El PARAESTADO en Colombia:

El editorial de El Tiempo del día de ayer 26 de septiembre, una entrevista con Miguel Arroyave, comandante asesinado dentro de las purgas internas de las estructuras paramilitares, acaba de ser publicada en el diario El Espectador, que complementa la realizada anteriormente en este mismo periódico.

Las expresiones de Miguel Arroyave muestran los modos de construcción del paraestado en Colombia, en particular en el departamento del Meta. Omite evidentemente sus relaciones con el poder militar, los cuales han sido innegables, como lo reúnen decenas de informes, de denuncias de la comunidad internacional y de la de derechos humanos nacionales.

La institucionalización del paramilitarismo a través del monólogo que conlleva al proceso desmovilización está configurando el paraestado en Colombia. El escenario de la pacificación como contravía al imaginario del terrorismo está ambientando un proyecto social y político nuevos símbolos asociados a la imagen de la democracia , de la religiosidad, del señorío , de arrepentimiento, del perdón con la participación activa de antiguos enemigos ideológicos y hasta militares, de las iglesias y las confesiones cristianas ; nuevos modelos de aparente participación y dignificación del ser humano a través de cooperativas, asociaciones, prácticas productivas de exportación , de producción orgánica son modos no solo discursivos que se desarrolla de facto en lo local y lo regional, lo nacional y lo internacional.

Dentro de dicho modelo de sociedad hay una alta militarización que coincide con las políticas estatales, unas expresiones profundamente religiosas que abre el espacio a la reconciliación sin verdad ni justicia, un modo de productividad como mecanismo de articulación constructiva entre víctimas y victimarios sustentado en la tenencia de la tierra y en la vinculación al mercado internacional a través de proyectos agroindustriales como el de la palma aceitera, espárragos, la misma coca.

Hoy se dice en la prensa, lo que se dice desde hace más de 20 años y lo que desde la década del 60 fue una estrategia contrainsurgente diseñada por los Estados Unidos. Los paramilitares no solo fueron creados el estado, siguen siendo estructuras enquistadas en el Estado, hoy no solamente como expresión militar sino como una expresión social, política y económica que se proyecta local, regional, nacional e internacionalmente.

Un modelo de Estado labrado en la muerte, en la sangre, en el terror, en el olvido, en la negación de lo plural, en la irracionalidad de la rentabilidad, en la posesión ilegal de tierras y de territorios colectivos, en la privatización de la fuerza del Estado para la seguridad de un sector de la sociedad. Un modelo de sociedad sin derechos, sustentada su razón de ser en la fuerza, en la barbarie, en la impunidad.

Lo está diciendo el diario El Tiempo. Será ahora posible que la sociedad colombiana despierte, que la sensatez de la comunidad internacional pueda percibir que el desangre de Colombia no se mide en las cifras sino en la cualificación de un Estado de Hecho, en la creación de un modelo de sociedad excluyente, inequitativo y autoritario. Se sabrá ahora entender, que el precio de la paz no es la pacificación. , que las víctimas, que sus familias o que quiénes exigen verdad, justicia, reparación y el derecho a la memoria y a la persecución de las estructuras paramilitares, no están exigiendo venganza sino la posibilidad real de la construcción de un Estado de Derecho.

El nuevo crematorio nazi esta cocción a fuego lento en crecimiento, la sensatez, la humanidad, los principios de la razón humana, de la sensibilidad humana están siendo arrasados, el mercado global, los intereses de la economía del mercado será posible parar esa máquina de destrucción y de muerte.

EDITORIAL

‘Paras’: a paso grande
El progresivo crecimiento del paramilitarismo en amplias regiones de Colombia es un fenómeno que debe preocupar a la sociedad entera.
La magnitud del control que han adquirido los grupos paramilitares sobre extensas regiones del país se ha convertido en un fenómeno dramático, con preocupantes implicaciones para el futuro nacional. Las autodefensas exhiben hoy una influencia que no es solo militar sino política, social y económica. Tan profunda y tan extendida, que para muchos no resulta exagerado hablar de una progresiva paramilitarización de Colombia.

Por considerar que es tema de crucial importancia, EL TIEMPO le dedica hoy un amplio informe especial. Se trata de un problema vasto y complejo, que es poco conocido pese a su larga historia. “Ha sido largo el camino recorrido desde San Juan Bosco Laverde y Puerto Boyacá, en 1982, hasta Santa Fe de Ralito hoy”, decía Mancuso en la instalación de los diálogos de Ralito y añadía que “nunca estuvo en nuestras mentes edificar este gigante”. Pero lo cierto es que este enorme monstruo de mil cabezas hoy avanza a paso grande, atropellado y voraz por todo el territorio nacional. Con múltiples vasos comunicantes con poderes locales, civiles o militares, sectores económicos y la política nacional.

Y con capacidad de incidencia sobre presupuestos y autoridades municipales. Respaldado por fantásticas cantidades de dinero provenientes de la captura de toda clase de rentas legales e ilegales, desde los dineros de la salud hasta el narcotráfico, pasando por la gasolina y el boleteo generalizado. Con un poder de fuego e intimidación que ha desplazado a la guerrilla de muchas regiones y producido decenas de miles de desplazados y cientos de masacres y asesinatos selectivos.

A diferencia de la guerrilla, los paramilitares no surgieron contra el sistema sino desde el mismo, con la bandera de defender la propiedad y ayudar al Estado a combatir la subversión. Lo cual les otorgó amplia base social y no poca simpatía entre todos los sectores sometidos al acoso guerrillero. “Somos el brazo armado de la clase media desprotegida”, llegó a decir Carlos Castaño. Hacendados, ganaderos, políticos y estamentos militares los han respaldado, aunque hoy muchos de sus promotores iniciales ven con preocupación que este Frankenstein no regresara al laboratorio y que el remedio puede estar resultando peor que la enfermedad. A caballo de un discurso antiguerrillero y anticomunista se ligaron también al narcotráfico, al punto de que varios de sus jefes son indistinguibles del mismo. Y la desaparición de figuras como Castaño y Arroyave indica que las actuales Auc pueden repetir la historia de sangrientas vendettas entre sus jefes que protagonizaron hace 20 años las Autodefensas del Magdalena Medio. Y como aquellas, que lanzaron el célebre movimiento político ‘Morena’, los actuales ‘paras’ han incursionado en la política. Con mejor éxito, según lo indicaría la afirmación de hace dos años de uno de sus jefes sobre un 30 por ciento del Congreso a su favor.

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¿Cuántas alcaldías, concejos, asambleas y hasta gobernaciones están en manos o bajo la intimidación de los paramilitares? ¿A cuántos presupuestos locales, ARS, embarques portuarios, chances y loterías llega su largo brazo? Sería imposible hacer siquiera la cuenta de los hatos ganaderos y los negocios que les pagan. O de los que se han apropiado a la fuerza. Dos congresistas han expresado abiertamente su simpatía con los ‘paras’; ¿cuántos más habrá, en la sombra, que, a diferencia de Rocío Arias y Eleonora Pineda, no tienen los calzones suficientes para proclamarlo? ¿Cuánta tierra está en sus manos? En buena parte de la Costa Atlántica y los Llanos, los ‘paras’ campean por sus fueros. Otras regiones del país viven bajo el miedo. Y en otras, como el Magdalena Medio o Córdoba, es evidente que su dominación conlleva respaldo social.

Pese a que dicen defender el sistema y a que surgieron en parte con su complicidad, los paramilitares exhiben rasgos de un proyecto propio y de una élite emergente de acento rural que puede revelarse como una formidable competencia contra el Estado de derecho en regiones clave del país donde, después de imponerse a sangre y fuego, se mantienen sin permitir oposición, determinando desde el largo de las faldas de las muchachas hasta castigos corporales por infidelidad. “El para-Estado de los paras” es una figura que ya se menciona.

Nada de esto es nuevo. La gran expansión de las autodefensas tuvo lugar a partir de su unificación nacional, en 1997, luego de que las Accu, de Córdoba, emprendieran la exportación de su modelo y el dinero del narcotráfico financiara su crecimiento. Para el 2002, las autodefensas habían multiplicado geométricamente su pie de fuerza y ya eran, desde el punto de vista de capacidad militar y control territorial, más o menos lo que son hoy. La negociación que abrió con ellas este gobierno ha surtido el efecto de que ese control pase de la clandestinidad a la luz del día. De cuchicheos temerosos en los pueblos del Magdalena Medio y la Costa Atlántica, se ha pasado a congresistas que dicen abiertamente que quieren a Mancuso, y a ex gobernadores que publican cartas de respaldo a los paramilitares.

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Si bien en ciertas partes del país el control aún es ejercido mediante el puro terror, o está en pleno curso la disputa con la guerrilla por corredores y zonas de cultivos ilícitos, en otras está muy avanzado un proceso de dominio de la sociedad, que combina la presencia armada con trabajo comunitario: construyen vías, prestan servicios de salud o, a través de fundaciones y cooperativas, hacen proyectos productivos.

Todo ello acompañado de un discurso que explota hábilmente los intereses y el atraso regionales frente al centralismo bogotano y con el que se presentan como el remedio natural a la amenaza de la guerrilla y la ausencia del Estado.

Se trata, en fin, de una situación extremadamente grave y preocupante. Las autodefensas pueden convertirse, si ya no lo son, en el más serio problema de gobernabilidad de Uribe. El Gobierno sostiene que es el que más las ha combatido y exhibe significativas cifras sobre el aumento de capturados y dados de baja. Es también el único que ha tenido una política para desmovilizarlos, mediante la negociación. Pero preocupa que Santa Fe de Ralito termine legalizando ese ilegítimo monopolio del poder que pretenden montar los jefes paramilitares. El país está en mora de entender el peligro que este estado de cosas representa para la estabilidad y la democracia. Y si bien es acertado combatirlos militarmente e intentar desmovilizarlos mediante una negociación, como lo plantea el Gobierno, también es urgente dotarse de estrategias para enfrentar el control social, político y económico que ejercen en buena parte del territorio nacional. Dejar pasar el tiempo es permitir su progresiva consolidación. Y luego será demasiado tarde para lamentar las consecuencias.

CONFLICTO / 49 FRENTES EN 382 MUNICIPIOS DEL PAÍS HAN PASADO DEL CONTROL MILITAR AL POLÍTICO Y SOCIAL
La paramilitarización de Colombia

Desde el cantor que les hace un sonoro homenaje hasta congresistas que no ocultan su simpatía por los jefes ‘paras’, hay un asombroso mapa de ‘infiltración’.

Una fuerte dosis de terror parece estar recorriendo las venas de ciertas esferas de poder en Colombia. Ahora, como nunca antes, han comenzado a tronar las alarmas ya no tanto por la existencia de grupos de autodefensa sino por los síntomas avanzados de paramilitarización del país.

El fin de semana pasado, en una reunión convocada por la embajada de Estados Unidos en Cartagena, el tema no dejó dormir tranquilos a un grupo de lo más granado de la política, las autoridades públicas y los medios de comunicación. Y en el transcurso de la semana, columnistas de opinión han coincidido de manera poco usual en poner el grito en el cielo sobre el fenómeno.

La situación ha llegado a tal extremo que el propio presidente Álvaro Uribe hizo un reconocimiento tácito de la subordinación del Estado. “A medida que se han venido retirando las organizaciones mal llamadas paramilitares han reaparecido grupitos guerrilleros a secuestrar”, dijo, para explicar dos plagios ocurridos en El Retiro (Antioquia). Como para que no quedara duda agregó que lo mismo había pasado en Santander: “En un sitio donde salió un grupo de autodefensas, llegó el Eln y nos secuestró un señor palmicultor”.
El país también oyó a dos congresistas confesar su adoración por Salvatore Mancuso y ‘Don Berna’ o ‘Adolfo Paz’. Lo hicieron sin pudor, a pesar de que el primero tiene cinco llamados a juicio y 15 investigaciones abiertas (entre ellas tres por masacres) y el otro, con un largo historial en el hampa, es requerido por secuestro.

Apenas expresiones de la punta del iceberg de lo que puede significar hoy el poder militar y político de las autodefensas en el país.
Un alto funcionario del Estado, que ha recorrido todo el territorio nacional, resumió la nuez del problema: “El proyecto político de los paramilitares es más peligroso que su proyecto militar. La guerrilla tarde o temprano negociará porque está perdiendo base social. Los paramilitares, por el contrario, la están ganando con un proyecto político disfrazado de participación democrática”.

De lo militar a lo político
¿En qué están hoy las autodefensas? De acuerdo con un mapa que maneja con extrema confidencialidad la Casa de Nariño, 49 bloques hacen presencia en 26 de los 32 departamentos del país y en 382 de los 1.098 municipios.

Eso equivale a 13.500 hombres distribuidos en un 35 por ciento del territorio nacional. Notorio crecimiento frente a los 3.000 hombres que según el Ministerio de Defensa tenían los paramilitares en 1995 y también con respecto a la presencia en un 25 por ciento de los municipios que inventarió el investigador Mauricio Rubio en 1998.

Esas cifras retratan solo la primera etapa de la estrategia que nació en la mente de Carlos Castaño, quien convocó en 1994 a todos los grupos de autodefensas desperdigados en el país para que se unieran en una federación con el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). La idea se concretó en una segunda conferencia, en abril de 1997, en la que por estatutos quedó claro que no solo querían ser un ejército que copara todo el país sino una fuerza política “que represente y defienda derechos e intereses nacionales desatendidos por el Estado”.

Desde 1996 hasta el 2001, exportaron el modelo paramilitar de Córdoba y Urabá -inspirado en el del Magdalena Medio- a más de 15 departamentos. En cada sitio se repetía el esquema: un grupo élite entraba “rompiendo zona” -preferiblemente reclutado en el Ejército o de guerrilleros con experiencia en explosivos- fulminando a todo sospechoso.

El experimento fue tan cruel como contundente. Abundaron las masacres (83 en el 2000, ver artículo 1-10) y operaciones insólitas como la de Mapiripán, donde aterrizaron en un avión hombres de Urabá con el supuesto apoyo de unidades militares que aún hoy la justicia está tratando de esclarecer.

Mimesis silenciosa
El ruido producido por esa primera etapa, la militar, acalló por mucho tiempo la segunda, de penetración sigilosa en la economía y la política de las diferentes regiones donde lograron un control o una influencia territorial.

En estos casos la evidencia es escasa, pero ha comenzado a surgir.
Hace unos meses EL TIEMPO le preguntó al estado mayor negociador de las Auc hasta dónde se había extendido su dominio. ‘Jorge 40’, el segundo en el Bloque Norte, contestó: “Controlamos la Costa Norte en su gran mayoría; en el centro del país, el Magdalena Medio, y en el sur, Nariño, Putumayo… Nosotros controlamos los corredores estratégicos de la guerrilla, no la Fuerza Pública”.

Tres de los más importantes organismos de investigación y control del país así como una entidad estatal del ámbito social corroboraron, bajo condición de anonimato, que hay evidencias de vínculos de los paramilitares con gobiernos locales o departamentales de la Costa Atlántica, Casanare y Meta.

Son muchas las anécdotas que ilustran cierto grado de sintonía social, cultural y política: desde la canción de los Hermanos Zuleta en la que ‘Poncho’ grita un “Viva Astrea, la tierra paramilitar”, pasando por las reuniones ya reconocidas entre Mancuso y directivas de la Universidad de Córdoba, hasta un representante a la Cámara que, según colegas suyos, es el encargado de convocar a la “bancada” a rendir cuentas a los jefes ‘paras’ en Córdoba.

En los últimos tres meses, han tenido líos por presuntos vínculos con paramilitares dos alcaldes (Cúcuta y Riohacha), dos asesores de paz de gobiernos locales (Guajira y Barrancabermeja) y la directora de Fiscalías de Cúcuta y su asistente.

Se están forjando expresiones políticas, algunos de cuyos miembros expresan abierta simpatía con los paramilitares, como el movimiento Colombia Viva, en el cual hay 13 congresistas y 388 concejales, muchos de ellos con altas votaciones en zonas de influencia paramilitar, o militantes de las Auc desmovilizados en Medellín que lograron cargos en 30 juntas de acción comunal de algunos barrios en la elecciones de abril.
“Ojalá los paramilitares sepan que eligieron a unos politiqueros, que aquí (en el Congreso) están actuando de una manera bastante discreta, muy escondida y no están haciendo nada para representarlos. El país solo ha conocido el caso de dos representantes a la Cámara, dos mujeres, que han dado la cara. Que los otros no se avergüencen de quién los eligió”, dice el senador Jimmy Chamorro.

Y agrega: “No olvidemos las declaraciones de Mancuso donde establece que el 30 o el 35 por ciento del Congreso fue elegido por ellos”.
Asesores de uno de los más altos funcionarios del Estado comentan que cada vez que hay una operación contra paramilitares, su jefe coge el teléfono celular, lo mira y dice, “¡veamos quién llama primero!”, refiriéndose a los varios personajes políticos que suelen llamarlo para hacerle unos muy diplomáticos reclamos tan pronto se enteran de este tipo de acciones.

Cómo lo hacen

Algunas encuestas son parcialmente reveladoras: 31 por ciento de los consultados en las cuatro grandes ciudades por el Opinómetro consideran que el país está paramilitarizado.
Parece tener que ver, en algunas zonas, con cierta aceptación social por la sensación de seguridad que han dado a las poblaciones la llegada de los paramilitares o los programas de desarrollo social y económico que promueven.

“No creamos un frente en ninguna región mientras los habitantes de la misma no se comprometan a financiarlo. En el eje Bananero, quienes nos invitaron, nos pidieron presentar antes un presupuesto de gastos”, decía en su momento el otrora jefe de las Auc Carlos Castaño.
También puede ser diciente el que un alto porcentaje de la población (64 por ciento) encuestada por Gallup apruebe la manera como Uribe ha manejado el tema de los paramilitares -la negociación-, mientras en un momento similar de Pastrana 80 por ciento desaprobaba el diálogo con sus contrarios, las Farc.

Según William Ramírez Tobón, ex director del Iepri de la Universidad Nacional, el apoyo que las Auc reciben en algunas regiones no es a su proyecto político-militar sino más bien un reconocimiento, por lo general pasivo, al establecimiento de un orden regional.

El sociólogo Fernando Cubides atribuye el fenómeno, entre otros, a la fascinación de los medios con la figura de Carlos Castaño. Dice que los paramilitares “se han beneficiado amplia e inteligentemente del interés que suscitan en ciertos medios”.

También les ha ayudado la compra o apropiación de tierras en cada territorio que van ocupando, pues generan lazos laborales y de patronazgo con los lugareños. El mismo Castaño explicó: “Se compran (tierras) cuando está la guerrilla, que no valen nada porque ya los ganaderos se fueron todos y ahí compramos barato, (y) erradicamos luego a la guerrilla”.

El investigador Alejandro Reyes, en un estudio de 1995, concluyó que los ‘narcos’ tenían unos 4 millones de hectáreas en zonas protegidas por los paramilitares y afirmó: “La compra de tierras por los narcotraficantes cambia el curso de la guerra, porque los nuevos terratenientes pasan a la organización paramilitar”.

Fidel Castaño creó la Fundación por la Paz de Córdoba (Funpazcor) para donar tierras, dinero y ganado a ex guerrilleros del EPL. Miguel Arroyave lideraba un megaproyecto de plantación de palma de aceite. Mancuso y Ernesto Báez dicen haber creado una cooperativa de sustitución de cultivos para más de 3.000 familias. Y Carlos Castaño hablaba de la asociación de colonos y campesinos del Alto Sinú y Urabá (Acolsiba), con más de 14 mil asociados.

Podría decirse que los paramilitares serían un claro ejemplo de las conclusiones del último informe de la ONU sobre América Latina, que sostiene que la gente prefiere la seguridad económica y física a la democracia.

A las malas
Pero también hay una importante dosis de infiltración de las autodefensas a sangre y fuego. Más del 50 por ciento de las investigaciones que inició el año pasado la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía (111 de 213) son contra paramilitares. Las Farc solo aparecen en 38 casos.

“No tenemos las estadísticas, pero podría decirle que prácticamente todos los asesinatos de sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos que se han investigado los responsable son los paramilitares. En casos muy esporádicos, la guerrilla”, dice una fuente de la Fiscalía.

Las tácticas para eliminar a quien se les opone van desde el soborno -a fiscales les ofrecen 50 millones de pesos por archivar una investigación- y campañas de desprestigio contra el funcionario que no se les someta, hasta la muerte. “Varios policías que los paramilitares han asesinado por no colaborarles los hemos encontrado picados en pedazos”, explica la misma fuente.

En Cúcuta, en el proceso de infiltración ‘para’ en las instituciones, fueron asesinados tres fiscales, un policía nunca apareció y a otro lo encontraron por partes.

Hace pocos días, dos alcaldes de La Guajira contaban que después de que se destapó el escándalo de las ARS en el departamento ellos se emborracharon hasta más no poder de la dicha pues se habían librado de ‘La Tía’, la mujer detenida por ser el contacto para desviar el dinero público a las arcas de los paramilitares.

Los ‘paras’ imponen sus propias leyes. En algunos municipios del sur del Magdalena, prohíben los pantalones descaderados, afeitan la cabeza a las mujeres acusadas de infidelidad y a las que consideran chismosas las ponen a barrer la plaza.

Y han montado toda una gama de clases extorsión para sostener sus ejércitos y su poder. “Desde los 1.000 pesos que le cobraban a cada ventero ambulante de Santa Marta hasta los entre 250.000 y 500.000 que paga cada camión que entra al puerto (…) Y estamos hablando de que hay buques que requieren para la descarga 70 camiones y que pueden estar fondeados entre 15 y 17 buques”, dijo una alta fuente de seguridad.

‘Contrarreforma política’
Hace poco menos de dos años, cuando el actual Gobierno abrió las puertas para un diálogo político con las Auc se dio un quiebre significativo en la tradición del manejo político de este tipo de grupos. Para algunos, llegaron hasta una cúspide de su proyecto estratégico.
“Lo que yo veo venir no es solo una contrarreforma agraria, sino una contrarreforma política con la llegada de estos nuevos dueños del poder local imponiendo un modelo económico netamente agrario, gamonalista, cimentado sobre el valor de la propiedad, y con unas relaciones sociales de corte patronal”, puntualiza un investigador.

Otro especialista, Mauricio Romero, sostiene que el paramilitarismo en muchos casos surgió a caballo de las reformas de Estado, como el caso de la elección popular de alcaldes y la descentralización en la década de los ochenta, defendiendo un “viejo Estado” -gamonal, si se quiere- y subvirtiendo el “nuevo Estado” emergente, democrático y pluralista.
Hay quienes se oponen. “Yo no diría que el país se ha paramilitarizado. En términos políticos se ha derechizado, que no quiere decir que se haya paramilitarizado. La gente rechaza por igual una masacre paramilitar que una de la guerrilla”, dice un alto funcionario del Estado.

Hay interrogantes hacia el futuro. Qué va a pasar con la negociación en Santa Fe de Ralito y las vendettas internas, es uno. Cómo enfrenta el Gobierno la vasta influencia de los ‘paras’ es otro. Pero que esta existe, y, a partir del comienzo de las negociaciones está aflorando cada vez con mayor claridad, parece fuera de toda duda. Colombia no será toda paramilitar. Pero que se ha paramilitarizado es evidente.
‘Una solución tan dañina como el mal’. Uribe
El presidente Álvaro Uribe aprovechó ayer el consejo comunal de gobierno que realizó en Montería para hablar del paramilitarismo y dijo que se necesita que la ciudadanía crea en las instituciones y que el Estado esté a cargo del orden público “de manera eficaz y transparente”.

Uribe recordó que hace dos semanas se puso en marcha la Brigada Móvil 11 del Ejército en el Nudo de Paramillo, cuya tarea será recuperar “el control absoluto” del área, donde nació el desaparecido Epl, luego entraron las Farc y después “los mal llamados paramilitares”.
Uribe dijo que Córdoba ha sufrido la falta del imperio institucional y que durante muchos años estuvo azotado por la Guerrilla y la falta de atención del gobierno central.

“Las circunstancias engendraron una solución tan dañina como el mal: el paramilitarismo. Hay que crear conciencia y avanzar para que haya pleno control territorial del Estado, de manera eficaz y transparente. El compromiso del Gobierno es dar todos los pasos para la recuperación del pleno control institucional. Para que no haya la amenaza guerrillera y no haya la amenaza paramilitar. Siento que frente a esas organizaciones no se puede tomar partido. Gravísimo cuando los medios de comunicación son permisivos frente a unas con su silencio y sesgados frente a otras con su falta de objetividad. El país entero, como Córdoba en particular, necesita un compromiso total de la ciudadanía, de los medios, de la administración pública, alrededor de la consigna no guerrilla, no paramilitares”, dijo.

PLAN / UN PROYECTO MILITAR Y POLÍTICO DESARROLLADO EN MENOS DE UNA DÉCADA

El mapa de la penetración paramilitar
Un vistazo al grado de penetración de los ‘paras’ en varias regiones hasta el 2003, cuando se detuvo su expansión, arroja indicios sobre cómo será la política y la sociedad en cada sitio en unos años.
El mapa paramilitar de hoy, casi un año después de haber detenido su expansión territorial y de haberse sentado a la mesa de diálogo, puede pintarse, en líneas gruesas, con un control absoluto en vastos sectores del Caribe, Urabá y la parte central del río Magdalena; una dominación relativa en el nororiente y en sectores localizados de Medellín; una ascendencia importante pero llena de pugnas en parte de los Llanos; una influencia incipiente en el Valle y Nariño, y una ‘tarea’ que quedó inconclusa en las selvas del sur, sobre todo en Putumayo.

Observando el modelo de avance de las autodefensas desde mediados de los 90, ejecutado de modo idéntico en casi todas las zonas donde se propusieron llegar, es posible apreciar en qué fase de penetración se halla cada región colombiana.

“El panorama del grado de implantación paramilitar en cada sitio puede ser un indicio importante sobre cómo va a ser la política local en los próximos 10 años, en caso de que se firme la paz y se cumplan la desmovilización y el desarme -dice un analista del Gobierno que pide no revelar su nombre-. Además, se puede intuir cómo será el modelo de sociedad y de economía que terminará predominando en cada lugar”.

En la fase del terror, que es la que marca la entrada de las autodefensas a una zona, parece no hallarse ningún sitio del país en el momento. Esta etapa, caracterizada por grandes masacres generadoras de desplazamientos masivos, la repitieron en El Aracatazo, La Chinita y Bajo del Oso, antes de entrar a Urabá en el 95; la llevaron a Mapiripán en el 97, donde además usaron por primera vez la motosierra, como símbolo de su llegada al Meta; en el 98, para arribar a Barrancabermeja (Santander) quemaron a 32 personas que departían en un bazar en el barrio María Eugenia.

Según un reporte de la Policía, la última matanza de esas proporciones la cometieron los ‘paras’ el 14 de abril del 2001, cuando asesinaron a 40 campesinos en El Naya (Cauca). Quizá por las presiones internacionales frente a esta práctica horrenda, o porque en los últimos dos años no se han producido grandes avanzadas sobre nuevos territorios, ningún municipio colombiano parece estar hoy en esta fase, aunque muchos estén sufriendo asesinatos selectivos.

Este tipo de crimen es, precisamente, una característica de la segunda fase, en la que se busca la consolidación militar y se empiezan a penetrar las estructuras sociales, políticas y económicas. Es el tiempo en que se elimina a los opositores, en que se empiezan a imponer tributos a los comerciantes e industriales, y en que se presiona a alcaldes y líderes comunitarios para que entreguen recursos. Sin embargo, todavía no existe un control total sobre el sector público y el privado.

También, es la época de la compra de las tierras baratas que han dejado baldías los campesinos, luego del terror de las masacres.

El ejemplo perfecto de esta fase es el Meta. Allí hay evidencia de que Miguel Arroyave, comandante del ‘Bloque Centauros’ abaleado esta semana, exigía el 5 por ciento de muchos contratos del departamento. El asesinato en agosto pasado de Carlos Pérez Gómez, contratista de la Gobernación, por negarse a pagar la vacuna, puso en evidencia esa costumbre. Además, en la inspección Casibare, de Puerto Lleras, el jefe ‘para’ tenía montado un centro de ‘cobro de impuestos’ donde eran citados ganaderos y comerciantes, según datos de la Fiscalía.

La tercera fase es la del trabajo comunitario. Luego de un periodo de tensión, de exterminio o silenciamiento de opositores, los ‘paras’ consiguen permear definitivamente a la dirigencia regional, las extorsiones dejan de ser la metodología básica de relación con el sector económico y empiezan a montarse fundaciones y cooperativas para sacar adelante proyectos productivos y hacer gestión social compartida. También es clave conseguir el manejo de las universidades.

En esta etapa se puede ubicar a Cúcuta, al Eje Bananero, al norte de Antioquia y a Barrancabermeja. En la primera ciudad, inclusive, las autodefensas consiguieron infiltrar la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía. El actual alcalde, Ramiro Suárez, está preso por posibles nexos con las autodefensas. Algo similar sucedió con el anterior mandatario de Barrancabermeja, Julio César Ardila, hoy investigado por paramilitarismo.
De Urabá, el propio Carlos Castaño llegó a reconocer que una empresa comunitaria ya está exportando banano a Canadá y Panamá.

“Lo sorprendente de estos modelos es su rapidez -dice un académico, especialista en el tema paramilitar-. En menos de cinco años consiguen poner en funcionamiento iniciativas de verdad. Eso seduce a mucha gente necesitada, y más cuando lo que ven del lado guerrillero es que los proyectos revolucionarios están pensados a 40 y 50 años”.

En la cuarta fase se puede hablar de dominación real de un territorio. Los índices de criminalidad bajan, la oposición prácticamente no existe y se consolida un proyecto político y social. Cesar, Magdalena y Córdoba son sus prototipos.

“El gran riesgo del proyecto paramilitar impuesto en muchas regiones -concluye el especialista- es que en el fondo constituye un esquema de sociedad fuertemente agraria, militarista, inclinada a la unanimidad, en oposición al país plural, moderno y participativo”.

Raponazo de los ‘paras’ al erario público
De manera progresiva y a nivel nacional, los grupos de autodefensa se apoderan de incalculables recursos del Estado destinados a inversión social, seguridad y funcionamiento oficial. Un nuevo escenario de la corrupción dentro del conflicto armado.

AUC EN LA HISTORIA

1968: Se expide la Ley 48, que autoriza al Gobierno para crear autodefensas.

1983: En Puerto Boyacá empiezan a operar grupos civiles con el Ejército.
1988: Las autodefensas del Magdalena Medio participan en las masacres de Urabá y el nordeste antioqueño.

1991: En el acuerdo de paz con el Eln, los paramilitares de Fidel Castaño se repliegan en Córdoba, entregan armas y ofrecen tierras a las víctimas.

1995: Primera cumbre de las autodefensas. Allí, sus miembros anuncian su unión para combatir a las Farc y el Eln a nivel nacional. El Gobierno autoriza la creación de las Convivir.

1998: Se firma el acuerdo del Nudo de Paramilllo, entre las Auc, el Consejo Nacional de Paz y la sociedad civil.

2000: Carlos Castaño pide un proceso de paz para las Auc.
2003: El 15 de julio el Gobierno y las Auc firmaron el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, Córdoba, para desmovilizarse gradualmente hasta 2005.
2004: El primero de julio se instaló formalmente una mesa única de diálogo con el gobierno en Santa Fe de Ralito.

CONCEPTOS

Guillermo Botero

Presidente de FENALCO

El país no puede seguir soportando todas las vías de hecho, tenemos funcionarios públicos desviando dineros a la insurgencia, este es un delito y como tal debe ser castigado. La Fiscalía los debe investigar y poner en la cárcel a estos sujetos para que sean condenados y así no puedan seguir cometiendo este tipo de delitos.

Rocío Arias

Representante a la Cámara

Me parece grave que esto esté sucediendo con la salud de los más pobres del país, eso demuestra la falta de control de los organismos del Estado. Son los organismos de control público los que deben hacer las veedurías pertinentes para que este tipo de situaciones no se siga presentando y sean quienes sean lo culpables respondan ante las autoridades. Como legisladora no puedo dejar pasar por alto esta situación, ya que me preocupa el estado del país.

María Margarita Zuleta

Directora Programa Anticorrupción de Presidencia.
Es evidente la incidencia de grupos alzados en armas en departamentos y alcaldías, los organismos de control y en la administración de justicia. La impunidad es generalizada y aunque hay una captura política en algunos casos e impera la ley del silencio, el Gobierno, los organismos del control, y la sociedad civil a través de las comisiones de moralización estamos uniendo esfuerzos para evitar que los grupos armados se apropien de dineros públicos.

Luis Guillermo Vélez
Senador de la República

Este episodio ha dejado sorprendido al país: los dineros de la salud en ciertas regiones están financiando la guerra. Creo que en eso hay que ser totalmente inflexibles, algunas noticias indican que pueden existir peces gordos implicados en el tema, ante lo cual no puede haber contemplación alguna. Los dineros se distraen en el camino, no sólo en manos de particulares que son ladrones sino para financiar la guerra.

Eugenio Marulanda Gómez

Presidente Confecámaras

Todo esto muestra que el problema insurgente se convirtió en un problema de Estado y se debe afrontar como tal. No obstante, el proceso no va para ningún lado, no van más las dilaciones. Además deben entender que los dineros públicos son sagrados y más aún los dineros de la salud. Inmediatamente deben marginarse de cualquier vinculación que tengan con las ARS y devolver los dineros que se han robado.

Desde hace una década, con la consolidación del proyecto militar y político de las autodefensas a nivel nacional, sus principales jefes han reconocido que el 80% de los recursos proviene de las economías lícitas de las regiones donde crece su influencia. El 20% restante proviene de fuentes ilegales. Lo que apenas comienza a evidenciarse en el país, es que a esta cadena de intimidación a contrabandistas o narcos del bajo mundo, o a comerciantes, empresarios y ganaderos de la economía formal, se suma ahora un atractivo y corrupto botín: los dineros, contratos y presupuestos del Estado.

El pasado sábado 18 de septiembre, cuando el presidente Álvaro Uribe le pidió a la Fuerza Pública en Acacías (Meta) erradicar el problema de un paramilitarismo “infiltrando y dividiendo la administración, la política y la comunidad”, lo hizo porque hay evidencias de que ese chantaje a los contratistas existe, pero no es el único caso en el país. Computador en mano, con insólitas facilidades de pago e indebido control hasta de las cuentas de cartera morosa, varios frentes del paramilitarismo, en casi todas las regiones de Colombia, pretenden fortalecer sus finanzas con los recursos del erario.

Cinco meses antes, el pasado mes de abril, en otro Consejo Comunitario, los indígenas wayúu también le hicieron saber al presidente Uribe que en La Guajira los grupos paramilitares estaban desviando a sus arcas los dineros que el Estado gira a las Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS, encargadas de prestar servicios de salud a los estratos más pobres. La Fiscalía investigó el caso, interceptó varios teléfonos, comprobó las denuncias y el pasado 2 de septiembre capturó al alcalde de Riohacha, Wílder Ríos, y a once funcionarios más, por permitirles a los paramilitares direccionar dineros del municipio.

Según los organismos de investigación, este es apenas el primero de 63 casos similares con recursos de la salud en todo el país. Una comisión integrada por la Fiscalía, la Dijín, la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Protección Social asumió la tarea de cerrar el grifo abierto de este desvío de recursos oficiales a las finanzas de los paramilitares. Y ya se tienen serios indicios de que en el Atlántico hay algunos vínculos entre secretarios de Salud y grupos paramilitares. En otras regiones acontece lo mismo.

Otras modalidades

El asunto es más grave de lo que se piensa, y prueba de ello es que en los 32 departamentos del país, a instancias del Programa Anticorrupción de la Presidencia y la Procuraduría, se han venido constituyendo comisiones regionales de moralización que han encontrado escandalosas evidencias. Por ejemplo, en Norte de Santander, más allá del publicitado caso de Ramiro Suárez, alcalde de Cúcuta, detenido por presuntos nexos con los grupos paramilitares, se ha detectado cobro de cuotas ilegales en los conjuntos residenciales, los establecimientos de comercio y las redes de vendedores ambulantes.

Incluso, en algunos municipios de este departamento, en medio de una notable ausencia de información sobre los procesos de contratación pública, muchos ingenieros jóvenes han advertido que no se puede licitar en las alcaldías o en la Gobernación, porque los contratistas están controlados por el paramilitarismo. Otro tanto acontece en Sucre, donde un reciente reporte de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda dio cuenta de un irregular convenio entre jueces, funcionarios y abogados para descongelar recursos de municipios acogidos a la Ley 550 de intervención económica, y robustecer las finanzas de los grupos de autodefensa.

Los caminos son diversos, pero el modus operandi es muy similar: se empieza por la extorsión y el cobro de comisiones a los promotores de actividades ilegales como el contrabando, el lavado de activos, la venta de estupefacientes o la prostitución, y las oficinas de cobro se van sofisticando hasta extender sus tentáculos a la administración pública. El caso más evidente es el Meta. Según han descubierto los organismos de investigación, el Bloque Centauros de las Autodefensas venía extorsionando a los contratistas del departamento con el 5% del valor de las adjudicaciones. Hasta los interventores de obras han sido presionados para pagar su cuota de las contrataciones oficiales.

En la Costa Atlántica abundan los testimonios, pero la mayoría anónimos. Por ejemplo, en Barranquilla se afirma que a través de algunas ARS los paramilitares controlan el destino de algunos recursos públicos. Y se menciona a una mujer conocida como La Gata, protegida por las autodefensas, quien presuntamente desde la distribución del chance en Atlántico, Bolívar y Magdalena, manipula los millonarios recursos públicos de los juegos de azar. En Santa Marta se afirma que el mercado público, el montaje de cualquier negocio y hasta el transporte urbano les pagan peaje a las autodefensas y que la mayoría de los cobros se concreta en la región de Guachaca, en la vía a La Guajira.

En el Valle se investiga la infiltración de los paramilitares en algunas empresas de servicios públicos. En Arauca y Casanare, donde el manejo de las regalías o la manipulación de los contratos eran una norma en tiempos de hegemonía del Ejército de Liberación Nacional, Eln, los consejos de moralización, fortalecidos por veedores de la sociedad civil, empiezan a descubrir que el paramilitarismo quiere hacer lo mismo. Y en varias regiones, los organismos de control tienen los ojos abiertos ante el interés de algunos grupos de autodefensa de cooptar la gestión de cooperativas y de intervenir en contratos y gestión de las oficinas de recaudo de impuestos de las administraciones públicas.

¿Reinstitucionalización?

Según analistas del tema, ante el repliegue de la guerrilla, producto de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe Vélez, y los acercamientos de paz con los grupos de autodefensa, varios frentes del paramilitarismo, en algunas regiones respaldados socialmente, se han volcado a controlar las actividades que antes presionaba la subversión. Y como el asunto apenas empieza a consolidarse, entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría o la oficina Anticorrupción de la Presidencia de la República se están quedando cortas para retomar plenamente la soberanía del Estado en las regiones donde dominaba la guerrilla.

El jefe paramilitar de la Costa Atlántica Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40, ante las críticas contra algunos comportamientos de las autodefensas, aseguró que cuando se habla de financiación con economía lícita, no se refiere a los recursos públicos. Sin embargo, aclaró: “Las Auc no serán la cortina de humo para la corrupción que hay en Colombia”. De todas maneras, Jorge 40 ha dejado claro que son 20.000 hombres armados de las Auc que quieren desmovilizarse, y que esto sólo es posible si entre el Gobierno, las Auc, las regiones y los empresarios se construyen las condiciones para devolver a la sociedad estos combatientes.

Es el proyecto político que las autodefensas definen como la reinstitucionalización de Colombia. Un modelo que pasa por la inserción de los eventuales desmovilizados en los planes de desarrollo regional y en futuras convocatorias de procesos constituyentes departamentales. En la práctica, hace apenas dos semanas, con la participación de más de cien alcaldes del país, y a instancia de los jefes de las autodefensas, nació la Asociación de Municipios Amigos del Proceso de Paz, dispuesta a promover proyectos integrales de inversión y generación de empleo en aquellas zonas del país donde hayan tenido influencia los grupos de autodefensa.

Una iniciativa que necesariamente va a incidir en los debates electorales en las regiones, con una inocultable presión armada. De hecho, cuando Salvatore Mancuso, en las elecciones parlamentarias de marzo de 2002, comentó que la presencia de las autodefensas en el Congreso superaba el 35%, el comentario del ex ministro del Interior Armando Estrada Villa explica lo que se perfila hacía el futuro: “En sitios de influencia paramilitar, se llega a la conclusión de que ordenaron votar por determinados candidatos o llegaron a acuerdos para presionar a las comunidades y votar por determinados nombres”.

En síntesis, en medio de un ambiguo proceso de paz con las autodefensas pero un notorio avance político de sus líderes para reposicionarse en temas como la inversión social, la seguridad ciudadana o la aplicación de justicia, las evidencias de grupos de autodefensa ávidos del manejo y control de los recursos públicos, constituyen una alarma que el país debe debatir en todos sus poderes. Cuando el presidente Uribe exigió en el Meta un departamento con cero Farc y cero paramilitares, acertó en lo que constituye un objetivo primordial de los organismos de control: evitar que los escasos dineros del Estado sean fuente de corrupción con el protagonismo de los grupos armados ilegales.

Tenemos la lealtad de 6.000 hombres”

Unidad de paz

El vehículo se desvió a pocos minutos de la carretera entre Santa Fe de Ralito y Montería. La camioneta cuatro puertas saltaba como cabra entre charcos y huecos. De pronto, por una pequeña cuesta y en medio de vetustas casas de madera y palma, apareció una bandera de Colombia en la que estaban escritas las siguientes palabras: “Bienvenidos, Bloque Centauros”.

Era el 26 de agosto pasado. Día en que el jefe paramilitar Miguel Arroyave concedió una de sus últimas entrevistas, y lo hizo con periodistas de El Espectador. La finca donde los recibió se notaba recién construida. Aún olía a pino y a cedro. La pintura también estaba fresca. La casa realmente no es grande e intenta ser modesta, pero el caminador estático, la antena parabólica, el médico de cabecera, el servicio doméstico, los muebles rústicos, la guardia pretoriana, los vehículos y el parqueadero en gravilla blanca con plantas ornamentales, decía lo contrario. El predio parece más bien esas casaquintas de pequeños burgueses.

Luego de más de dos horas de estarlo esperando, el hombre apareció. Y lo hizo sin ningún asomo de preocupación por la demora. En tono pausado, empezó entablar conversación. A su lado estaba “Andrés Camilo”, el vocero político del grupo, quien intervenía todo el tiempo después de que Arroyave hacía pausa.

Después de ofrecer tinto y frutas, miró el reloj insinuando que tenía poco tiempo. La entrevista comenzó un poco después del medio día. La pregunta inicial empezó con algo que parecía imposible.
¿Cómo es eso de la asesoría de ex guerrilleros colombianos y conocedores de los procesos de paz en América Central?
Las autodefensas tenemos un alto contenido político. Nosotros nos concebimos en un escenario político y necesitamos conocer de cerca otros procesos de paz con los actores que tienen conocimientos.
¿Ese acercamiento en qué consiste?

Digamos que es una agenda académica y estamos mirando de cerca procesos como los del M-19 y el Epl. Hay puntos de coincidencia en la mecánica a cerca de cómo manejaron los espacios políticos.
¿Eso quiere decir que aspiran a tener cargos por circunscripción especial?

Ahora la política no es por decreto sino ganándosela. Aprovecharemos el abonado social que tenemos para el mutuo objetivo de la paz del país.
¿Cómo ve lo que está sucediendo con las Farc y el Eln?
Aplaudimos que se desentrabe el intercambio humanitario y la necesidad de diálogo con el Eln.

Al analizar el proceso de paz con las Auc en Ralito se podría afirmar que hay varias islas por dentro.

Las autododefensas son una organización confederada y en este momento estamos reunidos para unificar criterios.
Ustedes están hablando de constituyentes regionales a manera de hacer política. ¿Se lanzarán como partido?

El futuro político de una organización se construye con la base popular. Nosotros no podríamos ser líderes si no tuviéramos un liderazgo con las comunidades. Nosotros somos civiles en armas.
Insistentemente se afirma que usted compró, a Vicente Castaño, el Bloque Centauros por US$7 millones.

Eso no es cierto. Tenemos la lealtad de 6.000 hombres y eso nos convierte en líderes y el liderazgo se gana no se compra.
Ustedes se repartieron las tierras con Martín Llanos.

Eso no es así. En ese momento uno decía: nosotros operamos en tal parte del territorio y ustedes en otro. Hemos tomado correctivos.
Se dice que la confrontación entre ustedes y Martín Llanos es por la contratación en Casanare y el Meta.

Nunca hemos permitido que nuestra gente pida finanzas. Nosotros recibimos colaboraciones de los ganaderos y de industriales, y el que llame a pedir dinero a nombre del Bloque Centauros es un ladrón. Se han presentado algunos casos y ya hemos tomado correctivos.
La gente insiste en que ustedes cobran un porcentaje sobre los contratos que se adjudican.

Usted le puede preguntar a cualquiera de los contratistas en Casanare y se podrá dar cuenta de que nadie, absolutamente nadie, puede decir que nosotros estamos cobrando un porcentaje sobre los contratos. A nosotros se nos acerca la gente y nos colabora voluntariamente. Es más, están agradecidos de nuestra presencia en Maní, Tauramena y ahora en Monterrey.

¿Y de la mesa de Santa Fe de Ralito qué están esperando?
Nuestro trabajo es acompañar al Estado y buscar la reinstitucionalización de las zonas donde hemos estado operando. Una vez se cumpla este compromiso, por parte del Estado, nosotros iniciaremos la desmovilización de nuestros hombres. Ya tenemos el compromiso con el Gobierno y lo cumpliremos.

Otro problema es el narcotráfico en sus zonas de influencia.
El problema del narcotráfico no es de las Autodefensas Unidas de Colombia ni de la guerrilla. Este es un tema nacional e internacional que hay que discutirlo en todas las esferas. Lo que sucede es que como las autodefensas están de moda, ese es el tema. Autodefensas y narcotráfico. Cuando nosotros llegamos a varias zonas la coca ya estaba.

¿Están dispuestos a erradicar los cultivos de coca en sus zonas?
Nosotros ya empezamos a erradicar y estamos sembrando cultivos de palma africana y hemos invitado a los cocaleros a participar en esta iniciativa. Estamos haciendo una labor grande frente a este tema. Lo que pasa es que la situación de los campesinos es muy berraca y los programas que les han ofrecido no terminaron en nada y la gente sigue viviendo de lo que han vivido muchos años atrás.

Un bloque en la incertidumbre

Después de la muerte de Miguel Arroyave Ruiz y de cinco de sus hombres cercanos, la situación del Bloque Centauros no es la mejor. Pese a que es uno de los grupos más numerosos con representación en Santa Fe de Ralito, el asesinato del máximo jefe de la organización al parecer a manos de sus pripio hombres es una señal de que las cosas no eran como se mostraban.

Aparecía, paradójicamente, un Arroyave hablando de la lealtad de sus 6.000 hombres. Pero un comando de estos mismos combatientes fieles lo asesinó. Y las cosas no siguen bien, muy a pesar de que el ‘pleno de comandantes’ expresara su voluntad de seguir en Santa Fe de Ralito. Eso es lo que se desprende después del lacónico comunicado donde hablan de un análisis que hicieron a los “lamentables hechos”.

Las cuatro conclusiones que sacaron dejan las cosas inciertas: “Se mantiene la unidad entre los diferentes frentes con mando responsable. Existe total y plena identidad con los principios estatutarios de las Accu. Respeto a la Mesa Nacional de Negociación, a la cual le solicitamos enviar un representante. Solicitar la presencia del señor Alto Comisionado para la Paz para manifestarle que existe voluntad de diálogo”. Incierto porque, primero, reivindican la línea Castaño (Accu); segundo, porque el hecho de llamar a un representante de los negociadores en Santa Fe de Ralito y al Alto Comisionado para la Paz a dialogar con ellos, no es más que ratificar que si bien respetan lo que está sucediendo en Córdoba, dejan tácita una rebeldía. Esto es, que tienen que ir al Llano a dialogar con ellos.

¿Y quién reemplazará a Arroyave? Por ahora se están barajando sólo dos nombres: Manuel Pirabán, alias Jorge Pirata –un heredero de la causa del extinto paramilitar del Magdalena Medio Henry Pérez, asesinado también por sus propios hombres– y Andrés Camilo, comandante político que acompañaba a Arroyave en Santa Fe de Ralito.