas de esa situación.
A pesar de que este informe se basa en fuentes oficiales, y que la propia empresa reconoce la existencia de fallas operativas en el proyecto, el gobierno parece desestimar la gravedad de la situación. En una respuesta enviada vía correo electrónico, la ANH dijo que “el informe del equipo de la Mesa de Organizaciones Sociales descalificó la normatividad ambiental al ver que la mayoría de los resultados se encontraban dentro de los rangos aceptables” y que en su reporte para el espacio de concertación no analizaron detalladamente los resultados de las pruebas de laboratorio porque la Anla “es la que tiene la competencia y capacidad para hacerlo”.
El mes pasado, la autoridad ambiental emitió un concepto en el que descalifica las conclusiones del informe de la Mesa de Organizaciones Sociales y afirma, entre otras cosas, que “la contaminación de las aguas puede deberse a muchos factores diferentes a la actividad petrolera”. Eso quiere decir que la Anla reconoce que efectivamente hay afectación de las fuentes hídricas, pero hasta el momento no ha determinado cuál es la causa. A la pregunta sobre los procesos sancionatorios abiertos contra Vetra, la directora Rodríguez responde que “estamos surtiendo todos los procesos legales para determinar si la empresa es culpable de afectación a las fuentes hídricas de la zona”, asegura.
Esta desidia institucional fue la que en julio pasado llevó a los integrantes de la Mesa a salir nuevamente a las carreteras. Tras 39 días de protestas, “el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, anunció la creación de un comité interinstitucional para la recuperación ecológica, económica y social del Putumayo por prácticas inadecuadas de explotación de hidrocarburos en el departamento”, informa un comunicado de esa entidad el 4 de septiembre. La primera reunión iba a ser el viernes 17 de septiembre, pero se aplazó por fallas logísticas.
Entre tanto, en Puerto Asís la explotación petrolera sigue su ritmo mientras ocurre una tragedia silenciosa. “Las personas que vivimos acá sentimos que nos envenenaron las aguas. Teníamos 18 caños dentro de la vereda y ahora solo nos quedan dos dignos y toca caminar 45 minutos hacia arriba de la carretera para recogerla. Con eso, más los carrotanques que manda la empresa, nos valemos para sobrevivir” explica Jonatan Rodríguez. “A este paso, las autoridades van a cumplir con su trabajo cuando ya no haya nada que cuidar”.
Fuente: http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/el-petroleo-de-la-empresa-vetra-acabo-con-el-agua-en-puerto-asis/36348