El lado oscuro del Plan Colombia
El apoyo a la investigación para este artículo fue proporcionado por el Fondo de Investigación Fundación Puffin en el Instituto La Nación, con apoyo adicional de Proyecto Palabra, una organización sin ánimo de lucro de Massachusetts dedicada a los medios de comunicación.
www.paulhackett.net Un grupo de trabajadores en los campos militarizados de palma de Colombia
El 14 de mayo la Fiscalía General de Colombia publicó una noticia en su página oficial sobre una audiencia pública que decidirá el destino de COPROAGROSUR, una cooperativa de aceite de palma con sede en el municipio de Simití, en el norte del departamento de Bolívar. Un confeso narcotraficante jefe paramilitar conocido como Macaco ha entregado al gobierno los activos de la cooperativa, de la cual reivindica su propiedad, como parte de un programa de reparación a las víctimas.
¿Está el Plan Colombia subvencionando a narcotraficantes para cultivar agrocombustibles en tierras robadas?
Macaco, cuyo nombre real es Carlos Mario Jiménez, fue uno de los comandantes paramilitares más sanguinarios en la larga guerra civil colombiana y ha confesado el asesinato de 4.000 civiles. Él y su grupo armado son también en gran medida responsables
de forzar a 4,3 millones de colombianos a la condición de refugiados internos, la mayor población de desplazados internos del mundo después de Sudán. En mayo de 2008, Macaco fue extraditado a los Estados Unidos acusado de tráfico de drogas y “narcoterrorismo”. Está a la espera de juicio en una cárcel en Washington, DC.
Macaco se entregó a las autoridades a finales de 2005 como parte de un programa de amnistía del gobierno que requiere que los comandantes paramilitares entreguen sus bienes mal habidos ‐ incluyendo las tierras obtenidas mediante el desplazamiento forzado. Macaco ofreció COPROAGROSUR como parte del acuerdo.
Sin embargo, la notificación de la Fiscalía General no menciona que COPROAGROSUR había recibido una subvención en 2004 Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID). La subvención ‐ pagada a través del Plan Colombia, el multimillonario paquete de ayuda de EE.UU. encaminado a luchar contra el tráfico de drogas ‐ parece haber puesto dólares de la guerra contra las drogas en manos de un conocido narcotraficante paramilitar, en posible violación de las leyes federales. Los paramilitares de Colombia están en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado. La debida diligencia de USAID en el proceso “no falló”, según una respuesta oficial de la embajada de los EE.UU. en Colombia, porque Macaco no aparecía oficialmente entre los propietarios de COPROAGROSUR.
Desde 2002, el Plan Colombia ha destinado cerca de $75 millones de dólares al año para programas de “desarrollo alternativo”, como la producción de aceite de palma. Estos programas proporcionan fondos para asociaciones de agronegocios con campesinos tendientes a erradicar los cultivos de uso ilícito como la coca, utilizada para elaborar cocaína. Estos proyectos están concentrados en partes del norte de Colombia que fueron tierras azotadas por el desplazamiento masivo de campesinos.
Funcionarios de USAID dicen que los proyectos ofrecen una alternativa a la violencia relacionada con el tráfico de drogas en un país aterrorizado por la guerra. Insisten en que la agencia vigila con atención las actividades ilegales y que no ha subvencionado a los cultivos en tierras robadas. Sin embargo, un estudio de los documentos internos de la USAID, sus presentaciones institucionales y los informes de prensa plantea serias cuestiones acerca de la investigación de los antecedentes de los solicitantes, en particular, su aptitud para detectar sus vínculos con el narco‐paramilitarismo, crímenes violentos e incautaciones ilegales de tierras.
Además de los 161.000 dólares concedidos a COPROAGROSUR, USAID también concedió 650.000 dólares a GRADESA, una empresa de palma con dos acusados de paramilitares vinculados con narcotraficantes en su Junta Directiva. Una tercera empresa de palma, URAPALMA, también acusada de vínculos con paramilitares, casi obtiene la aprobación de una subvención antes de que su solicitud se estancara debido a la falta documentos. Los críticos dicen que este tipo de subvenciones contradicen la estrategia antidrogas del Plan Colombia.
“El Plan Colombia está luchando militarmente contra las drogas pero al mismo tiempo, da dinero para apoyar la palma, que es utilizada por las mafias paramilitares a blanquear dinero”, dice el senador colombiano Gustavo Petro, una voz crítica de la industria de la palma. “Los Estados Unidos están subsidiando implícitamente a los traficantes de drogas.”
El robo de tierras y el auge de los agrocombustibles
El Brigadier General Pauxelino Latorre condujo a un anciano agricultor a través de un laberinto de pasillos de concreto, pasando por una serie de rústicas habitaciones con vista a las plantaciones de banano y adentrándose en los cuarteles del ejército colombiano de la Brigada XVII en Carepa, localidad del noroeste de Colombia. Los soldados saludaban forzadamente en cuanto el general pasaba. El agricultor ‐ Enrique Petro ‐ pobre, con más de 60 años, arrastraba los pies pocos pasos atrás, tratando de evitar el contacto visual.
Comprensiblemente, Petro estaba ansioso. En repetidas ocasiones investigaciones penales han vinculado a la XVII Brigada con los grupos paramilitares ilegales que han asesinado brutalmente a miles, incluyendo el hermano de Petro y su hijo adolescente. Como se internaba más en los cuarteles, Petro tenía un sentimiento de aprensión. Latorre abrió una puerta en un edificio en la parte trasera de la base militar, donde Javier Daza, entonces Gerente de URAPALMA, estaba esperando. En el encuentro, Daza y el general llevaron la mayor parte de la conversación.
Era agosto de 2004. Unos días antes, Petro había denunciado ante el general que URAPALMA estaba sembrando palma de aceite en la tierra que los paramilitares le habían robado en 1997, en el cercano departamento del Chocó. En respuesta, el general había sugerido una reunión en la base militar, y Petro, suponiendo que tenía poco que perder, había aceptado. Al final del breve encuentro, dice Petro, Daza y Latorre lo intimidaron para legalizar la usurpación de sus tierras. Con la firma de Latorre en el contrato, en calidad de testigo, Petro perdió el 85 por ciento de su finca de 370 acres para que, casi cinco años después, todavía no haya recibido el magro pago estipulado.
Petro es uno de los afortunados; todavía está vivo. Según informes del gobierno colombiano y de organizaciones no gubernamentales, URAPALMA ha reclamado ilegalmente más de 14.000 acres de las selvas tropicales en el Chocó ‐ tierra usurpada con ayuda de gente como Latorre y sus colaboradores paramilitares. Latorre, graduado de la academia de formación del Ejército de los EE.UU., conocida como la Escuela de las Américas, fue acusado el año pasado del lavado de millones de dólares para una red de narcotraficantes paramilitares, y los fiscales dicen que están investigando sus actividades como Comandante de la XVII Brigada. Otro general, Rito Alejo Del Río, quien dirigió la XVII Brigada en el momento del desplazamiento de Petro, está en la cárcel, acusado de colaborar con los paramilitares; él, también, recibió capacitación en la Escuela de las Américas.
Informes del gobierno, documentos legales y testimonios de grupos de derechos humanos demuestran que los paramilitares alimentados por el tráfico de drogas ‐ a menudo en cooperación con fondos militares de EE.UU. – han desplazado por la fuerza a miles de campesinos del Chocó a finales de 1990, matando a más de un centenar. Desde 2001 URAPALMA y una docena de otras empresas de palma han usurpado por lo menos 52.000 acres de las tierras despobladas en el Chocó, la mayoría de ellas tituladas colectivamente a los agricultores afrocolombianos como Petro.
El daño puede estar apenas comenzando. En 2005 el presidente colombiano, Álvaro Uribe, citando el incremento de los mercados de alimentos y agrocombustibles, instó al país a aumentar la producción de palma de 750.000 hectáreas a 15 millones de hectáreas ‐ un área del tamaño de Virginia Occidental. Los críticos señalan que muchas de las nuevas regiones de cultivo de palma presentan patrones del narcotráfico y la violencia paramilitar similar a la del Chocó, como las masacres y el desplazamiento forzado. Un informe de la organización internacional Human Rights Everywhere encontró crímenes violentos relacionados con el cultivo de palma en cinco regiones ‐ todas las cuales entran dentro de la propuesta de Uribe. Casi todas estas regiones también han sido objeto de apoyo al cultivo de la palma por parte de USAID.
La agencia de EE.UU. administra el programa de desarrollo alternativo del Plan Colombia desde su sede en el complejo edificio de la Embajada de los EE.UU., en una de las congestionadas calles de Bogotá. Palma de aceite, o palma africana, es uno de los pocos cultivos subsidiados cuyos beneficios pueden igualar los de los cultivos de coca. Desde 2003, los contratos de desarrollo alternativo de USAID han proporcionado casi 20 millones de dólares a proyectos agroindustriales de palma aceitera en todo el país.
Casi la mitad del aceite de palma producido en Colombia se exporta cada año ‐ en su mayoría a Europa, pero también a los Estados Unidos. El gobierno tiene ahora su mira puesta en el estancamiento del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia, cuya aprobación por el Congreso ‐ considerado como probable, con el apoyo explícito del Presidente Obama ‐ permitiría que el aceite de palma colombiano entrara libre de impuestos en los mercados de EE.UU. Aunque el aceite encuentra espacio en las importaciones de EE.UU. de productos alimenticios diversos, Colombia está invirtiendo en el creciente mercado de los agrocombustibles.
“Estamos en los albores de un nuevo desarrollo de la energía: la producción de biodiesel de palma africana”, dijo el presidente Uribe en 2005, cuando anunció la iniciativa. Aproximadamente el país ha duplicado la superficie sembrada en palma desde 2001, año en el cual Colombia se convirtió en el cuarto mayor exportador de aceite de palma ‐, año en el cual llegaron también las empresas de palma al Chocó.
Los grupos de derechos humanos han acusado durante muchos años a las empresas de palma en Colombia ‐ URAPALMA en particular ‐ de cultivarla en tierras robadas. Jens Mesa, presidente de FEDEPALMA, Federación Nacional de Cultivadores de Palma, dice que
estas acusaciones son totalmente exageradas. Mesa se queja de que en el Chocó las empresas, que no están en la Federación, son excepciones que han estigmatizado injustamente a la industria.
No obstante, la Bancada Negra del Congreso ha expresado con frecuencia su preocupación por la industria de la palma, que se concentra en zonas con grandes poblaciones Afrocolombianas, en la administración de Uribe. Preocupado de que el Congreso retenga fondos del Plan Colombia o bloquee el Tratado de Libre Comercio, el gobierno colombiano ha comenzado a tomar más en serio estas acusaciones. A finales de 2007, el Fiscal General Mario Iguarán anunció una investigación sobre las denuncias de que veintitrés representantes de empresas de palma en el Chocó, incluyendo URAPALMA, colaboró con los paramilitares para apoderarse de tierras de propiedad comunitaria. Aproximadamente al mismo tiempo, el senador Patrick Leahy adjunta una enmienda a los fondos del Plan Colombia, que prohíbe la financiación de proyectos de palma que “causen el desplazamiento forzado de la población local”. En breve el Congreso debatirá la financiación del Plan Colombia para el año 2010, el primer presupuesto de ayuda internacional elaborado por el equipo de Obama. En el borrador actual del proyecto de ley, la enmienda Leahy está marcada para ser eliminada.
Sean Jones, hasta mediados de mayo Director de USAID para el desarrollo alternativo en Colombia, reconoce que la industria del aceite de palma en el país tiene “dos caras”. Una de ellas es las empresas respetuosas de la ley, dice, pero “hay este feo rostro de la palma africana, también, donde usted tiene algunos jugadores muy desagradables.”
Paramilitares y “la violencia”
Incluso en Colombia, con su enorme diversidad geográfica y cultural, el selvático departamento del Chocó es considerado exótico. Las selvas húmedas tropicales del Chocó, ubicadas en la esquina noroeste del país en donde América del Sur se une a Panamá, se encuentran entre las más biodiversas del planeta. La mayoría de los colombianos aún ven al Chocó como un lugar sin importancia pero violentamente disputado. Lluvias torrenciales nutren bajas cadenas montañosas, que a su vez alimentan cientos de ríos y ciénagas que se extienden a través del paisaje como venas. La mayoría de estas corrientes de agua desembocan en el gran río Atrato, que serpentea hacia el norte a través de la selva hasta que por su delta desemboca en el mar Caribe. Los lugareños llaman a esta zona Urabá.
Los agricultores de Urabá más afectados por los negocios de la palma viven cerca de dos exuberante afluentes: el Curvaradó y Jiguamiandó. En el 2000 la entidad gubernamental para el desarrollo rural, INCODER, otorgó títulos colectivos por 250.000 acres en la región para las comunidades de descendientes de esclavos negros, que, en virtud de la Constitución de Colombia, gozan de los mismos derechos territoriales que los pueblos indígenas.
Pero el gobierno, en un esfuerzo para atraer a inversionistas extranjeros, ha catalogado a Urabá como “la mejor esquina de América”. Y en los últimos años, las empresas de palma han tomado más del 20 por ciento de la tierra de las cuencas de los dos ríos ‐ la parte del territorio más habitable y apta para la agricultura.
A finales de los 80 esta parte de Colombia se convirtió en una base para los grupos paramilitares, o ‘paras “, fundados por tres hermanos de la familia Castaño: Fidel, Vicente y Carlos, que vinieron desde las filas del tristemente célebre cartel de Medellín de Pablo Escobar. Los Castaño recibieron generoso apoyo logístico y financiero de empresarios, terratenientes, narcotraficantes y miembros del ejército. Colaboraron estrechamente con los militares colombianos en la guerra sucia contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y en un informe de 2001 de Human Rights Watch son catalogados como la “sexta división” del ejército. Alimentados por un celoso anticomunismo, los señores de la guerra, como los Castaño, sacrificaron a miles de inocentes acusándolos de albergar simpatías por la guerrilla.
A mediados de los años 90, muestran los informes de derechos humanos, los paras enfocaron su violencia hacia un objetivo económico: la adquisición de tierras y empresas, eliminando opositores y protegiendo su actividad más lucrativa, el tráfico de drogas. Los Castaño y sus aliados se convirtieron en indiscutibles barones de la cocaína en Colombia, obteniendo los primeros lugares en las listas de los más buscados por el gobierno de los EE.UU. Los señores de la guerra comenzaron una marcha sangrienta en Urabá.
En primer lugar, aparecieron panfletos advirtiendo a todos los colaboradores de la guerrilla que debían irse, y las ciudades fueron invadidas con grafiti paramilitares. Uriel Tuberquia, uno de campesinos vecinos de Enrique Petro, relata que en los meses anteriores a la llegada de los paras, circularon en la comunidad rumores de que los mochacabezas (decapitadores) venían, una referencia a la horripilante forma como los paramilitares desembraban los cuerpos de sus víctimas.
Cuando finalmente los paras llegaron, mataron al papá de los Tuberquia mientras cuidaba su ganado. “Le dispararon por la espalda, desde lejos”, dice Uriel, mirando hacia los campos de palma. “Mi padre nunca tuvo un entierro digno. Simplemente lo enterraron por ahí, en algún lugar, debajo de toda esa palma.”
En octubre de 1996 los paras tuvieron una fiesta macabra de entrada al Chocó, con el asesinato de ocho campesinos en el pequeño caserío de Brisas en el río Curvaradó, a una hora a pie de la finca de Petro. Lo que siguió fue un crescendo de terror, que los lugareños simplemente llaman la violencia. En febrero de 1997 los militares, respaldados ese año con $ 87 millones de dólares de apoyo de EE.UU., se asociaron con su “sexta división” para golpear el norte de Chocó. Helicópteros del ejército y aviones de combate lanzaron bombas y dispararon armas de fuego de alto calibre sobre las comunidades de la selva, mientras que los paras venían “limpiado” detrás de ellos. Retenes militares y paramilitares se multiplicaron por toda la región. Grupos internacionales de derechos humanos
documentaron las matanzas, torturas, asesinatos y violaciones. Los paramilitares remataron el año asesinando a treinta y un campesinos una semana antes de Navidad.
Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), las ofensivas de 1997 obligaron a alrededor de 17.000 personas a abandonar sus hogares. Sólo en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó 140 campesinos han sido reportados como muertos o desaparecidos, sino todos al menos cuatro por soldados o paramilitares. En 1997, Petro ya había perdido a su hermano y sus dos hijos por la violencia ‐ uno asesinado por las FARC. Los paramilitares en varias ocasiones lo amenazaron con asesinarlo si no se iba de su finca. Trató de permanecer, pero al ver que los otros se iban Petro abandonó la tierra.
“Dijeron que habían venido acá para desterrar a la guerrilla”, recuerda Petro, “pero fue a nosotros, los campesinos, a quienes desterraron”. En las entrevistas, varios sobrevivientes me dicen que cuando comenzó la violencia, los paras llegaron a sus fincas con la misma escalofriante oferta: “Véndanos su tierra o negociaremos con su viuda.”
En el 2001, cuando los paras proclamaron que habían adquirido el control definitivo de Urabá, Petro y los demás campesinos se dispersaron. Algunos se escondieron en la selva, otros abandonaron totalmente el Chocó. Aunque los paras les impedían visitar sus fincas, los campesinos escucharon rumores de que sus tierras estaban siendo sembradas con palma.
Gustavo Duncan, un analista de seguridad de la Universidad de los Andes, en Bogotá, dice que la inclinación de los paramilitares hacia la palma fue una obvia decisión de negocios:” la palma era una manera perfecta de consolidar su control social y militar sobre un territorio y la inversión del capital acumulado de las drogas en un negocio rentable”. Según una declaración juramentada de un ex empleado que URAPALMA quien coopera con la investigación la fiscalía, el puente principal entre los Castaño y los inversionistas era Hernán Gómez, uno de los primeros mentores ideológicos de los hermanos Castaño y esposo de la actual Gerente de URAPALMA. La declaración afirma que Gómez, quien no respondió varias llamadas a su casa, ayudó a los Castaño a contractar narcos ricos con experiencia en negocios de palma para invertir en URAPALMA.
Como los campesinos empezaron, individualmente y en forma dispersa, a regresar a sus hogares después del 2001, muchos encontraron sus tierras arrasadas y sembradas de árboles jóvenes de palma. Empresas como URAPALMA había colocado carteles en la tierra con grandes letras mayúsculas: PROPIEDAD PRIVADA. La presencia permanente de paramilitares aterrorizaban la zona.
Petro pasó cinco años sin ver su finca, tomando refugio en la cercana localidad de Bajirá. Regresó sólo en el 2002, y la vista fue devastadora. “Todo el trabajo de mi juventud había desaparecido”, dice. “Ciento diez cabezas de ganado, nueve caballos, mi esposa tenía toneladas de pollos, cerdos… todo se ha perdido.” URAPALMA había arado pastizales para sembrar palma. Un año después de su llegada, dice, poco después de comenzar a trabajar
su tierra de nuevo, “los paramilitares llegaron a matarme”. Petro había salido a la ciudad por la mañana, y así eludió el peligro. Pero al volver encontró su casa saqueada y llena de grafiti. Las consignas de los paras son todavía visibles en las paredes de su casa en ruinas.
USAID y palma
Tres meses después de los paras haber destrozado la casa de Petro, URAPALMA presentó una solicitud de subvención a las oficinas de Bogotá de ARD Inc., contratista con treinta años de experiencia en desarrollo rural con sede en Burlington, Vermont, con oficinas en cuarenta y tres países. En su sitio web, ARD se describe a sí misma como guiada por “los ideales de Vermont de liderazgo en los asuntos ambientales y la participación local en el gobierno.” USAID, una importante fuente de ingresos para ARD, tiene 330 millones de dólares en contratos activos con la empresa.
En enero de 2003, ARD empezó a administrar $ 41,5 millones de dólares del Programa de Agronegocios (CAPP) de USAID para Colombia. URAPALMA fue una de las primeras empresas de palma en enviar una solicitud; Macaco, vinculado a COPROAGROSUR recibió sus $ 161.000 dólares de donación al año siguiente (un tercio de los cuales fue devuelto, no utilizado). Informes trimestrales de ARD muestran que URAPALMA había solicitado $ 700.000 dólares en financiamiento para cubrir la siembra de palma de unas 5.000 hectáreas en Urabá ‐ el epicentro de la tierra robada. La solicitud de subvención comenzó a seguir su curso a través del proceso de ARD.
Funcionarios de USAID se refieren al proyecto propuesto por URAPALMA como una “alianza estratégica” y suelen llamar a esos esfuerzos como “impulsados por la comunidad.” “Sin nuestro apoyo”, dijo un funcionario de la embajada, “los agricultores tendrían una menor capacidad para negociar alianzas libres con los industriales.” Sin embargo, de acuerdo a los documentos de la investigación de 2007 de la fiscalía de Colombia, obtenidos por el Fondo de Investigación del Instituto La Nación, las empresas de palma en el Chocó crean estas asociaciones para legitimar las adquisiciones ilegales de tierras después de los hechos ‐ a menudo a través del fraude y la coacción.
Los expedientes de la investigación incluyen una declaración jurada por Pedro Camilo Torres, un antiguo empleado de URAPALMA, quien desde 1999 a 2007 manejó las solicitudes de préstamo de la empresa, incluida la propuesta de donación de USAID. Su declaración juramentada acusa a URAPALMA de crear un “frente” de organizaciones campesinas para garantizar falsos títulos de tierras y el acceso a los fondos públicos.
El más notorio caso de fraude implica a Lino Antonio Díaz Almario, quien presuntamente en 2000 adquirió 14.645 acres ‐ una fortuna imposible para un campesino pobre ‐ y de inmediato vendió esas tierras a la Asociación de Pequeños Productores de Aceite de Palma de Urabá, organización creada por URAPALMA. Pero Díaz había muerto desde 1995, cuando se ahogó en el Jiguamiandó.
El proyecto URAPALMA propuesto a USAID, que se resume en un informe de ARD, hace referencia a “Asociaciones Afrocolombianas”. Según la declaración juramentada de Torres y los testigos citados por la fiscalía, todas las organizaciones campesinas de URAPALMA fueron creadas por Teresa Gómez, a quien el Departamento del Tesoro de los EE.UU. identifica como la “directora financiera” de la gran federación narco‐paramilitar de los Castaños. Ella lideró, al menos, otras dos organizaciones no gubernamentales afiliadas a los paramilitares y es buscada por el asesinato de un líder campesino en el departamento de Córdoba que había reclamado las tierras usurpadas por los Castaño. Las llamadas telefónicas y los mensajes dejados durante meses al personal directivo de URAPALMA no fueron devueltos.
URAPALMA nunca recibió el dinero de las subvenciones en cuestión, un resultado que Susan Reichle, directora de la misión de USAID en Colombia, dice que reivindica el “debido proceso” de la agencia. Reichle sostiene que su equipo ha elaborado un “protocolo de la tierra y todo un proceso para garantizar realmente, en la medida de nuestras capacidades y a través de varias etapas de investigación, que esta tierra es una tierra limpia”. Pero, admite, “lamentablemente, le gustaría decir que esto es al ciento por ciento ‐ pero usted nunca lo va a estar”. Sean Jones, que se convirtió en jefe de USAID para programas de desarrollo alternativo en Colombia en 2006, contradice a Reichle, señalando que la solicitud de URAPALMA se estancó porque la empresa no presentó la documentación sobre los títulos de propiedad.
Según los informes trimestrales de la CAPP, un “comité de estudio de proyectos” conjunto de USAID ‐ ARD había avanzado en la propuesta URAPALMA hasta la penúltima etapa del proceso ‐ el último paso antes de otorgar dinero ‐ en enero de 2005. Roberto Albornoz, quien ha dirigido el programa de agronegocios de ARD en Colombia desde el inicio del contrato con USAID, dice que su personal llevó a cabo el debido proceso, pero nunca se encontró evidencia de actividades sospechosas. Confirma que el proyecto quedó “en suspenso” en abril de 2005 solamente después de que URAPALMA no presentó los títulos de propiedad. Albornoz dice que su personal no tuvo conocimiento del cuestionable pasado de URAPALMA hasta que conocieron un artículo publicado en una revista cinco meses después de que la propuesta quedó en suspenso. Indagado sobre las razones por las cuales las investigaciones de ARD no sospecharon de las actividades ilegales de la empresa, hace eco de Jones: “Las denuncias en torno a URAPALMA no aparecían en la prensa en ese momento.”
Pero el desplazamiento forzado y las masacres en Urabá eran de conocimiento público. En julio de 2003, un mes antes de la solicitud URAPALMA a USAID, el diario nacional El Tiempo informó de que “los proyectos de palma africana en el sur de la región bananera de Urabá están salpicados con la sangre, la miseria y la corrupción.” El Washington Post recoge la historia dos meses más tarde.
En comunicaciones desclasificadas de la Embajada de los EE.UU., funcionarios de EE.UU. en Bogotá prendieron la alarma acerca del total dominio paramilitar en Urabá desde 1996.
Un cable de ese año dice: “Los Castaño se han beneficiado enormemente de sus actividades, según se informa han adquirido miles de acres de tierra en el norte de Colombia”. El cable se refiere al aumento del control de los paramilitares en regiones enteras y se menciona específicamente a Urabá.
En 2003, cinco meses antes de la solicitud de subvención de URAPALMA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sindicó a URAPALMA de connivencia con el paramilitarismo en Urabá: “Desde 2001, la empresa URAPALMA S.A. ha iniciado el cultivo de la palma aceitera en aproximadamente 1.500 hectáreas de los territorios colectivos de estas comunidades, con la ayuda de ‘la protección armada perimetral y concéntrica de la Decimoséptima Brigada del Ejército y civiles armados’” ‐ es decir, paras. Los soldados y los paras realizaron incursiones armadas, concluye la Corte, para “intimidar” a las comunidades a “unirse a la producción de aceite de palma o evacuar”.
Albornoz dice que el estudio de solicitudes de ARD hace referencias cruzadas con los registros de las bases de datos de los gobiernos de Colombia y EE.UU. de personas vinculadas al narcotráfico. Pero la empresa tenía vínculos evidentes con el narcotráfico: en sus documentos de registro, URAPALMA relaciona como inversionistas fundadores a dos hermanos de la familia Zúñiga Caballero, a la cual las autoridades colombianas la sindican de ser un clan conectado con los paramilitares y con vínculos con los carteles de la droga de Medellín y Cali.
Cientos de Miles de Dólares
Mientras USAID eventualmente estudiaba la propuesta URAPALMA, otorgó una subvención a COPROAGROSUR, la empresa entregada por Macaco, y otro a GRADESA, que refina el aceite de palma para el consumo interno y la exportación ‐ en gran parte a los Estados Unidos. Según informes de ARD y documentos de USAID, la agencia otorgó una subvención a GRADESA para un proyecto en Belén de Bajirá, Chocó, municipio que es el hogar de URAPALMA ‐ y de la tierra de la antigua finca de Enrique Petro. USAID aparece apoyando la participación de GRADESA en la refinación del aceite de palma de campos de muerte del Chocó.
USAID insiste en que nunca ha financiado un proyecto de palma en el Chocó. Representantes de USAID, GRADESA y ARD niegan que el proyecto de GRADESA se realizara en Belén de Bajirá, a pesar de tres años de mención de la ciudad en los documentos internos y públicos. Representantes de USAID dice que la localidad se menciona erróneamente toda vez que GRADESA la introdujo equivocadamente en un informe de gestión. “El error pasó inadvertido,” explica el encargado de prensa de USAID en un correo electrónico “porque nuestro principal interés se centra en la información relativa a hectáreas, las familias, el empleo y el presupuesto invertido.”
En cualquier caso, en el momento en que USAID otorgó $ 257.000 dólares a GRADESA concedidos el 19 de diciembre de 2003, los archivos de la empresa muestran que los
mismos dos hermanos Zúñiga que habían invertido en URAPALMA, Antonio y Carlos, también se sentaban en la Junta Directiva de GRADESA. (Carlos aparece en una lista de narcotraficantes del gobierno colombiano en 1987). En marzo de 2005, Fiscal General de Colombia anunció que había evaluando la participación de los Zúñiga en la empresa y presentó cargos criminales contra los hermanos por el uso de GRADESA para blanquear dinero del narcotráfico. De acuerdo con un oficial de narcóticos de Colombia, la participación era del 50 por ciento; una reciente entrevista con el Gerente de GRADESA reveló que los hermanos tenían esa participación accionaria desde principios del decenio de 1990, mucho antes de la subvención de USAID. El caso está ahora haciendo un lento camino a través de los tribunales colombianos, y es el quinto intento por imputarles cargos por lavado de activo a los Zúñiga.
A pesar de esta acción legal pendiente, USAID aprobó una segunda subvención a GRADESA en 2007, esta vez por $ 400,000 ‐ dinero de un nuevo período de cinco años por $ 182 millones de contrato con ARD. En una respuesta por escrito, un funcionario de la embajada de EE.UU. dice que toda vez que USAID no ha recibido ninguna notificación formal de la causa contra los Zúñiga, “no había manera que USAID pudiera haber sido consciente de la relación entre GRADESA y la investigación contra los Zúñiga”. El funcionario dijo que “no se han levantado banderas rojas” en el proceso de análisis de la segunda subvención para GRADESA y que, como los Zúñiga ya no eran “accionistas, inversionistas o directivos” no califican como “beneficiarios”.
Desplazamiento permanente
La vida no ha mejorado mucho para Petro o sus compañeros desplazados. En abril, el gobierno devolvió 3.200 acres ‐ sólo el 6 por ciento de las tierras robadas ‐ a algunos campesinos a lo largo del río Curvaradó. Doce años después de que se vieron obligados a huir, el resto siguen desplazados. El gobierno dice que está presionando a las empresas de palma para que devuelvan el resto de las tierras voluntariamente, pero los lugareños han escuchado antes esas promesas. Mientras tanto, las empresas están transportando los racimos de palma en camión. Petro tiene sólo una fracción de su finca, parte de la cual se convirtió en una improvisada “zona humanitaria”, un asentamiento de chozas de madera llamado Caño Claro, con cerca de una docena de las familias desplazadas.
Más de 2.500 personas siguen por fuera de un puñado de estas zonas humanitarias, pequeños puntos en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó, y que no gozan de reconocimiento legal por el gobierno. En algunos casos, lo único que separa a estos desplazados de sus antiguas fincas ahora cubiertas de palma es un camino de tierra patrullado por paramilitares, ahora vestidos de civil, y soldados del ejército. Los niños corren alrededor de los asentamientos con sus vientres hinchados por desnutrición y enfermedad, pues sus familias fueron arrancadas de su fuente de subsistencia. De otro lado, las represalias y amenazas violentas hacia los que exigen la devolución de sus tierras han aumentado.
Un día, el pasado mes de octubre, el líder campesino Walberto Hoyos fue asesinado a tiros cerca del río Curvaradó, su cuello y su cara llena de balazos por un pistolero paramilitar. A la mañana siguiente, los habitantes de Urabá se despertaron para encontrar a sus ciudades plagadas de grafiti y panfletos anunciando la formación de un nuevo grupo paramilitar, una escalofriante repetición de los acontecimientos que condujeron a la violencia.
Traducido por el Observatorio Social sobre Etnodesarrollo, Conflicto Armado y Desplazamiento en el Chocó
3 de junio de 2009