El país de las Paravillas
INFILTRACION PARAMILITAR EN LA CAMPAÑA DE URIBE, PARAEMBAJADOR DIAS CONTADOS, PARAMABIENTALISTAS DEL CONSENTIMIENTO
Un país de maravillas es el que se ha ido construyendo en Colombia, de acuerdo con la respuesta de Uribe a El País de España. Para ALVARO URIBE, “se está acabando con la narcoeconomía y dando paso al dinero honesto”. http://www.elpais.com/articulo/internacional/Necesitamos/ayuda/narcoeconomia/elpepuint/20070618elpepuint_2/Tes Cifras, datos de crecimiento económico, claridad en los objetivos de la política de Seguridad Democrática y Estado Comunitario pretenden mostrar que hay un desmonte de la estrategia paramilitar, una reducción de la siembra de coca, un acabamiento del 50% de la guerrilla de las FARC EP, una reducción de la miseria y un desarrollo que requiere la inversión en materia de seguridad y de protección con el involucramiento de la población en programas como el de Familias Guardabosques.
Por esa misma razón, FABIO ECHEVERRY CORREA, gerente de su primera campaña ante las versiones de la Revista Semana y El Nuevo Herald sobre la participación de la estrategia paramilitar en la que se eligió a URIBE, es una pelea entre mafiosos, refiriéndose a MANCUSO y OCHOA VASCO. Y agrega, eso no lo creen Telefónica, ni el BBVA, ni la Universidad de Harvard, ellos creen en lo que se ha hecho durante estos 5 años. Por supuesto como no van a creer, si sus i ntereses se encuentran muy bien salvaguardados y el pensamiento universitario bien aprendido y aplicado. Para la lógica empresarial no importa la ética en que su fundamentan esos intereses, así estén bañados de sangre o de destrucción del planeta.
Este diagnóstico bien armado en la retórica tecnocrática y el pragmatismo político disfraza, oculta, distorsiona o miente. Las otras realidades, las que se viven cotidianamente como la perpetuación de la pobreza y de la miseria, la redefinición del Estado como Estado de hecho o de excepción vía institucionalización del paramilitarismo, impunidad jurídica, impunidad social y el alma militarizada de amplios sectores de la sociedad. El pacto real en desarrollo de la estrategia paramilitar ha sido la reincorporación de la lógica parainstitucional en la institucionalidad, la privatización socializada del uso de la fuerza, la legalización de los dineros del tráfico de drogas y la legalización de la propiedad rural arrebatada violentamente, la legalidad de la impunidad jurídica en Crímenes de Lesa Humanidad. Por eso se aprobó con las mayorías Uribistas en el Congreso el Estatuto de Desarrollo Rural, Ley 30, sustento real de la aplicación de la Reparación en materia de Restitución, que contempla la ley PARA la “justicia” y PARA la “paz” o ley 975 y cursa la discusión de los nuevos mecanismos del Estatuto de Seguridad de JULIO CESAR TURBAY o del Estatuto para la Defensa de la Justicia de la época del ex presidente CESAR GAVIRIA, director del Partido Liberal o se busca refrendar la fracasada política militar del Plan Colombia. O desde ese mismo Congreso se legislará para que los políticos uribistas vinculados por el delito de concierto para delinquir sean beneficiados en el futuro de una ley de “perdón y olvido”
Mientras Uribe habla de las maravillas de sus políticas a la prensa de España, buscando apoyo en su fracasada cruzada antiterrorista, cuyo blanco es todo lo que rompe su pensamiento único o disiente, no el tráfico de drogas ni el propio terrorismo de Estado, en los Estados Unidos y México vuelve a aparecer en escena la sombra real que se proyecta sobre Uribe, unos vínculos con una estrategia non sancta que le ha permitido ser poder en el ejecutivo, en el rompimiento de la formal Constitución de 1.991.
La institucionalización del paramilitarismo, el pacto secreto.
El mal llamado proceso de desmovilización ha significado la reingeniería militar de la estrategia paramilitar y la estrategia regular de las Fuerzas Militares a través del proceso de “pacificación”, la aparición de nuevas generaciones paramilitares, la legalización de los recursos del tráfico de drogas, la legalización de tierras y de otros bienes, la impunidad asegurada bajo la ley mal llamada para la justicia y para la paz”.
Hoy se muestran públicamente testigos de lo pactado, de lo que todos saben, pero que a veces se escapa de pruebas contundentes. El diario Nuevo Herald, periódico de Miami, revela dos videos en los que se observa a Uribe, en un escenario pequeño en camaradería y diálogo con reconocidos (as) integrantes de la Estrategia paramilitar del magdalena medio. El escrito retoma las apreciaciones de un abogado de los Estados Unidos que pregunta al Departamento de Estado por el apoyo paramilitar en la primera elección de ALVARO URIBE http://www.elnuevoherald.com/167/story/53569.html
De acuerdo con los registros de dos, de los tres videos, difícilmente se puede negar el apoyo de las estructuras paramilitares a URIBE. Este hecho que se suma a las revelaciones de un extraditable FABIO OCHOA VASCO, que declaró en la Revista Semana, sus operaciones desde Santafé de Ralito con conocimiento de las cabezas visibles del proceso, e incluso del Alto Comisionado de Paz, LUIS CARLOS RESTREPO. En sus revelaciones en al artículo “El hombre del Cartel” http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=104450 es explicito en señalar que Uribe recibió apoyo desde las estructuras paramilitares.
Si se lee entre líneas y en contexto queda manifiesto que hubo acuerdo de apoyo a Uribe en las elecciones primeras, un acuerdo en torno a evitar la extradición a los Estados Unidos de varios de los capos, y el desarrollo de unos mecanismos que aparecieran como muestra de paz y de reconciliación como el desarme a cambio de procesos fácticos de impunidad, simulados de debido proceso, de justicia y de acceso a las víctimas a esos Derechos y un escenario teatral de entrega de bienes. Lo pactado, que siempre se ha negado, pero que la realidad para ser develarlo es parte de un proceso de consolidación del proyecto paraestatal
Dice FABIO OCHOA a Semana: “Yo estuve con Mancuso cinco años. Lo conozco muy bien. Le aseguro que tarde o temprano él contará la verdad. Cuando vea que se le cierran las puertas para lograr una condena de justicia y paz, más la presión de los norteamericanos, que saben que él es el más grande capo que hay en Colombia, tratará de defenderse y contará sus alianzas con el presidente Uribe”.
Y agrega a la misma revista el extraditable: “Todos los comandantes que se sentaron la primera semana en la mesa de negociaciones saben la verdad. Saben que para estar donde están, metieron más de 10 millones de dólares. Tarde o temprano alguno se va a reventar porque se sienten traicionados por el gobierno”.
(…)Mire, desde los 12 puntos iniciales del proceso era un ambiente de angustia porque el gobierno los había traicionado y cada vez que intentaban ponerle presión al gobierno, les respondían: ¡Hagan lo que quieran! Llegaba el comisionado Luis Carlos Restrepo y volvían a arrancar porque no todos son guerreros. Son personas que se lucraron con el negocio de la droga, se cansaron del monte y la riqueza que tienen no la quieren compartir con el pueblo. Es una oportunidad que no pueden perder”.
De confirmarse en estrados judiciales, lo que es una verdad de apuño en muchos sectores se comprende porque el proceso adelantado en Santa Fé de Ralito fue de espaldas a la opinión nacional, porque además de los festines allí realizados, era posible la construcción de nuevas estructuras criminales con la consecución de material de guerra para las “nuevas generaciones” de paramilitares, la transición en la entrega de bienes y de rutas del tráfico de drogas a nuevos capos. Proceso que se inicia en el momento de Refundación de la Patria definida en la reunión de políticos con la cúpula de la estrategia paramilitar, desarrollado posteriormente en el escenario nacional en las elecciones de 2002 en las que resultó electo el Presidente Uribe con el apoyo de amplios sectores beneficiarios del paramilitarismo, la financiación de traficantes de drogas y la presión armada en no pocas regiones del país, incluso de las fuerzas regulares. Por eso no es de extrañar que el abogado Daniel Kovalik hay escrito a la secretaria de Estado, CONDOLEEZZA RICE, según el diario de Miami. ”Es razonable pensar que Uribe debería saber que se estaba reuniendo con miembros de las AUC, incluyendo el comandante Esteban, dada su amplia notoriedad”.
La paramilitarización de la justicia
Más allá de los acuerdos que hoy parecen devalarse paralelamente la actividad de la Fiscalía en particular de LUIS CAMILO OSORIO empieza a ser conocida en México, donde medios de información han presentado una cruda radiografía de su papel como responsable de la justicia durante 4 años. A través del sistema televisivo de CNN, La Jornada y la Revista Proceso que nada de lo que hoy sucede en Colombia ha sido posible sin la actitud tolerante, cómplice y contra Derecho del Fiscal General de la Nación, LUIS CAMILO OSORIO, entre el 2001 y el 2005, hoy embajador en ese país. Con el título Embajador Paramilitar http://www.proceso.com.mx/hemerotecainterior.html?nta=141776&avz=2 y en el artículo de opinión del diario La Jornada El para embajador tiene los días contados y http://www.jornada.unam.mx/2007/06/17/index.php?section=opinion, al que se suma una entrevista en uno de los programas de opinión de mayor audiencia de CNN se hacen serios reparos a la actividad del hoy Embajador como Fiscal en Colombia
A través de Su actitud al frente del ente investigador aseguró la impunidad de Generales como RITO ALEJO DEL RIO responsables de crímenes de Lesa Humanidad y del desarrollo de la estrategia paramilitar en el Bajo Atrato y Urabá antioqueño, mientras ALVARO URIBE era Gobernador de Antioquia. El nombramiento de fiscales cuestionados por sus vínculos con paramilitares en Norte de Santander; el desmonte de la unidad de derechos humanos por las investigaciones adelantadas en las que se compromete la responsabilidad de altos mandos militares en violaciones de derechos humanos y operaciones de tipo paramilitar, por solo nombrar parte de sus actuaciones, ha sido un aval de legitimidad para el desarrollo de la estrategia criminal.
Con LUIS CAMILO OSORIO se desarrollaron nuevos mecanismos de impunidad. No era suficiente la complicidad del poder legislativo en los ascensos de militares comprometidos en violaciones de derechos humanos. El desarrollo de pacto para la refundación de la patria entre sectores de los partidos políticos de la costa y la estrategia paramilitar. No era suficiente la permeabilidad del congreso a las lógicas paramilitares, ni el apoyo al Presidente Uribe para sus elección. No era suficiente la financiación de empresas privadas nacionales e internacionales y de traficantes de drogas a la estrategia paramilitar se requería contar con el aparato de investigación de justicia, que aunque nunca ha sido un eficiente aparato de justicia, por los pocos casos en los que actúo en Derecho podría frenar la criminalidad estatal. Así LUIS CAMILO OSORIO convirtió a la Fiscalía en medio de la impunidad.
No era suficiente la comisión de crímenes calculados, pues a ello se sumaron, las omisiones investigativas de la Fiscalía que genéricamente descargaban la responsabilidad en las víctimas o que ubicaban como fundamenta probatorio única y exclusivamente los testimonios de los familiares como base de la investigación, cuando estos no eran los responsables: omitiendo el deber de recaudar las pruebas en los lugares de operación de los paramilitares perfectamente conocidos o en las Brigadas militares en donde se planeaban las operaciones criminales. Con LUIS CAMILO OSORIO el lavado de responsabilidades se hizo evidente en muchos casos, donde la verdad real se imponía, sin lugar a dudas sobre la verdad procesal, sobre las formalidades de debido proceso y sana crítica. La intervención indebida o el rompimiento del principio de independencia judicial fue evidente como parte de la politización del ente investigador. Politización que tuvo como elemento sustancial el consentimiento a las lógicas de operación paramilitar, la infiltración de la estrategia para ocultar y desviar responsabilidades institucionales y la criminalización de las organizaciones de oposición, sindicales, barriales, de derechos humanos. Bajo su responsabilidad se implementó la dinámica de las falsas judicializaciones, la conversión del justiciero como guerrero, sin las mínimas discreciones, sin los mínimos de acatamiento a la formalidad del Derecho.
Pero seria injusto señalar solo a LUIS CAMILO OSORIO, actual embajador en México, y de quién se afirma de sus actividades policivas en ese país, en donde al parecer ha ido imponiendo la tesis de la lucha contra la criminalidad asociada al tráfico de drogas. Habría que acercarse a leer las páginas de El Tiempo en su edición dominical en la que se devela como en la detención de SALVATORE MANCUSO y el llamado RODRIGO TOVAR, alias “Jorge 40” en la costa norte, cuando estos eran integrantes de una Convivir, legalizada a través del Gobernador de Antioquia, ALVARO URIBE VELEZ, la fiscalía logró ser comprada para que estos y varios de sus lugartenientes salieran en libertad
La Impunidad Social
Pero en la sociedad de la costumbre, donde el crimen de Estado está legitimado y se está legalizando, los recetarios institucionales adoban la realidad, socializan la mentira y generan el consentimiento social que nos hace experimentar como sujetos de libertad cuando más somos sujetos de restricción a la intimidad, a la interacción con la biodiversidad, a la libertad de pensamiento.
Los nuevos escándalos son respondidos con las mismas recetas. Se transfieren las responsabilidades presentes al pasado, no hay responsabilidad individual o histórica. Llo de hoy es lo mejor. Todo se debe a un gran salvador, URIBE, que salvaguarda hasta la libertad de expresión. Partimos de un Estado débil por el tráfico de drogas que hoy está fortalecido gracias a la seguridad. Nadie ha extraditado tanto como URIBE. Se pasa rápidamente a ser víctima. La victimización del Estado encarna o la encarnación de la santidad se encuentra en el prohombre, por eso los victimarios son los terroristas y los opositores, y los que se niegan al progreso, y él es blanco de la calumnia.
Ante las nuevas evidencias, ante el cruce de caminos que conduce a Uribe como expresión de esos pactos secretos, su Secretario de Prensa, un reconocido afecto del Opus Dei, CESAR MAURICIO VELAZQUEZ, indica que, sí existen pruebas que estas se presenten ante la justicia y justifican que como hombre público en las campañas fue registrado en fotografías o en videos, como parte de la normalidad en una campaña y no implican ningún compromiso. Lo que algunos afirman es que este tipo de disculpas bastarían cuando se trata de manifestaciones masivas, pero aquellas que ocurren en recintos cerrados en donde no aparecen más de 20 personas, y donde están reconocidos miembros de las estructuras paramilitares, eso no es excusable.
Y todo conduce a URIBE, y él parece ser el único que no supo, que no sabe, pues igual solo se sabe que este país de las maravillas es posible gracias a él, solo por el se encuentra en gran crecimiento económico, en disminución de la pobreza y de la miseria, en apertura y desarrollo del mercado, gracias a la seguridad institucional y el Estado comunitario se acabo el paramilitarismo y los errores institucionales.
Y aún así expertos internacionales, intelectuales que antes estaban al lado de los principios del Estado de Derecho, que eran referentes en el mundo de las víctimas, cuando no son miembros de la Comisión Nacional de Reparación son asesores tratando de hacer que lo torcido se puede enderezar. Este es el país del humanitarismo y del solidarismo sin más, somos el país de paravillas. Qué vergüenza!!
¡!! Ah por supuesto, que importa los crímenes de lesa humanidad, que importa la destrucción ambiental, que importa la legalización del crimen.
¡!! Ah por supuesto de que va la impunidad, si este país es otro, el país de las maravillas.
Que importa si nuestra mentes, nuestra sensibilidad se hacen parte de ese mundo de fantasía.
Adjunto los artículos
El Para embajador tiene los días contados
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/17/index.php?section=opinion&article=008a1pol
El Embajador Paramilitar
http://www.proceso.com.mx/hemerotecainterior.html?nta=141776&avz=2
El Hombre del Cartel
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=104450
Necesitamos apoyo contra la narcoeconomía
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Necesitamos/ayuda/narcoeconomia/elpepuint/20070618elpepuint_2/Tes
Piden Investigar “Infiltración para” en Campaña de Uribe
www.elnuevoherald.com/167/story/53569.html
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/17/index.php?section=opinion&article=008a1pol
El PARA EMBAJADOR CON DIAS CONTADOS
CARLOS FAZIO
Elembajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, está en problemas. El diplomático está siendo investigado en su país en el caso de la llamada narcoparapolítica, un tenebroso y enorme engranaje que parte del Estado mismo y vincula a empresarios, gobernadores, políticos y legisladores del entorno íntimo del presidente Alvaro Uribe, así como a magistrados del Poder Judicial con conocidos narcotraficantes y jefes paramilitares.
Osorio, quien presentó sus cartas credenciales como embajador en México el 22 de noviembre de 2006, fue fiscal general de la nación entre 2001 y 2005, y está identificado por diversas instituciones humanitarias como uno de los principales encubridores de responsables de masacres, ejecuciones extrajudiciales e inhumaciones clandestinas de cientos de personas. Durante su gestión, prácticamente nunca hubo esfuerzos por descubrir quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de homicidios colectivos y crímenes de lesa humanidad en departamentos como Sucre, Antioquia, Norte de Santander o Meta, donde siempre aparecían vinculados los nombres de jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, Salvatore Mancuso o, incluso, Fidel Castaño.
El pasado 15 de mayo, al comparecer ante la fiscalía de Medellín, Salvatore Mancuso declaró lo que todo mundo sabía desde hace tiempo: que el paramilitarismo es y ha sido una estrategia del Estado colombiano. Apoyándose en los manuales de contrainsurgencia del ejército, en una acción discursiva calculada, Mancuso pretendió ubicarse como víctima de una ideología que preconiza la defensa del cristianismo, el capitalismo y la democracia. Banalizó su responsabilidad individual en crímenes de lesa humanidad e intentó sustentar una responsabilidad colectiva institucional. El, como el nazi Adolf Eichmann, sólo cumplía órdenes; era sólo una parte de la maquinaria militar oficial. Sin embargo, denunció: “Yo soy la prueba fehaciente del paramilitarismo de Estado en Colombia (…) El paramilitarismo ha sido orquestado por los gremios económicos, que son los que ponen la plata, plata que favorece a los políticos y el ejército dispara a quien se oponga a esto, sea o no sea guerrilla”.
En su confesión, el ex comandante de las AUC soltó varios nombres de funcionarios y militares de alto rango presuntamente involucrados en matanzas contra población civil indefensa. Por ejemplo, reveló que se había reunido en varias ocasiones con el ahora vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, y con el actual ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Y por primera vez mencionó sus nexos con los generales retirados Iván Ramírez Quintero, ex jefe de inteligencia del ejército; el ex comandante del arma Martín Orlando Carreño, y Rito Alejo del Río, con quienes, dijo, planeó la “expansión paramilitar” en el norte de Colombia.
El brigadier general Rito Alejo del Río, ex comandante de la Brigada XVII del ejército en el Urabá antioqueño y sindicado como uno de los “padres” del paramilitarismo en los años 80, está acusado de ser autor intelectual de más de 200 crímenes de lesa humanidad. Entre ellos, la llamada Operación Génesis, que en febrero de 1997 provocó la muerte de 170 campesinos y el desplazamiento forzoso de 3 mil afrocolombianos de la cuenca del río Cacarica, en el departamento del Chocó. Del Río fue capturado el 21 de julio de 2001, pero el entonces fiscal general de la nación, Luis Camilo Osorio, desestimó las denuncias, a pesar de que había una carga probatoria importante.
Por vía paralela, según constató en 2002 la organización Human Rights Watch, Osorio, quien al llegar a la fiscalía dijo a sus subordinados que las investigaciones contra los militares “no eran bienvenidas” y que había que reducir la atención que se daba a los casos de actividad paramilitar, porque tenían una “carga ideológica”, desencadenó una “purga” de funcionarios judiciales que habían participado en el caso de los paragenerales. Destituyó a nueve fiscales, 15 se vieron forzados a renunciar bajo la acusación de “falta de lealtad con la institución” y desmanteló la Unidad de Derechos Humanos de la fiscalía.
Asimismo, allanó el camino para que un juez concediera a Del Río un recurso de habeas corpus y recuperara su libertad. Las evidencias contra el militar eran tan contundentes, que el presidente Andrés Pastrana tuvo que retirarlo del servicio activo, y hasta Estados Unidos removió su visa por “terrorismo internacional”. No obstante esos antecedentes, en marzo de 2004 el propio fiscal Osorio se encargó de investigar al general por los hechos de Urabá, reorientó la indagación, lo absolvió de responsabilidad penal y archivó el proceso. También se negó a investigar acusaciones muy graves contra el presidente Alvaro Uribe, quien había patrocinado grupos paramilitares cuando fue gobernador del departamento de Antioquia, así como sus presuntos vínculos de complicidad con las conductas delictivas del general Del Río.
Según organizaciones humanitarias, mediante opiniones arbitrarias, Osorio descalificó todos los testimonios allegados al proceso, no obstante obrar en el expediente acusaciones sobre numerosos asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos obligados de población civil, bombardeos, actos de violencia sexual y pillajes. El caso ha sido admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que encontró responsabilidad del Estado colombiano en la Operación Génesis. Fue el mismo Osorio quien se encargó de absolver, además, al general de la Armada, Rodrigo Quiñónez Cárdenas, y a otros oficiales que eran investigados por presunta omisión en el asesinato de 26 campesinos en Chengue, Sucre, por paramilitares.
Osorio está siendo investigado, también, por haber desatendido a un testigo, Jairo Castillo Peralta, quien desde 2001 entregó todas las pruebas que demostraban el maridaje de la clase política de Sucre con el paramilitarismo. Paradójicamente, Castillo es en la actualidad la base para que la Corte Suprema de Justicia tenga en prisión a los congresistas Alvaro García Romero y Erick Morris, de la coalición gobernante, y la fiscalía busque a Salvador Arana, ex gobernador del departamento de Sucre.
Otra acusación que vincula a Osorio con los paramilitares fue formulada por Magally Moreno Vera, asistente personal de la ex directora de fiscalías de Cúcuta, Ana María Flórez, amiga personal del actual embajador en México. Moreno admitió que ambas formaban parte de una red controlada por el jefe paramilitar conocido como Iguana. También señaló que en los tiempos de Osorio la relación de las AUC con la justicia colombiana “ya no era de maridaje, sino una verdadera luna de miel”. La testigo aseguró que prácticamente todas las instancias operativas y judiciales del departamento Norte de Santander estaban penetradas por el paramilitarismo. De hecho, reveló nombres de altos oficiales del ejército, la policía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que eran activos colaboradores de los paras. Y aseguró que pese a que nunca conoció una orden directa, “todos en la fiscalía sabían que tenían que colaborar” con esa organización clandestina, porque “la orden venía de arriba (entiéndase Luis Camilo Osorio)”.
El investigador Richard Riaño Botina, experto en rastrear comunicaciones y sistemas informáticos, es otro dolor de cabeza para Osorio. Riaño, quien realizaba labores de inteligencia dentro de la fiscalía, hasta que fue echado por Osorio, encontró que los teléfonos de al menos 54 funcionarios del ente investigador se cruzaban con los de paramilitares del oriente colombiano. El hacker halló idéntica situación en algunas oficinas del DAS y del Congreso. Riaño, quien pidió a las autoridades colombianas protección en el exterior, entregó al senador Gustavo Petro, del Polo Democrático, grabaciones, mensajes electrónicos y comunicaciones decodificadas que podrían servir no sólo para esclarecer algunos crímenes, sino para reabrir procesos contra paramilitares, que fueron cerrados durante la administración de Osorio.
El caso dio lugar para que el ahora embajador fuera vinculado formalmente a un proceso que, de prosperar, podría conducir a una declaración de indignidad para el ejercicio de su cargo diplomático en México. Si hay evidencia de que sus actuaciones como fiscal pueden calificarse como delitos, la Corte Suprema podría llevarlo a juicio. En ese caso, se convertiría en pieza clave para desentrañar los tentáculos de las Autodefensas Unidas de Colombia en el gobierno de Uribe, los empresarios y la clase política que integran la alianza oficial.
Por otra parte, el embajador Osorio ha sido acusado en México de seguir los pasos de su antecesor, Luis Ignacio Guzmán, quien convirtió la sede diplomática del país sudamericano en esta capital en un centro de espionaje contra residentes colombianos y mexicanos solidarios con las luchas en aquella nación. Tampoco sería ajeno a las filtraciones periodísticas de los servicios de inteligencia colombianos sobre presuntos vínculos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con narcotraficantes mexicanos y la existencia de “células” de esa guerrilla en territorio nacional. México, no hay duda, tiene un huésped diplomático con serios problemas judiciales, que además se inmiscuye en asuntos internos, por lo que algunas voces comienzan a señalar que debería ser declarado persona non grata.
http://www.proceso.com.mx/hemerotecainterior.html?nta=141776&avz=2
El EMBAJADOR PARAMILITAR
POR JORGE CARRASCO ARAIZAGA
El descubrimiento de que políticos cercanos al presidente colombiano Álvaro Uribe fueron cómplices de los grupos paramilitares en crímenes contra la humanidad ya provocó la caída de varios funcionarios y congresistas. Al parecer el siguiente en la lista es el actual embajador en México, Luis Camilo Osorio, a quien diversas organizaciones acusan de haber protegido a los paramilitares de 2001 a 2005, cuando fue fiscal general.*
El embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio Isaza, figura en medio del escándalo en que se encuentra el presidente de su país, Álvaro Uribe Vélez, por los vínculos de sus allegados políticos con los grupos de paramilitares.
Osorio Isaza, quien llegó a México hace medio año, es señalado como responsable directo en la protección de políticos y militares que junto con grupos armados relacionados con el narcotráfico cometieron crímenes de lesa humanidad en Colombia durante la década pasada.
Organizaciones colombianas de derechos humanos e instituciones internacionales como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, identifican al embajador como uno de los principales encubridores de quienes han sido señalados como responsables de masacres, ejecuciones extrajudiciales e inhumaciones clandestinas de cientos de personas.
Antes de ser embajador, primero en Italia y luego en México, Luis Camilo Osorio fue el fiscal general de Colombia, cargo que en México equivale al de procurador general de la República. Desde ese alto puesto se encargó de darle carpetazo a las investigaciones sobre diversas matanzas a cargo de paramilitares, en las que están comprometidos políticos del entorno del presidente Uribe.
Precisamente a éste se ha acercado el presidente Felipe Calderón para conocer su estrategia contra el narcotráfico. Uribe padece una crisis política que estalló hace meses, cuando se empezaron a conocer los vínculos directos de varios de sus ministros y embajadores, así como de congresistas y gobernadores de su partido con paramilitares.
Esas revelaciones han provocado la caída de la canciller María Consuelo Araujo, el encarcelamiento de una docena de congresistas y un gobernador, así como la fuga de quien fuera el embajador de Colombia en Chile, Salvador Arena.
Ahora está en la mira Luis Camilo Osorio Isaza, aliado de Uribe que presentó sus cartas credenciales como embajador en México el 22 de noviembre de 2006, una semana antes de que Calderón asumiera la presidencia.
El mes pasado el colombiano tuvo que acudir a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (diputados) de Colombia, como parte de las investigaciones que el órgano legislativo realiza sobre las relaciones del gobierno de Uribe con los paramilitares. De acuerdo con representantes de organizaciones de derechos humanos colombianas entrevistados por Proceso en la Ciudad de México, ese vínculo se remonta a la época en que el presidente Uribe era gobernador de Antioquia.
Iván Cepeda Castro, dirigente de la Fundación Manuel Cepeda Vargas e integrante del Movimiento Nacional de Crímenes de Estado –una coalición de más de 200 organizaciones de víctimas de la violencia aplicada por agentes estatales o paramilitares–, asegura que Luis Camilo Osorio está impedido para representar al Estado colombiano, ya que ha sido seriamente cuestionado por su actuación en graves violaciones a los derechos humanos. “Osorio tendría que ser declarado como persona non grata”, considera.
Danilo Rueda, integrante de la Comisión de Justicia y Paz, organización que ha documentado más de 200 crímenes de lesa humanidad cometidos por personas a quienes Osorio protegió cuando encabezó la Fiscalía General de la Nación (FGN), asegura que el embajador dio patente de corso a los grupos paramilitares en Colombia.
Osorio llegó a la Fiscalía General de Colombia en 2001, a finales del gobierno de Andrés Pastrana, y fue ratificado por Uribe el año siguiente, cuando inició su primer período presidencial de cuatro años.
Los defensores de los derechos humanos identifican dos acciones fundamentales de Osorio como fiscal: se deshizo de los fiscales que estaban a cargo de las investigaciones contra paramilitares y cerró los expedientes de casos de delitos contra la humanidad que involucran a políticos y militares.
Iván Cepeda explica: “Lo primero que Osorio hizo fue sacar de la FGN a los investigadores más importantes de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, que los organismos de derechos humanos habíamos logrado crear dentro de la Fiscalía. Apenas llegó, los reemplazó”. También designó en su lugar a fiscales que ahora también son investigados por sus conexiones con los paramilitares.
Además, Osorio cerró las investigaciones más importantes sobre los crímenes cometidos por paramilitares al amparo de la clase política y empresarial, y en los que están involucrados altos mandos del ejército. El caso más importante, explica Cepeda, es el del general retirado Rito Alejo del Río Rojas, quien fue el más importante impulsor de la expansión de los paramilitares en el país, sobre todo en el norte, donde se apropiaron violentamente de tierras a costa de los pobladores, de origen africano.
Entre 1997 y 2002, añade, esas comunidades fueron expulsadas, y sus tierras ocupadas por extensos cultivos de palma de aceite en las cuales tienen acciones los paramilitares. El jefe paramilitar de origen italiano Salvatore Mancuso atribuye a Del Río la planeación de esa invasión.
Ese general también ha sido acusado de ser el contacto entre los jefes paramilitares y políticos, en particular con el entonces jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera.
A pesar de que había una carga probatoria importante sobre la participación del general Del Río Rojas, Luis Camilo Osorio decidió cerrar las investigaciones. Danilo Rueda, de la Comisión de Justicia y Paz, afirma que la administración del entonces fiscal general (2001-2005) estuvo marcada por anomalías.
Las advertencias de la Cámara de Representantes y de un sector de la sociedad civil no fueron suficientes para que Osorio se desistiera de designar como fiscales a personas allegadas al paramilitarismo, sobre todo en zonas controladas por esos grupos, como Cúcuta, al norte de Santander.
En el caso del general Alejo del Río, el entonces fiscal desestimó la denuncia de la Comisión de Justicia y Paz de que estaba comprometido en más de 200 crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1997 y 1998.
“Se aportaron más de 100 pruebas y entonces la FGN abortó el caso, al tomar la decisión de cambiar la tipificación de los delitos. Los pasó de violaciones a los derechos humanos a cargos de manejo de dinero público, acusación de la que después (Del Río) fue absuelto”, dice Rueda.
Integrante de la organización que documentó la responsabilidad del general, precisa: “Las operaciones fueron ordenadas por él. Están las órdenes firmadas de su puño y letra”. La más significativa fue la Operación Génesis, que tuvo lugar entre el 24 y el 27 de febrero de 1997 en la zona del Urabá, que generó el desplazamiento de 3 mil personas y la muerte de cerca de 170 en la zona del Urabá, que incluye a los departamentos (estados) de Antioquia y Chocó.
Rueda cuenta otro crimen en el que está involucrado Del Río: “Militares y paramilitares asesinaron a una persona, le cortaron la cabeza y jugaron futbol con ella”.
Estrategia criminal
Además de las masacres, Iván Cepeda señala que también se procedió a la desaparición masiva de personas. La FGN ha señalado que hay más o menos 4 mil fosas comunes identificadas en todo el territorio y que en ellas están sepultadas unas 10 mil personas. “Pero los datos que tenemos indican que fácilmente pueden ser 20 mil personas o más. Eso se hizo con el objetivo de despoblar regiones enteras y crear concentraciones de riqueza y rutas del narcotráfico del poder mafioso creado por políticos, militares, empresarios y paramilitares”, asegura.
Todo esto quedó en la impunidad por decisión del actual embajador colombiano en México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso sobre la Operación Génesis porque encontró que hay una responsabilidad del Estado colombiano, derivada de la acción del general Del Río y de la inacción del aparato de justicia a cargo entonces de Osorio.
“Hay razones de derecho para asegurar que se desarrolló una estrategia criminal del Estado con la participación de políticos, militares y empresas. Y en esto ha salido a la luz pública el nombre de Luis Camilo Osorio por su actuación como fiscal general de la nación”, dice al respecto Danilo Rueda.
Otra organización colombiana de derechos humanos, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear, publicó recientemente un reporte con información de organismos colombianos e internacionales, en el que se expone el papel de Osorio en el ataque a las garantías individuales en Colombia desde la FGN. El título: Fiscalía General de la Nación: una esperanza convertida en amenaza, balance de la gestión del exfiscal Luis Camilo Osorio Isaza.
Dice el informe: “Bajo la administración del fiscal Luis Camilo Osorio se produjo la total pérdida de la brújula, lo que ha puesto a la Fiscalía en condición de ’barco a la deriva’ y a punto de naufragio absoluto” porque se dedicó a actuar a favor de la impunidad.
En el período de Osorio, asegura, se “generó un inocultable retroceso en la obligación que tiene el Estado de investigar de manera seria y completa las graves violaciones a los derechos humanos contra la humanidad cometidos por agentes estatales y paramilitares”.
Además del desprestigio en que Osorio dejó a la Fiscalía por la impunidad que generó, el informe destaca que facilitó, “por acción y omisión, la intromisión e infiltración del paramilitarismo en la FGN”.
Cita ejemplos de ello: los exdirectores seccionales de la Fiscalía en el Norte de Santander y en Valle del Cauca nombrados por Osorio “tienen orden de captura por su vinculación con graves hechos criminales, mientras un número no determinado de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y fiscales han sido vinculados a investigaciones por prevaricato, corrupción, paramilitarismo y narcotráfico”. Además, uno de sus fiscales fue destituido por haber participado en una reunión en Costa Rica con grupos paramilitares a los cuales dio asesoría jurídica.
Osorio también consintió que las fiscalías funcionaran en brigadas del Ejército, en sedes de la policía y de organismos de seguridad del Estado. Además de entregar a la justicia militar casos que no debía, impulsó o permitió que los fiscales se vincularan con el ejército.
El informe señala que buena parte de los fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos –de la que sacó a los investigadores independientes tuvieron calidad de “oficiales de reserva”. Esa figura, dice, equivalió a crear un fuero militar camuflado dentro de la justicia ordinaria para funcionarios que, además de conocer casos que involucran a la fuerza pública en violaciones a derechos humanos, conocen investigaciones a personas por delitos políticos, especialmente por rebelión.
El documento añade que en los casos de activistas sociales, dirigentes sindicales y defensores de los derechos humanos, el período de Osorio se caracterizó “por la saña con que los ha criminalizado de forma temeraria y arbitraria, acudiendo o haciendo eco de toda clase de irregularidades, manipulaciones y montajes”.
En esos años las declaraciones del fiscal general fueron acordes con las conductas mencionadas: “A Jesús lo mataron hace más de 2 mil años y aún no se conocen los responsables”, respondió cuando la prensa le preguntó por los avances de la investigación sobre una masacre (la de Guaitarilla).
Otra de las críticas tiene que ver con su actitud complaciente en detenciones masivas de pobladores, además de que en el caso de la supuesta desmovilización de varios miles de paramilitares se limitó a verificar antecedentes de los “reinsertados” y omitió investigarlos de forma exhaustiva, “lo que ha permitido que centenares de autores de crímenes de lesa humanidad hayan sido favorecidos con la más completa impunidad”, se dice en el informe.
En la práctica, señala el documento, Osorio otorgó amnistías e indultos, que de acuerdo con la Constitución de Colombia sólo se pueden aplicar para delitos políticos. También se cuestiona al funcionario por el manejo de recursos públicos: “Se produjeron escándalos de corrupción que envolvieron a los colaboradores más cercanos del fiscal general de la nación que, sin embargo, no provocaron ninguna reacción institucional contra éste”.
El referido informe fue elaborado con reportes sobre la gestión de Osorio elaborados por Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Abogados Sin Fronteras, la Organización Mundial contra la Tortura, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.
También se utilizaron informes y recomendaciones sobre ese período hechos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Diplomacia contaminada
Uribe sacó a Osorio de la FGN en 2005 y lo nombró embajador en Italia. Después fue trasladado a México. A finales de mayo tuvo que ir a Bogotá, llamado por la Cámara de Representantes, que investiga las denuncias de los vínculos del entorno de Uribe con los paramilitares.
Hace unos días tuvo que ir a dar su versión sobre la investigación que se sigue por la denuncia que él mismo presentó por difamación y calumnia en contra del senador de oposición Gustavo Petro, quien lo cuestiona por su inacción como fiscal ante el paramilitarismo.
“La investigación contra el embajador podría crecer, pero la mayoría del Congreso, de acuerdo con el propio Mancuso, una tercera parte está controlada por ellos, los paramilitares”, dice Rueda.
De acuerdo con Iván Cepeda, esa fue la segunda comparecencia de Osorio ante la Comisión Acusatoria, pues la primera fue a principios de año. Las investigaciones sobre Osorio, agrega, coinciden con que la Corte Suprema de Colombia ha comenzado a llamar a cuentas a los congresistas y a otros políticos cercanos a Uribe.
Cepeda, quien creó la Fundación que lleva el nombre de su padre, asesinado por paramilitares (crimen en el cual el Estado colombiano reconoció ante la CIDH su responsabilidad en marzo pasado), cuestiona la presencia de Osorio en México:
“No debe ser el representante en este país. Tiene que presentarse ante los tribunales. México tiene a un huésped con serios problemas judiciales. Obstruyó y cerró investigaciones por hechos de lesa humanidad, no por ser jefe paramilitar. Pero si no llega a los tribunales, acudiremos ante la justicia internacional porque está implicado en graves crímenes. Por lo menos, su conducta fue de omisión”.
Danilo Rueda coincide en eso: “No puede ser que quien tenía la obligación de investigar esos delitos graves, ahora dice representar los intereses de una nación, cuando su comportamiento de omisión, pasivo o cómplice lo hace responsable de crímenes de lesa humanidad”. (Proceso 1597/10 de junio de 2007)
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Necesitamos/ayuda/narcoeconomia/elpepuint/20070618elpepuint_2/Tes
“NECESITAMOS APOYO CONTRA LA NARCOECONOMIA”
Tras más de cinco años en el poder, Uribe (Medellín, 1952) reclama mayor apoyo a España y la Unión Europea para acabar con la narcoeconomía,ve imprescindible la firma de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa y se siente optimista sobre el futuro de la lucha contra el terrorismo: “Tengo fe y esperanzas”.
“Hay que contarle al mundo lo que está pasando aquí”. Álvaro Uribe, presidente de Colombia, quiere difundir un mensaje de prosperidad para después reclamar ayuda a los países de la UE y de EE UU. Es viernes, 14 de junio, y Uribe acaba de intervenir en un acto oficial en Cartagena de Indias, capital del Estado de Bolívar. Después recibe a un grupo de periodistas españoles en la sede de la gobernación regional en un acto organizado por una empresa española. Vestido con la guayabera típica de la comarca y acompañado por el ministro de Industria y Minas, Hernán Martínez, mantiene una conversación cercana que en ocasiones eleva de tono cuando aborda las cuestiones que más le preocupan del país: el narcotráfico, la guerrilla, los acuerdos de libre comercio, la pobreza… Varios e importantes frentes que Uribe ha querido atajar durante los más de cinco años que lleva de presidente de Colombia.
La seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico son el primer objetivo del programa de Gobierno de Álvaro Uribe, junto al logro de la confianza de los inversores extranjeros y alcanzar una educación total, intensificar los programas de salud y reducir la pobreza. La batalla que ha entablado para lograr una democracia plena en el país le ha concedido una popularidad cercana al 80%. La obsesión por acabar con la guerrilla y los paramilitares ha llevado a Uribe a poner en marcha un plan para atajar el cultivo de coca y para ello reclama el respaldo de la UE, Estados Unidos y Canadá.
“Hemos sentido el apoyo de los Gobiernos de [José María] Aznar y [José Luis] Rodríguez Zapatero, lo reconozco y expreso mi gratitud. También hemos sentido el apoyo de los Gobiernos europeos, pero podíamos tener más, en especial en la lucha contra la droga, necesitamos ayuda contra la narcoeconomía”, afirmó Uribe, que reconoce que en su país se produce el 50% de la coca. Para Uribe, “se está acabando con la narcoeconomía y dando paso al dinero honesto”. Y por eso pide que el mundo conozca la evolución. “En 2002, Colombia recibió 500.000 visitantes vía aérea, este año recibirá más de 1,2 millones”, pone a título de ejemplo.
En concreto, a los países de la UE pide ayuda para la erradicación manual de droga y en el Programa de Familias Guardabosques. Así quiere acabar con la deforestación a la que ha llevado la plantación de coca en la selva colombiana. “Es un programa de profundo crédito social, ambiental, de eliminación de drogas ilícitas y de debilitamiento del terrorismo”.
El plan consiste en ayudar a familias para que rentabilicen el bosque a cambio de una ayuda anual de unos 1.400 euros al año. Hasta la fecha, el Gobierno ha logrado que 50.000 familias se hayan incorporado, pero necesita al menos otras 60.000. Y eso cuesta dinero, y por eso pide ayuda. “La ayuda de Estados Unidos es muy importante”, continúa, “pero lo importante no es la cantidad, sino la eficiencia. Si Estados Unidos permite ajustar la eficiencia a la efectividad de los proyectos, con la nueva suma se puede hacer más que con la anterior suma. A mí me preocupa más que podamos tener más eficiencia”.
Para Uribe, narcotráfico y terrorismo están íntimamente relacionados. Sobre este asunto, asegura que su Gobierno no está en negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque inmediatamente comenta que han liberado a 150 guerrilleros presos y que esperan un gesto de la guerrilla. Entre ellos, el cabecilla Rodrigo Granda, que ha aceptado no volver a secuestrar ni asesinar, sino trabajar como gestor de paz.
“Acabamos de hacer un gesto humanitario muy grande con la liberación de estas personas. Nuestro segundo gesto es ser prudentes. No podemos permitir que salga gente de la cárcel a volver a secuestrar o asesinar; ni zonas de despeje [desmilitarizadas], porque una democracia como ésta, vibrante, con todas las libertades, no puede cuajar en un territorio asestado por el terrorismo”. “Aquí hay un desafío a una democracia con todas las libertades y la experiencia colombiana es que mientras los gobiernos de buena fe las concedieron, la guerrilla las aprovechó no para hacer la paz, sino para avanzar en sus propósitos terroristas, de asesinato y de secuestros”, indice.
Uribe se siente optimista ante el futuro del terrorismo. “Tengo fe y esperanzas”, dice. “Creo que estamos ante el fin del paramilitarismo”, añade mientras asegura que las FARC están cada vez más acorraladas. Se han reducido en 43.000 personas las más de 60.000 que había en 2002 entre la guerrilla y las fuerzas paramilitares, apunta para ilustrar su optimismo. “Hace unos años era imposible venir aquí [Cartagena de Indias], hoy se puede”, enfatiza Uribe para destacar la evolución. Luego prosigue: “En 2002, de los 1.099 municipios de Colombia, 200 no tenían policía y, en 400, los alcaldes no podían acudir a sus despachos; hoy pueden y todos tienen policía”. Es una realidad cuya mejor constatación es la primera página de El Tiempo de ese día. El diario advertía sobre los puntos negros de las carreteras ante las salida de las ciudades durante el puente festivo. Hace unos años, esa información habría sido imposible, porque apenas nadie salía de la ciudad.
El segundo objetivo de Uribe está en el campo económico. Los datos muestran que la economía de Colombia está bien encauzada, con un crecimiento del 6,8% el año pasado (se prevé el 5,5% este año), una inflación bastante controlada (por debajo del 4%) y un aumento de las inversiones tanto internas como extranjeras. La tasa de inversión privada era del 6,5% y el año pasado del 19%. “Si hay seguridad de inversión, hay inversión, y si hay responsabilidad social, hay mejora social, y si hay mejora social, los sectores populares justifican la seguridad y se une la nación y se une la presión a la comunidad internacional”, predica.
Uribe apunta a las dos asignaturas pendientes de calado que tiene en materia económica. Por un lado, la consecución de un mercado único dentro del Pacto Andino y que, según Uribe, pasa porque se integre Venezuela, en lo que confía, y por arreglar algunas desigualdades que se producen por las diferencias de población entre los distintos países que lo integran y el reparto de la producción. “Con Venezuela se puede negociar para que garantice el cumplimiento de unas metas sociales y ambientales. Con mucha tolerancia con la diversidad se consolida la integración. La diversidad no se impone tanto por dogmas ideológicos como por realidades diferentes”, dice.
El otro punto se refiere a los tratados de libre comercio de los países de la región con la UE y con América del Norte. La firma del tratado con la UE está cercana y recibió un impulso considerable en la reunión que tuvo el Pacto Andino la pasada semana en Bolivia. El Tratado de Libre Comercio (TLC) con los norteamericanos sufre más problemas. Parece que el cambio de mayoría de republicanos por demócratas en las cámaras de EE UU ha supuesto mayores exigencias.
Uribe es optimista y rotundo al afirmar: “Colombia está a la espera de que se le digan cuáles son las enmiendas que deben introducirse en el TLC, que para nosotros es vital”. En ambos casos, la erradicación de la coca es fundamental para conseguir el apoyo económico y político. “Nos toca trabajar con paciencia”, concluye.
Para avanzar en ese estadio es imprescindible hacerlo también en lo que constituye el tercer objetivo del Gobierno Uribe, los programas sociales. El país tiene una altísima tasa de pobreza, con el 48% de la población viviendo con menos de tres dólares al día (en 2002, el porcentaje superaba el 60%), que precisamente en Cartagena se eleva a más del 70%. Además de reducir la pobreza, Uribe subrayó que quiere alcanzar una educación plena y mejorar significativamente la atención sanitaria
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=104450
El HOMBRE DEL CARTEL
Uno de los extraditables más buscados por Estados Unidos le anticipa a SEMANA lo que va a confesarle a la justicia norteamericana sobre los nexos entre la política y el narcoparamilitarismo.
Fecha: 06/16/2007 -1311
El gobierno de Estados Unidos considera a Fabio Enrique Ochoa Vasco uno de los más grandes capos del narcotráfico. Su rostro y sus datos biográficos fueron incluidos a finales del año pasado en el cartel de los extraditables más buscados del mundo. Por su captura ofrecen cinco millones de dólares de recompensa. Aunque su nombre resulta desconocido para la mayoría de los colombianos, puede ser uno de los hombres que más conocen el mundo del narcotráfico en las últimas tres décadas.
Ochoa nació en 1960 en el barrio Manrique, en las comunas de Medellín. Dos años más tarde, su padre, un ex mecánico de la Fuerza Aérea, decidió irse con su esposa y sus 17 hijos a probar suerte a Miami. Todos se hicieron ciudadanos estadounidenses, menos él.
En 1983, Ochoa purgó una condena de dos años en Estados Unidos por ingresar 10 kilos de marihuana. Cinco años más tarde, regresó a Colombia y trabajó al lado de Fernando Galeano, uno de los más importantes miembros del cartel de Medellín, y se hizo muy amigo de su jefe de seguridad, Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’.
Conoció a su tocayo Fabio Ochoa Vásquez (del clan de los Ochoa) y, como ambos estaban en el mismo mundo y dedicados a los mismos ‘negocios’, decidió cambiar su nombre por el de Carlos Mario Vega, aunque sus amigos lo llamaban ‘Kiko’. Estuvo con Pablo Escobar, a quien visitó con frecuencia en La Catedral, pero en 1992 terminó como miembro de los ‘Pepes’.
Tras la muerte de Escobar, se convirtió en el hombre de confianza del nuevo patrón de la capital antioqueña: ‘Don Berna’. Vio surgir el cartel del Norte del Valle y en 1994 se fue a vivir a México. Por esa época ya tenía cuatro solicitudes de extradición. Este no fue un impedimento para que viajara frecuentemente a Colombia utilizando tres pasaportes diferentes.
A comienzos de 2000 se le presentó a Salvatore Mancuso en una de sus fincas en Córdoba. El jefe paramilitar le pidió a Ochoa utilizar sus “contactos” en México para traer a Colombia un armamento para las AUC.
Durante los siguientes cinco años vivió en las entrañas de los paramilitares. Denuncia que Mancuso y otros miembros de las AUC traficaron toneladas de cocaína cuando ya estaban en pleno proceso de paz. Cuando sintió cerca los pasos de la justicia estadounidense, fue protegido por los paras, que no tuvieron inconveniente en esconderlo, como a muchos otros extraditables, en pleno corazón de Santa Fe Ralito.
También dice que fue testigo de cómo los paramilitares recogieron plata para sumarle votos a la primera candidatura presidencial de Álvaro Uribe. Esta afirmación no es más que una versión personal. No significa que Uribe, ni su campaña, hubieran buscado, pactado, o conocido esos supuestos apoyos electorales.
Ochoa, que piensa contarle todo a la justicia, reveló increíbles secretos de las relaciones entre paramilitares y narcotraficantes.
SEMANA: ¿Usted por qué decide hablar?
FABIO OCHOA VASCO: Porque Salvatore Mancuso está mintiéndole a la Fiscalía y no está contando toda la verdad.
SEMANA: ¿Y usted qué tiene que ver con Mancuso?
F.O.V.: Yo conocí a Mancuso a principios de 2000 a través de mi cuñado. Él le habla de mí, le cuenta que yo vivo en México y me invita a una finca en Tierralta (Córdoba), la famosa ‘Mueblería’. Él ya tenía su discurso de que las AUC no iban a dejar que el proceso de paz de las Farc con Pastrana saliera adelante y que ellos necesitaban generar dinero para crecer su ejército. Él empezó a necesitar de unos contactos en México y me pidió ayuda.
SEMANA: ¿Ahí fue cuando usted comenzó a trabajar con él?
F.O.V.: A partir de ese momento comencé a conocerle sus negocios de narcotráfico, de armas, sus secretos y su relación con los políticos. Mancuso ya era narco y para. Ya tenía rutas a diferentes partes del mundo. Ya era un hombre rico. Ya tenía fincas, ganado y poder. El primer favor que me pidió era que él tenía un contacto en México y que necesitaba hablar con esa persona para importar un armamento. Yo le hice el favor. Busqué al señor mexicano que me dijo, lo encontré y se lo llevé hasta Montería. Ellos hicieron su negocio.
SEMANA: ¿En qué consistía ese negocio?
F.O.V.: Se trató de una importación, a través de Honduras, de un armamento. Eran fusiles AK y R-15, rockets y munición. Ese armamento lo debe tener todavía Mancuso porque eso tardó un año y medio en llegar. Eso fue por lancha. Llegó como tres meses antes de que él se desmovilizara. Hasta donde yo sé, quedó guardado y no lo entregó cuando se desmovilizó. Eso entró por Puerto Escondido (Córdoba) y lo recibió Andrés Angarita, que era un comandante de confianza de él.
SEMANA: ¿Cómo continuó su relación con Mancuso después de ese favor?
F.O.V.: Mancuso me pidió que le prestara unos muchachos del barrio Manrique en Medellín, que trabajaban conmigo en un proyecto de resocialización. Él los quería para que trabajaran con Andrés Angarita en Puerto Escondido montando un proyecto social parecido al que yo tenía en las comunas. Yo mando a los muchachos y ellos se dan cuenta de que lo que Mancuso hacía en realidad, era sacar droga por ese sitio.
SEMANA: ¿Cómo se dan cuenta?
F.O.V.: Puerto Escondido era una zona de el ‘Alemán’. Allá había una finca que tenía siete kilómetros de playa que había sido del narcotraficante hondureño Ramón Matta Ballesteros. Mancuso terminó quedándose con ella después de matar al administrador y la convirtió en una de sus principales salidas de droga.
SEMANA: ¿De dónde sacaba la droga Mancuso?
F.O.V.: Mancuso controlaba dos zonas principalmente: el Catatumbo y Tierralta (Córdoba). Mínimo le daban 10.000 kilos mensuales. En el Catatumbo había varios bandos, pero Mancuso era el patrón.
SEMANA: ¿Usted participó en esos negocios de droga, o cómo se explica que conozca ese tipo de información?
F.O.V.: Lo que pasa es que a través de mis amistades yo le ayudo a Mancuso con unas personas clave para sus negocios de droga. Yo fui una especie de enlace entre diferentes personas con él. Yo no puedo decir que soy una persona inocente sobre esos asuntos. Lo que pasa es que Mancuso ha dicho que yo era el patrón, y en realidad, el patrón era él.
SEMANA: ¿Tiene pruebas para demostrarlo?
F.O.V.: Tengo, y muchas. Por ejemplo, Mancuso tenía un muchacho sanandresano llamado Javier Hooker. Él era el lanchero principal de Mancuso para sacar la droga por Puerto Escondido. Hooker se le empieza a salir de las manos y comienza a trabajar con otra gente. Lo que no ha contado Mancuso es que él lo mandó matar en 2004 por temor a que lo delatara, y el cuerpo está enterrado en una de sus fincas. Quien recibió la orden de asesinarlo está dispuesto a hablarle a la justicia. La otra prueba es de un muchacho que está en la cárcel de Cómbita. Él se llama René de Martini y fue arrestado en febrero de 2005, cuando fue incautada una lancha cerca de San Andrés con dos toneladas de cocaína. Él era el que le manejaba el supuesto proyecto social que tenía como fachada Mancuso en Puerto Escondido, pero en realidad era el que le supervisaba la salida de la droga hacia México.
SEMANA: ¿Y cómo era el negocio de narcotráfico de Mancuso?
F.O.V.: Yo estuve con él desde 2000 a 2005. En ese tiempo vi cómo, en menos de año y medio, entre 2003 y 2005, Mancuso recibió 90 millones de dólares de la droga. La manera de demostrarlo es con testigos y documentos contables que tengo en mi poder. Lo mismo que sus aliados tarde o temprano estallarán y contarán también lo que saben.
SEMANA: ¿Como quiénes?
F.O.V.: Como ‘Jorge 40’ y ‘Diego Vecino’. ‘Vecino’ manejaba las rutas desde Cartagena hasta Lorica y las islas de San Bernardo del Viento, diagonal a Moñitos.
SEMANA: ¿Y ‘Jorge 40’?
F.O.V.: Los aviones pequeños que salían con droga despegaban de las pistas de ‘Jorge 40′ en Cesar que se las manejaba el comandante ’39’, a quien después mataron. Entre ’40’, ‘Vecino’ y Mancuso había total complicidad para el negocio de la droga. El problema es que él está confiado en que los otros no van a delatarlo. Sin embargo, entre ellos hubo muchos problemas por la droga. Cuando ‘Jorge 40’ aún no se había desmovilizado, le robó a Mancuso 2.300 kilos de coca en 2005 porque necesitaba plata. Eso creó un problema muy grande entre ellos, tanto que hasta Luis Carlos Restrepo tuvo que intervenir para calmarlos.
SEMANA: ¿Cómo entraba Mancuso el dinero a Colombia?
F.O.V.: Lo entraban por diferentes rutas. Nunca en avión privado, sino por aeropuertos comerciales en donde se tiene que comprar mucha gente. ‘Bon Ice’, su hombre de confianza, era el que le recogía la plata en Bogotá y se la llevaba a Montería.
SEMANA: ¿Dónde guarda todo el dinero?
F.O.V.: Él lo oculta a través de varios testaferros. Uno es ‘Maroso’, un ganadero importante de Córdoba. Otro es el ‘Turco’, que tiene una tienda de electrodomésticos en Montería. Tiene un grupo de abogados que armaron empresas y compraron unas fincas. Yo me asocié con Mancuso en algunas de estas propiedades y no pude pagarlas. Me cobró una multa y me costó la casa de mis hijos y unas propiedades de mi familia en Medellín. Ninguna de esas propiedades figura en las listas que tiene la Fiscalía y por eso él no las nombra. También tiene mucha plata encaletada. Y está mintiendo cuando le dice a la justicia que toda su fortuna está conformada por 4.000 hectáreas y 25 millones de dólares. No más en tierra tiene más de 100.000 hectáreas. Sólo en las fincas ‘La Mueblería’ , ’00’ y ’05’, que yo conozco bien, tiene 18.000 hectáreas y 120.000 cabezas de ganado.
SEMANA: ¿Usted está contando todo esto para vengarse de Mancuso?
F.O.V.: No. Lo que pasa es que él viene hablando de unas cifras muy equivocadas y no ha dicho la verdad sobre sus negocios de narcotráfico. Por ejemplo, no ha hablado de sus negocios con dos hermanos venezolanos quienes eran sus socios. Eran los que le manejaban gran parte de la droga que Mancuso sacaba del Catatumbo hacia Venezuela. La última vez que yo lo oí hablar sobre de esos negocios fue cuando mandó a ‘Bon Ice’ a ese país a recoger unas platas porque por esos días necesitaba urgentemente 25 millones de dólares para un negocio. Tampoco ha contado que en 2003, cuando comenzó el proceso de paz, tenía escondidas 72 toneladas de coca en Ralito listas para exportar. Ni ha mencionado que en 2005 sacó 23.000 kilos y los repartió. A ‘Jorge 40’ le dio 8.000 kilos para sacarlos por Cesar y Santa Marta, y 15.000 se los dio a sus socios venezolanos. Eso lo sé y lo vi porque por esa época Mancuso me tenía escondido en Ralito.
SEMANA: ¿Como así que Mancuso lo tenía a usted escondido, si la zona de diálogos era sólo para los paramilitares que estaban en el proceso de paz?
F.O.V.: Él me escondió nueve meses porque me había salido un nuevo indictment (acusación de la justicia estadounidense) en noviembre de 2004. A él no le convenía que me capturaran y contara todo lo que sé de sus negocios de narcotráfico. Allí estuve con Ricardo ‘Cayo’ Castro, que está también es requerido por la justicia norteamericana. Ellos prometieron en los puntos de negociación meter a sus financieros y Mancuso me dice: “Quédese aquí”. Y me dejó la finca ’05’ para que viviéramos ahí.
SEMANA: ¿Quiénes más estaban escondidos allá en Santa Fe Ralito?
F.O.V.: También estaban escondidos otros extraditables. Conmigo éramos como 10. Es más, Juan Carlos, el ‘Tuso’ Sierra y yo nos reunimos una vez y pensábamos proponerle al gobierno una entrega de los que estábamos pedidos en extradición por Estados Unidos. A ‘Cayo’ y a mí nos protegía Mancuso, al ‘Tuso” lo acogió ‘Don Berna’. Había otros protegidos en Urabá por el ‘Profe’, Vicente Castaño. A mí no me pidieron a cambio nada. Pero a otros les cobraban por protegerlos. El precio dependía del marrano. Mancuso nos dijo que ellos podían convencer al gobierno de meternos dentro del paquete de la ley como paras, que ya todo estaba arreglado. Ellos pagarían seis años y los narcos avalados por las AUC pagarían máximo 12 años.
SEMANA: ¿Y por qué estaban tan seguros de ese arreglo con el gobierno?
F.O.V.: Porque cuando yo comencé a asistir a reuniones de las AUC, a finales de 2001, ya se hablaba de eso. Es más, recuerdo que yo estaba con Mancuso en la finca ’05’ y llegaron dos señores de Medellín. Yo escuché la conversación en donde básicamente ellos les proponían un proceso de paz muy favorable para las autodefensas, tanto que las AUC estaban felices y empezaron a reunir a todo el mundo porque los votos tenían que ser para Uribe y explicaban lo que él estaba dispuesto a hacer por ellos. Comenzaron a convocar a los líderes comunales, los mandamás y a trasladar gente para convencerla.
SEMANA: ¿Quiénes eran esos dos señores?
F.O.V.: Yo no soy político, pero soy paisa. Y ellos eran paisas. Hablaron del proyecto de paz. Dijeron que había cabida para el que tuviera problemas en Estados Unidos. Y en otras reuniones, estuvieron empresarios, ganaderos y narcos a los que ellos pensaron que podían entrar y les dijeron que se prepararan para un proceso de paz. Algunos dijeron que darían plata para la campaña porque una de las promesas era que iba a ser un proceso en donde, si usted estaba acusado de autodefensa o tenía sospechas, se salvaba.
SEMANA: ¿Y al final, quiénes dieron plata para la campaña?
F.O.V.: Yo le digo lo que yo vi. Antes de esconderme en Ralito yo visitaba a Mancuso con frecuencia en su finca, la ’05’. En una de esas visitas, en marzo de 2002, cuando Uribe comenzó a repuntar en las encuestas, estaba conversando con Mancuso cuando llegó una camioneta Hilux y se bajaron dos hombres de unos 45 y 38 años, paisas, pero venían de Bogotá. Los vi cinco minutos cuando Mancuso les dio la orden a dos de sus hombres de seguridad de que subieran al carro tres maletas llenas de billetes de cien dólares. Es más, de esa plata yo aporté 150.000 dólares. Ellos se fueron rápido antes de que cerraran el aeropuerto. Iban para Bogotá.
SEMANA: ¿Usted está consciente de lo que se está refiriendo?
F.O.V: Sólo les habló de lo que vi y de lo que me dijo Mancuso. Y no sé qué hicieron con esa plata, ni siquiera sé si le llegó a la campaña, si la dieron a los políticos regionales o si Mancuso se quedó con ella.
SEMANA: ¿ Y usted por qué dio 150.000 dólares?
F.O.V.: Yo di poco porque yo no era ni capo ni estaba en el proyecto, era simplemente una solidaridad hacia el comandante que era mi amigo. Pero me comprometí a movilizar en Antioquia a unas 5.000 personas y la orden era que tenían que votar por Uribe.
SEMANA: ¿Y lo hizo?
F.O.V.: Claro. Hice reuniones, contraté buses y les di comida el día de las elecciones. Yo creo que en esa movilización en un día me gasté 300 millones de pesos. Yo no sé cuánta gente votó al final por él, pero el triunfo fue total.
SEMANA: ¿Qué ganaba usted con eso, si no era paramilitar?
F.O.V.: Yo llevaba hasta ese momento 14 años en la clandestinidad. A mí me daba igual. Yo colaboraba porque pensé que Colombia necesitaba soluciones al tema del conflicto y al tema del narcotráfico.
SEMANA: Pero usted ya tenía antecedentes de haber trabajado con narcos de Medellín, como Fernando Galeano, asesinado por Pablo Escobar, y tenía desde los años 80 cuatro acusaciones por droga en Estados Unidos.
F.O.V.: Es verdad. Y estuve desde el 83 hasta el 85 en las cárceles de Oklahoma y Reno. En el 87 volví a Colombia y un año después conocí al ‘Negro Galeano’ y a ‘Don Berna’ porque era su jefe de seguridad. En el 88 me salió un indictment en el que me relacionaron con un negocio de mi hermano Mauricio. Yo no quise solucionar ese problema con Estados Unidos, pero mi hermano estuvo preso 10 años, salió con sida y murió a las cuatro semanas. Luego viví en Cali y después me fui para México, pero viajaba a Colombia frecuentemente. A finales de los 90 regreso a Medellín y me dedico a un proyecto de resocialización del barrio Manrique en las comunas.
SEMANA: Pero, volviendo al tema de los aportes a la campaña, usted no habla sino de Mancuso. ¿Es que él fue el único que dio plata?
F.O.V.: Mi amistad era con Mancuso y por eso le hablo de lo que fui testigo. Él es de esos hombres que hacen alarde de todo. Incluso, unos cuatro días antes de las elecciones, le dio a su segundo comandante, Andrés Angarita, dos millones de dólares para que repartiera en Montería.
SEMANA: Pero en Montería perdió Álvaro Uribe.
F.O.V.: Mancuso cuando supo los resultados se emberracó, puteó y dijo que de ahora en adelante la gente de Montería iba a comer mierda. Pero Angarita no puede ser testigo porque él lo mandó matar. Pero después de que ganó Uribe las elecciones, Mancuso nos decía que ahora sí eran los cuatro años de nosotros y vamos a manejar esto como queramos.
SEMANA: ¿Y por qué creer que usted está diciendo la verdad?
F.O.V.: Yo estuve con Mancuso cinco años. Lo conozco muy bien. Le aseguro que tarde o temprano él contará la verdad. Cuando vea que se le cierran las puertas para lograr una condena de justicia y paz, más la presión de los norteamericanos, que saben que él es el más grande capo que hay en Colombia, tratará de defenderse y contará sus alianzas con el presidente Uribe. Mancuso es un hombre traicionero.
SEMANA: ¿Quién más, que pueda llegar a hablar, sabe sobre estas alianzas?
F.O.V.: Todos los comandantes que se sentaron la primera semana en la mesa de negociaciones saben la verdad. Saben que para estar donde están, metieron más de 10 millones de dólares. Tarde o temprano alguno se va a reventar porque se sienten traicionados por el gobierno.
SEMANA: Como que traicionados. ¿Acaso no les ha ido bien?
F.O.V.: Mire, desde los 12 puntos iniciales del proceso era un ambiente de angustia porque el gobierno los había traicionado y cada vez que intentaban ponerle presión al gobierno, les respondían: ¡Hagan lo que quieran! Llegaba el comisionado Luis Carlos Restrepo y volvían a arrancar porque no todos son guerreros. Son personas que se lucraron con el negocio de la droga, se cansaron del monte y la riqueza que tienen no la quieren compartir con el pueblo. Es una oportunidad que no pueden perder.
SEMANA: Usted mismo reconoce que el Comisionado de Paz era fuerte en su posición.
F.O.V.: Uribe fue muy inteligente al poner a Restrepo a negociar. Después de que matan a Castaño les cambian toda la torta y el Comisionado los pone a pelear entre ellos. Coge a uno por uno: “Usted se entrega y yo le ayudo con los norteamericanos”, les decía. Fue muy astuto. Logró dividirlos. Yo fui a dos reuniones y el man les decía: “Ladrones, bandidos. Yo no hablo con ustedes como grupo… yo hablo con usted, Mancuso. Yo habló con usted, comandante. Y con usted”. Y logró desunirlos con amenazas. El sí les habló duro. En cambio uno veía al ministro Sabas Pretelt hablar mal de ellos en los medios y después uno oía a Mancuso decir que él era amigo, que iba a trabajar para ayudarlos y que todo era un ‘paro’ que tenía que hacer públicamente.
SEMANA: ¿Usted asistía a todas las reuniones de las AUC?
F.O.V.: No. Yo fui a algunas. Y estuve en las que Mancuso hacía en ’05’, donde yo vivía.
SEMANA: ¿En esos meses que estuvo en la finca de Mancuso supo algo de por qué razón mataron a Carlos Castaño?
F.O.V.: Mancuso pedaleó la muerte de Carlos Castaño. Ese día yo estaba en su finca y me levantó en la mañana para contarme que habían matado a Carlos. Él ya venía diciéndome que Carlos era una piedra en el zapato. Venía con el cuento de que estaba trabajando con la DEA y decía que iba a ser el tropiezo del proceso. Antes de la muerte de Carlos uno sentía la tensión que se vivía en la zona.
SEMANA: ¿Por qué?
F.O.V.: Carlos Castaño empezó a agredirlos a ellos y a los amigos. Después de que Uribe es electo, Mancuso le ordena a la gente que Carlos no debía enterarse de nada de sus movimientos de mercancía, plata, ni de nada. Mancuso empieza a planear la muerte y pedalea para que el ‘Profe’, Vicente Castaño, dé el OK. A ‘Berna’ no lo tuvo que voltear porque en una reunión discutió con él porque no quería volver a ver a los narcos en la zona. Para Carlos, todo el que visitaba a ‘Berna’ era un narco y discutieron por la presencia de el ‘Mellizo’ y el ‘Tuso’. En ese alegato Carlos le tiró una granada a una laguna en donde ‘Berna’ tenía peces y se los mató todos. A partir de ahí todo cambió. ‘Berna’, quien antes andaba con seis escoltas, empezó a andar con 22. Lo mismo Mancuso. Fuera de eso, venía el rumor de que Carlos estaba colaborando con la DEA. Mancuso aprovechó eso para convencer a todos los jefes paramilitares de matar a Carlos. Paradójicamente, Mancuso estaba haciendo lo mismo por lo que ordenó matar a Carlos: Negociando con la DEA.
SEMANA: ¿Por qué Mancuso pasó de ser su amigo a ser su enemigo?
F.O.V: Porque me delató ante la Dea y les dijo que yo era el nuevo Pablo Escobar de Colombia. Gracias a su delación, mi vida vale hoy cinco millones de dólares que es lo que ofrecen los gobiernos de Estados Unidos y Colombia por mí. Es parte de su estrategia, ya que en caso de ser extraditado, tiene la coartada para echarme a mí la culpa de todos sus negocios de narcotráfico. Pero aparte de eso, la verdad es que cuando Mancuso dijo que él sólo “tuvo que cuidar cultivos de coca cobrar impuestos y vender la coca para financiar la guerra” es falso. Mancuso es un capo y yo tengo las pruebas para demostrarlo en mi defensa ante la Fiscalía colombiana o si llego a ser extraditado a Estados Unidos.
SEMANA: ¿Cuándo fue la última vez que habló con Mancuso?
F.O.V.: El día antes de que capturaron a ‘Berna’ en Ralito, en 2005. Ese día me llamó por el radio para decirme que el comisionado Luis Carlos Restrepo lo había llamado para decirle que iban por Bernardo. Al otro día me fui de Ralito y salí del país. Jamás volví a hablar con él.
SEMANA: ¿Usted estaría dispuesto a contarle todo esto a la justicia?
F.O.V.: Cuando a mí me lleven a juicio, yo voy a contar la verdad porque me siento traicionado por Mancuso. Se ha dedicado a engañar a un poco de gente. Habla más fácilmente de los muertos que de los vivos. Yo lo que quiero es desmantelar las mentiras de un capo tan grande como Mancuso, que vale 500 millones de dólares…
www.elnuevoherald.com/167/story/53569.html
PIDEN INVESTIGAR “INFILTRACION PARA” EN CAMPAÑA DE URIBE
Por GERARDO REYES
El Nuevo Herald, Junio 15 de 2007
Un abogado de una confederación sindical de Estados Unidos pidió al Departamento de Estado que se investigue la infiltración del paramilitarismo en la primera campaña del presidente de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, basándose en un video en el que el candidato aparece reunido con dirigentes cívicos entre quienes se encuentra un hombre identificado como comandante paramilitar.
El video, cuya copia obtuvo El Nuevo Herald, no indica que Uribe estuviese al tanto de que uno de los participantes fuese un líder paramilitar.
A juzgar por las imágenes y la fecha que aparece en la grabación, la reunión se realizó el 31 de octubre del 2001 en una gira de campaña de Uribe a Puerto Berrío, en el departamento de Antioquia.
Activistas de derechos humanos identificaron al paramilitar como Frenio Sánchez Carreño, comandante Esteban, quien estuvo al mando de un frente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al noroeste del país.
En esos momentos, Sánchez era buscado por organismos de seguridad del Estado que acusaban a la facción bajo su mando de haber cometido, durante los dos años anteriores, unos ochenta asesinatos y de haber ocasionado el desplazamiento de más de 3,000 personas, según informó el entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), coronel Germán Jaramillo.
El DAS arrestó a Sánchez menos de dos meses después de la reunión con Uribe en una operación que fue anunciada por Jaramillo en una conferencia de prensa.
”Este video despierta grandes preocupaciones acerca de las interconexiones entre las AUC y la campaña de Uribe y posiblemente su gobierno actual”, escribió el abogado Daniel Kovalik a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice. ”Es razonable pensar que Uribe debería saber que se estaba reuniendo con miembros de las AUC, incluyendo el comandante Esteban, dada su amplia notoriedad”, agregó.
Kovalik, quien es abogado de la central sindical United Steel Workers, representa a los familiares de tres empleados de la compañía estadounidense Drummond que fueron asesinados en Colombia en el 2001.
El abogado explicó en su carta que obtuvo ese y otros videos cuando adelantaba su investigación previa a un juicio civil por indemnización contra Drummond, programado para julio próximo en una corte federal de Alabama.
Uribe rechazó el señalamiento del abogado a través del vocero de la presidencia Cesar Mauricio Velásquez, a quien El Nuevo Herald envió una fotografía tomada del video.
”El presidente no hace comentarios ni da explicaciones sobre cada una de los millones de fotos y de horas de videos como esos a los que usted se refiere”, afirmó Uribe en un correo electrónico. “Si usted tiene alguna acusación concreta contra el presidente por complicidad con criminales, le ruego denunciarla formalmente. De lo contrario, le ruego abstenerse de insinuaciones malévolas”.
Uribe fue electo presidente en el 2002 al derrotar al candidato liberal Horacio Serpa Uribe y fue reelecto el año pasado.
En los últimos meses altos funcionarios de su gobierno y políticos que apoyaron su candidatura, han sido señalados por tener vínculos con paramilitares.
Otro de los videos en poder de Kovalik muestra a un dirigente de la AUC no identificado anunciando a decenas de pobladores que las AUC han escogido como candidatos para el Senado a Carlos Arturo Clavijo y Carlos Higuera, ”dos ciudadanos comunes incontaminados de las perversidades de la política”, según el dirigente.
El anuncio fue hecho a pobladores de Barrancabermeja, un puerto fluvial petrolero en el departamento de Santander, al nororiente del país en octubre del 2001.
Clavijo, quien pertenecía al movimiento uribista, Convergencia Popular Cívica, fue elegido senador del 2002 al 2006.
Los videos conocidos por Kovalik y ofrecidos al Departamento de Estado contienen las siguientes situaciones (las fechas fueron tomada del video):
• Noviembre 25 del 2000
Uribe no está presente en este segmento. El video muestra una ceremonia de clausura de la escuela superior de estudios políticos Fidel Castaño del Bloque Sur de Bolívar.
Altos dirigentes de las AUC entregan diplomas a comisarios políticos de la organización.
Ernesto Báez, comandante de las AUC, entrega el diploma a Esteban, quien lleva una escarapela en la que se lee: ”Nombre: Sergio”, ”Organización: Santander”, “Comandante: Esteban”.
• Octubre 1 del 2001
Reunión del candidato Alvaro Uribe con personas que se identifican como dirigentes comunales de Barrancabermeja, una ciudad que fue epicentro de masacres y desapariciones en el marco de una guerra entre la guerrilla de las FARC y las AUC por el control de la zona.
Los asistentes que hablan se presentan como Crisanto Quintero, Jaime Duque Restrepo y Ernesto García. Hay también una mujer que no interviene. En un extremo aparece de pie un hombre con una bufanda blanca quien, según las fuentes de Kovalik, es Sánchez, el comandante Esteban. Sánchez tampoco interviene.
Uribe parece un poco distraído, aparentemente por una irritación en el brazo.
La reunión ocurre en lo que parece ser una oficina municipal de Puerto Berrío. Los asistentes se turnan para pedirle a Uribe que visite a Barrancabermeja en su gira electoral. Uribe dice que va a hacer todo lo posible para cumplir con la invitación a Barrancabermeja pese a algunas circunstancias que no menciona.
En octubre del 2001, el nombre del comandante Esteban era muy conocido entre los líderes sindicales de Barrancabermeja, según explicó a El Nuevo Herald David Ravelo Crespo, secretario general de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) en esa ciudad.
Doce días antes de la reunión, Esteban firmó un comunicado de las AUC en el que declaró como objetivo militar a todos los líderes sindicales de la región, una arremetida que desató un paro de protesta de 24 horas de la central sindical en las instalaciones de la oficial empresa de petróleos Ecopetrol en todo el país.
Hernando Hernández, entonces presidente de la Unión Sindical Obrera, USO, confirmó a El Nuevo Herald que los comunicados de las AUC eran firmados por el comandante Esteban.
De acuerdo con archivos periodísticos, una de las primeras incursiones en este sentido de Sánchez se produjo en diciembre del 2000, cuando anunció una guerra frontal contra la delincuencia común, la clase política corrupta y las personas e instituciones que tengan nexos con la guerrilla. El panfleto iba firmado por el comandante Esteban, quien se identificó como jefe del bloque Santander, reportó el diario Vanguardia Liberal el 29 de diciembre del 2000.
Sánchez fue arrestado el 11 de diciembre del 2001 después de seis meses de seguimiento por parte de efectivos del organismo de seguridad.
En diciembre del 2002, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación contra Sánchez, como presunto responsable de homicidio agravado, tentativa de homicidio, secuestro agravado y concierto para delinquir, según el comunicado 414 de la Fiscalía