El ímpetu de la guerra se ensaña contra los pobladores de Arauca
Cinco nuevas muertes violentas en el fin de semana contribuyen a ahondar la grave crisis humanitaria a que ha sido llevado el departamento y que alcanza cifras exponenciales, en medio del conflicto social y armado que tiene a los pobladores como sus principales víctimas.
Otra vez nuestros niños y niñas resultan afectados en su vida e integridad por las acciones de una guerra que no han generado y de la cual deberían estar ajenos. En la región esa protección especial para ellos de que hablan los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario no es más que letra muerta.
* En efecto el día domingo 14 de octubre en horas de la noche se produjo la muerte del niño de escasos 3 años de edad MARLON ANDRÉS CAMARGO GONZÁLEZ y su padrastro JOSÉ IGNACIO GUZMÁN, en la vereda Puerto Jordán del municipio de Tame, cuando al parecer miembros de una de las organizaciones rebeldes que operan en la región atentaron contra varios militares que patrullaban el sector, lanzándoles una granada de fragmentación.
Este hecho dejó además heridas 8 personas, entre ellas la niña de 5 años de edad ASTRID CAMARGO GONZÁLEZ, quien tiene una herida en el cuello, su estado es delicado, tiene dificultades para respirar, y su madre, ROSA ELENA GONZÁLEZ GARZÓN, con herida grave en el cuello. Estas dos personas son la hermanita y la madre del niño MARLON ANDRÉS; otro de los heridos que presenta mayores complicaciones es el señor JOSÉ OSCAR GÉLVEZ, de 38 años de edad, quien perdió uno de sus ojos y registra múltiples fracturas en su rostro, y se encuentra en la Unidad de cuidados intensivos; igualmente la joven indígena de 16 años de edad, LEIDY DÍAZ REYES, quien se encuentra en estado de embarazo (4 meses), perteneciente a la comunidad indígena de Caño Claro, perdió uno de sus ojos, como consecuencia de las esquirlas; las cuatro personas fueron trasladadas a la ciudad de Bogotá, D.C., por cuanto la gravedad de sus heridas requirió un nivel mayor de atención.
* A los hechos narrados se suma la muerte violenta de tres personas ocurridas en los municipios de Fortul y Saravena:
1. El sábado 13 de octubre en el barrio El Prado del municipio de Saravena fue herido el señor JHON DARLING GAMBOA CASAS, de varios impactos de proyectiles de arma de fuego en diferentes partes de su cuerpo y falleció luego de ser trasladado al hospital del Sarare. Ese mismo día en horas de la noche en la Vereda Casa de Zinc del municipio de Fortul, resultó muerto también de varios impactos de proyectiles de arma de fuego el señor JORGE HENRY CALLEJAS CUESTAS de 48 años de edad.
2. El día 11 de octubre aproximadamente a las 4:30 p.m., fue asesinado de varios impactos de proyectiles de arma de fuego el señor JAIRO SOTO, de 37 años de edad y ocupación maestro de construcción. El hecho ocurrió en la calle 19 con carrera 5ª barrio Los Alpes del municipio de Saravena.
Mientras se sigan ocupando los espacios y bienes de la población civil, involucrando a los pobladores en el conflicto, utilizando a las comunidades como escudo, y pretermitiendo la aplicación y el respeto de los principios y normas del derecho internacional humanitario como el de protección y distinción, continuarán siendo las principales víctimas de él.
Por ello exigimos a los actores del mismo, el Estado y las organizaciones rebeldes, excluir de manera inmediata de sus acciones y actividades a las comunidades, sus bienes, programas y proyectos. No continuar invadiendo la vida cotidiana de los araucanos, respetar y determinarse por los principios y normas del derecho internacional humanitario.
Al Estado colombiano una vez más lo instamos a empezar a cumplir sus obligaciones constitucionales y compromisos internacionales de velar por la protección de los colombianos en su vida, honra, bienes e integridad.
La protección de mezquinos intereses económicos transnacionales, obtenidos a través del saqueo, el despojo, el daño ambiental y la agresión contra el pueblo no puede seguir siendo la misión de una fuerza pública costeada con los recursos recaudados con el pago de impuesto de los colombianos.
Por la defensa de la vida, los derechos humanos y la permanencia en el territorio
Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra