El padre Javier Giraldo
Está circulando por internet un documento en el que el sacerdote jesuita Javier Giraldo se rehusa, “por impedimentos éticos”, a concurrir a una diligencia judicial a la que lo citó la Fiscal Seccional 216 de Bogotá, a propósito de dos demandas “por calumnia e injuria” interpuestas contra él por el coronel Néstor Iván Duque.
Aparte del tedio frente a un proceso tan inútil, es el pavor, más bien, frente a las instancias de justicia, lo que ha determinado que el autor de ese escrito haya decidido no volver a pisar un estrado en su vida, pues cuando lo ha hecho, con denuncias y pruebas sobre crímenes de lesa humanidad, no simplemente ha perdido su tiempo, sino que a poco andar ha sabido de la pérdida de la vida —en forma espantosa— de aquellos testigos que le habían pedido comparecer con ellos, acogiéndose a su protección pastoral.
El documento a la Fiscal tiene 188 páginas que Giraldo ha resumido en 40. De éstas citaré algunos apartes que bien hubieran podido tomarse al azar, pues por donde se lo lea es como para declarar al país en estado de vergüenza absoluta. Veamos:
“A través de 29 años, multitud de experiencias negativas y aterradoras fueron destruyendo mi fe en la administración de justicia (…) y poco a poco me llevaron a (…) una radical repulsa de conciencia frente a cualquier otro eventual involucramiento procesal…”
“Uno de los procesos en los que me involucré fue el del Carmen de Chucurí (…). Me correspondió recibir a numerosos campesinos desplazados de ese municipio santandereano. Todos relataban cómo los comandantes de la base militar se paseaban por el pueblo en compañía de los líderes paramilitares. De los buses bajaban a los insumisos para desaparecerlos y en los mismos carros de la Alcaldía se llevaban a quienes iban a matar para arrojarlos en el remolino de una quebrada que se tragaba los muertos (…). Todo fue denunciado (…) ante la Procuraduría, Consejerías de la Presidencia, Fiscalía, Defensoría, Vicepresidencia… (las que nos pidieron colaborar) en la búsqueda de testigos que se atrevieran a declarar y logramos convencer a muchos (…). Recuerdo a Don Octavio Sierra, a quien acompañé a rendir su testimonio en Bogotá y a los pocos días tuve que deplorar, estremecido, su asesinato”.
“En marzo de 1997, estaba yo en Turbo (…) acompañando a los desplazados de la región, y justo en esos días llegaron al Coliseo otros varios millares de desplazados de las riberas del Cacarica y de otros afluentes del Atrato. Escuchar a aquella gente durante varios días nos reveló los horrores de la ‘Operación Génesis’ comandada por el general Rito Alejo del Río, entonces comandante de la XVII Brigada, en la cual participaron también centenares de paramilitares (…). Hubo actos de crueldad tan horrendos (…) como la decapitación y descuartizamiento de Marino López Mena el 27 de febrero del 97 en el caserío de Bijao-Cacarica, llegando los militares y paramilitares hasta a jugar fútbol con su cabeza”.
“En agosto de 2001 solicité al fiscal que conocía del proceso contra el general Del Río una investigación formal por más de 200 crímenes que eran de su responsabilidad y que debían ser investigados y sancionados. (Pero) el Fiscal General Luis Camilo Osorio (…) desde su posesión (…), había orientado todo a la preclusión de Del Río (…) dejando de lado el enorme cúmulo de crímenes (…). Se negó (…) a verificar denuncias muy graves que allí obraban, como bases paramilitares instaladas al lado de bases militares; placas de carros y números telefónicos; testimonios de ex soldados y ex policías, como el del ex jefe de la Sijin de la zona; testimonios de empresarios y comerciantes, uno de los cuales comprometía gravísimamente al ex gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez…”.
(En cuanto a “la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (…) no puedo olvidar la repugnancia que me causó el hecho de que mientras yo rendía mi declaración, su presidente dormía profundamente y los demás miembros, y el abogado del Fiscal General, permanecían en la cafetería del Congreso”.
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